Superintendencia de Notariado y Registro

RESOLUCIÓN 5225 DE 2011 

(Junio 29)

“Por la cual se fijan los criterios para la valoración del riesgo procesal”.

El Superintendente de Notariado y Registro,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 12, ordinal 12.2 y 13, ordinal 13.3 del Decreto 2163 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 90 de la Constitución Política, consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

Que el Decreto 2163 de 2011 de junio 17 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro y se determinan las funciones de sus dependencias”, en el numeral 15 del artículo 14 establece, que la oficina asesora jurídica atenderá, por delegación del superintendente, los asuntos judiciales y extrajudiciales en que sea parte o tenga interés la superintendencia.

Que en desarrollo de los lineamientos para fortalecer la defensa judicial de la Nación y dada la complejidad de la estructura administrativa, la trascendencia y el impacto que tienen las decisiones de las entidades estatales, se debe contar con una herramienta que permita dimensionar el pasivo contingente derivado de la actividad litigiosa y generar criterios de valoración del riesgo.

Que la dirección de defensa jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, encargados de la coordinación de la defensa judicial de la Nación, han formulado estrategias y modelos de gestión jurídica pública.

Que el sistema único de información de gestión jurídica del Estado Litigob fase II, establece los siguientes criterios de valoración:

La fortaleza de la defensa que corresponde a la poca razonabilidad y/o éxito de las pretensiones del demandante frente a los hechos y normas en las que se fundamenta. En ella se podrá establecer:

Alto: cuando no existen hechos ni normas que sustenten las pretensiones del demandante.

Medio alto: cuando existen normas, pero no existen hechos que sustenten las pretensiones del demandante.

Medio bajo: cuando existen hechos, pero no existen normas que sustenten las pretensiones del demandante.

Bajo: cuando existen hechos y normas que sustentan las pretensiones del demandante.

La fortaleza probatoria es otra forma de calificar el riesgo procesal el cual muestra la consistencia y solidez de los hechos frente a las pruebas que se aportan y se practican para la defensa del proceso. En ellas se podrá establecer:

Alto: cuando el material probatorio aportado para la defensa es contundente al propósito de descalificar los hechos y pretensiones de la demanda.

Medio alto: cuando el material probatorio aportado para la defensa es suficiente al propósito de descalificar los hechos y pretensiones de la demanda.

Medio bajo: cuando el material probatorio aportado para la defensa es insuficiente al propósito de descalificar los hechos y pretensiones de la demanda.

Bajo: cuando el material probatorio aportado para la defensa es deficiente al propósito de descalificar los hechos y pretensiones de la demanda.

La presencia de riesgos procesales es un criterio de calificación que se asocia generalmente con los siguientes eventos en la defensa del Estado:

(I) Cambio del titular del despacho, (II) posición del juez de conocimiento, (III) arribo oportuno de las pruebas solicitadas, (IV) número de instancias asociadas al proceso, y (V) medidas de descongestión judicial. De igual manera se califica así:

Alto: cuando los riesgos procesales inmersos para la defensa son contundentes para representar un peligro.

Medio alto: cuando los riesgos procesales inmersos para la defensa son suficientes para representar un peligro.

Medio bajo: cuando los riesgos procesales inmersos para la defensa son insuficientes para representar un peligro.

Bajo: cuando no existen riesgos procesales para la defensa.

El nivel de jurisprudencia es un indicador que muestra la incidencia de los antecedentes similares en un proceso de contestación de la demanda.

Alto: cuando existe suficiente material jurisprudencial por medio del cual el fallo del proceso es favorable para la defensa del Estado.

Medio alto: cuando se han presentado bastantes casos similares que podrían definir líneas jurisprudenciales los cuales señalan fallos favorables para la defensa del Estado.

Medio bajo: cuando se han presentado algunos casos similares que podrían definir líneas jurisprudenciales favorables para la defensa del Estado.

Bajo: cuando no existe algún antecedente similar o jurisprudencial que señale fallos favorables para la defensa del Estado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO.—Los apoderados de la Superintendencia de Notariado y Registro en desarrollo de la actividad judicial, una vez asignado el proceso deberán elaborar una evaluación de criterios del riesgo procesal de conformidad con los indicadores de fortaleza de la defensa, la fortaleza probatoria de la defensa, presencia de riesgos procesales y el nivel de jurisprudencia, permitiendo obtener la probabilidad de fallo en contra del Estado asociada a cada proceso, de conformidad con la parte considerativa.

SEGUNDO.—La valoración de los criterios del riesgo se elaborarán en el formato establecido para tal fin el cual hace parte integrante de este acto administrativo.

TERCERO.—Una vez proferido fallo de primera o única instancia y que fuera apelado por algu­na de las partes, el apoderado procederá a elaborar una segunda evaluación de los criterios del riesgo procesal.

QUINTO.—(sic)Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y se publicará en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.