Ministerio de Relaciones Exteriores

RESOLUCIÓN 4751 DE 2018

(Junio 12)

“Por medio de la cual se adopta la política de prevención del daño antijurídico para el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para el año 2018”.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

en uso de las facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998, el numeral 17 del artículo 7º del Decreto 869 de 2016 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, establece que las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, entre otros, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen.

Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015, define el Comité de conciliación como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Que de conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, es función del Comité de conciliación formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

Que mediante el Decreto 4085 de 2011 se consagra como función de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado “formular, aplicar, evaluar y difundir las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos”.

Que mediante la Resolución 2177 del 2010 se reitera la existencia del Comité de conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y se establece en el numeral 6º del artículo 6º dentro de las funciones del mismo “Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico”.

Que en uso de las facultades legales, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sugirió el manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico en las entidades del orden nacional y emitió las circulares externas 3 del 20 de junio de 2014 y 06 del 6 de julio de 2016 con la finalidad de que las entidades formularan las políticas de prevención del daño antijurídico de acuerdo con la metodología descrita en las mismas.

Que a efecto de formular las políticas de prevención del daño antijurídico, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, adoptó la metodología diseñada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reseñada en cuatro pasos, tendientes a establecer el diagnóstico de la problemática y diseñar un plan de acción de las causas prevenibles dentro del mapa litigioso de la entidad en el año 2016.

Que el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Acta 366 del 2 de abril de 2018 aprobó las actividades que serían parte de la política de prevención de daño antijurídico sobre las causas de litigio priorizadas y prevenibles, que se adoptan de manera permanente a través del presente acto administrativo.

Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de la comunicación número 20183000017241 - DPE de fecha 22 de marzo de 2018 evaluó y aprobó el documento denominado “Políticas de prevención del daño antijurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio - Vigencia 2018” por encontrarse ajustado con los lineamientos y metodología elaborados por esa entidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar las políticas de prevención del daño antijurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio - vigencia 2018, conforme a la aprobación impartida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Comité de conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, contenidas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 12 de junio de 2018.

Anexo 1

“Políticas de prevención del daño antijurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

Vigencia 2018”

En consideración a la obligación legal que les asiste a las entidades públicas del orden nacional, de adoptar anualmente una Política de prevención de daño antijurídico, aunado a las directrices, lineamientos y metodología que sobre la materia ha impartido la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a continuación se presenta el plan estratégico de prevención del daño antijurídico para la vigencia 2018, propuesto para mitigar y/o eliminar las causas generadoras de litigiosidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

1. Identificación de la actividad litigiosa.

Al desarrollar esta etapa para la elaboración de la política, se tuvieron en cuenta no solo las condenas y las demandas notificadas a la entidad durante el año 2016 sino también las solicitudes de conciliación extrajudicial, cada una de estas agrupadas tanto por el medio de control promovido o a promover, así como por las causas generales de dicha litigiosidad conforme a la parametrización fijada por el sistema único de gestión e información litigiosa del Estado EKOGUI.

Conforme a lo anterior, se encontraron dentro de las causas generales parametrizadas en E-kogui generadoras de litigiosidad para el Ministerio de Relaciones Exteriores, las siguientes:

a) Ilegalidad del acto administrativo que liquida el auxilio de cesantías.

b) Incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

c) Ilegalidad del acto administrativo que liquida pensión.

d) Desconocimiento de traslado de régimen pensional.

e) No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales.

f) Configuración del contrato realidad.

g) Daños derivados de la actividad legislativa.

h) Daños causados por accidente de tránsito.

i) Error de información en documento público.

j) Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad.

k) Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de libre nombramiento y remoción.

l) Ilegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de carrera.

m) Ilegalidad del acto administrativo que libra mandamiento de pago.

n) Ilegalidad del acto administrativo que revoca el nombramiento de funcionario público.

o) Incumplimiento contractual.

p) Incumplimiento del deber de protección y seguridad por parte del Estado.

q) Indebida prestación del servicio de correo postal.

r) Lesión a civil en desarrollo de operativo militar y/o combate o enfrentamiento.

s) No aceptación de la renuncia.

t) Omisión de asistencia humanitaria.

u) Perjuicios ocasionados por no expedición de documento.

v) Privación injusta de la libertad.

w) Violación al debido proceso administrativo.

x) Ilegalidad del acto administrativo que convoca a concurso público de méritos para proveer cargos públicos.

y) Error de información en documento público.

z) Incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

Se analizaron las mencionadas causas generales, discriminando el valor de las pretensiones y la frecuencia, según quedó expresado en la matriz anexa denominada “Paso 1: Identificación de la actividad litigiosa”.

2. Análisis de las causas primarias o subcausas.

Una vez identificada la actividad litigiosa de la entidad, se procedió a realizar el paso dos, correspondiente al análisis de las causas primarias o subcausas, a fin de determinar las razones que ocasionan la producción de las causas generales identificadas en el paso uno.

Lo anterior se efectuó priorizando las causas generales que arrojaban más frecuencia y mayores valores pagados en el periodo estudiado.

Así las cosas, se determinaron cinco causas generales priorizadas, cuya situación fáctica particular se encuentra narrada en la matriz del paso 2, así:

I. Incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral

Dentro de esta causa general se evidencia que la misma se presentó con ocasión de la indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación.

II. Ilegalidad del acto administrativo que liquida el auxilio de cesantías

Se halló que esa causa se genera por la omisión en notificación del acto administrativo de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantías.

III. Daños derivados de la actividad legislativa

Con relación a esta causa parametrizada en la plataforma Ekogui, se destaca que la misma no obedece a falencias internas de la entidad, sino que la misma se presenta por la omisión en el reconocimiento y pago de derechos laborales por parte de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia por parte del ministerio, así como de organismos internacionales con representación en nuestro país.

IV. No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales

Sobre esta causa se precisa que la misma agrupa las causas tanto generales como específicas de los numerales 1º y 2º, cuyas demandas, conciliaciones o sentencias, en su momento fueron presentadas por la contraparte de manera individual, es decir, la pretensión presentada en aquellos casos solo giró en torno a la reliquidación del auxilio de cesantías o la reliquidación de aportes a pensión, contrario sensu en este numeral, la contraparte optó por incluir dentro de una misma demanda o solicitud de conciliación las pretensiones de cesantía, pensión y además otras prestaciones sociales, por lo que la entidad las agrupó bajo la causa “No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales” para abarcar los restantes pedimentos a la entidad y no solo los aportes a pensión y/o cesantías.

De igual manera se destaca que no se consideró viable agruparlos por cada causa general dado que implicaría que las 37 solicitudes se triplicaran al desintegrarlas en pretensiones de cesantías, pretensiones de pensión y pretensiones de otras prestaciones.

Así las cosas, esta causa obedece a indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación; a la omisión en notificación del acto administrativo de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantías, y al desconocimiento de los exfuncionarios y apoderados del artículo 104 del Decreto 1042 de 1978 sobre la exclusión de otras prestaciones para los servidores de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

V. Privación injusta de la libertad

Con relación a esta causa parametrizada en la plataforma Ekogui, se destaca que la misma no es imputable a fallas internas de la entidad, dado que el rol del ministerio dentro del proceso de extradición es de interlocutor, es decir, que las funciones arrogadas a la entidad van dirigidas a la remisión de notas verbales provenientes del exterior aunado a la revisión respecto de la existencia o no de tratado o convenio internacional con el país requirente, las cuales siempre han sido cumplidas a cabalidad y sin demora, no obstante, al ser un ente participante durante el proceso de extradición es vinculado a este tipo de actuaciones.

Se destaca que en el curso de las actuaciones desatadas en 2016 los errores cometidos en el curso del proceso de extradición se derivan de falencias de otras entidades como la Policía, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía entre otras, así como a la terminación de los procesos penales adelantados en el exterior por absolución de las personas extraditadas.

De las causas generales priorizadas, se estableció la frecuencia total con la que se repiten, teniendo en cuenta los insumos del paso uno y el valor total de los mismos, para luego observar si, en efecto, las causas con prioridad alta tendrían vocación de ser prevenidas, considerando que sobre ellas podría generarse medidas de prevención, tal y como se puede evidenciar en la matriz del paso dos que se anexa.

3. Plan de acción.

Para este paso se destaca que tan solo tres causas y su correspondiente subcausa resultaron prevenibles, a saber:

a) Ilegalidad del acto administrativo que liquida el auxilio de cesantías generado por la omisión en notificación del acto administrativo de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantías.

b) Incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral derivado de la indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación.

c) No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales originadas por las citadas subcausas, más lo requerido en demandas y conciliaciones sobre otro tipo de prestaciones sociales.

Ahora bien, con relación a la subcausa denominada “omisión en la notificación del acto administrativo de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantías”, debe precisarse que, si bien es cierto, esta causa primaria fue priorizada para la vigencia 2017, para la presente anualidad no será objeto de plan de acción, teniendo en cuenta que las demandas, conciliaciones y sentencias incoadas en contra de la entidad por estos hechos, obedecen a una situación presentada hace más de 10 años, la cual fue subsanada por la Administración, sin que ulteriormente se haya excluido del procedimiento de notificación a los actos administrativos de liquidación del auxilio de cesantías.

Respecto a la causa llamada “Incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral” derivado de la indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación, se procedió a elaborar el plan de acción, en el cual se determinó la medida a adoptar, el mecanismo para concretar la medida, se fijó el cronograma de actividades con el cual se determina el tiempo en el cual se realizaran las mismas, así como se estableció el responsable de la ejecución de las medidas, los recursos necesarios y la estrategia de divulgación, que figuran en el cuadro anexo denominado “paso tres: plan de acción”.

Por último, respecto de la causa general signada como “No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales” se destaca que al estar subsumidas en esta, las causas primarias de omisión en notificación del acto administrativo de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantías, para la cual se reitera no se diseñó plan de acción, e indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación, para la cual se fijó un tratamiento, se estimó inoportuno trazar un mecanismo individual para la citada causa general, pues al tratarse lo referente al pago de aportes a pensión, se considera que aquella se reducirá.

4. Seguimiento y evaluación.

Una vez formulado el plan de acción, se elaboró el paso cuatro de la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en aras de efectuar el seguimiento y evaluación pertinente al plan de acción propuesto, estableciéndose indicadores de gestión, de resultado y de impacto, tal como se evidencia en la matriz del paso 4.

Conforme a lo anterior, se procede a adoptar las anteriores políticas de prevención del daño antijurídico para el año 2018, según el mapa litigioso de la entidad, que corresponden al plan de acción que se adoptara con las áreas misionales correspondientes, para mitigar o reducir el número de demandas y condenas por incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral en razón a la indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación.

Matriz Paso 1: Identificación de la actividad litigiosa

Nombre de la entidad: Ministerio de Relaciones ExterioresNivel de litiqiosidad: Bajo
Periodo analizadoDesde: enero 2016Hasta: diciembre 2016
Tipo de insumoTipo de acciónCausa generalFrecuenciaValor en pesos de las pretensiones
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que líquida el auxilio de cesantías21$ 2.682.289.838
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que líquida el auxilio de cesantías10$ 742.257.448
CondenaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que líquida el auxilio de cesantías3$ 124.514.282,00
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoIncumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral17$ 1.500.564.700
DemandaNulidad y restablecimientoIncumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral2$ 100.968.068
CondenaNulidad y restablecimientoIncumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral1$ 15.082.798,00
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que líquida pensión3$ 629.919.232
DemandaReparación DirectaDesconocimiento de traslado de régimen pensional1192400000
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoNo reconocimiento en derecho de prestaciones sociales34$ 7.214.665.537
DemandaNulidad y restablecimientoNo reconocimiento en derecho de prestaciones sociales3$ 966.721.812
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoConfiguración del contrato realidad1$ 62.050.860
Solicitudes de conciliaciónReparación DirectaDaños derivados de la actividad legislativa2$ 1.612.598.131
DemandaNulidad y restablecimientoDanos derivados de la actividad legislativa1$ 162.501.016
DemandaReparación DirectaDanos derivados de la actividad legislativa6$ 666.612.228
CondenaReparación DirectaDanos derivados de la actividad legislativa1$ 251.479.933,00
Solicitudes de conciliaciónReparación DirectaDaños causados por accidente de tránsito4$ 1.086.033.713
Solicitudes de conciliaciónReparación DirectaError de información en documento público1$ 305.595.379
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad1$ 141.116.000

Nombre de la entidad: Ministerio de Relaciones ExterioresNivel de litiqiosidad: Bajo
Periodo analizadoDesde: enero 2016Hasta: diciembre 2016
Tipo de insumoTipo de acciónCausa generalFrecuenciaValor en pesos de las pretensiones
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario en provisionalidad3$ 184.000.368
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de libre nombramiento y remoción2$ 29.910.369
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de carrera4$ 81.148.051
DemandaReparación directaIlegalidad del acto administrativo que declara la insubsistencia de funcionario de carrera1$ 575.900.150,00
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que libra mandamiento de pago1$ 66.996.430
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que libra mandamiento de pago1$ 66.996.430
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que revoca el nombramiento de funcionario público1$ 500.000.000
Solicitudes de conciliaciónControversias contractualesIncumplimiento contractual2$ 50.000.000 indeterminado
Solicitudes de conciliaciónReparación directaIncumplimiento del deber de protección y seguridad por parte del estado1$ 275.781.600
DemandaReparación directaIncumplimiento del deber de protección y seguridad por parte del estado4$ 6.667.764.868

Nombre de la entidad: Ministerio de Relaciones ExterioresNivel de litiqiosidad: bajo
Periodo analizadoDesde: enero 2016Hasta: diciembre 2016
Tipo de insumoTipo de acciónCausa generalFrecuenciaValor en pesos de las pretensiones
Solicitudes de conciliaciónReparación directaIndebida prestación del servicio de correo postal1$ 1.749.112.700
DemandaReparación directaLesión a civil en desarrollo de operativo militar y/o combate o enfrentamiento1$ 150.000.000
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoNo aceptación de la renuncia1$ 28.316.744
DemandaNulidad y restablecimientoNo aceptación de la renuncia1$ 44.275.344
Solicitudes de conciliaciónReparación directaOmisión de asistencia humanitaria1$ 428.836.998
Solicitudes de conciliaciónReparación directaPerjuicios ocasionados por no expedición de documento1$ 1.579.477
Solicitudes de conciliaciónReparación directaPrivación injusta de la libertad6$ 1.744.297.698
DemandaReparación directaPrivación injusta de la libertad5$ 2.693.191.308,00
Solicitudes de conciliaciónReparación directaViolación al debido proceso administrativo2$ 455.555.400,00
Solicitudes de conciliaciónNulidad y restablecimientoViolación al debido proceso administrativo1$ 269.000.000
DemandaNulidad y restablecimientoIlegalidad del acto administrativo que convoca a concurso público de méritos para proveer cargos públicos1$ 30.695.720
DemandaReparación directaError de información en documento público1$ 307.000.000
DemandaLaboralIncumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral1$ 28.939.445

Matriz Paso 2: Análisis de las causas primarias o subcausas

Causa general priorizadaHechosCausas primarias o subcausFrecuencia en condenas y pago en cc extrajudicialValor/ Condenas y pago en sede extrajudicialÁrea generadora de la conducta¿Prevenible?Prioridad
Incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 1. En virtud de la Ley 6ª de 1945, 4ª de 1966 y Decreto 1089 de 1983, el pago del aporte de los funcionarios del funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las demás entidades del orden nacional, se pagaba por la planta global del ministerio, el 3%, y 5% del presupuesto de funcionamiento a cargo del empleador y el 5% a cargo de cada trabajador teniendo en cuenta el salario percibido fuera en divisas o en pesos, ya que después del año 1983, dicho porcentaje a cargo del empleador aumentó al 8%, situación que perduró antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
2. Por una Indebida Interpretación de las normas que ordenaban la liquidación y pago de las prestaciones de los funcionarios del exterior, se asimiló el criterio de la equivalencia en cargos a la situación de los aportes a pensión antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
3. Se empezaron a expedir los actos administrativos que negaban la reliquidación alegada por los funcionarios de los aportes a pensión, en el sentido de indicar que dichos pagos se efectuaron según la equivalencia en salarios de acuerdo a lo normado desde el Decreto 2016 de 1968.
4. Debido a diversas reuniones sostenidas con la UGPP y la coordinación de asunto pensionales del Ministerio se llegó a la conclusión de que antes de la Ley 100 de 1993 no era procedente la reliquidación por cuanto dichos aportes se habían pagado de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 6ª de 1945, 4ª de 1966 y Decreto 1089 de 1983, pero que con posterioridad a la Ley 100 dicha reliquidación sí era plausible debido a que sí se aplicó la tabla de equivalencias en salarios para liquidar el aporte de los funcionarios externos.
Indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación.21$ 1.645.555.010,99Talento humano Alta

Causa general priorizadaHechosCausas primarias o subcausFrecuencia en condenas y pago en cc extrajudicialValor/ Condenas y pago en sede extrajudicialÁrea generadora de la conducta¿Prevenible?Prioridad
Ilegalidad del acto administrativo que liquida el auxilio de cesantía1. Desde 1968 se estableció en el ordenamiento jurídico que las prestaciones sociales de los funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior se liquidarían conforme al salario equivalente de un cargo de planta Interna.
2. Mediante Sentencia C 535 de 2005, se declaró la inexequibilidad de esa norma por ser discriminatoria y atentar contra el derecho a la igualdad, trabajo, etc.
3. La falta o indebida notificación de los actos administrativos de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantía trajo como consecuencia la inoperancia de la caducidad del medio de control y la prescripción de los derechos.
Omisión en notificación del acto administrativo de liquidación anual y definitiva del auxilio de cesantías34$ 3.549.061.568,00Talento humano Alta
Daños derivados de la actividad legislativa1. En virtud de la Convención de Viena, las misiones diplomáticas, consulares, sus agentes, los bienes de los que se valen para ejercer sus funciones así como los vehículos oficiales, están protegidos por la Inmunidad de jurisdicción.
2. Los colombianos que sufren un daño, demandan a la misión acreditada en Colombia y vinculan al Ministerio de Relaciones Exteriores como garante de sus pretensiones.
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido condenas en su contra en virtud del principio de la distribución de las cargas públicas y en consideración a que los derechos de los reclamantes no deben ser vulnerados sin que nadie responda.
4. El argumento de falta de legitimación en la causa alegado por el ministerio no está siendo de recibo en los estrados judiciales
Omisión en el reconocimiento y pago de derechos laborales por parte de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia por parte del ministerio10$ 2.693.191.308,00 Embajadas y consulados acreditados ante el Gobierno colombiano NON/A
No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales1. El ordenamiento jurídico consagraba que las prestaciones sociales, tales como el auxilio de cesantías y los aportes a pensión, de los funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior se liquidarían conforme al salario equivalente de un cargo de planta interna.
2. Por su parte el artículo 104 del Decreto 1042 de 1978 señaló que los funcionarios del ministerio que laboraren en el exterior no eran beneficiarios de otras prestaciones sociales.
3. Mediante las sentencias C-173 de 2004 y C 535 de 2005, fueron declarados inexequibles las expresiones sobre liquidación y pago de prestaciones para los funcionarios del servicio exterior con base en el salarios equivalentes contenidas en la Ley 797 de 2003 y Decreto-Ley 10 de 1992, en razón a que eran discriminatoria y atentaban contra el derecho a la igualdad, trabajo, etc. VER NOTA 1
Indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación. 37$ 8.181.387.349,00Talento humanoAlta
Omisión en el reconocimiento y pago de derechos laborales por parte de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia por parte del Ministerio.
Desconocimiento de los exfuncionarios y apoderados del artículo 104 del Decreto 1042 de 1978 sobre la exclusión de otras prestaciones para los servidores de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Privación injusta de la libertad1. El proceso de extradición se encuentra regulado por el Código de Procedimiento Penal, artículos 495 y siguientes.
2. En virtud del artículo 495 y 496 el Ministerio de Relaciones Exteriores, actuando como interlocutor entre el Estado requirente y Colombia, recibe la nota verbal de dicho Estado y la dirige a las autoridades colombianas encargadas de la captura y demás trámites administrativos tendientes a lograr la extradición.
3. El artículo 496 señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe emitir concepto sobre la sujeción a convenciones o tratados internacionales sobre extradición, en cuyo caso debe remitir las diligencias al Ministerio de Justicia para continuar con el procedimiento de captura con fines de extradición.
4. Al intervenir en estas dos etapas del procedimiento de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores resulta vinculado dada su competencia interlocutora entre los demás Estados y Colombia
Errores cometidos dentro del proceso administrativo de extradición surtido por las autoridades colombianas o terminación de los procesos penales adelantados en el exterior por absolución de las personas acusadas. VER NOTA 2 11$ 5.523.522.719 Entidades públicas nacionales e internacionales participantes dentro del proceso de extradición NOAlta
Nota 1. Cada una de estas 37 demandas y conciliaciones agrupan tres pretensiones diferentes i) reliquidación de cesantías ii) reliquidación de aportes a pensión y iii) reliquidaciones de otras prestaciones sociales devengadas, por lo que se desagrega cada causa primaria y luego se unifican nuevamente.
Nota 2. El rol del ministerio es de interlocutor; dada la remisión de notas verbales provenientes del exterior aunado a la revisión respecto de la existencia o no de tratado con el país requirente, por lo que en principio los errores no son cometidos por la entidad. No obstante, al ser un ente participante durante el proceso de extradición se vincula a este tipo de actuaciones.

Matriz paso 3: Plan de acción

Causas primarias o subcausasMedidaMecanismoCronogramaResponsableRecursosDivulgación
¿Qué hacer?¿Cómo hacerlo?¿Cuándo hacerlo?¿Quién lo va a hacer?¿Con qué lo va a hacer?
Indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación. Emitir respuestas a las peticiones que contengan el argumento idóneo y coherente con la realidad normativa de la liquidación y pago de los aportes a pensión. Realizar tres (3) mesas de trabajo con la coordinación del grupo interno de trabajo de asuntos pensionales, a fin de apoyar en la construcción de la respuesta a los derechos de petición que solicitan la reliquidación de los aportes a pensión a fin de armonizarlos con la normatividad reciente y los pronunciamientos judiciales Durante los meses de abril, agosto y diciembre de 2018 Oficina asesora jurídica interna y coordinación de asuntos pensionalesRecurso humano y administrativo Correo electrónico o memorando
Nota 1: Teniendo en cuenta que la causa general parametrizada en Ekogui denominada “No reconocimiento en derecho de prestaciones sociales”, deriva básicamente en la reliquidación del auxilio de cesantías y los aportes a pensión, no se considera viable adelantar acción alguna respecto de la citada causa.

Causas primarias o subcausasMedidaMecanismoCronogramaResponsableRecursosDivulgación
¿Qué hacer?¿Cómo hacerlo?¿Cuándo hacerlo?¿Quién lo va a hacer?¿Con qué lo va a hacer?
Nota 2: A pesar de que la causa general parametriza en Ekogui denominada “Ilegalidad del acto administrativo que liquida el auxilio de cesantías” es representativa en cuanto valor y frecuencia, no se diseñó un plan de acción para el tratamiento de la misma, toda vez que las conciliaciones, demandas o condenas generadas por la misma obedecen a actuaciones pasadas que fueron subsanadas desde el año 2010 y no hay lugar a prevenir el daño.

Matriz paso 4: Seguimiento y evaluación

Insumo del plan de acciónEvaluación
Causas primarias o subcausasMecanismoIndicador de gestiónIndicador de resultadoIndicador de impacto
Indebida aplicación analógica de la Ley 100 de 1993 al pago de aportes con anterioridad a su vigencia, en los actos administrativos que negaron la reliquidación.Realizar tres (3) mesas de trabajo con la coordinación del grupo interno de trabajo de asuntos pensionales, a fin de apoyar en la construcción de la respuesta a los derechos de petición que solicitan la reliquidación de los aportes a pensión, a fin de armonizarlos con la normatividad reciente y los pronunciamientos judiciales # de mesas de trabajo realizadas / # de mesas de trabajo programadas # de respuestas emitidas a derechos de petición relativos a aportes pensionales conforme a los lineamientos Impartidos en las mesas de trabajo / # total de respuestas a derechos de petición con posterioridad a cada una de las mesas de trabajo realizadas # de demandas radicadas por la subcausa en el 2018 - # de demandas radicadas por la subcausa en el 2017 / # de demandas radicadas por la subcausa en el 2017x100