RESOLUCIÓN 49 DE 1991 

(Enero 28)

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de inversiones”.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes,

en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3º de la Ley 9ª de 1991 otorga al Consejo Nacional de Política Económica y Social funciones de regulación en materia de inversiones;

Que es necesario adoptar medidas internas sobre inversiones del exterior acordes con las políticas actuales en esta materia y las disposiciones de las decisiones 220 y 244 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en sesión del 22 de enero de 1991, acogió la propuesta del Departamento Nacional de Planeación y señaló la nueva política de inversiones internacionales tendiente a propiciar la internacionalización de la economía colombiana y estimular la inversión de capitales del exterior en el país;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9ª de 1991 es conveniente establecer regímenes especiales en materia de inversiones de capital del exterior para los sectores financiero, de hidrocarburos y minería;

Que es necesario establecer el procedimiento que facilite la tramitación de las solicitudes sobre inversión de capitales colombianos en el exterior;

Que se requiere ejercer un mayor control posterior sobre las inversiones de capital colombiano en el exterior para hacer más útiles tales inversiones, minimizar los riesgos de la operación y garantizar el reintegro al país de las utilidades y la repatriación de los capitales invertidos,

RESUELVE:

TÍTULO I

Ámbito de aplicación y definiciones

ART. 1º—Estatuto de inversiones internacionales. Las normas de esta resolución constituyen el estatuto de inversiones internacionales del país, el cual comprende tanto el régimen de la inversión de capital del exterior en el país como el de las inversiones colombianas en el exterior.

En consecuencia, todas las disposiciones en materia de inversiones internacionales deberán ceñirse a las prescripciones contenidas en este estatuto.

ART. 2º—Inversiones. Para efectos de este estatuto, el término inversiones de capital comprende tanto las inversiones directas como las de cartera o portafolio.

Se consideran como inversiones directas, sujetas al presente estatuto, no sólo los aportes al capital de una empresa, en la cual el inversionista adquiere una participación permanente y efectiva en su dirección y corre con los riesgos comerciales de la misma, sino también los actos, contratos y operaciones de adquisición o tenencia de bienes o derechos y las operaciones comerciales en las cuales el inversionista proporciona activos tangibles o intangibles a una empresa sin llegar a tener participación accionaria en todo o parte de ella, siempre y cuando tenga una influencia real en la dirección de la misma.

También se consideran como inversiones cubiertas por este estatuto las de cartera o portafolio, que incluyen valores, acciones y otras participaciones que no superan el 10% del capital con derecho a voto de la empresa receptora, siempre que esa proporción se refleje en su dirección técnica, financiera, administrativa y comercial.

PAR.—Se entiende por influencia real o poder decisorio, para efectos de lo previsto en este estatuto, la capacidad efectiva del inversionista para determinar las decisiones y acciones de los órganos directivos o administrativos de la empresa receptora correspondiente, con independencia de su participación en el capital social de la misma.

ART. 3º—Inversiones internacionales. Se consideran como inversiones internacionales, sujetas al presente estatuto, aquellas realizadas en territorio colombiano por parte de personas no residentes en Colombia y las realizadas en el extranjero o en zona franca colombiana por un residente en el país.

TÍTULO II

Régimen general de las inversiones de capitales del exterior

CAPÍTULO I

Principio general y definiciones

ART. 4º—Principio de igualdad en el trato. Con sujeción a lo establecido en los artículos 11 de la Constitución Política, 33 de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 1º, 3º y 15 de la Ley 9ª de 1991, y con excepción de aquellos asuntos referentes a la transferencia de recursos al exterior, la inversión extranjera en Colombia será tratada, para todos los efectos, de igual forma que la inversión de nacionales colombianos.

En consecuencia, no se podrán conceder condiciones ni otorgar tratamientos discriminatorios a los inversionistas extranjeros frente a los inversionistas privados nacionales, ni tampoco conceder a los inversionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable que el que se otorgue a los inversionistas nacionales.

PAR.—Los asuntos tributarios referentes a la transferencia de recursos al exterior continuarán rigiéndose por el estatuto tributario y demás normas especiales sobre la materia.

ART. 5º—Definiciones. Los términos inversión extranjera directa, inversionista nacional, inversionista subregional, inversionista extranjero, empresa nacional, empresa mixta, empresa extranjera y reinversión tendrán el significado que establece el artículo 1º de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se entiende por inversionista del exterior al propietario de una inversión realizada en territorio colombiano por parte de una persona no residente en el país, con recursos provenientes del exterior.

CAPÍTULO II

Modalidades

ART. 6º—Modalidades. Las inversiones de capital del exterior en empresas constituidas o establecidas o que se proyecte constituir o establecer en el país, podrán revestir las siguientes modalidades, las cuales no tendrán más limitaciones que las contenidas en la legislación colombiana:

a) Importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos o tangibles, aportados al capital como importaciones no reembolsables;

b) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional como aporte directo de capital o adquisición de derechos, acciones u otros valores, incluidos los bonos convertibles en acciones de que tratan las resoluciones 70 de 1985, 14 de 1989, 70 de 1989 y 34 de 1990 de la Junta Monetaria;

c) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional en fondos de inversión de capital extranjero u otros inversionistas institucionales, tales como fondos de inversión y fondos de valores, en los términos que se establecen en el título IV de este estatuto;

d) Capitalización de recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior, tales como principal e intereses de créditos externos, sumas debidas por concepto de importaciones reembolsables, utilidades con derecho a giro y regalías derivadas de contratos debidamente aprobados y registrados;

e) Retención en el patrimonio de utilidades no distribuidas con derecho a giro, en las condiciones que se determinan en el artículo 7º de este estatuto;

f) Capitalización de excedentes de utilidades distribuidas, en las condiciones que se determinan en el artículo 8º de este estatuto;

g) Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales en los términos de la Resolución 17 de 1972 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (en adelante Conpes) y las inversiones a un proyecto minero de carbón conforme a las resoluciones 23 y 24 de 1976 y 45 de 1989 del Conpes;

h) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional destinadas a la compra de inmuebles, en los términos del artículo 9º de este estatuto, siempre que no contravenga normas especiales, e

i) Las demás que determine el Conpes mediante resoluciones de carácter general.

PAR.—Los aportes en especie consistentes en contribuciones tecnológicas intangibles podrán computarse como aporte de capital, en los términos del Código de Comercio, una vez lo permitan las normas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

ART. 7º—Reinversiones. La retención en el superávit de utilidades no distribuidas con derecho a giro, se tendrá como reinversión para el inversionista del exterior.

Cuando se distribuyan las utilidades reinvertidas se disminuirá el registro en la cuantía de lo distribuido.

PAR.—La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, podrá registrar la reinversión de utilidades generadas a partir del 1º de enero de 1987. Dicho registro surtirá sus efectos para la base de giro correspondiente a utilidades generadas a partir del 1º de enero de 1991.

ART. 8º—Capitalización de utilidades sobre el límite de giro. La oficina de cambios del Banco de la República o la dependencia que haga sus veces, también podrán registrar como inversión directa del exterior la capitalización de utilidades generadas y distribuidas, que superen los límites de transferencia al exterior, en cualquiera de los siguientes eventos:

a) Cuando las empresas receptoras de la inversión de los excedentes destinen al menos un cincuenta por ciento (50%) de la nueva inversión a la adquisición de bonos del Instituto de Fomento Industrial. La adquisición de los bonos deberá realizarse por parte de la empresa receptora dentro de los 30 días siguientes a la capitalización de los excedentes de utilidades. En casos especiales la Oficina de Cambios, o la dependencia que haga sus veces, podrá conceder un plazo mayor para la compra de los bonos;

b) Cuando el inversionista capitalice simultáneamente, en la misma empresa que genera las utilidades o en otra empresa en la cual sea inversionista, un monto igual traído del exterior en divisas, maquinaria o equipo, o de utilidades con derecho de giro, y

c) Cuando el inversionista capitalice los excedentes en una empresa:

i) cuyas ventas totales correspondan a lo menos en un 25% a exportaciones, o

ii) que se constituya en zona franca industrial.

PAR.—Los actuales inversionistas del exterior podrán registrar como inversión directa del exterior, hasta el 31 de agosto de 1991, sus acciones, cuotas o derechos sociales, así como las utilidades derivadas de los mismos, correspondientes a inversiones realizadas y no registradas, utilizando los mecanismos establecidos en el presente artículo y de acuerdo con la metodología que al efecto establezca la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces.

Dicho registro surtirá sus efectos a partir de la fecha en que se cumplan las condiciones señaladas en este artículo.

ART. 9º—Compra de inmuebles. A solicitud de los interesados, la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, podrá registrar las sumas provenientes del exterior para la compra de inmuebles destinados a:

a) Residencia propia o para fines turísticos de personas naturales no residentes, y

b) Vivienda de funcionarios u oficinas de personas jurídicas extranjeras.

El registro correspondiente se hará por el monto realmente invertido y dará derecho a girar al exterior, en moneda libremente convertible, las sumas que se reciban al liquidar el activo, previo el pago de los impuestos respectivos.

CAPÍTULO III

Destinación, forma de aprobación y registro

ART. 10.—Destinación. De conformidad con lo establecido en el artículo 4º del presente estatuto, podrán realizarse inversiones de capital del exterior en cualquier proporción y establecerse empresas extranjeras en todos los sectores de la economía, en las mismas condiciones en que lo podría hacer una empresa privada nacional.

No se permitirán inversiones de capital del exterior en las siguientes actividades:

a) Defensa y seguridad nacional, y

b) Disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país.

En consecuencia, a partir de la vigencia del presente estatuto quedan autorizadas las inversiones de capital del exterior que se proyecte hacer en el país en todos los demás sectores en cumplimiento de este estatuto.

PAR.—Conforme a los artículos 1º, 3º y 15 de la Ley 9ª de 1991 y al artículo 17 de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Conpes podrá reservar sectores de actividad económica a las empresas nacionales, públicas o privadas y determinar si se admite en ellos la participación de empresas mixtas.

ART. 11.—Autorización. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III del presente estatuto, en todo caso las siguientes inversiones requerirán de la previa autorización del Departamento Nacional de Planeación:

a) Las que se proyecte efectuar para la realización de actividades de prestación de servicios públicos tales como energía eléctrica, aseo, acueducto y alcantarillado, así como para la prestación de servicios postales, correos, salud pública, comunicaciones en todos los campos y por cualquier medio, incluidas las telecomunicaciones, radioemisoras, estaciones de televisión y periódicos, revistas y demás publicaciones que no tengan carácter de científicas, técnicas o culturales.

En estos casos, previa aprobación de los términos y condiciones de la inversión por parte del Departamento Nacional de Planeación, los inversionistas del exterior podrán ejecutar proyectos específicos o desarrollar dichas actividades por cuenta de una entidad pública o de una empresa de servicios públicos, mediante concesión, licencia, contrato administrativo o de derecho privado de la administración, o cualquier otro tipo de convenio, y

b) Las que se proyecte realizar contando con la cobertura de mecanismos de protección, garantía o seguro, derivados de convenios internacionales vigentes ratificados por Colombia.

PAR. 1º—Las inversiones de capital del exterior destinadas a las empresas ubicadas en zonas francas industriales, se regirán por la Ley 109 de 1985 y las normas que la sustituyan, modifiquen o reglamenten.

PAR. 2º—Para efectos de la Decisión 244 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se entienden autorizadas también las inversiones en empresas multinacionales andinas, en sectores permitidos que no requieran autorización previa.

ART. 12.—Aumentos de capital. La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, podrá registrar inversiones del exterior destinadas al aumento del capital de sociedades existentes en el país. Tales aumentos se someterán a las normas colombianas y en particular a las normas pertinentes del Código de Comercio.

PAR.—Podrán registrarse como inversión de capital del exterior las sumas que el inversionista del exterior pague a la sociedad receptora por prima en colocación de acciones. Si la sociedad decide hacer reparto de las sumas recibidas como prima en colocación de acciones, el registro correspondiente al inversionista del exterior se disminuirá en igual cuantía.

ART. 13.—Adquisiciones. Sin perjuicio de la autorización requerida en el caso del artículo 11 del presente estatuto, queda autorizada la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales por parte de inversionistas del exterior, siempre que la misma se ajuste a las disposiciones pertinentes de la legislación colombiana.

PAR.—La adquisición de acciones por parte de inversionistas del exterior en las bolsas de valores no tendrá otras limitaciones que las establecidas en este título y en las normas relativas al mercado de valores. Para estos efectos, la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, adoptará los mecanismos necesarios para establecer los términos y condiciones del respectivo registro.

ART. 14.—Sustituciones. Sin perjuicio de la autorización requerida en el caso del artículo 11 del presente estatuto, también queda autorizada toda sustitución de la inversión original, entendiéndose por tal cualquier cambio en los titulares, la destinación o la empresa receptora de la misma. Los efectos de dicho cambio o sustitución en Colombia, se sujetarán a las normas colombianas y en especial a las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.

La venta de acciones o cuotas de un inversionista del exterior a otro inversionista del exterior requerirá del registro ante la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, previa presentación de la documentación a que hace referencia el artículo 326 del Estatuto Tributario y las normas que lo sustituyan, modifiquen, adicionen o reglamenten. La sustitución del inversionista del exterior no se considerará como reexportación de capital.

PAR.—Cuando se presenten sustituciones en los inversionistas, el objeto o la empresa receptora o haya cambio de titular de una sucursal de sociedad extranjera, por fusión de sociedades del exterior o por cesión de derechos sobre la sucursal a otra sociedad del extranjero, podrá modificarse el registro de la inversión de capital del exterior, previo cumplimiento de los requisitos legales.

ART. 15.—Criterios de evaluación para empresas nuevas. Para autorizar o negar la realización de una inversión de capital del exterior, cuando ello se requiera, el Departamento Nacional de Planeación tomará en cuenta los criterios señalados en el artículo 4º de la Resolución 17 de 1972 del Conpes. En el caso del literal a) del artículo 11 del presente estatuto, el Departamento Nacional de Planeación deberá analizar especialmente que la contratación proyectada tenga un efecto positivo sobre los costos fiscales del servicio y que con la operación se fomente el bienestar público.

ART. 16.—Criterios de evaluación para empresas existentes. Cuando la inversión de capital del exterior se destine a aportes directos de capital en empresas ya existentes o a la compra de acciones o participaciones en dichas empresas, el Departamento Nacional de Planeación tomará en cuenta, de los criterios enunciados en el artículo anterior, aquéllos que fueren aplicables a tal clase de inversiones.

ART. 17.—Condiciones de autorización. En el acto de autorización de una inversión de capital del exterior, cuando ello se requiera, el Departamento Nacional de Planeación determinará las condiciones generales de la inversión, los plazos dentro de los cuales habrá de realizarse y el plazo dentro del cual debe solicitarse su registro ante la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces.

La autorización perderá sus efectos cuando el Departamento Nacional de Planeación establezca que el inversionista del exterior ha modificado, sin previa autorización, cualquiera de las condiciones establecidas en el acto de autorización o cuando la inversión correspondiente no se realice o no se solicite el registro ante la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, en los plazos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación.

PAR. 1º—La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, cancelará el registro de las inversiones de capital del exterior sobre las cuales se hayan realizado transacciones no autorizadas o incumplido los términos de la autorización o se haya establecido que la información que sirvió de base para la autorización no se ajusta a la verdad.

PAR. 2º—Conforme al Decreto-Ley 2410 de 1989, el Departamento Nacional de Planeación podrá realizar el seguimiento de las inversiones de capital del exterior con el propósito de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones de las inversiones respectivas.

ART. 18.—Silencio administrativo positivo. El Departamento Nacional de Planeación deberá pronunciarse sobre las solicitudes de autorización de inversiones de capital del exterior dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, siempre que no se haya exigido documentación complementaria dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a tal fecha. Una vez la documentación en poder del Departamento Nacional de Planeación se encuentre completa, empezará a contarse el plazo de decisión aquí previsto.

Cuando para emitir su pronunciamiento el Departamento Nacional de Planeación requiera de conceptos u opiniones de otros organismos o entidades, públicas o privadas, deberá formular por escrito a éstos la correspondiente solicitud, con un plazo máximo para responder que no excederá de un (1) mes, y comunicará tal circunstancia al solicitante. Los términos de decisión se suspenderán hasta tanto la entidad consultada rinda su concepto o venza el plazo que tiene para responder, sin que se haya producido la respuesta.

Las solicitudes que no fueren resueltas dentro del plazo establecido en el presente artículo se considerarán aprobadas.

ART. 19.—Registro. Todas las inversiones de capital del exterior deberán registrarse en la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces.

El registro de las inversiones deberá ser solicitado por el inversionista o quien represente sus intereses, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que se haya autorizado o realizado la inversión, según el caso. A solicitud del interesado, debidamente justificada, la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, podrá prorrogar hasta por un término que no exceda de seis (6) meses, el plazo establecido en este artículo. Vencido el término sin que se haya solicitado el registro, no se considerará realizada la inversión y tanto la suma invertida como las utilidades que ella genere carecerán de derecho a ser giradas al exterior.

Cuando la inversión este destinada a la creación de una nueva empresa o a la instalación de una nueva sucursal, deberá obtenerse también el permiso de funcionamiento que otorga la superintendencia que ejerza el control y vigilancia sobre la empresa receptora.

También se registrará el movimiento de las inversiones adicionales, capitalizaciones, reinversiones de utilidades con derecho a giro al exterior, remesas de utilidades y reembolso de capitales.

La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, establecerá el procedimiento para efectuar el registro de que trata este artículo.

PAR.—La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, se abstendrá de registrar las inversiones que se realicen en contravención de lo dispuesto en el presente estatuto e informará mensualmente al Departamento Nacional de Planeación sobre las inversiones que registre. Tampoco se registrarán inversiones cuando el interesado no haya informado previamente al Banco de la República o al intermediario respectivo, que sus aportes provenientes del exterior serán destinados a realizar una inversión de capital del exterior o cuando se presente fraccionamiento, tal como se define en el presente estatuto.

ART. 20.—Moneda de registro. El registro de las inversiones del exterior y de su movimiento se hará en la divisa o divisas que adopte la Junta Monetaria.

CAPÍTULO IV

Derechos cambiarios y otras garantías

ART. 21.—Derechos cambiarios. Efectuada una inversión de capitales del exterior en el país en debida forma, el inversionista tendrá derecho para remitir al exterior las utilidades provenientes de la inversión y para reembolsar el capital invertido y las ganancias de capital, en los términos establecidos a continuación.

La inversión realizada en cumplimiento de este estatuto dará derecho a su titular para:

a) Remitir al exterior, en moneda libremente convertible, las utilidades netas comprobadas que generen periódicamente sus inversiones, con base en los balances de fin de cada ejercicio social, hasta un cien por ciento (100%) del valor del capital registrado el año inmediatamente anterior a aquel en el cual se generaron las utilidades.

Tales balances deberán estar aprobados por la superintendencia que ejerza el control y vigilancia sobre la empresa receptora. Dicho porcentaje se aplicará sobre las utilidades generadas a partir del primero (1º) de enero de 1991;

b) Reinvertir utilidades hasta en los porcentajes y en las condiciones señalados en el artículo 7º del presente estatuto;

c) Capitalizar los excedentes de utilidades generados por la inversión, en los términos establecidos en el artículo 8º del presente estatuto, y

d) Remitir al exterior, en moneda libremente convertible, las sumas vinculadas a su inversión registrada que obtenga por concepto de la venta, dentro del país, de sus acciones o cuotas, o de la liquidación de la empresa o de la reducción de su capital, previo el pago de los impuestos correspondientes.

PAR. 1º—Las condiciones de reembolso de la inversión y de la remisión de utilidades legalmente vigentes en la fecha de registro de la inversión extranjera no podrán ser cambiadas de manera que afecten desfavorablemente a los inversionistas extranjeros, salvo temporalmente cuando las reservas internacionales sean inferiores a tres meses de importaciones.

PAR. 2º—Previa solicitud del interesado, debidamente sustentada, el Conpes podrá autorizar montos superiores de remesas de utilidades generadas por inversiones de capital del exterior en proyectos de señalada importancia para la economía del país o que impliquen riesgos especiales o que por su naturaleza sean de tardío rendimiento.

PAR. 3º—El porcentaje de giro de que trata este artículo no modifica lo que al respecto dispone el artículo 17 del Decreto- Ley 3448 de 1983, ni las resoluciones del Conpes actualmente vigentes en materia de inversiones extranjeras en minería.

ART. 22.—Reducción del capital. Para efectos de los giros correspondientes a la reducción del capital de una empresa receptora de inversión de capital del exterior, la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, establecerá las reglamentaciones necesarias para que se transfieran al exterior las sumas que efectivamente se produzcan en favor del inversionista y para evitar que se giren al exterior excedentes de utilidades distribuidas, previamente capitalizados.

ART. 23.—Reembolso del capital. El inversionista del exterior podrá vender internamente sus acciones, cuotas o derechos y girar en moneda libremente convertible las sumas que reciba en la operación, previo el pago de los impuestos correspondientes. Exceptúanse del derecho de giro las sumas que reciba el inversionista del exterior cuando la sociedad receptora readquiera sus acciones con utilidades líquidas sin derecho de giro.

ART. 24.—Tasa de cambio para giros y compras de divisas. Los giros por concepto de utilidades de capitales del exterior invertidos en Colombia y de sus reembolsos se harán por el mercado cambiario, a la tasa de cambio que rija al momento de efectuarlos. Se aplicará la misma tasa de cambio a las compras de divisas correspondientes a inversiones provenientes del exterior.

ART. 25.—Acceso al crédito interno. Las empresas extranjeras podrán acceder a todas las líneas de crédito internas.

ART. 26.—Acceso a incentivos. Las empresas extranjeras tendrán acceso a los mecanismos e instrumentos de promoción y fomento de las exportaciones en las mismas condiciones previstas para las empresas nacionales o mixtas. Igualmente, las empresas extranjeras podrán utilizar los sistemas especiales de importación - exportación.

ART. 27.—Ventajas andinas. Gozarán de las ventajas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena los bienes producidos por las empresas nacionales o mixtas, así como por las empresas extranjeras que se comprometan a transformarse en empresas mixtas, celebrando con el Departamento Nacional de Planeación un convenio de transformación en los términos del capítulo II de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

ART. 28.—Plazo de transformación. El Departamento Nacional de Planeación concederá el plazo máximo establecido en el artículo 25 de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, determinará las demás condiciones de la transformación y vigilará que se cumplan en los términos fijados. El inversionista del exterior podrá renunciar al plazo máximo de transformación.

ART. 29.—Forma de transformación. La transformación podrá conseguirse mediante la venta de acciones o cuotas de propiedad de inversionistas del exterior a inversionistas nacionales o a través de emisiones de acciones o aumentos de capital.

ART. 30.—Exoneración de la transformación. Las empresas extranjeras que se encuentren actualmente en proceso de transformación en empresas mixtas y no pretendan hacerse acreedoras a las ventajas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena podrán, conjuntamente con los demás suscriptores del convenio de transformación, solicitar al Departamento Nacional de Planeación que se las exonere del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

CAPÍTULO V

Calificación de inversionistas y empresas

ART. 31.—Calificación de inversionistas nacionales. Corresponde a la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, calificar como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras que se mencionan a continuación:

a) Aquellas que hayan efectuado inversiones en recursos con derechos cambiarios y hayan demostrado su residencia ininterrumpida en Colombia no inferior a un (1) año, siempre que renuncien al derecho de reexportar el capital invertido y al de transferir utilidades al exterior, y

b) Aquellas que realicen o hayan realizado inversiones con recursos sin derechos cambiarios, siempre que demuestren su permanencia en el país durante un lapso no inferior a un (1) año y el origen interno de los recursos invertidos.

PAR. 1º—No podrán solicitar su calificación como inversionistas nacionales los extranjeros que tan sólo tengan permisos de permanencia en el país o visas que limiten su capacidad para ser inversionistas.

PAR. 2º—Se entenderá que el extranjero ha residido en forma ininterrumpida cuando, durante el año inmediatamente anterior al de la solicitud de calificación, no se ha ausentado del país por más de noventa (90) días continuos o discontinuos.

PAR. 3º—La decisión de calificar como inversionista nacional a una persona natural extranjera deberá ser comunicada por la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, a la superintendencia que ejerza el control y la vigilancia sobre la empresa receptora.

ART. 32.—Inversiones de origen subregional. La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, previa solicitud del interesado, reconocerá como de inversionistas nacionales, las inversiones de origen subregional cuyos titulares sean inversionistas nacionales de países miembros del Acuerdo de Cartagena, siempre que se acredite lo siguiente

a) El carácter de inversionista nacional en el país miembro de origen, mediante certificación expedida por el organismo nacional competente de dicho país, y

b) La autorización previa del país miembro de origen para realizar la inversión, cuando así lo exijan las normas internas del país de origen de la inversión, autenticada y legalizada del modo que lo ordena la ley procesal para las pruebas documentales producidas en el exterior.

PAR.—Cuando el inversionista nacional de un país miembro del Acuerdo de Cartagena pretenda hacer una inversión de capital del exterior, este podrá solicitar a la oficina de cambios del Banco de la República, o a la dependencia que haga sus veces, que simultáneamente con el registro, se le reconozca la inversión como de propiedad de inversionistas nacionales.

ART. 33.—Calificación de empresas. Para efectos de la determinación de la calificación de una empresa como nacional, mixta o extranjera por parte de la oficina de cambios del Banco de la República o la dependencia que haga sus veces, las inversiones realizadas en ella por una empresa mixta se computarán en la misma proporción nacional y extranjera que presente su capital.

CAPÍTULO VI

De la promoción de la inversión

ART. 34.—Directrices. A fin de estimular las inversiones en el país, el Conpes señalará las directrices de acción tendientes a desarrollar mecanismos y actividades de promoción y estímulo a las inversiones privadas en el país, coordinando los esfuerzos que en este mismo sentido realizan los distintos organismos y entidades públicas y privadas.

Para tal efecto podrá utilizarse el mecanismo del comité coordinador de promoción de inversiones extranjeras, creado mediante Decreto 571 de 1990, o podrá el gobierno participar en la dirección de fundaciones, corporaciones o asociaciones de carácter privado que se creen para tal fin.

PAR.—La promoción podrá ser desarrollada, entre otros instrumentos, a través de agregadurías comerciales en el exterior.

ART. 35.—Otros instrumentos. Dentro de los distintos mecanismos de promoción y atracción de las inversiones de capital del exterior, se creará un banco de oportunidades de inversión que contenga un catálogo de proyectos que hayan de realizarse en el país, identificando a inversionistas potenciales, nacionales o extranjeros, que tengan interés en participar en tales proyectos con capital, financiación, tecnología o mercados.

ART. 36.—Propuestas de inversión. El Conpes podrá disponer que se presenten a la consideración de los inversionistas nacionales y extranjeros proyectos de especial importancia para el desarrollo del país, a fin de que se formulen propuestas de inversión y entre ellas pueda seleccionarse la más conveniente para los intereses del país.

También podrá el Conpes fijar directrices para el establecimiento de mecanismos y procedimientos mediante los cuales, previa invitación, se seleccione entre varias personas, en igualdad de oportunidades, la que proponga mejores condiciones para privatizar o enajenar al sector privado la totalidad o parte de la participación estatal en empresas y entidades públicas, descentralizadas o territoriales.

CAPÍTULO VII

Solución de controversias, sanciones y controles

ART. 37.—Ley y jurisdicción aplicables. Salvo lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales vigentes, en la solución de controversias o conflictos derivados de la aplicación del régimen de las inversiones de capital del exterior, se aplicará lo dispuesto en la legislación colombiana, en particular en los términos 74 del Decreto-Ley 222 de 1983 y 869 del Código de Comercio y las normas que los sustituyan, modifiquen o reglamenten.

Con la misma salvedad contemplada en el inciso anterior y sin perjuicio de las acciones que puedan instaurarse ante jurisdicciones extranjeras, las inversiones de capital del exterior también estarán sometidas a la jurisdicción de los tribunales colombianos. El arbitraje internacional se regirá por lo dispuesto en el Decreto-Ley 2279 de 1989 y demás normas pertinentes.

PAR.—De conformidad con los artículos 48 y 65 del Código de Procedimiento Civil y 477 del Código de Comercio, los inversionistas del exterior, sin importar la modalidad o funcionamiento de sus inversiones en el país, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para representarlos judicial y extrajudicialmente para todos los efectos legales salvo para fines tributarios, y en especial para cumplir con las normas de este título.

Los inversionistas del exterior que no tengan apoderado en el país deberán constituirlo y acreditar ante la oficina de cambios del Banco de la República o la dependencia que hagan sus veces, el correspondiente registro mercantil dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia del presente estatuto.

ART. 38.—Sanciones. De conformidad con los artículos 101, 105 y 899 del Código de Comercio y demás normas pertinentes de la legislación civil, y sin perjuicio del régimen sancionatorio de las infracciones a las normas que contempla este estatuto, serán absolutamente nulas las inversiones y los actos jurídicos conducentes a la instalación de empresas en sectores prohibidos o en forma no autorizada, independientemente del origen de los recursos.

Con la misma salvedad contemplada en el inciso precedente y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 del presente estatuto, las inversiones de capital del exterior realizadas con recursos sin derechos cambiarios en sectores permitidos y que no requieran autorización estatal, serán válidas pero no gozarán de los derechos y garantías establecidos en el capítulo IV del presente título.

ART. 39.—Control y vigilancia. Las personas jurídicas de cualquier naturaleza y demás entidades y empresas en cuyo capital participen inversionistas del exterior, deberán suministrar a la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, y a la Superintendencia de Control de Cambios, los datos e informaciones que se requieran para verificar el movimiento de los capitales del exterior y el cumplimiento de este estatuto. Igualmente, estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, excepto las que estén sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores.

ART. 40.—Prácticas comerciales restrictivas. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 7ª de 1991 y demás normas pertinentes, las entidades competentes establecerán un sistema de información y control de los precios de los bienes y servicios que suministren los proveedores de capital o tecnología del exterior y se encargarán de velar porque los inversionistas no promuevan prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar o restringir la libre competencia con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos o discriminatorios en perjuicio de los consumidores o de los productores nacionales.

PAR.—Los inversionistas del exterior prestarán al Gobierno Nacional toda la colaboración que sea necesaria para que éste pueda comprobar, por medio de los respectivos organismos de control, la correspondencia entre los precios consignados en las importaciones hacia Colombia y los del mercado internacional, y la realidad de las transacciones sobre bienes y servicios que se negocien a cualquier título entre una sociedad y sus sucursales, filiales o subsidiarias.

TÍTULO III

Regímenes especiales de las inversiones de capital del exterior

CAPÍTULO I

Sector financiero

ART. 41.—Participación extranjera. Los inversionistas del exterior podrán participar en el capital de las instituciones financieras, suscribiendo o adquiriendo acciones, bonos obligatoriamente convertibles en acciones o aportes sociales de carácter cooperativo, en cualquier proporción.

La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, informará mensualmente a la Superintendencia Bancaria sobre el registro de las inversiones de capital del exterior en las instituciones financieras. Igualmente, los inversionistas del exterior estarán obligados en todo tiempo a suministrar la información que sea requerida por la Superintendencia Bancaria.

PAR.—Para efectos del presente estatuto se entiende por instituciones financieras los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, los organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, las sociedades de arrendamiento financiero o leasing, los almacenes generales de depósito, las compañías de seguros, las compañías de reaseguros, las sociedades de capitalización, las compañías de financiamiento comercial, las sociedades administradoras de fondos de cesantía, las sociedades fiduciarias y las demás sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de las agencias de seguros.

ART. 42.—Aprobación. Toda transacción de inversionistas del exterior, que tenga por objeto la adquisición del 10% o más de las acciones suscritas de cualquier entidad financiera sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, ya se realice mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas o aquéllas por medio de las cuales se incremente dicho porcentaje, requerirá so pena de ineficacia, la aprobación previa del Superintendente Bancario, la cual se impartirá cuando se considere:

a) Que con la operación se fomenta el bienestar público, y

b) Que se ha acreditado la solvencia patrimonial, profesional y moral del inversionista del exterior, lo cual presupone analizar la idoneidad, responsabilidad y carácter de la persona o personas que intervienen en la operación.

PAR.—La constitución u organización de cualquier institución financiera con capital del exterior también requerirá la aprobación de la Superintendencia Bancaria, en los términos de la Ley 45 de 1990 y demás normas pertinentes.

ART. 43.—Régimen general aplicable. La inversión del exterior en instituciones financieras se regirá por las disposiciones generales sobre la materia en todo aquello que no haya sido regulado por el presente título, en particular las condiciones generales de la inversión y los términos de reembolso y de transferencia o reinversión de las utilidades.

CAPÍTULO II

Sector de hidrocarburos y minería

ART. 44.—Normas especiales. El régimen general de inversión de capitales del exterior referente al sector de hidrocarburos y minería estará sujeto especialmente a las normas de este capítulo, las que en consecuencia prevalecerán, cuando sea del caso, sobre las establecidas por otras normas de este estatuto.

ART. 45.—Exploración y explotación de recursos de propiedad nacional. De conformidad con la Constitución Política, todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible. En ejercicio de esa propiedad, podrá explorarlos y explotarlos directamente, a través de organismos descentralizados, o conferir a los particulares el derecho de hacerlo, o reservarlos temporalmente, todo de conformidad con lo dispuesto en los códigos de petróleos y minas, y demás normas especiales sobre la materia.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2310 de 1974 y demás normas pertinentes, con excepción de los contratos de concesión vigentes, la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad nacional estará a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos, la cual podrá llevar a efecto dichas actividades, directamente o por medio de contratos de asociación, operación, de servicios o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesión, celebrados con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

La exploración y explotación de minas continuará rigiéndose por el Código de Minas y demás normas pertinentes.

ART. 46.—Autorización. Corresponde al Ministerio de Minas y Energía autorizar los proyectos de inversión de capitales del exterior para la exploración y explotación de petróleo y gas natural y para los servicios inherentes al sector de hidrocarburos de que trata el artículo 16 de la Ley 9ª de 1991, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de este estatuto y las disposiciones legales que regulen la materia.

Los proyectos de inversión de capitales del exterior en exploración y explotación de minas, beneficio y transformación de minerales, refinación, transporte y distribución de hidrocarburos, lo mismo que en servicios inherentes al sector de hidrocarburos y minería distintos de los señalados en el inciso precedente, que impliquen la importación de capital del exterior o puedan dar lugar a posterior demanda de divisas para la transferencia de utilidades o el reembolso del principal, requieren la aprobación del Departamento Nacional de Planeación, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía, siempre que el proyecto globalmente considerado supere los cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000.000) o su equivalente en otras monedas, a pesar de que sus etapas parciales o instalamentos, individualmente considerados, no alcancen dicho monto.

Los proyectos de inversión de capital del exterior en las actividades señaladas en el inciso precedente y por montos iguales o inferiores a los cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000.000) o su equivalente en otras monedas, quedarán autorizados a partir del día en que quede ejecutoriado el concepto previo favorable del Ministerio de Minas y Energía, u opere el silencio administrativo positivo de que trata el artículo 47 de este estatuto.

PAR. 1º—Queda prohibido el fraccionamiento de las inversiones de capital del exterior de que trata el presente artículo. Habrá fraccionamiento cuando se realicen dos o más inversiones por parte del mismo inversionista del exterior, o de sus compañías relacionadas (matrices, subordinadas o sucursales), en una misma empresa receptora, en el término de dos años, cuyos montos individuales sumados sean superiores a cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000.000) o su equivalente en otras monedas.

PAR. 2º—Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por exploración y explotación de minas y beneficio y transformación de minerales, las actividades señaladas en la gran división 2, con excepción del grupo 2200, de la clasificación industrial uniforme de las Naciones Unidas, revisión 2.

ART. 47.—Concepto previo. El Ministerio de Minas y Energía deberá emitir su respectivo concepto dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en que se le formule la correspondiente solicitud, conforme al artículo 18 de este estatuto. Si no se pronuncia dentro del plazo establecido en el presente artículo se considerará que el concepto fue favorable.

Los plazos de decisión para el Departamento Nacional de Planeación empezarán a contarse a partir del día en que reciba el concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía, u opere el silencio administrativo positivo de que trata el inciso precedente.

ART. 48.—Régimen de utilidades. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953 y con las salvedades que el mismo artículo contempla, y manteniendo las atribuciones otorgadas por la Ley 51 de 1989 a la Comisión Nacional de Energía, no será obligatorio reintegrar al país el producto en divisas de las exportaciones de petróleo que realicen las empresas petroleras del exterior.

No habrá lugar a suministrar divisas para giros por concepto de importaciones, servicio de deuda u otro tipo de obligaciones en moneda extranjera, ni para el giro de utilidades y reembolsos al exterior de capitales invertidos en la exploración y explotación de petróleo y gas natural. No obstante, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía, la Junta Monetaria podrá autorizar la adquisición de divisas para la importación de crudos y sus derivados, cuando la empresa interesada acredite que las divisas obtenidas en las ventas internas y externas son insuficientes para cubrir el valor de su importación.

Los reembolsos de capitales y las transferencias de utilidades correspondientes a inversiones en minería, refinación, transporte y distribución de hidrocarburos y servicios inherentes al sector, distintos de los definidos en desarrollo del artículo 16 de la Ley 9ª de 1991, se harán con arreglo al régimen general de inversiones del exterior.

PAR. 1º—En los proyectos de exploración y explotación de minerales, incluidos aquéllos que se realicen en asociación con el Estado, se podrán girar todas las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio social o período contable respectivo. En todo caso, las remesas al exterior de las empresas productoras de oro, con inversión de capitales del exterior, se sujetarán a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 9ª de 1991 y demás normas pertinentes.

PAR. 2º—Conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 9ª de 1991, mediante reglas de carácter general, el Gobierno Nacional podrá determinar cuáles empresas de servicios inherentes al sector de hidrocarburos, por su dedicación exclusiva al sector, podrán celebrar contratos dentro del país en divisas y disponer para su manejo del mismo régimen que establece el presente artículo para las empresas petroleras del exterior.

PAR. 3º—De conformidad con las reglamentaciones que expida el Consejo Superior de Comercio Exterior, las importaciones de bienes de capital, materiales, repuestos y otros elementos para el empleo exclusivo en el sector de hidrocarburos y minería, realizadas por empresas extranjeras del sector; tendrán el carácter de no reembolsables. Los bienes de que trata este parágrafo no podrán importarse con destino a comercializarlos, directa o indirectamente, por fuera del sector.

ART. 49.—Registro. Los capitales del exterior destinados al sector de hidrocarburos y minería en todas sus ramas, ya sea en divisas, bienes o servicios, o en cualquier otra forma, deberán registrarse en la oficina de cambios del Banco de la República, o en la dependencia que haga sus veces.

Sin perjuicio del régimen sancionatorio de las infracciones a las normas que contempla este estatuto, el incumplimiento de lo establecido en el inciso precedente tendrá como consecuencia la establecida en el artículo 38, inciso segundo, del presente estatuto.

ART. 50.—Control. El Ministerio de Minas y Energía en coordinación con la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, controlará el movimiento de los capitales del exterior vinculados al sector de hidrocarburos y minería en todas sus ramas, y podrá verificar la exactitud de los datos respectivos.

ART. 51.—Inversiones en diferentes actividades. Cuando una misma empresa con inversión de capital del exterior en el sector de hidrocarburos y minería, desarrolle varias actividades económicas dentro del sector, a las cuales deban aplicarse normas cambiarias diferentes, y desee gozar de los derechos conferidos por el capítulo IV del título II de este estatuto, deberá demostrar ante la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, en forma exacta, las utilidades generadas en cada período contable por cada una de sus actividades, mediante el empleo de procedimientos de contabilidad que permitan identificar plenamente los activos y pasivos y la inversión de cada una de esas actividades. En estos casos, no se aceptarán activos ni pasivos comunes a las distintas actividades.

TÍTULO IV

Fondos de inversión de capital extranjero

CAPÍTULO I

Criterios y requisitos generales

ART. 52.—Autorización y criterios de evaluación. A partir de la vigencia de este estatuto quedan autorizadas las inversiones de capital extranjero que proyecten hacer en el país entidades que estén organizadas como fondos de inversión de capital extranjero, para captar recursos fuera del territorio nacional mediante la colocación de cuotas de participación o para ingresar al país recursos aportados por inversionistas institucionales extranjeros.

Para tal efecto, se requerirá el concepto previo favorable de la Comisión Nacional de Valores, para lo cual ésta tomará en cuenta únicamente los criterios y requisitos que se establecen en este título y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 18 de este estatuto.

PAR.—La Comisión Nacional de Valores, al emitir su concepto previo, deberá impartir también la aprobación del reglamento de operación del fondo en Colombia.

ART. 53.—Definición de fondo. Para efectos de este estatuto, se entiende por entidad organizada como fondo de inversión de capital extranjero, en adelante “fondo”:

a) El patrimonio organizado bajo cualquier modalidad, en Colombia o en el exterior, con aportes realizados por personas extranjeras, naturales o jurídicas, a través de colocaciones privadas o públicas de cuotas o unidades de participación, o

b) El patrimonio organizado bajo cualquier modalidad, en Colombia o en el exterior, conformado por los aportes de inversionistas institucionales extranjeros.

Se consideran como inversionistas institucionales extranjeros:

i) las entidades extranjeras administradoras, administradoras fiduciarias, u otras entidades representantes de fondos organizados en el exterior, al igual que los fondos mismos, y

ii) aquellas entidades extranjeras que colocan recursos entre el público y los destinan a la realización de inversiones en valores, con arreglo al principio de diversificación del riesgo y sin ánimo de control. La Comisión Nacional de Valores, calificará previamente a dichas entidades, fondos o personas, como inversionistas institucionales extranjeros.

ART. 54.—Solicitud. Previamente al ingreso al país de los recursos de cada fondo, deberán presentarse ante la Comisión Nacional de Valores, por parte de su representante legal o apoderado, los siguientes documentos e informaciones:

a) Solicitud de concepto sobre la inversión proyectada;

b) Documento de constitución del fondo. En caso de documento otorgado en el extranjero o en idioma extranjero, éste deberá ser presentado en la forma señalada en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil; además, será necesario acompañar, en la misma forma, en el caso del literal a) del artículo anterior, los documentos que acrediten la existencia y vigencia de acuerdo con la ley de su país de origen, y en el caso del literal b) del artículo 53, acreditar tales circunstancias respecto del inversionista institucional extranjero;

c) Certificado de existencia y representación legal del gerente, administrador, administrador fiduciario o representante legal extranjero, conforme al artículo 63 de este estatuto, cuando sea del caso;

d) Individualización del administrador local, es decir, de la sociedad colombiana encargada de la administración de las inversiones en el país de acuerdo al artículo 64 del presente estatuto, acompañada del certificado que acredite su existencia y representación legal, indicando si el fondo será administrado mediante contrato de administración, fiducia mercantil, mandato, encargo fiduciario u otro convenio similar;

e) Indicación del capital a ingresar al país por el respectivo fondo, el cual no podrá ser inferior a un millón de dólares de los Estados Unidos de América, y

f) Reglamento interno de operación en Colombia.

ART. 55.—Reglamento interno de operación en Colombia. Cada fondo tendrá un reglamento interno relativo a sus operaciones en el país, el cual deberá contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores en lo relativo a las normas sobre operación, inversiones, diversificación e información en Colombia.

PAR.—Cualquier modificación al reglamento de operación en Colombia deberá ser aprobado por la Comisión Nacional de Valores.

CAPÍTULO II

Régimen de inversiones

ART. 56.—Inversiones autorizadas. Las inversiones del fondo, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo segundo de este artículo, deberán realizarse en:

a) Acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de sociedades colombianas o de entidades en las que participe la Nación o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras;

b) Bonos emitidos por empresas nacionales en los términos del Decreto 1026 de 1990 y demás normas pertinentes; bonos y otros títulos emitidos por la Nación, los departamentos, municipios, distritos especiales y entidades descentralizadas; títulos emitidos por el Fondo Nacional del Café y por el Banco de la República;

c) Documentos o valores emitidos o garantizados por instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, y

d) Otros documentos o valores, distintos a los anteriores, que autorice la Comisión Nacional de Valores conforme a la Ley 32 de 1979 y demás disposiciones complementarias.

PAR. 1º—Las inversiones de que tratan los literales a), b) y c) de este artículo deben realizarse en acciones, bonos o títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores, que se transen mediante mecanismos bursátiles u otros que autorice la Comisión Nacional de Valores.

PAR. 2º—Los fondos podrán mantener en caja, en fondos comunes ordinarios, fondos de valores, o en depósitos en cuenta corriente o en cuenta de ahorros, en entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o la Comisión Nacional de Valores según sea el caso, la cantidad que estimen necesaria para atender tanto sus obligaciones inmediatas como las de funcionamiento.

ART. 57.—Limitaciones. En las inversiones que hagan los fondos se deberán observar los siguientes criterios:

a) Las inversiones no podrán exceder, directa o indirectamente, del 5% del capital social con derecho a voto de un mismo emisor. Dicha restricción se aumenta a un 10% del capital social con derecho a voto si el excedente sobre el 5% corresponde a acciones de primera emisión, suscritas y pagadas por el fondo en cuestión, y

b) Las inversiones en acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto no podrán representar más del 25% del capital social del emisor.

PAR.—Para efectos de determinar los límites a que se refiere el presente artículo no se tendrán en cuenta las valorizaciones de las acciones.

CAPÍTULO III

Régimen de operaciones, pasivos, utilidades y registro

ART. 58.—Operaciones no autorizadas. En la realización de las operaciones a que se refiere este título, los administradores locales se abstendrán de:

a) Dar en prenda los valores que integran el fondo, salvo para garantizar créditos que se obtengan conforme a lo establecido en el literal d) del presente artículo;

b) Invertir los recursos del fondo en títulos emitidos, aceptados, colocados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por el administrador local, directa o indirectamente;

c) Adquirir bienes por cuenta del fondo con recursos distintos de los señalados en el artículo siguiente;

d) Obtener créditos para la realización de las operaciones del fondo que administran, salvo que, tratándose de títulos adquiridos en el mercado primario, ello corresponda a las condiciones de la respectiva emisión y siempre que el crédito sea otorgado por el emisor o el suscriptor (“underwriter”) del título;

e) Realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre el administrador local y los suscriptores o aportantes al fondo como, por ejemplo, invertir los recursos del fondo en valores emitidos por matrices o subordinados del administrador o por subordinadas de la matriz de este último;

f) Llevar a cabo prácticas inseguras, inequitativas o discriminatorias con los suscriptores del fondo, y

g) Conceder créditos a cualquier título con dineros del fondo.

ART. 59.—Recursos y pasivos de los fondos. Los fondos organizados en Colombia tendrán como únicas fuentes de recursos las sumas que se entreguen en ejecución del contrato celebrado con los suscriptores o participantes.

Los fondos sólo podrán tener pasivos en Colombia provenientes de la liquidación de operaciones dentro de los plazos habituales en el mercado, comisiones y gastos, remuneración por administración, pago a plazos de emisiones primarias de valores y otros similares relacionados con su operación y su correcta administración financiera, que autorice la Comisión Nacional de Valores.

ART. 60.—Gastos de los fondos. Sin perjuicio de lo dispuesto en los contratos y reglamentos de administración, serán de cargo de los fondos los siguientes gastos que se causen dentro del país:

a) El costo de custodia de los activos que integran el fondo;

b) La remuneración del administrador;

c) Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los intereses del fondo cuando las circunstancias así lo exijan;

d) Los gastos que ocasione el suministro de información a los participantes, y

e) Los demás que ocasione la operación normal del fondo, incluidos los de la auditoría externa si es del caso, en los términos del reglamento interno.

ART. 61.—Derechos de los suscriptores o participantes en fondos de inversión organizados en el país. Los suscriptores o participantes de los fondos organizados en el país tendrán, además de los expresamente pactados y aquéllos que la ley les asigne como inversionistas del exterior o según la naturaleza del contrato celebrado, los siguientes derechos:

a) Participar en la utilidad comercial generada por el fondo, sea que ella se derive de intereses causados, dividendos decretados, utilidades en venta de acciones y valores o cualquier otro ingreso que corresponda al giro ordinario de sus operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el contrato y en el reglamento interno respectivo;

b) Examinar los documentos relacionados con el fondo. Los documentos sujetos a examen deberán ponerse a disposición de los suscriptores o participantes en la forma y términos previstos en el reglamento, y

c) Ceder en el exterior sus derechos en el fondo a otro extranjero, siempre que no se haya pactado algo en contrario.

ART. 62.—Derechos cambiarios. Los reembolsos de capitales y las transferencias de utilidades correspondientes a las inversiones del fondo se harán con arreglo al régimen general de inversiones del exterior.

La transferencia al exterior de las utilidades comerciales correspondientes a las inversiones del fondo podrá hacerse por períodos inferiores a un año, previo el pago de los impuestos correspondientes.

ART. 63.—Registro. La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, registrará el capital del exterior aportado por los fondos en cabeza del mandatario, administrador o agente extranjero del fondo respectivo, el cual deberá acreditar su existencia y representación legal conforme a la ley. Para estos efectos, el mandatario, administrador fiduciario o agente es aquella entidad extranjera que participa en la operación como administrador, líder o gerente o en cualquier condición de preeminencia sobre los suscriptores o participantes, y recibe en tal razón honorarios, comisión o remuneración especial de cualquier tipo.

Cuando no exista mandatario, administrador fiduciario, o agente extranjero, el registro se hará en cabeza del fondo mismo.

Además del registro del capital invertido inicialmente, la sociedad administradora del respectivo fondo deberá actualizar dicho registro en las fechas y conforme a las condiciones generales que establezca la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces.

CAPÍTULO IV

Administración y control

ART. 64.—Administración y controles. La administración en Colombia de los fondos de que trata el presente título, será ejercida por bancos, corporaciones financieras o sociedades fiduciarias, las cuales responderán hasta de la culpa leve en la ejecución de sus funciones.

Cada sociedad administradora de un fondo lo representará judicial y extrajudicialmente en Colombia, siendo solidariamente responsable con éste del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables. Si el fondo se organiza en el país, la sociedad administradora podrá recibir los aportes de las personas extranjeras, con el fin de constituirlo y administrarlo.

Las operaciones del fondo respectivo serán efectuadas por la sociedad administradora a nombre y por cuenta y riesgo de aquél, quien será el titular de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas. Dichas operaciones se contabilizarán separadamente de las operaciones relativas a la sociedad administradora y estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores.

PAR.—Los administradores enviarán a la Comisión Nacional de Valores y a la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, en la forma y fechas en que cada organismo determine, los estados financieros del fondo. Así mismo, los administradores enviarán a la Comisión Nacional de Valores una lista de los valores que integran el fondo, de sus cotizaciones y valorizaciones, en la forma y fechas en que esta lo determine.

CAPÍTULO V

Otros instrumentos y requisitos

ART. 65.—Otros instrumentos. También queda autorizada, con el concepto previo favorable de la Comisión Nacional de Valores, la adquisición de unidades o certificados de participación, por parte de inversionistas del exterior, emitidos por instituciones fiduciarias de fondos constituidos por fiducia mercantil o encargo fiduciario, cuyo patrimonio este representado por acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto.

Dichos certificados de participación podrán ser adquiridos directamente por inversionistas del exterior en el mercado de valores colombiano o por entidades financieras del exterior, por cuenta propia o de terceros. Dichas entidades podrán recibirlos en depósito, administración fiduciaria o en condiciones equivalentes, para el efecto de emitir nuevos títulos valores representativos de tales certificados, a fin de colocarlos en el mercado financiero internacional.

Los títulos valores extranjeros podrán ser convertidos en acciones.

PAR. 1º—Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto no se computarán para el efecto de determinar el monto y proporción de la participación extranjera en el capital social de las empresas emisoras.

PAR. 2º—De conformidad con la Ley 9ª de 1991, mediante reglamentaciones de carácter general acordes con el presente estatuto, se podrán establecer instrumentos o mecanismos especiales, diferentes a los previstos en este artículo, orientados a captar y canalizar inversiones de capital del exterior, de cartera o de portafolio, hacia el mercado de valores colombiano.

ART. 66.—Ley y jurisdicción aplicables. Las operaciones del fondo en Colombia se someterán a la legislación colombiana y a la jurisdicción de los tribunales establecidos en el país. En consecuencia, las operaciones del fondo en el exterior no estarán sujetas a la ley colombiana.

PAR.—Las inversiones en Colombia de los fondos se regirán por las disposiciones generales sobre inversiones de capital del exterior en todo aquello que no haya sido regulado por el presente título y que no se oponga al mismo.

TÍTULO V

Régimen general de las inversiones colombianas en el exterior

CAPÍTULO I

Definición y modalidades

ART. 67.—Inversión de capital colombiano en el exterior. Se entiende por inversión de capital colombiano en el exterior la vinculación en el extranjero de activos generados por actividades económicas en Colombia, que no tengan derecho de giro, así como la reinversión o capitalización en el exterior de sumas con obligación de reintegro provenientes de utilidades, intereses, comisiones, amortización de préstamos, regalías y otros pagos de servicios técnicos y reembolsos de capital, cuando se haya autorizado dicha reinversión o capitalización.

ART. 68.—Modalidades. Las inversiones de capital colombiano en el exterior podrán revestir las siguientes modalidades:

a) Exportación de maquinaria y equipo, materias primas y bienes físicos o tangibles, cuyo valor en moneda extranjera no se reintegra al país, conforme a los reglamentos que al efecto expidan los respectivos organismos competentes;

b) Exportación de divisas;

c) Aportes mediante exportación de servicios, asistencia técnica, contribuciones tecnológicas o activos intangibles, cuyo valor en moneda extranjera no se reintegra al país, conforme a las reglamentaciones aplicables;

d) Reinversión o capitalización de sumas con obligación de reintegro provenientes de utilidades, intereses, comisiones, amortización de préstamos, regalías y otros pagos de servicios técnicos y reembolsos de capital, cuando ello sea autorizado por el Departamento Nacional de Planeación;

e) Aportes en divisas provenientes de créditos externos contratados para tal efecto, de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por la Junta Monetaria, y

f) La vinculación de recursos en el exterior, aunque ello no implique desplazamiento de recursos físicos hacia el extranjero.

PAR. 1º—Se entiende por reembolso de capital, las remesas provenientes del exterior que constituyan una disminución del monto de capital colombiano vinculado a actividades económicas en el exterior.

PAR. 2º—Las inversiones de capital colombiano en el exterior cubren tanto el aporte directo de capital en empresas constituidas o que se constituyan en el extranjero, como la adquisición de acciones, cuotas o derechos de propiedad de personas residentes en el exterior y el establecimiento de sucursales o agencias en el exterior, tal como se definen en el artículo 2º de este estatuto.

CAPÍTULO II

Autorización y registro

ART. 69.—Autorización de la inversión. Toda inversión de capital colombiano que se haga en el extranjero, a partir de la vigencia del presente estatuto, ya se trate de inversión inicial o adicional, deberá ser autorizada previamente por el Departamento Nacional de Planeación.

PAR. 1º—La inversión de capital nacional en empresas establecidas o que se establezcan en zonas francas industriales se sujetará a las normas del presente título, en el caso de requerir divisas con cargo a las reservas internacionales.

La inversión de capital nacional efectuada en especie o en moneda nacional en las empresas establecidas o que se establezcan en zonas francas industriales, sólo requerirá del registro ante la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, una vez obtenidos los permisos necesarios para todo inversionista en zona franca.

PAR. 2º—Para efectos de la aprobación previa que debe impartir el Departamento Nacional de Planeación, los interesados deberán presentar ante este departamento la correspondiente solicitud acompañada del formulario elaborado y proporcionado por dicho organismo, debidamente diligenciado, en el cual se pedirá la información completa sobre la empresa receptora y sobre las características de ésta, incluyendo la descripción de los acuerdos de reciprocidad a través de inversiones del exterior en el país, si ellos existen.

ART. 70.—Criterios para la autorización de la inversión. Para la autorización de la inversión el Departamento Nacional de Planeación tomará en cuenta, en su orden, los siguientes criterios:

a) La contribución de la inversión al proceso de internacionalización de la economía colombiana;

b) El efecto neto en la balanza de pagos;

c) La contribución al comercio exterior colombiano, en especial a la financiación de las importaciones y a la apertura de nuevos mercados externos para bienes y servicios nacionales o a la consolidación de los mercados existentes;

d) El apoyo que para sus actividades en el país pueda tener el inversionista colombiano del receptor de la inversión, y

e) La contribución al proceso de integración latinoamericana.

ART. 71.—Realización y registro de la inversión. En el acto de autorización de la inversión, el Departamento Nacional de Planeación fijará los plazos en los cuales deberán realizarse la inversión y el registro en la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces. Vencidos los plazos sin que se hubiere realizado la inversión o el registro según el caso, la autorización del Departamento Nacional de Planeación perderá sus efectos.

Las inversiones de capital colombiano en el exterior y su movimiento deberán registrarse en la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, conforme a los reglamentos que ella expida. Cuando se trate de inversiones diferentes a acciones y aportes en compañías subordinadas, deberán remitirse, para efectos del registro de la inversión, documentos autenticados que demuestren fehacientemente la propiedad de la inversión en cabeza del inversionista colombiano.

PAR.—Las decisiones que adopte el Departamento Nacional de Planeación en desarrollo del presente artículo, deberán contener, en cada caso, las condiciones bajo las cuales se cumplirán y el plazo señalado para su vigencia.

CAPÍTULO III

Obligaciones del inversionista y controles

ART. 72.—Obligaciones del inversionista colombiano. A partir de la vigencia del presente estatuto, las inversiones colombianas en el exterior en empresas nuevas o existentes, estarán condicionadas a que el inversionista beneficiario cumpla, además, las siguientes obligaciones:

a) Abstenerse de realizar transacciones, en el interior o en el exterior, referentes a las acciones o participaciones que adquiera con la inversión u otros derechos derivados de ella, sin autorización previa y expresa del Departamento Nacional de Planeación;

b) Reintegrar al país, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su percepción, las divisas provenientes de la inversión, salvo que su reinversión o capitalización sea previamente autorizada por el Departamento Nacional de Planeación, y

c) Impedir que la empresa receptora constituya otras sociedades de cualquier naturaleza, o participe en ellas, o abra oficinas en país distinto del de su domicilio, sin la previa autorización del Departamento Nacional de Planeación.

PAR. 1º—Cuando el inversionista no posea en la entidad receptora la influencia real o poder decisorio necesario para cumplir con alguna o algunas de las obligaciones establecidas en el presente artículo, el Departamento Nacional de Planeación podrá eximirlo de su cumplimiento.

PAR. 2º—En casos excepcionales, el Departamento Nacional de Planeación podrá autorizar que se produzca un reintegro gradual de las sumas provenientes de la liquidación de una inversión colombiana en el exterior, siempre que el inversionista demuestre satisfactoriamente que recibio o tiene que recibir activos que no son convertibles en divisas dentro del plazo establecido en el literal b) de este artículo.

ART. 73.—Control de la inversión. La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, con el fin de constatar la efectividad de la inversión colombiana en el exterior y la repatriación de sus rendimientos, exigirá anualmente los balances y los estados de pérdidas y ganancias, debidamente autenticados por los funcionarios consulares de Colombia en el exterior. Adicionalmente, la oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, podrá exigir garantías suficientes que aseguren la efectividad de la inversión y el reintegro de sus rendimientos, en los términos que señale la Junta Monetaria.

ART. 74.—Pérdida de efectos de la autorización. Sin perjuicio de las sanciones previstas en el régimen cambiario, el Departamento Nacional de Planeación, mediante resolución motivada, podrá declarar la pérdida de efectos de la autorización de la inversión cuando se modifique, sin su autorización, cualquiera de las condiciones de aprobación o se incumpla cualquiera de las obligaciones mencionadas en este título.

La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, informará al Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de control de cambios sobre el incumplimiento en que incurran los beneficiarios de la autorización de inversión colombiana en el exterior, para que estos organismos tomen las medidas pertinentes.

En la resolución que declare la pérdida de efectos de la autorización, se determinará el plazo que tiene el inversionista para repatriar el capital y las sumas no reintegradas provenientes de la inversión.

CAPÍTULO IV

Inversiones con régimen especial

ART. 75.—Inversiones de instituciones financieras en el sector financiero y de seguros del exterior. Solamente los bancos y las corporaciones financieras podrán efectuar inversiones de capital en entidades financieras del exterior; únicamente las compañías de seguros de vida, de seguros generales y de reaseguros podrán realizar este tipo de inversiones en entidades de similar naturaleza del exterior. En uno y otro caso deberán contar con la autorización del Departamento Nacional de Planeación, una vez obtenida la aprobación de la Superintendencia Bancaria.

La Superintendencia Bancaria, en ejercicio de sus competencias legales, deberá evaluar la situación de las inversiones a que se refiere el presente artículo. También deberá emitir concepto previo respecto de todas las autorizaciones de que trata el artículo 72 del presente estatuto, relativas a las inversiones en el sector financiero y de seguros del exterior, para lo cual tendrá en cuenta, además de los criterios establecidos en el artículo 70 de este estatuto, la destinación de los recursos de la empresa receptora a la financiación del comercio exterior colombiano.

ART. 76.—Inversiones no sujetas al presente estatuto. No estarán sujetas al presente estatuto las inversiones y activos existentes en el exterior de que trata el artículo 17 de la Ley 9ª de 1991, ni la tenencia de divisas por residentes en el país en los términos del artículo 7º de la misma ley.

Tampoco estarán sujetas al presente estatuto las inversiones temporales realizadas en el exterior por residentes en el país, ni la tenencia y posesión en el exterior, por residentes en el país, de las divisas que deben ser transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario, las cuales estarán reguladas por las normas generales sobre la materia que adopte la Junta Monetaria conforme al artículo 10 y demás normas pertinentes de la Ley 9ª de 1991.

TÍTULO VI

Vigencia y derogatorias

ART. 77.—Compromisos internacionales. Las disposiciones del presente estatuto se entenderán sin perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes.

ART. 78.—Procedimientos operativos. La oficina de cambios del Banco de la República, o la dependencia que haga sus veces, podrá establecer procedimientos operativos, en los temas que sean de su competencia, a fin de velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este estatuto.

ART. 79.—Vigencia en el tiempo. A partir de la vigencia del presente estatuto, las autorizaciones se otorgarán de conformidad con las regulaciones aquí previstas, sin perjuicio de las situaciones de carácter particular ya definidas.

Los solicitantes de autorizaciones que se encuentren en trámite ante el Departamento Nacional de Planeación, a la vigencia del presente estatuto, podrán acogerse, a su elección, a las normas aquí establecidas.

ART. 80.—Vigencia, derogatorias y comunicación a la Junta del Acuerdo de Cartagena. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las resoluciones 2, 13, 34, 36, 44 y 46 del Conpes y demás normas que le sean contrarias, y será comunicada a la Junta del Acuerdo de Cartagena, según lo previsto en el artículo 32 de la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. E., a 28 de enero de 1991.

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