RESOLUCIÓN 460 DE 2008 

(Marzo 4)

“Por medio de la cual se establece el término para el reconocimiento de pasivos exigibles de los programas de gestión social”.

El Jefe de la Oficina de Gestión Social del Instituto de Desarrollo

Urbano, IDU,

reconocido mediante Resolución IDU 950 del 20 de febrero de 2007 y con Acta de Posesión 040 del 21 de febrero de 2007, y en ejercicio de las funciones delegadas por la dirección general mediante Resolución IDU 1705 del 19 de abril de 2006, autorizada a través del Decreto 001 del 1º de enero de 2004 proferido por la junta directiva del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en concordancia con las facultades conferidas a la dirección general en virtud del Acuerdo 19 de 1972, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 80 de 1993, el Decreto 2681 de 1993, el Acuerdo 10 de 2000, el Decreto Distrital 323 de 2001, las resoluciones IDU 1402 del 25 de mayo de 2001, 3468 del 7 de diciembre de 2001 de compensación, 2093 del 17 de agosto de 2001 Resolución IDU - general de reasentamiento y sus modificaciones, 2672 del 29 de octubre de 2001 y,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 292 del Decreto Distrital 619 de 2000, por medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento territorial para Bogotá, dispone: “El programa de reasentamiento consiste en el conjunto de acciones y actividades necesarias para lograr el traslado de las familias de estratos 1 y 2 que se encuentran asentadas en zonas declaradas de alto riesgo no mitigable por deslizamiento o inundación, las zonas objeto de intervención por obra pública o la que se requiera para cualquier intervención de reordenamiento territorial. Las acciones y actividades incluyen la identificación y evaluación de las condiciones técnicas, sociales, legales y económicas de las familias, el traslado a otro sitio de la ciudad que ofrezca viviendas dignas y seguras, propendiendo por la integración social y económica que garantice el bienestar de las familias y la protección y rehabilitación de las zonas intervenidas.

2. “Que el artículo 303, numeral 3º, del Decreto Distrital 190 de 2004, es la norma que compila las disposiciones que conforman el plan de ordenamiento territorial de Bogotá, D.C., y señaló: “Reasentamiento por obra pública: Las entidades que desarrollen actividades y proyectos definidos en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que implique traslados de población, deben incluir en los presupuestos de cada uno de los proyectos a desarrollar, los costos de la formulación y ejecución del plan de gestión social respectivo, tanto para la población trasladada como para la receptora y aquella que continúe residiendo en el área de influencia del proyecto respectivo.

Toda entidad que adelante una obra, proyecto o intervención que implique desplazamiento de población deberá realizar un estudio socioeconómico que permita determinar sus características e identificar y evaluar los impactos causados a los diferentes grupos humanos que intervienen: población a reubicar, residente y receptora.

3. Que el artículo 13 de la Constitución Política, capítulo I “De los derechos fundamentales”, consagra entre otros, que la igualdad como derecho fundamental dentro del ordenamiento jurídico implica que todas las personas son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación; así mismo, determina que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas para que las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta.

4. Que el artículo 51 de la Constitución Política establece que: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

5. Que el Acuerdo 10 de 2000, reglamentado por el Decreto Distrital 296 de 2003, que fue modificado parcialmente por el Decreto Distrital 329 de 2006, establece el pago de compensaciones en desarrollo de proyectos de que trata el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, ejecutados por el Instituto de Desarrollo Urbano que adelanten trámites administrativos tendientes a la adquisición de predios por motivos de utilidad pública o interés social, que impliquen la movilización involuntaria de ciudadanos.

6. Que los programas de gestión social adelantados por el Instituto de Desarrollo Urbano tienen como propósito mitigar los impactos socioeconómicos causados por el desarrollo de obras públicas y facilitar la reubicación de las unidades sociales, manteniendo o mejorando en lo posible su calidad de vida de las unidades sociales que han entregado sus inmuebles para la realización de la respectiva obra pública.

7. Que la Resolución 2093 de 2001 expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano “Por medio de la cual se establecen criterios y pautas para la elaboración de implementación de programas de reasentamiento por obra pública”, en su artículo 4º, modificado por el artículo 2º de la Resolución IDU 2656 de 2001, señalo en su parágrafo: “En todo caso, las acciones del programa de reasentamiento deberán permitir que la población afectada tenga acceso a una vivienda de reposición equivalente, como mínimo, a una vivienda de interés social prioritaria (VISP), según esta se define en el artículo 3º del Acuerdo 15 de 1998 del Concejo de Bogotá, siempre y cuando la afectación del predio por la obra pública sea total o sea necesario adquirir la totalidad del predio, en aquellos casos en que el área sobrante no sea desarrollable por parte del particular de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes.

8. Que los programas de gestión social adelantados por el IDU incluyen el reconocimiento de la prima de reasentamiento fundamentada en la necesidad de reconocer a las familias que no pueden negociar sus viviendas, por encontrarse afectadas por la figura de la falsa tradición, circunstancia esta que deja a los presuntos propietarios en la condición de simples poseedores, siendo necesario disponerles una suma de dinero teniendo como referencia el valor de la construcción ubicada en el predio, recurso este que no puede ser inferior al costo de una vivienda de interés social prioritario, para que procuren la adquisición de una vivienda en reemplazo de la entregada al instituto, quedando condicionados a la negociación efectiva del predio solamente hasta cuando obtengan un fallo judicial favorable de pertenencia, suceso que en promedio puede tomar hasta cinco años.

9. Que se hace necesario proporcionar los medios y condiciones para que las familias que facilitaron sus viviendas para la ejecución de las obras públicas adelantadas por el Instituto de Desarrollo Urbano, reciban un tratamiento de igualdad y de goce pleno de sus derechos que les permita la obtención de una vivienda de reposición digna mediante el pago completo de los recursos asignados como prima de reasentamiento.

10. Que el artículo 2º de la Resolución IDU 2093 de 2001 señaló como uno de los principios del programa de reasentamiento el “no desmejoramiento de las familias objeto del traslado. El traslado no deberá significar una desmejora de las condiciones de vida de la familia en cuanto a su unidad de vivienda y a las características del entorno urbano en el cual esta se ubica.

11. Que no obstante, aunque no se encuentre reconocido el derecho a la vivienda digna como un derecho de carácter fundamental, por conexidad si puede constituirse en esta categoría. Al respecto, mediante Sentencia T-203 de 1999 en un fallo referido al derecho a la vivienda digna, la Corte Constitucional manifestó. “Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos”. Tal vulneración podría presentarse en el caso de no reconocerse el pago de las compensaciones, primas de reasentamiento y pasivos exigibles con destino al logro de una vivienda digna a las unidades sociales y su grupo familiar beneficiarias dentro de un programa de gestión social sobre quienes existe un recurso pendiente de entregar, por cuanto se afectaría por conexidad y por ende como fundamental el derecho a la vivienda digna, por afectarse el derecho fundamental a la igualdad, si apreciamos que dichos beneficios han sido concedidos plenamente a unidades sociales que comparativamente se encuentran en condiciones similares, —son todas afectadas por un mismo proyecto urbanístico con similar afectación y destinatarias de una similar oferta institucional—, y por lo tanto merecen todos el mismo tratamiento que les permita el logro de una vivienda digna de reposición.

12. Que mediante el artículo 9º de la Resolución IDU 1705 de 2006, la dirección general del IDU delegó en el jefe de oficina de gestión social las funciones de:

“— Suscribir los actos administrativos de reconocimiento de compensaciones y/o primas de reasentamiento a las unidades sociales beneficiarias.

— Autorizar los pagos que deba realizar el IDU, con ocasión del reconocimiento de las compensaciones y/o primas de reasentamiento.

— Suscribir las actas de transacción por concepto de pagos por reasentamiento y los demás actos inherentes a la autorización del pago de las mismas”.

13. Que existen saldos por pagar correspondientes a primas de reasentamiento y por otros factores de compensación bajo la denominación de pasivos exigibles, reconocidos por la dirección técnica financiera, que no han sido diligenciadas en su parte final, lo que impide realizar el efectivo ejercicio del mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y el cabal cumplimiento del plan de gestión social ofrecido por el Instituto de Desarrollo Urbano, en beneficio de las unidades sociales que debieron entregar sus inmuebles para la ejecución de obras públicas de beneficio general, lo que restringe la posibilidad de ejercicio pleno de sus derechos, situación que expone a los afectados a un estado de debilidad manifiesta y de tratamiento desigual con otras unidades sociales que negociaron con el IDU sus inmuebles.

14. Que es deber del Instituto de Desarrollo Urbano realizar todas las acciones necesarias que permitan el íntegro cumplimiento de los diferentes componentes de los planes de gestión social en cada proyecto, garantizando además el ejercicio de derechos de orden constitucional involucrados, y que por ende le permitan a las unidades sociales afectadas por la realización de las obras públicas en el Distrito su real y efectivo reasentamiento, mediante el apoyo para el logro de una vivienda de reposición procurando que se conserven o mejoren las condiciones de vida digna que se tenían al momento de la entrega de sus inmuebles.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Establecer, como término para el trámite de recepción de documentos y reconocimiento de los pasivos exigibles referidos a primas de reasentamiento y compensaciones, originados en los programas de gestión social ejecutados en los diferentes proyectos de obra pública adelantados por el Instituto de Desarrollo Urbano, el mismo que corresponda al cierre del proyecto que será fijado en el acto administrativo que así lo determine.

ART. 2º—La presente resolución se entenderá incorporada a los actos administrativos expedidos por la oficina de gestión social que determinaron el reconocimiento de pasivos exigibles de primas de reasentamiento y compensaciones señaladas en favor de las unidades sociales en los planes de gestión social respectivos para cada proyecto, y modifica todos los actos administrativos que le sean contrarios a lo establecido en el artículo primero de esta resolución.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de marzo de 2008.

Comuníquese y cúmplase.

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