RESOLUCIÓN 451 DE MARZO 6 DE 2017

 

Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales

RESOLUCIÓN 451 DE 2017

(Marzo 6)

“Por la cual se deroga la Resolución 576 del 17 de marzo de 2010 y se crea y reglamenta el comité de conciliación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)”.

El director general del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam),

en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 446 de 1998, Decreto 291 de 2004, Decreto 1716 de 2009, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que según el artículo 17 de la Ley 99 de 1993, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), es un establecimiento público de carácter nacional adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, encargado del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la planificación y el ordenamiento del territorio.

Por lo que, en acatamiento del artículo 209 de la Constitución Política, su función administrativa se ha desarrollado bajo principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Para lo cual, la Ley 446 de 1998, en aras de lograr la descongestión de los despachos judiciales y obtener mayor eficiencia en el acceso a la administración de justicia, estableció como mecanismo de resolución de conflictos, la conciliación judicial y extrajudicial.

En consecuencia, ordenó en su artículo 75(1) ibídem, a las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles, integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplir las funciones que se le señalen. Las entidades de derecho público de las demás órdenes tendrán la misma facultad.

En cumplimiento de lo anterior, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), creó el comité de conciliación mediante la Resolución 62 del 5 de abril de 1999; acto que fue modificado por las resoluciones 150 del 23 de agosto de 2000 y 49 del 20 de febrero de 2001, las que fueran derogadas por la Resolución 92 del 14 de mayo de 2004. Finalmente, se deroga esta última, mediante Resolución 576 del 17 de marzo de 2010, con ocasión de la expedición del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009, que ajustó para la época, las normas en cita.

Actualmente, la Resolución 576 del 17 de marzo de 2010, reglamenta de manera interna el comité de conciliación del Ideam. No obstante, por medio del presente acto se procederá a su derogatoria para conservar la unidad de materia del reglamento en este único acto administrativo.

El legislador con el objeto de compilar, racionalizar y contar con un instrumento jurídico único para el sector de justicia y del derecho, creó el Decreto Único Reglamentario 1069 del 26 de mayo de 2015, que incorporó las normas reglamentarias del sector en un solo texto, sin ninguna modificación o sustitución de su contenido normativo.

Bajo dicha premisa y comoquiera que mediante la Ley 1167 del 19 de julio de 2016(2), se modificaron y suprimieron algunos mandatos en materia conciliatoria y teniendo en cuenta los preceptos que con la expedición de la Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016(3), se establecieron frente a la acción de repetición, se hace necesario ajustar la creación y conformación del comité de conciliación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a las más recientes disposiciones que sobre la materia se han dictado.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Crear el comité de conciliación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), como una instancia administrativa que actúe como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Este comité decidirá de cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución, con sujeción estricta de las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigente, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del comité.

ART. 2º—El comité de conciliación estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto, serán miembros permanentes y cuya participación, salvo el numeral 1º, será indelegable.

1. El director general o su delegado quien lo presidirá.

2. La secretaria general.

3. El jefe de la oficina asesora jurídica, quien ejercerá la secretaría técnica.

4. Jefe de la oficina de planeación.

PAR. 1º—En caso de que la ordenación del gasto estuviese delegada por el director general en algún otro funcionario, se deberá citar a este al comité de conciliación, quien ostentará las mismas calidades que los demás miembros permanentes del mismo (D. 1167/2016, art. 2º).

PAR. 2º—Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los intereses del ente en cada proceso, el jefe de la oficina de control interno o quien haga sus veces. Los comités de conciliación de entidades y organismos del orden nacional podrán invitar a sus sesiones la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien podrá participar cuando lo estime conveniente con derecho a voz y voto.

ART. 3º—Sesiones y votación. El comité de conciliación se reunirá no menos de dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan. Presentada la petición de conciliación ante el instituto, el comité de conciliación cuenta con quince (15) días a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisión, la cual comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia auténtica de la respectiva acta o certificación en la que consten sus fundamentos. El comité podrá sesionar con un mínimo de tres de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple.

PAR. ÚNICO.—En caso de empate, se le dará derecho de voto al jefe de la oficina de control interno para que dirima el asunto objeto de controversia.

ART. 4º—El comité de conciliación ejercerá las siguientes funciones:

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño jurídico.

2. Diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad.

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daños por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto.

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el comité de conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición.

8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.

9. Designar al funcionario que ejercerá la secretaría técnica del comité, preferentemente un profesional del derecho.

10. Dictar su propio reglamento.

ART. 5º—Secretaría técnica. Son funciones del secretario del comité de conciliación las siguientes:

1. Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el presidente y el secretario del comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión.

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.

3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses(4).

4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del ente.

5. Informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.

6. Las demás que le sean asignadas por el comité.

PAR. ÚNICO.—La designación o el cambio del secretario técnico deberán ser informados inmediatamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

ART. 6º—Apoderados. Las decisiones adoptadas por el comité de conciliación o por el representante legal de la entidad cuando no se tenga la obligación de constituirlo ni se haya hecho de manera facultativa, serán de obligatorio cumplimiento para los apoderados de cada entidad.

ART. 7º—Acción de repetición. Los comités de conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al comité de conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.

PAR. 1º—La oficina de control interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.

PAR. 2º—Las entidades públicas obligadas a ejercer la acción de repetición, contenida en el artículo 4º de la Ley 678 de 2001, semestralmente reportarán para lo de su competencia a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de cada uno de los fallos judiciales pagados con dineros públicos durante el período respectivo, anexando la correspondiente certificación del comité de conciliación, donde conste el fundamento de la decisión de iniciar o no, las respectivas acciones de repetición. Así mismo, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión del comité de conciliación, se remitirán a los organismos de control mencionados en el acápite anterior, las constancias de radicación de las respectivas acciones ante el funcionario judicial competente.

ART. 8º—Llamamiento en garantía. Los apoderados del instituto deberán presentar informe al comité de conciliación para que este pueda determinar la procedencia del llamamiento en garantía para fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de la obligación de estudiar e iniciar la acción de repetición contenida en el artículo anterior.

ART. 9º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y en su lugar, deróguese todas aquellas que le sean contrarias, en especial la Resolución 576 del 17 de marzo de 2010.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 6 de marzo de 2017.

1 Canon que adicionó dicho artículo a la Ley 23 de 1991.

2 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

3 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017”.

4 (Una copia del mismo será remitida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) frase suprimida, artículo 6º Decreto 1167 de 2016.