Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN 509 DE 2015

(Abril 15)

“Por la cual se modifica la Resolución 1586 de 2013”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 107, 109 y 265 de la Constitución Política y el artículo 6º de la Ley 1475 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 107 de la Constitución Política, señala:

“(…)

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

(…)”

Que el artículo 265 de la Constitución Política, señala:

“El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:

(…)

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

(…)

11. Colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos”.

Que la Ley 1475 de 2011 dispone lo siguiente:

“ART. 5º—Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en ellas solo puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos nacionales o departamentales según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral”.

“ART. 6º—Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpartidistas, el límite de gastos, el número de vallas, avisos en prensa y cuñas, se fijarán para cada partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos en condiciones de igualdad, los cuales harán la distribución entre sus precandidatos.

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Cada año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso las consultas populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas”.

Que mediante Resolución 1586 de 2013 el Consejo Nacional Electoral reglamentó la realización de las consultas, haciéndose necesario modificar algunos de los aspectos allí contenidos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Que el artículo 20 de la Resolución 1586 de 2013 al regular el régimen de postulación de los testigos electorales, lo hace limitado a las consultas internas, al distinguir estas de las populares y de las interpartidistas, pero sin disponer nada al respecto de estas últimas, lo que implica que deberán regirse estas otras consultas por el régimen ordinario fijado por el Consejo Nacional Electoral para las elecciones ordinarias, lo que conlleva a que los partidos y demás organizaciones políticas deban postular ante la Organización Electoral, la que deberá acreditarlos y entregar las credenciales correspondientes. Con el fin de simplificar este trámite, se encuentra pertinente unificar este régimen de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1586 de 2013 para las consultas internas.

Por otra parte, encontramos que el artículo 21 de tal resolución remite a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan las elecciones ordinarias, lo que incluye la designación de las comisiones escrutadoras por parte de los tribunales superiores de distrito judicial de entre los jueces de la República conforme a lo previsto en el Código Electoral. Si bien es cierto que la Constitución y la ley remite a las normas que rigen las elecciones ordinarias, también es cierto que tales disposiciones solo obligan a la Organización Electoral y no a las otras ramas del poder, amén de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 6º de la Ley 1475 de 2011 en punto de “realización del escrutinio”.

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—El artículo 20 de la Resolución 1586 de 2013 quedará así:

"ART. 20.—Testigos electorales. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos que realicen consultas populares, internas o interpartidistas podrán expedir credenciales a sus testigos electorales con la firma de sus directivas o de quienes ellos deleguen. Copia del listado de testigos acreditados por los partidos deberá ser remitida a las distintas registradurías municipales o especiales del Estado Civil hasta las 5:00 p. m. del último viernes previo a la fecha de realización de las mismas.

ART. 2º—El artículo 21 de la Resolución 1586 de 2013 quedará así:

"ART. 21.—Los escrutinios de las consultas populares, internas o interpartidistas serán realizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de acuerdo al protocolo que para este efecto ella adopte.

ART. 3º—Comuníquese la presente resolución, por intermedio de la subsecretaría del Consejo Nacional Electoral, al Registrador Nacional del Estado Civil, a los representantes legales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral y grupos significativos de ciudadanos y ordénese su publicación en las páginas web del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de abril de 2015.