Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

RESOLUCIÓN CRA 514 DE 2010 

(Octubre 7)

“Por la cual se resuelve la solicitud de modificación por vía de mutuo acuerdo, del costo económico de referencia para el componente de disposición final y tratamiento (CDT) del Parque Ecológico Reciclante - Relleno Sanitario de Villavicencio, presentada por la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP”.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

en ejercicio de las facultades legales y, en especial, de las que le confiere la Ley 142 de 1994, los decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007 y, en desarrollo de lo previsto en la Resolución CRA 271 de 2003 y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 “Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad”;

Que el numeral 14.18. de artículo 14 de la Ley 42 de 1994 dispone que se entiende por regulación de los servicios públicos domiciliarios, la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de la ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos;

Que el numeral 86.1. del artículo 86 de la Ley 142 de 1994 establece como una de las reglas que componen el régimen tarifario, la definición del régimen de regulación o de libertad. En adición a lo anterior, el artículo 88 ibídem señala que las empresas de servicios públicos, al fijar sus tarifas, se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad:

Que de conformidad con el numeral 88.1 del artículo 88 ibidem, las personas prestadoras deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en casos excepcionales. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada;

Que el régimen tarifario aplicable a los servicios púbicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas:

Que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que “el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia”;

Que según lo establecido en el numeral 87.1. del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, “Por eficiencia económica, se entiende que el régimen de tarifas procurará que estas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que estos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por este”;

Que el numeral 87.4. del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que “Por suficiencia financiera se entiende que los fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable, y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”;

Que de conformidad con el inciso 2º del numeral 90.3 del artículo 90 de la citada ley, ninguno de los cargos involucrados en las fórmulas tarifarias “... podrá contradecir el principio de la eficiencia, ni trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de monopolio”;

Que el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 contempla la incorporación de costos especiales en las fórmulas tarifarias, los cuales “garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos. Igualmen­te, para el caso del servicio de aseo, las fórmulas tomarán en cuenta, además de los aspectos definidos en el régimen tarifario que establece la presente ley, los costos de disposición final de basuras y rellenos sanitarios. Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de afluentes líquidos, que fije la autoridad competente de acuerdo con la ley”;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 73.11. del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, el 20 de diciembre de 2005, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 351, por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones”;

Que la mencionada resolución estableció que el régimen de regulación tarifaria para la pres­tación del servicio público de aseo en suelo urbano será el de libertad regulada y en suelo rural y de expansión urbana será el de libertad vigilada, con excepción del componente disposición final, el cual corresponderá al de libertad regulada;

Que el artículo 15 de la Resolución CRA 351 de 2005 establece el costo de tratamiento y disposición final (CDT);

Que el artículo 1º del Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto-Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos”, establece que el servicio ordinario de aseo está compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades y comprende las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, y disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades;

Que la Resolución CRA 271 de 2003, por la cual se modifica el artículo 1.2.1.1. y la Sección 5.2.1. del capítulo 2, del título V de la Resolución CRA 151 de 2001, establece el procedimiento único para el trámite de las modificaciones de carácter particular de las fórmulas tarifarias y/o del costo económico de referencia aplicables a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, cuando se presentan las siguientes causales: acuerdo entre la persona prestadora y la comisión; graves errores en su cálculo que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la persona prestadora, o; razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometan en forma grave la capacidad financiera de la persona prestadora para continuar prestando los servicios en las condiciones tarifarias previstas;

1. Antecedentes de la actuación.

Que mediante comunicaciones con radicado CRA 2009321003365-2 y 2009321003749-2 del 6 y el 31 de agosto de 2009, respectivamente, Bioagrícola del Llano S. A. ESP presentó ante esta comisión de regulación “solicitud de modificación de costo económico de referencia para el componente de disposición final del parque ecológico reciclante-relleno sanitario de Villavicencio. Causal de mutuo acuerdo”;

Que el comité de expertos, en Sesión Ordinaria 31 del 11 y 16 de septiembre de 2009, verificó el cumplimento de cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 5.2.1.2 y 5.2.1.3. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificados por la Resolución CRA 271 de 2003, y aprobó el inicio de la actuación;

Que mediante comunicación con Radicado CRA 2009401004977-1 del 21 de septiembre de 2009, la comisión le comunicó a la empresa la admisión de la solicitud y el inicio formal de la actuación, indicándole que la decisión de admitir la solicitud y dar inicio formal al trámite no implicaba en modo alguno, la aceptación de la causal invocada, por cuanto la misma sería analizada, siguiendo el debido trámite establecido para el efecto en el artículo 5.2.1.6. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2º de la Resolución CRA 271 de 2003;

Que mediante comunicaciones con radicados CRA 2009211004983-1, 2009211004984-1, 2009211004985-1, 2009211004986-1, 2009211004987-1, 2009211004988-1, 20092114989-1 y 2009211004990-1 del 21 de septiembre de 2009, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 5.2.1.6. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificadas por la Resolución CRA 271 de 2003, se informó a todos los miembros de comisión sobre la admisión de la solicitud de modificación presentada por Bioagrícola del Llano S. A. ESP, con el fin de que manifestaran las observaciones que consideraran pertinentes;

Que la subdirección de agua y saneamiento del Departamento Nacional de Planeación, mediante comunicación con Radicado CRA 2009321004435-2 del 7 de octubre de 2009, informó no tener comentarios sobre el documento de trabajo elaborado por esta comisión de regulación;

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante comunicación con radicado CRA 2009321004837-2 del 3 de noviembre de 2009, remitió comentarios a la solicitud presentada por Bioagrícola del Llano S. A. ESP, relacionados con el número de municipios que disponen en el Parque Ecológico Reciclante-Relleno Sanitario de Villavicencio, de acuerdo con el registro realizado por la empresa en el registro único de prestadores (RUPS), comentarios que fueron analizados en el desarrollo de la presente actuación administrativa;

Que no se recibieron observaciones por parte de los demás miembros de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico;

Que en virtud del numeral 4º del artículo 5.2.1.6. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificada por la Resolución CRA 271 de 2003, la dirección ejecutiva de la comisión, mediante comunicaciones con Radicado CRA 2009410005767-1 y 2010410000030-1 del 13 de noviembre de 2009 y 6 de enero de 2010, respectivamente, decidió solicitar aclaración de la información aportada por Bioagrícola del Llano S.A. ESP, con sus respectivos soportes o documentos;

Que mediante comunicaciones con Radicado CRA 2009321005800-2 y 2010321000559-2 del 18 de diciembre de 2009 y 25 de enero de 2010, respectivamente, Bioagrícola del Llano S.A. ESP dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta comisión de regulación;

Que mediante comunicación con Radicado CRA 2010211000632-1 del 9 de febrero de 2010, la UAE CRA solicitó a Bioagrícola del Llano S.A. ESP la publicación de un comunicado de prensa firmado por la dirección ejecutiva con el fin de que terceros interesados pudieran ejercer su derecho de hacerse parte dentro de la actuación administrativa, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5. 2. 1. 7 de la Resolución CRA 151 de 2001 modificada por la Resolución CRA 271 de 2003;

Que igualmente mediante comunicaciones con radicados CRA 2010211000661-1, 2010211000654-1, 2010211000653-1, 2010211000635-1, 2010211000634-1, 2010211000629-1, 2010211000686-1, 2010211000643-1, 2010211000638-1, 2010211000630-1, 2010211000633-1, 2010211000679-1, 2010211000648-1, 2010211000651-1, 2010211000681-1, 2010211000650-1, 2010211000682-1, 2010211000647-1, 2010211000683-1, 2010211000688-1, 2010211000691-1, 2010211000655-1, 2010211000657-1, 2010211000694-1, 2010211000646-1, 2010211000644-1, 2010211000637-1 y 2010211000636-1, se remitió copia del comunicado de prensa al vocal de control, a la Personería municipal y a la alcaldía de Castilla la Nueva, Meta; a la Personería municipal y a la alcaldía de Cumaral, Meta; a la Defensoría Departamental de Cundinamarca; al Vocal de Control, la Personería municipal y la alcaldía de Paratebueno, Cundinamarca; a la Defensoría Departamental del Meta; a la dirección territorial centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; al vocal de control y a la Personería municipal de San Martín, Meta; a la Personería municipal, a los vocales de control y a la alcaldía de Restrepo, Meta; a los vocales de control, la alcaldía y la Personería municipal de Villavicencio, Meta; al vocal de control, a la Personería municipal y la alcaldía de Puerto López, Meta; así como a la Personería municipal y a la alcaldía de Medina, Cundinamarca, solicitándoles dar la mayor difusión posible del mismo;

Que Bioagrícola del Llano S.A. ESP, mediante comunicación con Radicado CRA 2010321001408-2 del 10 de marzo de 2010, informó a la comisión acerca de la publicación del mencionado comunicado de prensa en el diario La República el 4 de marzo de 2010;

Que dentro del término para constitución en parte no se obtuvieron manifestaciones expresas al respecto;

Que en virtud del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, las actuaciones administrativas se deben desarrollar con arreglo a los principios de economía y celeridad;

Que mediante Auto 001 del 23 de abril de 2010, la dirección ejecutiva de la CRA abrió a pruebas la actuación administrativa por un periodo de veinte (20) días hábiles, en el cual se solicitó al representante legal de la empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, informar acerca de aspectos relacionados con la diferenciación de costos para las actividades de disposición final y de aprovechamiento. Del mismo modo, se solicitó a la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la Macarena (Cormacarena) informar sobre el trámite y expedición de los permisos mencionados por la empresa en su solicitud, así como lo relacionado con las áreas de compensación forestal;

Que dicho auto de pruebas fue comunicado a la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la Macarena (Cormacarena) y a la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP mediante oficios con radicados CRA 2010211003391-1 y 2010211003392-1 del 23 de abril de 2010, respectivamente;

Que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 6º del auto de pruebas, los días 20 y 21 de mayo de 2010 se realizó una inspección ocular a las instalaciones del Parque Ecológico Reciclante-Relleno Sanitario de Villavicencio (Meta), en la cual se tomaron fotografías del mismo y se levantó un acta como constancia de la información suministrada por la empresa;

Que mediante comunicaciones con radicados CRA 2010321002630-2, 2010321002705-2 y 2010321002713-2 del 18, 21 y 24 de mayo de 2010 respectivamente, la Empresa Bioagrícola del Llano S. A. ESP y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) remitieron la información solicitada en el Auto 001 de 2010, dentro del plazo establecido;

Que en cumplimiento del artículo 8º del Auto 001 de 2010, mediante comunicación con Radicado CRA 20102110039771 del 28 de mayo de 2010, se corrió traslado a la empresa de las pruebas aportadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) para que se pronunciara sobre las mismas;

Que una vez se analizaron las respuestas enviadas por Bioagrícola del Llano S.A. ESP, y por Cormacarena, se encontró necesario aclarar algunos puntos de las particularidades argumentadas por la empresa, en especial lo relacionado con el tratamiento de lixiviados que se realiza en el Parque Ecológico Reciclante (PER);

Que la dirección ejecutiva de la CRA, en ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo, los artículos 27 y 28 del Decreto 2882 de 2007 y la Resolución CRA 271 de 2003, y con el propósito de mejor proveer, expidió el Auto 002 del 8 de julio de 2010, en el que se decretó la práctica de pruebas por el término de treinta (30) días hábiles y se solicitó información a la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP relativa a la selección de la alternativa adoptada para realizar el tratamiento de lixiviados;

Que el Auto 002 de 2010, fue comunicado a la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP mediante oficio con Radicado 2010211004654-1 del 13 de julio de 2010;

Que mediante comunicaciones con Radicado CRA 2010321004025-2 y 2010321004042-2 del 13 y 18 de agosto de 2010, respectivamente, la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP remitió la información solicitada en el Auto 002 de 2010, después del plazo establecido para tal efecto en el artículo 4º del mismo auto;

Que teniendo en cuenta la prevalencia del derecho sustancial sobre los aspectos meramente formales, la comisión incorporó al expediente y analizó la información mencionada en el considerando anterior;

Que en el análisis y la confrontación de la información, así como de las respuestas emitidas por la empresa al mencionado auto, se encontraron aspectos que era necesario aclarar en cuanto al diseño, operación y construcción de la planta de tratamiento de lixiviados, construida por la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP;

Que la dirección ejecutiva de la CRA, en ejercicio de sus facultades legales, y dando alcance al Auto 002 de 2010, expidió el Auto 003 de 2010, por medio del cual se prorrogó el periodo probatorio por un término de quince (15) días adicionales al plazo establecido en el artículo 1º del Auto 002 y se solicitó información tanto a la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, como a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), relativa al porcentaje de remoción de materia orgánica, como objetivo para el tratamiento de lixiviados: el destino final del efluente de la planta de tratamiento; las estructuras de la misma contenidas en el modelo financiero; y el tratamiento de aguas lluvias mediante humedal, entre otras;

Que dicho auto de pruebas fue comunicado a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) y a la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, mediante oficios con radicados CRA 2010211005273-1 y 2010211005274-1 de 20 de agosto de 2010, respectivamente;

Que en cumplimiento de lo anterior, el representante legal de la Empresa Bioagrícola del Llano S. A. ESP, mediante comunicación con Radicado CRA 2010321004245-2 del 30 de agosto de 2010, remitió la información solicitada en el artículo 2º del Auto 003 de 2010, dentro del plazo establecido para tal efecto;

Que, una vez concluido el periodo probatorio, la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, mediante comunicación con Radicado CRA 2010321004597-2 del 16 de septiembre de 2010, dio alcance a la respuesta del Auto 001 del 23 de abril de 2010, con el fin de informar a esta comisión de regulación acerca de las modificaciones realizadas a la distribución de las áreas reportadas para cada zona del Parque Ecológico Reciclante, de acuerdo con los nuevos proyectos a realizar en algunas de esas zonas, las cuales fueron aprobadas en la sesión de la junta directiva 127 el 9 de julio de 2010;

Que el documento mencionado anteriormente se constituye en una prueba documental pertinente, conducente y necesaria, motivo por el cual se incorpora en la calidad en el expediente de la actuación administrativa que se resuelve en el presente acto administrativo;

2. Argumentos de la empresa.

Que los argumentos presentados por Bioagrícola del Llano S.A. ESP se resumen en la siguiente afirmación “(...) hace un poco más de 2 años y ante la imperiosa necesidad de iniciar una (sic) nuevo relleno sanitario, el municipio de Villavicencio definió una nueva zona para su desarrollo mediante las cuales la empresa debía construir y operar este nuevo relleno sanitario (...). Sin embargo, los cambios en la zona de disposición final, las condiciones particulares de una zona como el piedemonte llanero con altos niveles de pluviosidad, las mayores exigencias

impuestas por las autoridades ambientales, los altos costos de la tierra y otros factores técnicos hacen que solo la modificación del costo de disposición final le permita a Bioagrícola del Llano S.A. ESP, atender la exigencias y garantizar la prestación del (sic) este componente del servicio de acuerdo con los criterios tarifarios fijados en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994”;

Que en cuanto a los cambios en la zona de disposición final la empresa manifestó que: “(...) no tenía una alternativa diferente a la de ubicar el relleno sanitario en otra zona, pues las autoridades ambientales y municipales, en desarrollo de las normas existentes definieron que este era el único lugar posible. Y desde luego, esta definición implicaba acometer las obras necesarias para evitar que la altísima pluviosidad pudiera generar contaminación de las aguas superficiales o subterráneas de la zona”.

Que en cuanto a los altos niveles de pluviosidad, Bioagrícola del Llano S.A. ESP argumentó:

“(...) el numeral 2.9.1. del EIA, relacionado con el sistema de drenaje de aguas lluvia, establece que la precipitación existente en el sector del proyecto es de 3.100 mm anuales aproximadamente, lo cual aumenta el riesgo de erosión en los taludes y demás infraestructura en el momento en que se construyan las diferentes obras (...). Para prevenir lo anteriormente descrito, así como la infiltración de aguas lluvias en las áreas con residuos, es necesaria la realización de obras que conduzcan adecuadamente el agua que cae sobre las superficies que se estén trabajando o sobre las que ya estén clausuradas. Adicionalmente, es necesario garantizar que el agua que alcance las corrientes superficiales no contengan trazas de contaminantes generadas por la operación de la celda”;

Que respecto a las mayores exigencias de la autoridad ambiental la empresa manifestó. “(...) La autoridad ambiental en el caso particular del parque ecológico reciclante estableció la obligación de la construcción y operación de una planta de tratamiento de lixiviados y una estructura inicial para el bombeo y transporte de lixiviados almacenados para tal fin, la cual fue necesario construir para manejar los lixiviados producidos mientras se construye la planta de tratamiento de lixiviados. Así las cosas, el tratamiento de lixiviados se constituye en un costo particular, ya que la obligación impuesta por la autoridad ambiental dista de la adoptada por la CRA en el modelo de costos de disposición final en cuanto al manejo de lixiviados, obligación de carácter imperativo para operar el relleno sanitario”;

Que adicionalmente Bioagrícola del Llano incluyó en el modelo financiero remitido a la CRA un valor adicional por el reconocimiento de compensaciones sociales y culturales, exigidas por la autoridad ambiental, las cuales se presentan a continuación:

• Entrega de 10 computadores a cada escuela (2) para un total de 20 computadores. Estantería para biblioteca y kits escolares.

• 80 pupitres a una institución educativa.

• 50 chalecos con señales reflectoras a personas que circulan en bicicleta.

• Recolección de basuras a viviendas del margen de la vía Caños Negros-Juan Bosco.

• Para dos escuelas construirá andenes para un acceso seguro, dotará de elementos para el control de tránsito a los docentes y construirá dos sobresaltos, “policías acostados” o “taches” para reducción de la velocidad;

Que en lo relacionado con los altos costos de la tierra, la empresa adjuntó copias de las escrituras públicas con los valores de compra de los predios, como resultado del sitio considerado como única alternativa viable para adelantar el proyecto;

Que, en cuanto a otros factores técnicos, Bioagrícola del Llano S.A. ESP manifestó lo siguiente:

1. “La desviación de un drenaje natural de aguas lluvias para lograr el uso eficiente del terreno permitiendo la disposición de los residuos por aproximadamente 33 años. De no efectuarse la desviación mencionada, la vida útil del relleno no correspondería a los 33 años planteados, sino aproximadamente a 15 años.

(...).

2. La construcción de un pozo profundo para la captación de agua para suplir las necesidades mínimas para el funcionamiento del proyecto, requiere condiciones técnicas mayores a las consideradas cuando la prestación del servicio de acueducto se efectúa de forma convencional”.

3. Análisis de la CRA.

Que esta comisión analizó la pertinencia de los rubros incluidos en el modelo financiero enviado por el solicitante para cada una de las etapas de vida del relleno sanitario y realizó la comparación con el modelo establecido por la CRA en la metodología contenida en la Resolución CRA 351 de 2005, con el fin de verificar la existencia de particularidades y de determinar aquellos casos en los cuales la situación de la empresa se aleja de los supuestos y criterios de la metodología general;

Que la comisión realizó la comparación, para cada una de las etapas tenidas en cuenta en el modelo de la Resolución CRA 351 de 2005, de la tecnología de referencia de disposición final correspondiente a relleno sanitario RSU2, en relación con la información suministrada por Bioagrícola del Llano S.A. ESP para el relleno sanitario (PER);

Que dentro del análisis de las particularidades, se determinaron aquellas características del relleno sanitario PER que se alejaban de los supuestos de la metodología general;

Que las particularidades que se consideran adecuadas reconocer son las siguientes:

Generalidades:

— Altos costos de la tierra.

— Características del predio que generan mayores costos de adecuación y operación, tales como la presencia de corrientes hídricas.

— Área para la vida útil del relleno sanitario.

Adecuación del terreno:

— Utilización de una doble capa de geomembrana o una capa con mayor espesor en la zona IV del relleno, frente a la reconocida en la metodología vigente, como una exigencia de la licencia ambiental.

— Mayor espesor en la capa de suelo, dadas las condiciones de pluviosidad.

Etapa de construcción:

— Planta de tratamiento de lixiviados.

Etapa de operación:

— Planta de tratamiento de lixiviados.

— Mayor tamaño en las cunetas debido a la mayor pluviosidad de la zona;

Que, en cuanto a los altos costos de la tierra, las copias de las escrituras públicas remitidas en la solicitud con los valores de compra de los predios que fueron calificados como la opción viable para construir el relleno sanitario, permitieron establecer que el valor por hectárea en la zona es superior al costo promedio nacional reconocido en la metodología:

Que, de acuerdo con la información presentada por la empresa, las características del predio que generan mayores costos corresponden al nivel freático, el nivel de pluviosidad y la presencia de corrientes hídricas, las cuales generan mayores costos en la adecuación del terreno, así como la construcción del relleno;

Que, teniendo en cuenta que la vida útil del relleno sanitario PER es de 33 años y la vida útil del relleno sanitario de modelo CRA es de 20 años, el área necesaria para la operación del relleno en el PER se considera una particularidad;

Que la utilización de una doble capa de geomembrana o una capa de mayor espesor en la zona IV y el mayor espesor en la capa de suelo de fondo, son exigencias de la autoridad am­biental competente;

Que, de acuerdo con la información enviada con el estudio de impacto ambiental “(...) la precipitación existente en el sector del proyecto es de 3100 mm anuales aproximadamente”, valor superior al promedio nacional considerado en la metodología tarifaria;

Que la empresa solicita que se le reconozcan rubros adicionales que, luego del análisis efectuado en la comisión, no se consideran como particularidades, debido a que los valores de sus parámetros no presentan condiciones que los alejen del modelo; sin embargo, sí se reconoce que cuentan con valores superiores a los considerados en el modelo del costo de disposición final y tratamiento de la metodología, puesto que son afectados por la vida útil del relleno y por su tamaño, tal como se detalla a continuación:

— Las tasas ambientales tendrán los mismos valores unitarios para el PER y el modelo CRA; sin embargo, su costo total será mayor si se tiene en cuenta un pago de estas tasas por 33 años (vida útil PER), en comparación con 20 años (vida útil modelo CRA).

— De manera general, las actividades operativas y de mantenimiento se realizan por 33 años para la etapa operativa y 10 años más para la etapa de clausura y posclausura, lo que generará costos mayores por este solo hecho.

— Las cunetas para el manejo de aguas lluvias tendrán más longitud (kilómetros), dado que, al tener el PER mayor vida útil, se dispondrán residuos en una mayor área.

— El manejo de lixiviados establecido en el modelo CRA, considera los costos relacionados con el almacenamiento y la recirculación al relleno sanitario por bombeo.

Que los cálculos efectuados al interior de la comisión se realizaron, comparando la información remitida para el PER con el relleno tipo 2 de la metodología tarifaria-RSU2, el cual se modeló con un promedio de disposición de residuos de 300 Ton/día, ya que el promedio de disposición final reportado por la empresa para el PER corresponde a 293,24 Ton/día.

Que el costo de disposición final y tratamiento, establecido en la Resolución CRA 351 de 2005, solamente reconoce costos derivados de la actividad de disposición final con la tecnología de referencia correspondiente a relleno sanitario, de esta forma, en el análisis efectuado se tuvieron en cuenta únicamente los costos relacionados con esta actividad en el modelo CRA, para el RSU2. Así, los predios y costos relacionados con actividades derivadas del aprovechamiento de residuos, compostaje, incineración, manejo de residuos industriales, escombrera, entre otros, no se tienen en cuenta en el cálculo, así como las compensaciones sociales y culturales;

Que, en el análisis efectuado, se tuvieron en cuenta las particularidades reconocidas y relacionadas con mayores exigencias en el manejo de aguas lluvias, generadas por la alta pluviosidad de la zona; el alto costo de la tierra para el predio comprado en lo relacionado con disposición final; y los mayores requerimientos en la impermeabilización de fondo de la zona IV;

Que, en cuanto al manejo de lixiviados, para determinar la existencia o no de una particularidad, se tuvo en cuenta el tratamiento necesario para el cumplimiento del porcentaje de remoción del 85%, tal como lo establece la licencia ambiental, así como la necesidad de contar con canales para el transporte de los lixiviados hasta la planta de tratamiento;

Que, dadas las diferencias de años de vida útil, esto es 20 años para el RSU2 y 33 años para el PER, los costos del modelo RSU2 fueron recalculados teniendo en cuenta la vida útil adicional, para hacer comparables los valores totales;

Que para realizar el análisis para la modificación de los costos, se buscó un factor de expansión que permitiera hacer comparables los rubros totales presentados en el modelo CRA con el modelo enviado por Bioagrícola del Llano S.A. ESP;

Que el factor de expansión más adecuado a aplicar es la relación de la capacidad de recepción de toneladas para cada relleno durante su vida útil, es decir, el cociente entre 444,10 Ton/día, que corresponde al promedio de toneladas/día que puede recibir el PER durante su vida útil y 300 Ton/día, que corresponde al promedio de toneladas/día con las que fue diseñado el RSU2. De esta relación, se obtiene un valor de 1,48;

Que, de acuerdo con lo anterior, los costos anuales se tuvieron en cuenta hasta el año treinta y tres (33); los costos de posclausura se tuvieron en cuenta para los diez (10) años después de la vida útil (año 34 a 43); el pasivo contingente se aplica cada once (11) años durante la vida útil del proyecto; la reposición de maquinaria se aplica en los períodos de tiempo determinados en el modelo CRA hasta completar los treinta y tres (33) años; entre otros;

Que los costos que la empresa presentó con valores inferiores a los reconocidos en el modelo CRA, tales como el pago por estudios puntuales en la etapa de prefactibilidad y los ítems de la etapa de posclausura, se incluyeron en los cálculos con el valor reportado por la empresa;

Que una vez calculados los costos totales para cada ítem en los diferentes años de vida útil del relleno, se calculó el flujo de caja para los treinta y tres (33) años, acorde con los periodos determinados en el modelo CRA, y se obtuvo el valor presente VP para cada uno;

Que se realizó una estimación del total de las toneladas a disponer durante la vida útil del relleno, de acuerdo con el crecimiento de las toneladas/día dispuestas, según la información reportada por la empresa al SUI para los años 2008, 2009 y 2010;

Que con el valor de toneladas dispuestas al día durante la vida útil del relleno, se calculó el valor presente de las toneladas;

Que de acuerdo con lo anterior, los cálculos se realizaron con un valor promedio de toneladas recibidas de 437 Ton/día, para un valor presente de 992.000,00 Ton (novecientas noventa y dos mil toneladas);

Que el valor del CDT para el relleno sanitario ($/Ton)-CDTPER, se obtuvo a partir de la relación del valor presente de los costos totales para el PER y el valor presente de las toneladas recibidas en el relleno;

Que uno de los argumentos invocados por la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP para sustentar su solicitud de modificación del costo económico de referencia para el componente de disposición final del Parque Ecológico Reciclante-Relleno Sanitario de Villavicencio, consiste en las “mayores exigencias impuestas por las autoridades ambientales”, que se materializan en la Licencia Ambiental;

Que como exigencias de la autoridad ambiental, la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP afirmó que la corporación impuso la obligación de la construcción y operación de una planta de tratamiento de lixiviados y una estructura inicial para el bombeo y transporte de los lixiviados almacenados para tal fin, así como el reconocimiento de compensaciones sociales y culturales que se resumen en la entrega de un número determinado de computadores, pupitres, chalecos, construcción de andenes para las dos escuelas ubicadas en la vía que conduce al relleno, así como la recolección de las basuras a las viviendas del margen de la vía Caños Negros-Juan Bosco;

Que analizados los antecedentes de la Licencia Ambiental, así como su contenido mismo y las afirmaciones realizadas por la empresa durante la inspección ocular practicada los días 20 y 21 de mayo de 2010, se evidencia que las obligaciones contenidas en la parte resolutiva de la Resolución 6.07.0982 del 21 de diciembre de 2007, resultan de una propuesta realizada por Bioagrícola del Llano S.A. ESP a la autoridad ambiental en el estudio de impacto ambiental, en concreto, en la etapa de solicitud de la mencionada licencia ambiental para la operación del proyecto;

Que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) en la Licencia Ambiental, afirma: “la definición y planificación del proyecto corresponde a la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP y es este el que se somete al trámite de la Licencia Ambiental y no corresponde a Cormacarena imponer el tipo de tecnología a implementar”;

Que se evidencia que los compromisos y obligaciones consignados en la licencia ambiental hacen parte de una decisión empresarial asumida por el solicitante al momento de presentar el Estudio de Impacto Ambiental, el cual de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1220 de 2005, por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, contiene las propuestas, los procesos y las características del proyecto a desarrollar, así como las acciones y las medidas de compensación y mitigación de los efectos ambientales que produzca el respectivo proyecto;

Que la función de costo techo para el componente de disposición final y tratamiento, con­tenida en la metodología tarifaria vigente, solo reconoce aquellos costos típicos derivados de la actividad de disposición final y los que se espera, sean propios de un relleno sanitario promedio;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tari­farias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia

Que la metodología tarifaria reconoce los costos derivados de las compensaciones forestales a las que se encuentran sujetos los prestadores, como resultado de las obligaciones asumidas en las licencias ambientales;

Que, en consecuencia, las mayores exigencias ambientales invocadas por la empresa como una particularidad a ser tenida en cuenta, en lo referente a compensaciones sociales y culturales, no representa una particularidad y, por lo tanto, tal argumento no goza de vocación de prosperidad;

Que la particularidad invocada por la empresa en cuanto al tratamiento de lixiviados está basada en la exigencia de la licencia ambiental, que determina que el tratamiento de los lixiviados debe cumplir como mínimo con el 85% de remoción de contaminantes y que el vertimiento deberá, en todo momento, permitir que los objetivos de calidad definidos por Cormacarena para el río Guatiquía durante el periodo 2006-2016 en la Resolución 2.6.06.0644 del 14 de septiembre de 2006 no sean superados después del área de mezcla en el tramo aguas abajo de la descarga;

Que el documento entregado por Bioagrícola del Llano S. A. ESP a la comisión, denominado “Análisis simplificado de la capacidad de dilución y asimilación del sector río Guatiquía sector relleno sanitario-vereda Caños Negros”, que hace parte del estudio de impacto ambiental del Parque Ecológico Reciclante, concluye que con la construcción de un sistema de tratamiento secundario, con las remociones teóricas propuestas, es ambientalmente viable el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por Cormacarena para el río Guatiquía, cumpliendo con los criterios de calidad para la destinación del recurso al uso agrícola restringido y pecuario;

Que el documento anterior también concluye lo siguiente:

“Los resultados de la simulación permiten evidenciar cómo el río de manera prácticamente inmediata después de recibir la descarga del sistema de tratamiento de lixiviados del parque ecológico reciclante vuelve a tener las condiciones de calidad que traía antes de este punto.

(...).

La relación costo-beneficio que se tiene aquí, desde la visión de la administración del recurso confrontándola con las implicaciones de sostenibilidad de sistemas de tratamiento más exigen­tes, permite determinar que solo se requeriría el tratamiento secundario dadas las condiciones de aprovechamiento del agua por parte de las actividades agrícolas que no incluyen el riego de hortalizas de tallo corto ni frutas de consumo, actividad ganadera y extracción de material de arrastre que se dan en la zona, aun cuando es importante resaltar que dentro de los tres kilómetros aguas abajo del punto proyectado de vertimiento no se encontró ninguna captación” (resaltado fuera de texto).

Que teniendo en cuenta que el caudal del río Guatiquía (página 21 del documento mencionado), a la altura del vertimiento en temporada seca es de 14,9 m3/s y el caudal proyectado de tratamiento y vertido del lixiviado al río es de 4 l/s (0.004 m3/s), se aprecia un alto potencial de dilución de los contaminantes, que podría llegar a permitir porcentajes de remoción de carga orgánica menores para la planta;

Que en los documentos remitidos por Bioagrícola del Llano S.A. ESP a la CRA, se encontraron diferencias en lo relacionado con la conformación de la planta de tratamiento y el número de unidades de proceso, lo que impedía determinar cuál fue el tren de tratamiento efectivamente construido,

Que, en consecuencia, la comisión requirió información adicional relacionada con el tratamiento de lixiviados, por medio de los autos de pruebas 001, 002 y 003; y, adicionalmente, realizó una visita al PER, en la que observó in situ la planta efectivamente construida;

Que el tren de tratamiento que ha sido construido por Bioagrícola del Llano S.A. ESP está constituido por un tratamiento primario (físico-químico), seguido por un reactor EGSB; tal tecnología se ajusta a los objetivos de tratamiento impuestos por la autoridad ambiental, con costos menores a los asociados al diseño original;

Que la planta de tratamiento de lixiviados construida por Bioagrícola del Llano S.A. ESP permite alcanzar la remoción exigida en la licencia ambiental, sin necesidad de adicionar ninguna unidad de tratamiento adicional;

Que, por tanto, se considera que la conducción del humedal de tratamiento que Bioagrícola del Llano S.A. ESP proyecta como unidad a implementar a manera de pulimento del efluente de los reactores EGSB, corresponde a una decisión empresarial y no es una particularidad;

Que la capacidad instalada de los reactores biológicos se considera suficiente, habida cuenta de los caudales y las cargas orgánicas esperadas. Por un lado, los caudales de producción de lixiviados proyectados se presentan más altos que los valores reales, para los primeros años de operación y, por otro, las concentraciones de DQO reportadas para lixiviado crudo resultan elevadas para ser consideradas en los cálculos de las cargas orgánicas como un valor medio de diseño. Esta concentración (30576 mg DQO/L) también resulta alta para ser considerada un valor representativo de la fase de operación del relleno sanitario por los siguientes motivos: i) la alta precipitación de la zona y, ii) dado que en la medida que pasa el tiempo y el relleno pasa de la fase ácida a la fase metanogénica, se espera una reducción considerable de la DQO presente en el lixiviado;

Que el parágrafo del artículo 9º de la licencia ambiental exige una remoción de contaminantes mínima del 85%, para el vertimiento de lixiviados al río y acepta el diseño de planta de tratamiento de lixiviados propuesto por Bioagrícola del Llano S.A. ESP;

Que, en consecuencia, en el análisis efectuado durante la actuación administrativa se determinaron aquellas estructuras que hacen parte del tratamiento construido y que se encuentran acordes con la remoción exigida del 85%;

Que con el objeto de contar con una estimación aproximada del costo del tren de tratamiento construido por la empresa, se llevó a cabo una revisión teórica de los costos globales para varios trenes de tratamiento que permiten remover un 85% de carga orgánica;

Que, de acuerdo con lo anterior, se estima que el costo unitario de tratamiento obtenido por Bioagrícola del Llano S.A. ESP (1,65 US$/m3), en comparación con los valores unitarios de otras alternativas de tratamiento, se encuentran dentro de un rango aceptable de costos;

Que de acuerdo con lo anterior, en relación con el tratamiento de lixiviados es procedente reconocer los costos de inversión de la planta de tratamiento de lixiviados que ha sido construida, así como los asociados a su operación y mantenimiento (costos de la fase I, sin incluir los tres humedales), teniendo en cuenta que el tren de tratamiento construido cumple con los requerimientos de la licencia ambiental.

Que, por el contrario, en relación con el tratamiento de lixiviados no es procedente reconocer los costos de la construcción de la fase II, teniendo en cuenta que Bioagrícola del Llano S.A. ESP, a pesar de su solicitud, no justificó la construcción de la segunda fase. Adicionalmente, no se obtuvo por parte de la empresa una respuesta certera acerca de las estructuras solicitadas para la amplicación, ni del año en que se planea realizar.

Que algunas de las particularidades invocadas por la empresa representan, en efecto, una particularidad y, por tanto, gozan de vocación de prosperidad, en los términos antedichos;

Que, dentro de la Resolución CRA 271 de 2003 se consideró: “las fórmulas tarifarias, son ecuaciones matemáticas con arreglo a las cuales las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo deben determinar las tarifas de prestación del servicio”;

Que, de acuerdo con el artículo 1º de la citada resolución, el costo económico de referencia del servicio es “el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994”;

Que la mencionada disposición consagra como grave error de cálculo en los costos económicos de referencia, “la omisión, la incorrecta inclusión o aplicación de cualesquiera de los valores o parámetros que sirven de base para el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Igualmente, se entiende como grave error de cálculo en los costos económicos de referencia, el inapropiado cálculo o estimación de los valores o parámetros definidos, cuando estos no reflejen o desvirtúen los principios del régimen tarifario vigente”;

Que esta disposición, a su vez, define como grave error de cálculo en la fórmula tarifaria “la omisión o la incorrecta inclusión o aplicación de cualesquiera de los elementos de las fórmulas tarifarias vigentes para obtener los costos de referencia base para el cálculo de las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Igualmente, se entiende como error de cálculo en la fórmula tarifaria el inapropiado diseño de la misma, porque no reflejen o desvirtúe los principios del régimen tarifario vigente”;

Que, de acuerdo con lo anterior, la Resolución CRA 271 de 2003 diferencia los eventos en los que se presenta una modificación de costos económicos de referencia, de aquellos que implican una modificación de fórmulas tarifarias;

Que la modificación de los parámetros incluidos dentro de las fórmulas tarifarias genera cambios en los costos de referencia, pero no implica un cambio en la fórmula tarifaria:

Que el presente acto administrativo modifica los parámetros de la fórmula para el costo de tratamiento y disposición final, contenida en el artículo 15 de la Resolución CRA 351 de 2005, con base en los modelos generales utilizados en la metodología tarifaria general para el servicio público de aseo, ajustándolos a las particularidades que, de acuerdo con el presente análisis, tienen vocación de prosperidad;

Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución CRA 271 de 2003, la vigencia de las modificaciones de costos económicos de referencia corresponderá en cada caso particular al periodo definido por la comisión;

Que en Sesión de Comisión Ordinaria 165 del 22 de septiembre de 2010, se aprobó el contenido de la resolución que debía ser presentada al representante legal de la empresa para efectos de concretar el mutuo acuerdo, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2.1.1. de la Resolución CRA 151 de 2001 modificada por el artículo 2º de la Resolución CRA 271 de 2003;

Que en la misma sesión de comisión fue aprobada ad referéndum, la resolución por la cual se resuelve la solicitud de modificación por vía de mutuo acuerdo, del costo económico de referencia para el componente de disposición final y tratamiento (CDT) del Parque Ecológico Reciclante-Relleno Sanitario de Villavicencio, presentada por la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, bajo la condición de ser firmada el acta de mutuo acuerdo por parte de la represen­tante legal de la empresa;

Que mediante comunicación con Radicado 2010321004764-2 del 24 de septiembre de 2010, la representante legal de la empresa Bioagrícola del Llano S. A. ESP solicitó un término de quince (15) días para analizar el contenido del documento de trabajo, el proyecto de resolución que resuelve la solicitud y el acta de mutuo acuerdo aprobados en sesión de comisión:

Que esta comisión de regulación, mediante Radicado CRA 2010211005799-1 del 28 de septiembre de 2010, informó a la empresa la decisión de acceder a su solicitud de suspender la actuación, por el término de quince (15) días calendario, para analizar los mencionados documentos;

Que mediante oficio con Radicado 2010321005063-2 del 7 de octubre de 2010, la representante legal de la empresa manifestó que “Una vez revisados los documentos que corresponden al acta de mutuo acuerdo y al proyecto de resolución por parte de Bioagrícola del Llano S.A. ESP, esta (sic) Empresa expresa su acuerdo con el proyecto presentado (...)”, para lo cual anexó el acta firmada, para ser suscrita por los miembros del comité de expertos:

Que, tal y como consta en acta de mutuo acuerdo suscrita el 7 de octubre de 2010, “La gerente de Bioagrícola del Llano S.A. ESP, dra. Luz Myriam Bejarano León, en virtud de lo establecido en el artículo 5.2. 1. 1. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2º de la Resolución CRA 271 de 2003, manifiesta su total acuerdo con el documento aprobado en la Sesión de Comisión 165 del 22 de septiembre de 2010”;

Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar por mutuo acuerdo, de conformidad con la parte motiva de esta re­solución, el costo de tratamiento y disposición final de que trata el artículo 15 de la Resolución CRA 351 de 2005, que deberá ser aplicado por la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, en el Relleno Sanitario Parque Ecológico Reciclante (PER), el cual será como máximo el que resulte de utilizar la siguiente función (pesos de jun. /2004):

CDTPER= min [(16.584,47 + 145.536.486,5 / TAj), 50.890]

(a precios de jun. 30/2004)

En el entendido de que:

TAj Promedio de Toneladas-mes ajustado por regionalización, del sitio de disposición final j, que se calcula como sigue:

TAj Max (Fmerc * Tj Trecepj);

Cuando el sitio de disposición final atiende más de un distrito o municipio, en que el municipio donde está ubicado el sitio de disposición final es el receptor.

TAj = Tj; Cuando el sitio de disposición final atiende solo un distrito o municipio.

Donde:

Tj Promedio de toneladas-mes recibidas en el sitio de disposición final j.

Fmerc Mínima fracción de mercado atendido por el sitio de disposición final que se calcula con la siguiente fórmula:

Fmerc=1,277 – 0,039 * In(Tj);para Tj > 1.155

Fmerc=1;para Tj £1.155

Donde:

In ( ) Función cuyo resultado es el logaritmo natural del valor indicado entre paréntesis.

Trecep Promedio de toneladas-mes dispuestas por los prestadores del municipio donde está ubicado el sitio de disposición final.

Min () Función que exige escoger el menor de los dos valores separados por la coma.

ART. 2º—En los casos en que después de aplicar el criterio de minimización de costos que se señala en el artículo 18 de la Resolución CRA 351 de 2005 la elección corresponda al sitio de disposición final “Relleno Sanitario Parque Ecológico Reciclante (PER)”, el CDTA de que trata el artículo 17 de la citada resolución será como máximo el que resulte de utilizar la siguiente función (pesos de junio de 2004):

CDTA-PER=16.584,47 + (CTEPER - CTEA) ($/tonelada)

Donde:

CDTA-PER: Costo máximo a reconocer, por tonelada recibida en el sitio de aprovechamiento ($/tonelada).

CTEPER: Costo máximo a reconocer, por tonelada transportada en el tramo excedente hasta el “Relleno Sanitario Parque Ecológico Reciclante – PER”, ubicado en el municipio de Villavicencio, departamento del Meta ($/tonelada).

CTEA: Costo máximo a reconocer, por tonelada transportada en el tramo excedente hasta el sitio de aprovechamiento ($/tonelada).

ART. 3º—Notificar el contenido de la presente resolución al representante legal de la Empresa Bioagrícola del Llano S.A. ESP, o quien haga sus veces, informándole que contra ella solo procede el recurso de reposición en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Una vez notificado el presente acto administrativo, deberá publicarse en el Diario Oficial, conforme lo establece el artículo 5.2.1.12. de la Resolución CRA 151 de 2001, modificado por el artículo 2º de la Resolución CRA 271 de 2003, a cargo de Bioagrícola del Llano S. A. ESP.

ART. 4º—Comunicar el contenido de la presente resolución a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para lo de su competencia, entregándole copia de la misma.

ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y hasta la vigencia de la Resolución CRA 351 de 2005.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 7 de octubre de 2010.