RESOLUCIÓN 4848 DE 1994 

(Julio 13)

“Por la cual se establecen los criterios técnicos para la prestación de los servicios de rehabilitación física y mental de las víctimas de atentados terroristas”.

El Ministro de Salud,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 23 de la Ley 104 de 1993 , y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 104 de 1993, estableció las medidas de apoyo a las víctimas de atentados terroristas, entre éstas la prestación de los servicios de atención en salud de manera inmediata, tanto por las instituciones públicas como privadas, independientemente de la capacidad socio-económica de los demandantes de este servicio y sin exigir condición previa para su admisión;

Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 104 de 1993, y en desarrollo del principio de solidaridad social y dado el daño especial sufrido por las víctimas de atentados terroristas éstas deben recibir asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para atender requerimientos urgentes y necesarios para satisfacer los derechos constitucionales de dichas personas en materia de salud;

Que los servicios de rehabilitación física y mental deben prestarse de acuerdo con los criterios técnicos que fije este ministerio conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numerales 7º y 8º de la citada ley;

Que por lo anteriormente expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Ambito de aplicación. La presente resolución se aplicará a todas las personas víctimas directas de atentados terroristas, que requieran servicios de rehabilitación institucional, tanto física, como psicológica de acuerdo con los criterios médicos que más adelante se establecen.

ART. 2º—Definiciones. Para efectos de la presente resolución adóptanse las siguientes definiciones:

Víctima. Es aquella persona que sufre directamente perjuicios por acción de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos y las tomas guerrilleras que afecten en forma indiscriminada a la población.

Rehabilitación institucional. Es la brindada por entidades públicas y privadas para atender a las personas víctimas directas de atentados terroristas, con deficiencias, discapacidades y minusvalías neurológicas, osteomusculares, sensoriales y mentales de carácter temporal o permanente de baja, mediana y alta complejidad, a través de procedimientos y técnicas con-vencionales, aplicables en el país.

Deficiencia. Es toda pérdida o anormalidad psicológica, fisiológica o estructura anatómica.

Discapacidad. Es toda restricción o pérdida de la habilidad para desarrollar una actividad de manera normal.

Minusvalía. Es la desventaja de una persona como resultado de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el total desarrollo de su rol normal (dependiendo de la edad y factores socio-culturales) para ese individuo.

Fase crítica. Entiéndase por fase crítica aquella comprendida entre el momento de la ocurrencia del atentado terrorista, hasta cuando el médico tratante ordene iniciar el proceso de rehabilitación.

ART. 3º—Duración. Los servicios de rehabilitación institucional se prestarán a las personas víctimas de atentados terroristas hasta por el término de dos (2) años contados a partir de la fecha en que hayan superado la fase crítica, conforme a los términos señalados en el artículo séptimo de la presente resolución y no podrá exceder la fecha límite de vigencia de la Ley 104 de 1993, en esta materia.

PAR.— Los criterios para la atención en rehabilitación serán establecidos por el equipo médico de la institución tratante de acuerdo con el diagnóstico establecido.

ART. 4º—Los costos de los servicios médicos asistenciales brindados por las instituciones que hayan prestado el servicio a los pacientes víctimas directas de atentados terroristas se reconocerán y pagarán conforme a las tarifas establecidas por la junta nacional de tarifas para el sector salud, mediante resolución vigente a la fecha de la prestación de los servicios de rehabilitación, aplicables al fondo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito “Fonsat”.

PAR.— El reconocimiento y pago de los servicios a que se refiere el presente artículo se hará por conducto del Ministerio de Salud, con cargo a los recursos que suministre el fondo de solidaridad y emergencia de la Presidencia de la República conforme a los artículos 24, 26 y 47 de la Ley 104 de 1993. Para el caso de los afiliados a la seguridad social o entidades de previsión social se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la citada ley.

ART. 5º—Para efectos del estudio y definición de los procesos de rehabilitación no contemplados total o parcialmente por la presente resolución, de las víctimas directas de atentados terroristas que hayan requerido atención médica, el Ministerio de Salud integrará una junta, constituida por profesionales con experiencia en las áreas clínica, psiquiátrica, psicológica, quirúrgica y de rehabilitación pertenecientes a entidades del sector salud de carácter consultivo, la cual se reunirá cuando la oficina de emergencias y desastres lo determine.

ART. 6º—Cobertura de servicios. La rehabilitación institucional comprenderá los siguientes servicios:

a) Consulta, tratamiento hospitalario o am-bulatorio, los cuales deberán ser prestados por un profesional de la salud especializados en:

— Fisiatría

— Psiquiatría

— Gerontología

— Neurología

— Ortopedia y traumatología

— Oftalmología

— Otorrinolaringología

— Odontología

— Cirugía plástica

— Psicología

— Trabajo social

— Terapia física

— Terapia del lenguaje

— Terapia ocupacional;

b) Derecho a sala de cirugía, estancia hospitalaria, exámenes y procedimientos, diagnóstico y de tratamiento, y

c) Dotación y adaptación de elementos de órtesis y prótesis y aparatos ortopédicos definitivos y/o temporales para la adecuada rehabilitación; estos últimos serán de carácter devolutivo, cuando los materiales especificados anteriormente sean reutilizables y su uso no sea de carácter permanente.

ART. 7º—Clasificación y alcance de las coberturas. El servicio de rehabilitación tanto física como psicológica depende del tipo de secuela resultante de las lesiones causadas, se-gún criterio del equipo médico y no se extenderá por tiempo mayor de dos (2) años.

1. Alteración de la esfera mental: Uno (1) a dos (2) años.

2. Lesiones oftálmicas:

2.1. Estallido ocular: Seis (6) meses a dos (2) años.

2.2. Segmento anterior.

2.2.1. Trauma de córnea: Un (1) año.

2.2.2. Catarata traumática: Un (1) año.

2.3. Segmento posterior.

2.3.1. Desprendimiento de retina: Hasta dieciocho (18) meses.

2.4. Alteración de motilidad ocular: Un (1) año.

2.5. Visión subnormal: Hasta un (1) año.

3. Lesiones óticas.

3.1. Trauma acústico sin o con perforación de membrana: Seis (6) meses a un (1) año.

3.2. Trauma acústico sin o con luxación o pérdida de cadena de huesecillos: Seis (6) meses a un (1) año.

4. Lesión ósea de cara: Hasta dieciocho (18) meses.

5. Lesiones osteoarticular y muscular.

5.1. Temporales: Uno (1) a dos (2) años.

5.2. Definitivas (amputaciones): Hasta seis (6) meses.

6. Lesión mano:

6.1. Trauma cerrado: Seis (6) meses a un (1) año.

6.2. Trauma abierto: Uno (1) a dos (2) años.

6.2.1. Con amputación (total o parcial): Hasta un (1) año.

6.2.2. Sin amputación: Uno (1) a dos (2) años.

7. Lesión neurológica.

7.1. Periférica.

7.1.1. Temporal: Seis (6) meses a un (1) año.

7.1.2. Definitiva: Seis (6) meses a dos (2) años.

7.2. Central.

7.2.1. Temporal: Seis (6) meses a dos (2) años.

7.2.2. Definitiva.

7.2.2.1. Monoplejía: Hasta un (1) año.

7.2.2.2. Hemiplejía: Hasta dos (2) años.

7.2.2.3. Paraplejía: Hasta dos (2) años.

7.2.2.4. Cuadriplejía: Hasta dos (2) años.

8. Tejidos blandos.

8.1. Lesión de cara: Hasta dieciocho (18) meses.

8.2. Quemaduras: Hasta dieciocho (18) meses.

PAR.—La clasificación a que se refiere el presente artículo estará sujeta a modificaciones individuales de acuerdo con el concepto del médico tratante y cuando las circunstancias lo requieran, previo concepto de la junta de profesionales, de que trata esta resolución.

ART. 8º—El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 10 de 1990, en desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias.

ART. 9º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de julio de 1994.

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