RESOLUCIÓN 487 DE 2006

 

RESOLUCIÓN 487 DE 2006 

(Septiembre 29)

“Por la cual se revoca la Resolución 426 del 23 de agosto de 2006, mediante la cual se adoptó el sistema de indicadores para fortalecer la gestión de las Cajas de Compensación Familiar”.

El Superintendente del Subsidio Familiar,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el Decreto 2150 de 1992, la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

Que este ente de control y vigilancia expidió la Resolución 426 del 23 de agosto de 2006, mediante la cual en su artículo se resolvió: “Adoptar el sistema de indicadores para mejorar los instrumentos de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar y de esta manera fortalecer y garantizar la adecuada prestación de los servicios a cargo de las cajas de compensación familiar con sujeción a los principios de eficiencia y solidaridad”;

Que este despacho ha recibido de manera telefónica constantes manifestaciones de desacuerdo de parte de las cajas de compensación familiar frente al contenido del referido acto administrativo, pues consideran que con el mismo no se les está garantizando una objetiva medición de su gestión;

Que igualmente, esta entidad recibió vía e-mail, documento proveniente de la asociación de cajas de compensación familiar, Asocajas, en el que se consolida una serie de comentarios y sugerencias en cuanto al acuerdo o desacuerdo de esta asociación de cajas de compensación familiar frente a los indicadores establecidos por esta entidad en el referido acto administrativo y en los que se señala: “No es un indicador, es un producto; ... indicador de poca utilidad; .. cambiar nombre por, se sugiere eliminar; .. cambiar por; ... indicador de difícil obtención”;

De un total de 163 indicadores que se describen en la referida comunicación, observa este despacho que se solicita la eliminación de 72 indicadores y el cambio de 29 indicadores, además de los que se señalan que no son indicadores o que son de difícil obtención;

Que este despacho, en aras a garantizar un adecuado sistema de indicadores de gestión para fortalecer no solo la gestión social de las cajas de compensación familiar, sino igualmente los instrumentos de inspección, vigilancia y control a cargo de esta Superintendencia del Subsidio Familiar, considera oportuno revocar de oficio la Resolución 426 del 23 de agosto de 2006, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, pues el objetivo de esta entidad es el establecimiento de un sistema de indicadores debidamente articulados e implementados tanto al interior de esta entidad como frente las mismas cajas de compensación familiar y que permitan lograr el objetivo del fortalecimiento del sistema de protección social y del rol que las cajas de compensación familiar cumplen dentro del ámbito de la seguridad social;

Que el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, consagra que:

“Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”;

Al respecto, la doctrina ha señalado frente a lo que denomina recurso extraordinario de revocación directa, lo siguiente:

1. “Noción. La revocatoria directa es una modalidad de desaparición de un acto administrativo, mediante la cual la administración decide expresamente eliminar un acto anterior.

Esta institución se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de ella misma y es fruto del examen que la administración realiza sobre sus propias decisiones.

2. Causales. Los motivos por los cuales la administración pueda revocar sus actos se consagra expresamente en la ley, que también prescribe ciertas limitaciones al ejercicio de tal facultad. No podría, pues, dejarse a la voluntad de la Administración determinar los motivos para hacerlo, pues esto atentaría gravemente contra la seguridad jurídica. El Código Contencioso consagra en nuestro derecho la institución de la revocatoria directa de los actos administrativos la cual procede de oficio o por solicitud de parte.

Desde luego que la administración sólo puede revisar sus actos por los motivos expresamente consagrados en la ley y observando las limitaciones que ella misma establece para el ejercicio de esta facultad. Dejar en libertad a la administración para revocar sus propias decisiones cuando lo deseare, expondría la seguridad jurídica a que tiene derecho la comunidad de administrados. Por ello, el artículo 69 del Decreto 1 de 1984 consagra las siguientes causales de revocatoria directa:

a) Cuando sea manifiesta la oposición del acto administrativo con la Constitución o con la ley. Es lógico que, como consecuencia del principio de legalidad que rige la actividad de la administración en el Estado de Derecho, cuando un acto administrativo vulnere una norma superior que ha debido respetar deba ser revocado…;

b) Cuando el acto no esté conforme con el interés público o social o atente contra él. El principio de interés público o interés general ha de ser el objetivo que anime siempre la actividad de la administración; por lo tanto, los actos que lo lesionen o simplemente no armonicen con él, deben ser revocados...;

c) Cuando el acto cause agravio injustificado a una persona, es decir, un perjuicio o una ofensa, una lesión a su patrimonio moral o económico. ...” (las negrillas fuera de texto);

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Revocar la Resolución 426 del 23 de agosto de 2006, mediante la cual se resolvió “Adoptar el sistema de indicadores para mejorar los instrumentos de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia del Subsidio Familiar y de esta manera fortalecer y garantizar la adecuada prestación de los servicios a cargo de las cajas de compensación familiar con sujeción a los principios de eficiencia y solidaridad”, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 29 de septiembre de 2006.

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