Secretaría Distrital de Salud de Bogotá

RESOLUCIÓN 463 DE 2011 

(Mayo 17)

“Por la cual se reglamenta el proceso de certificación de la defunción en el Distrito Capital”.

El secretario de despacho de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C.,

en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el Decreto 122 de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 9ª de 1979, en los títulos VII y IX establece las normas de vigilancia y control epidemiológico y reglamenta la expedición y diligenciamiento de certificados de defunción y registros bioestadísticos de las causas de mortalidad, e igualmente, a controlar el traslado, inhumación y exhumación de cadáveres o restos de los mismos cuando puedan significar un riesgo para la salud o bienestar de la comunidad;

Que el numeral 70 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, ordena al Ministerio de Salud adoptar los instrumentos técnicos y legales para asegurar la recolección, transferencia y difusión de la información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del sistema de seguridad social de salud, independientemente de su naturaleza jurídica.

Que el Decreto 1171 de 1997, en el artículo 6º define el objeto y contenido del certificado de defunción y en el artículo 7º, señala al personal de la salud autorizado y a las entidades del sector obligadas a tramitarlo y suscribirlo; señalando que, corresponde al último profesional médico que haya prestado atención en salud al fallecido, expedir el certificado de defunción; en el evento de no encontrarse este, se deberá acudir al médico que le haya prestado servicios de salud con anterioridad.

De no ser posible ubicar un profesional médico para surtir el procedimiento anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 1171 de 1997. Así mismo determina que cuando la última atención haya sido brindada por parte de una institución prestadora de servicios de salud, esta deberá garantizar durante las 24 horas del día, el médico responsable de expedir los certificados de defunción. En los casos, en que el paciente fallezca durante su traslado a otra IPS, la responsabilidad sobre la expedición del certificado de defunción recae sobre la institución prestadora de servicios de salud referente.

Que mediante la Resolución 1346 de 1997, el Ministerio de Salud (hoy Ministerio dela Protección Social), adoptó el manual de principios y procedimientos del sistema de registro civil y estadísticas vitales y los formatos únicos para la expedición de los certificados de nacido vivo y de defunción, definiéndolos como documentos destinados a recoger la información estadística que debe suministrarse a las entidades competentes, señalando a las direcciones territoriales de salud, la responsabilidad de su distribución a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y demás instituciones usuarias, y su entrega a las oficinas regionales o zonales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

Que mediante la Resolución 3114 de 1998, el Ministerio de Salud (hoy Ministerio dela Protección Social), ordenó la creación en las direcciones territoriales de salud, de los comités de estadísticas vitales, de carácter interinstitucional o, incorporar las funciones de estos a los comités de vigilancia epidemiológica, donde así se considerara conveniente.

Que por el artículo 2º ibídem, señaló como funciones del comité de estadísticas vitales: a) coordinar la entrega, distribución y recolección de los certificados de nacido vivo y de defunción; b) velar por el cumplimiento de las labores de crítica al diligenciamiento de los certificados que deben realizar las instituciones prestadoras de servicios de salud y las direcciones territoriales de salud y, c) mejorar la calidad, cobertura y oportunidad de la certificación, tanto en nacimientos como en defunciones.

Que por el Decreto 3518 de 2006, el Ministerio dela Protección Social, adoptó el sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.

Que en literal c) del artículo 9º Ibídem, señala funciones a las direcciones departamentales y distritales para coordinar el desarrollo y la operación del sistema de vigilancia en salud pública en su territorio, tanto a nivel interinstitucional como intersectorial y brindar la asistencia técnica y capacitación requerida.

Que por el artículo 16, el Decreto 3158 de 2006, señala a las entidades administradoras de planes de beneficios, entre otras, las responsabilidades de implementar las directrices y procedimientos determinados por el Ministerio dela Protección Social en relación con los procesos básicos de la vigilancia en sus redes de servicios y suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del sistema de vigilancia en salud pública.

Que con el mismo fin, en el artículo 37 de la norma citada, señala a los departamentos, distritos y municipios la obligación de crear comités de vigilancia en salud pública en sus respectivas jurisdicciones, que actuarán a través de las siguientes instancias: a) comité de vigilancia epidemiológica, COVE; b) comités de infecciones intrahospitalarias; c) comités de estadísticas vitales; d) comités de vigilancia epidemiológica comunitaria, Covecom y, e) otros comités afines que se hayan conformado para efectos de análisis e interpretación de la información de vigilancia en salud pública y en el artículo 80, establece que la financiación de las funciones a ellos asignadas se realizará con recursos del sistema general de participaciones y recursos propios de las entidades territoriales que se asignen para tal fin.

Que mediante la Resolución1982 de 2010, el Ministerio dela Protección Social, adopta disposiciones sobre información de afiliación al sistema general de seguridad social en salud y al sector salud, señalado al Distrito Capital, precisas facultades y responsabilidades la conformación y actualización de las bases de datos de los usuarios, la responsabilidad por la calidad de los datos de los afiliados a salud, cruce de datos, identificación de afiliados y disposición de la información requerida para el adecuado control de los recursos del sistema general de seguridad social en salud, evitando su desviación o indebida apropiación.

Que el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud, adoptado por el Decreto 1011 de 2006, adoptó el sistema de información para la calidad con el objeto de estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los prestadores de servicios de salud y de las EAPB.

Que por disposición del artículo 42.6 de la Ley 715 de 2001, corresponde al sector salud, por parte de la nación, definir, diseñar, reglamentar, implantar y administrar el sistema integral de información en salud y el sistema de vigilancia en salud pública, con la participación de las entidades territoriales y en los artículos 43 y 44, señala a las autoridades territoriales de salud, el deber de dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el sistema de vigilancia en salud pública y de adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el sistema.

Que para el adecuado funcionamiento del sistema de vigilancia en salud pública, Sivigila, en el Distrito Capital, es necesario reglamentar el funcionamiento del comité de estadísticas vitales conforme a las disposiciones antes señaladas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ART. 1º—Certificados de defunción. Además de los requisitos señalados en el artículo 7º del Decreto 1171 de 1997, en el Distrito Capital, el trámite del registro y certificación de la defunción, se regirá por las siguientes disposiciones:

1. El certificado de defunción, será diligenciado exclusivamente por el médico/a, habilitado/a e inscrito/a para el ejercicio de la profesión en el distrito capital, que cumpla con el proceso de capacitación que para tal efecto brinden la entidades públicas o privadas autorizadas.

2. El generador del dato deberá garantizar la actualización de su información básica de registro ante el ente territorial, cada vez que esta sea modificada.

3. Cuando el paciente se hallare en tratamiento médico atendido por una empresa de atención domiciliaria y/o su deceso sea asistido por personal médico de atención prehospitalaria, este como parte de su atención garantizará la toma de conducta que incluye la certificación de la defunción o la solicitud de necropsias clínicas o médico-legales acorde a la normatividad, generando los documentos administrativos necesarios para el proceso.

4. El trámite y expedición del certificado de defunción debe ser garantizado por el asegurador de servicios de salud.

5. En los casos, en que el paciente fallezca durante su traslado a otra IPS, la responsabilidad sobre la expedición del certificado de defunción recae sobre la institución prestadora de servicios de salud referente. Sin embargo ante la presencia de casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a este expedir la correspondiente certificación, podrá el médico presente realizar la inspección de cadáver, la revisión de historia clínica y la expedición del certificado.

De este hecho se dará notificación inmediata y se remitirá la información correspondiente a la institución o al médico remitente del paciente fallecido.

ART. 2º—Procedimiento para la expedición del certificado de defunción. De conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto 1171 de 1997 y en la Circular Externa 19 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, en el trámite de diligenciamiento y expedición del certificado de defunción se observarán las siguientes disposiciones:

1. El diligenciamiento y expedición del certificado de médico no generará costo adicional al usuario o su familia.

2. Para garantizar la calidad de la información del certificado médico, se requiere la previa inspección de cadáver y el registro documental del hecho en historia clínica.

3. Es responsabilidad del profesional médico la definición de conducta, en todos los casos, frente al fallecimiento las cuales incluyen elaboración del certificado de defunción, necropsia clínica o necropsia médico-legal acorde a la normatividad (D. 786/90).

4. En los casos en los cuales la manera de muerte sea natural pero la causa básica de la muerte no esté claramente establecida y sea procedente la necropsia clínica el asegurador deberá garantizar su realización, incluyendo el traslado del cadáver, si este fuera necesario. Este procedimiento se deberá realizar con oportunidad, durante los 365 días del año.

En estos casos el asegurador deberá garantizar la realización y el pago de dicho procedimiento con cubrimiento acorde a criterios de oportunidad y accesibilidad.

5. En los casos que existan dudas técnico científicas por el profesional a cargo del caso el ente territorial brindara asesoría, acompañamiento y capacitación acorde a la necesidad.

6. En los casos para los cuales el profesional médico, que define conducta frente al fallecido requiera copia de la historia clínica del fallecido, esta deberá estar disponible, las 24 horas del día y será responsabilidad tanto dela IPS como del asegurador.

ART. 3º—Necesidad de la necropsia clínica. Cuando no se pueda contar con diagnóstico clínico y no exista sospecha de muerte violenta, en médico tratante o quien diligencia el certificado de defunción, solicitará la práctica de la necropsia clínica. Para tal efecto,las empresas promotoras de salud y la entidad territorial, deberán garantizar en todo momento la prestación del servicio en los términos señalados en los decretos 786 de 1990 y 1171 de 1997 y el costo del procedimiento será asumido por estos.

PAR.—Igual procedimiento se observará cuando la autoridad sanitaria, considere pertinente solicitar la práctica de necropsia clínica, por considerarla de interés para la salud pública, previo concepto del comité de estadísticas vitales.

ART. 4º—Intervención de la autoridad sanitaria. Con el objeto de garantizar cubrimiento, oportunidad y calidad, en igualdad de condiciones, a toda la población del Distrito Capital y sin perjuicio de las funciones señaladas en los artículos anteriores a los diferentes actores del sistema general de seguridad social de salud, que operan en la jurisdicción del Distrito Capital, la autoridad sanitaria intervendrá en el diligenciamiento y expedición del certificado de defunción en los siguientes casos:

1. Cuando ocurra el deceso de afiliados al régimen subsidiado y de la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

2. Cuando el médico tratante o el médico dispuesto por la EPS o IPS a la que se encontrare afiliado el paciente no cumpla con lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente resolución, bajo criterios de oportunidad y pertinencia, evento en el cual la autoridad sanitaria asumirá la correspondiente investigación.

3. Cuando el deceso ocurra de manera natural y no exista documentación de historia clínica o tratamiento médico reciente, o estos se encuentren fuera de la jurisdicción del territorio del Distrito Capital.

4. En emergencia sanitaria y para efectos de investigación y seguimiento a casos de interés para la salud pública.

ART. 5º—El recaudo correspondiente al valor de los servicios que se presten con ocasión o como consecuencia de la intervención de la autoridad sanitaria, será competencia del grupo funcional de cobro persuasivo y coactivo de la dirección jurídicay de contratación, para lo cual se definirán los procesos y procedimientos aplicables.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 17 de mayo de 2011.