RESOLUCIÓN 488 DE 2002 

(Marzo 22)

“Por la cual se establecen términos y plazos para la presentación de estados financieros por parte de los entes sujetos a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte y se revoca la Resolución 125 del 6 de febrero de 2001”.

El Superintendente de Puertos y Transporte,

en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 27, numeral 2º; 41 y 42 de la Ley 1ª del 10 de enero de 1991; el Decreto 2091 del 28 de diciembre de 1992; el Decreto 1002 del 31 de mayo de 1993, la Ley 222 de 1995, el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000; el Decreto 1016 de junio 6 de 2000; Decreto 1347 del 12 de julio de 2000; el Decreto 2741 de diciembre 20 de 2001, y

CONSIDERANDO:

1. Que el numeral 27.2 del artículo 27 de la Ley 1ª de 1991, establece como función de la Superintendencia General de Puertos, hoy Supertransporte, “cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que les corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la superintendencia, definidos por la Contraloría General de la República”.

2. Que el artículo 41 del Decreto 101 de febrero de 2000 modificado por el Decreto 2741 del 20 de diciembre de 2001 estableció en su artículo 41 el objeto de la delegación en los siguientes términos: “La Supertransporte ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la ley y la delegación establecida en este decreto...”.

3. Que el artículo 7º, numeral 18 del Decreto 1016 del 6 de junio de 2000, asignó al Superintendente de Puertos y Transporte la función de: “Expedir los actos administrativos que como jefe de organismo le corresponde conforme lo establecen las disposiciones legales...”.

4. Que conforme a lo dispuesto en el fallo del Consejo de Estado de 25 de septiembre de 2001, en los decretos 101, 1016 de 2000 y 2741 de 2001 y en concordancia con los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Ley 222 de 1995, le corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte ejercer integralmente la inspección, vigilancia y control de las empresas que prestan el servicio público de transporte e infraestructura. Por lo cual, está facultada para solicitar, confirmar y analizar información sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de las empresas del sector transporte.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Establézcanse los siguientes términos y plazos para la presentación de los estados financieros por parte de los entes sujetos a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, así:

1. Presentación de informes financieros por parte de los sujetos que desarrollen actividades y operaciones portuarias. Las sociedades portuarias, los titulares de autorizaciones y concesiones otorgadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1ª de 1991, para ocupar y utilizar las playas, los terrenos de bajamar y las zonas adyacentes a aquéllas o éstos, los titulares de licencias portuarias (embarcaderos) y los operadores portuarios, deberán presentar anualmente y a más tardar el treinta (30) de abril del año siguiente del ejercicio financiero, su balance general y estado de resultados con el detalle de los ingresos brutos generados por operaciones portuarias que desarrolló en el año inmediatamente anterior, aprobado por su máximo órgano directivo y firmado por el representante legal, contador público titulado y revisor fiscal en aquellas empresas que se encuentran obligadas por ley a tenerlo.

PAR. 1º—Los estados financieros remitidos deben complementarse con el escrito mediante el cual el representante legal y contador los certifican y el revisor fiscal los dictamina, así como las notas a los estados financieros. No se tendrán por recibidos aquellos documentos que no sean originales, presenten errores en la validación de sus datos o de su estructura.

PAR. 2º—El plazo señalado para el envío de la información se considera suficiente, por lo tanto será improrrogable.

PAR. 3º—Por cuanto la información financiera remitida a la superintendencia debe venir certificada por el representante legal y el contador, y dictaminada por el revisor fiscal de la sociedad, tales personas serán responsables de las inexactitudes o errores que en su revisión se determine y podrán ser sancionadas conforme a lo previsto en la ley.

PAR. 4º—El incumplimiento en los términos y plazos señalados en la presente resolución dará lugar a las investigaciones administrativas correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1002 del 31 de mayo de 1993.

1.1. Contabilidad independiente de la actividad portuaria. Las personas públicas y privadas que antes de la promulgación de la Ley 1ª hubieren recibido autorización, bajo cualquier nombre o régimen, para ocupar y utilizar las playas, los terrenos de bajamar y las zonas adyacentes a aquéllas o éstos, deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º del Decreto 2091 de 1992, en concordancia con esta norma deberán llevar la contabilidad relacionada con la actividad portuaria, en subcuenta independiente, con el fin de facilitar la comprobación de la tasa de vigilancia autoliquidada.

PAR.—Aquellos sujetos descritos en el numeral 2º de este artículo, que no lleven contabilidad de su actividad portuaria en subcuenta independiente, deberán calcular sus ingresos brutos portuarios basados en las toneladas de carga movilizada durante el ejercicio contable por la tarifa promedio del mercado del producto respectivo.

1.2. Información fidedigna. La información sobre ingresos brutos generados por la operación portuaria que desarrollen deberá ser fidedigna y reflejar el resultado contable íntegramente de la actividad portuaria. La Superintendencia de Puertos y transporte se reserva el derecho de efectuar la comprobación de la información suministrada.

PAR.—Cuando la Superintendencia de Puertos y Transporte compruebe que los ingresos brutos por operación portuaria, registrados en los estados financieros, base de la autoliquidación de la tasa de vigilancia, no son fidedignos, procederá a reliquidar su valor según procedimiento establecido en la norma vigente, sin perjuicio de las sanciones que podrá aplicar conforme lo establece el Decreto 1002 de 1993.

2. Presentación de informes financieros por parte de los sujetos que fueron objeto de inspección, vigilancia y control por la Supersociedades y que actualmente se encuentran bajo competencia de Supertransporte. Las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales cuyo objeto sea la prestación del servicio público de transporte o concesionarios de infraestructura, que fueron hasta antes del fallo del Consejo de Estado inspeccionadas, vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades, deberán presentar por esta única vez los estados financieros aprobados por su máximo órgano directivo del período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2001, ante la Supersociedades en la fecha y términos señalados en la Circular Externa 1 de febrero 28 de 2002, de ese organismo.

PAR.—El incumplimiento en los términos y plazos señalados en la Circular Externa 1 de febrero 28 de 2002, dará lugar a la imposición de multas de conformidad con lo previsto en el artículo 86, numeral 3º de la Ley 222 de 1995.

3. Presentación de informes financieros por parte de los demás sujetos vigilados por la Supertransporte. Las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales cuyo objeto sea la prestación del servicio público de transporte de cualquier modo, o concesionarios de infraestructura de cualquier modo, y que por ende ingresan o ya pertenecen a la órbita de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte, pero que no se encuentren incluidas en los numerales 1º y 2º de este artículo, se encuentran obligados a presentar ante esta superintendencia los estados financieros aprobados por su máximo órgano directivo correspondientes a la vigencia de 2001, en la fecha y términos que con posterioridad determinará esta superintendencia.

ART. 2º—Revóquese la Resolución 125 del 6 de febrero de 2001.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 22 de marzo de 2002.

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