RESOLUCIÓN 5103 DE 2008 

(Agosto 15)

“Por la cual se conforma un grupo de tareas especiales para la indagación o investigación de conductas punibles presuntamente cometidas por grupos o bandas emergentes a través de sus integrantes o con la colaboración o participación de otras personas”.

(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución 1093 de 2010 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación).

El Fiscal General de la Nación,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y en especial de las conferidas por las leyes 600 de 2000, 906 y 938 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo;

Que el artículo 251-3 de la Constitución Política indica que son funciones especiales del Fiscal General de la Nación asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley;

Que en los artículos 113, 114, 115, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 600 de 2000 se desarrollan algunas de las atribuciones o facultades que en la Constitución Política se establecieron y otorgaron a la Fiscalía General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y a sus fiscales delegados;

Que en los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 200 de la Ley 906 de 2004 se desarrollan algunas de las atribuciones o facultades que en la Constitución Política se establecieron y otorgaron a la Fiscalía General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y a sus fiscales delegados;

Que en los artículos 2º, 6º, 8º y 11 de la Ley 938 de 2004, se establecen que las funciones de la Fiscalía General de la Nación se realizan a través del Fiscal General de la Nación, vicefiscal y fiscales delegados; que los fiscales delegados actúan siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación, bajo la dependencia del Fiscal General de la Nación y de sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley estatutaria de la administración de justicia; y que le compete además al Fiscal General de la Nación, a los directores de fiscalías, a los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes de unidad y a los demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, y por otros cuerpos de policía judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas;

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 211 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal General de la Nación puede autorizar la conformación de un grupo de tareas especiales para la investigación de situaciones complejas, el cual se integrará con fiscales y miembros de policía judicial que se requieran, quienes trabajarán con dedicación exclusiva en desarrollo del programa metodológico correspondiente, sin perjuicio de que posteriormente pueda ser objeto de reorganización o disolución;

Que los distintos organismos de policía judicial han advertido que en los últimos tiempos ha venido proliferando una serie de grupos o bandas criminales emergentes en determinadas zonas del país, particularmente en aquellas en donde operaban o tenían presencia algunos de los grupos armados ilegales que se han desmovilizado, entregado o sometido a las reglas o parámetros legales correspondientes, las cuales como organizaciones criminales vienen ejecutando o desarrollando múltiples acciones tendientes a vulnerar o poner en peligro derechos de la colectividad; alterar la paz o la estabilidad de las instituciones, y la economía nacional, entre otros derechos o bienes protegidos, sin que se haya logrado la judicialización de todos los comportamientos punibles que dichas organizaciones criminales han ejecutado o llevado a cabo a través de sus integrantes o con la ayuda, colaboración o participación de otras personas;

Que la dirección nacional de fiscalías atendiendo las estadísticas y los resultados que se tienen de las conductas punibles atribuibles a los grupos o bandas criminales emergentes que operan en el territorio nacional, luego de realizar los análisis o estudios correspondientes, considera viable y necesario la conformación de un grupo de tareas especiales para que se encargue de su indagación, investigación y/o judicialización;

Que por lo anteriormente expuesto fluye necesario la conformación de un grupo de tareas especiales, cuyo objetivo principal será la judicialización de las bandas o grupos criminales emergentes que operan en las distintas regiones del país o la de sus integrantes, colaboradores o partícipes, utilizando para ello herramientas tecnológicas modernas y las nuevas técnicas o métodos de investigación que, conforme a los cánones constitucionales y legales, se permite usar para lograr la plena identificación o individualización de sus autores o partícipes u obtener los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás medios o elementos de juicio que le permitan a la fiscalía adoptar o solicitar a las autoridades competentes las decisiones que se requieran para investigar, juzgar y/o lograr su condena, atendiendo la normatividad del ramo;

Que los servidores que se disponga para conformar este grupo de tareas especiales deberán ser separados, por parte del competente, de las demás funciones propias de sus cargos, a fin de que se dediquen de manera exclusiva al desarrollo o trámite de las indagaciones o investigaciones antes mencionadas, y por tanto los fiscales delegados designados deberán rendir informes semanales en los que se connoten sus avances o resultados significativos o relevantes a la dirección nacional de fiscalías, a fin de evaluar sus progresos y adoptar las determinaciones que se requieran para su reorganización, ampliación o disolución;

Que por lo dicho el Fiscal General de la Nación,

RESUELVE:

ART. 1º—Conformar un grupo de tareas especiales con cuatro (4) fiscales delegados ante jueces de circuito especializados de la unidad nacional de descongestión y apoyo, para que junto con los servidores de policía judicial que se designen por parte de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI; Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Dijín; y dirección del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, durante cuatro meses, contados a partir de la fecha de la presente resolución y sin perjuicio que posteriormente se reorganice, amplíe o disuelva, se encargue de la indagación, investigación y/o judicialización de los comportamientos punibles tendientes a vulnerar o poner en peligro derechos de la colectividad; alterar la paz o la estabilidad de las instituciones, y la economía nacional, entre otros derechos o bienes protegidos, presuntamente cometidos o ejecutados por las bandas o grupos criminales emergentes que operan en las distintas regiones del país, a través de sus integrantes o con la ayuda, colaboración o participación de otras personas, y sobre los cuales ninguna actuación se haya dispuesto por parte de autoridad competente o de aquellos hechos que estén siendo indagados o investigados y que por razón de la misión que a este grupo de tareas especiales se le está encomendando, sea necesario variar la asignación a su favor, caso en el cual deberá surtirse el trámite legal correspondiente ante el Fiscal General de la Nación;

PAR. 1º—Las indagaciones o investigaciones que se deban tramitar bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 las adelantarán hasta cuando se obtengan los elementos de juicio que permitan emitir resolución de apertura de instrucción en contra de los autores o partícipes de las conductas punibles objeto de indagación o resolución inhibitoria o resolución de preclusión. Frente al primer evento adoptarán tal determinación, librando las comunicaciones que se requieran para evacuar las actividades u órdenes allí impartidas, indagarán a los imputados, resolverán su situación jurídica y remitirán inmediatamente lo actuado a la unidad de fiscalía nacional, especializada, seccional o local que por su especialidad o ubicación geográfica le competa proseguir su trámite y en lo que respecta al segundo y tercero, esto es para la emisión de resolución inhibitoria o resolución de preclusión, se deberá enviar el expediente a la unidad de fiscalía nacional, especializada, seccional o local que por su especialidad o ubicación geográfica le competa adoptar la decisión correspondiente.

PAR. 2º—Las indagaciones o investigaciones que se deban tramitar bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004 las adelantarán hasta evacuar las diligencias preliminares para solicitar orden de captura; legalizar captura, formular imputación, solicitar la imposición de medidas de aseguramiento y/o cualquiera otra que de manera urgente sea necesario realizar, caso en el cual remitirán la carpeta correspondiente, junto con un informe en el que se condense todas y cada una de las actividades ordenadas a los servidores de policía judicial o las audiencias solicitadas o llevadas a cabo ante los jueces de control de garantías y sus resultados y los recursos interpuestos o pendientes de trámite, a la unidad de fiscalía nacional, especializada, seccional o local que por su especialidad o ubicación geográfica deba proseguir su trámite. En los eventos en que haya lugar a disponer su archivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, o a solicitar preclusión o aplicar el principio de oportunidad remitirán la respectiva carpeta a la unidad de fiscalía nacional, especializada, seccional o local que por su especialidad o ubicación geográfica le competa adoptar o solicitar la decisión correspondiente.

PAR. 3º—Los casos que se remitan a las unidades nacionales se reasignarán por parte del Fiscal General de la Nación, previo el trámite correspondiente, y los que se envíen a las demás se someterán a reparto, conforme a lo dispuesto en la Resolución 0-5007 del 21 de octubre de 2004, expedida por este despacho.

(Nota: Véase Resolución 1702 de 2009 artículo 1º de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 2º—Disponer que los fiscales delegados que conforman este grupo de tareas especiales puedan comisionar a los fiscales que la dirección nacional de fiscalías, a través de las direcciones seccionales de fiscalías respectivas, destaque como sus fiscales de apoyo, sin separarse del ejercicio de las demás funciones propias de sus cargos, para practicar pruebas, recibir diligencias de versión libre o indagatorias o para solicitar o intervenir en diligencias preliminares ante los jueces de control de garantías que en desarrollo de la respectiva actuación se requieran llevar a cabo.

ART. 3º—Solicitar a los directores de la Dijín; DAS y CTI que, con dedicación exclusiva, se destaquen o designen los servidores de policía judicial que por parte de sus dependencias han de integrar o conformar el grupo de tareas especiales que a través de esta resolución se ha conformado, por el lapso que se disponga para desarrollar y ejecutar las labores o funciones encomendadas, conforme lo indica el inciso segundo del artículo 211 de la Ley 906 de 2004.

ART. 4º—Ordenar que los fiscales delegados que conforman este grupo de tareas especiales rindan informes semanales a la dirección nacional de fiscalías, en los que se connoten los avances o resultados significativos o relevantes de las indagaciones o investigaciones que adelantan, a fin de evaluar sus progresos y adoptar las determinaciones que se requieran para su reorganización, ampliación o disolución.

ART. 5º—Comunicar la presente resolución a las direcciones nacionales de fiscalías, del cuerpo técnico de investigación y administrativa y financiera para que adopten las determinaciones que desde la órbita de sus competencias deben tomar, particularmente las medidas que garanticen la disponibilidad inmediata de los fiscales delegados y servidores de policía judicial del CTI designados especialmente y la ubicación de oficinas para los integrantes de este grupo, dentro de las instalaciones del nivel central de nuestra institución; a los directores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Dijín, para que adopten las determinaciones que les compete tomar, particularmente en lo que respecta a lo puntualizado en su numeral 3º; al fiscal jefe de la unidad nacional de descongestión y apoyo, y a través suyo a los fiscales delegados y servidores de policía judicial designados para que conformen o integren este grupo de tareas especiales, para su conocimiento y fines legales pertinentes.

ART. 6º—Advertir que la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de agosto de 2008.

(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución 1093 de 2010 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación).

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