Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema

RESOLUCIÓN 543 DE 2015

(Octubre 7)

“Por medio de la cual se reglamenta la aplicación de la protección especial en desarrollo del proceso de fusión por absorción de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) con el Departamento para la Prosperidad Social, (DPS)”.

La Directora General de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe),

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el numeral 17 del artículo 8º del Decreto 4160 de 2011, el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que actualmente la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) se encuentra en proceso de fusión por absorción con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Que el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, establece una protección especial, señalando que “(…) no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del programa de renovación de la administración pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años (…)”.

Que en relación con la temporalidad de la protección especial, la Corte Constitucional en la Sentencia C-991 de 2004 dispuso que esta limitación temporal vulnera mandatos constitucionales de superior jerarquía.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-044 de 2004 extendió la protección a los padres cabeza de familia en aras de proteger los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen.

Que en virtud de lo anterior, la administración debe reglamentar la aplicación de dicha protección especial para los servidores públicos que reúnan las condiciones especiales señaladas en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Protección especial

ART. 1º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, dentro del proceso de fusión por absorción de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) no podrán ser retirados del servicio los padres y madres cabezas de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez, en el término de tres (3) años.

ART. 2º—Para los efectos del proceso de fusión por absorción de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se entiende por:

1.1. Padre o madre cabeza de familia sin alternativa económica. Hombre o mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellos (ellas), y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada. Para acreditar esta condición la Corte Constitucional en la Sentencia SU-388 de 2005 precisó que “…no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de familia por el solo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es presupuesto indispensable:

(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar;

(ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente;

(iii) no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre;

(iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte;

(v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar”.

2.1. Persona con limitación física, mental, visual o auditiva. Aquella que por tener comprometida de manera irreversible la función de un órgano, tiene igualmente afectada su actividad y se encuentra en desventaja en sus interacciones con el entorno laboral, social y cultural. De conformidad con la valoración médica de que se trata más adelante, se considera:

a) Limitación auditiva. A partir de la pérdida bilateral auditiva moderada/severa, esto es, cuando la persona solo escucha sonidos a partir de 51 decibeles, con amplificación, lo cual genera dificultades en situaciones que requieren comunicación verbal especialmente en grupos grandes; puede o no haber originado demoras en el desarrollo del lenguaje hablado que reduce la inteligibilidad de su habla si no hay intervención y amplificación;

b) Limitación visual. A partir de la pérdida bilateral visual desde un rango del 20/60 hasta la no percepción visual junto con un compromiso de la vía óptica que produce alteraciones del campo visual desde el 10 grado del punto de fijación. Los estados ópticos del ojo, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, por ser condiciones orgánicas reversibles mediante el uso de anteojos, lentes de contacto o cirugía, no se predican como limitaciones;

c) Limitación física o mental. Quien sea calificado con una pérdida de capacidad laboral en un rango entre el veinticinco (25) por ciento y el cincuenta (50) por ciento, teniendo en cuenta los factores de deficiencia, discapacidad y minusvalía.

2.2. Servidor público próximo a pensionarse. Aquel al cual le faltan tres (3) años o menos, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto que ordene la fusión, para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o de vejez.

PAR.—Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2.3, esta condición se acreditará por parte de aquellos quienes a la fecha de publicación del presente acto administrativo le falten tres (3) años o menos para reunir los requisitos de edad o tiempo de servicio o de semanas de cotización para obtener la pensión. No obstante lo anterior, se aclara que la certificación que expide el grupo de gestión del talento humano se adelantará con aquellos servidores que a la fecha de la expedición del decreto de fusión les falte los tres (3) años a los que hace referencia el presente artículo.

CAPÍTULO II

Acreditación

ART. 3º—Para hacer efectiva la estabilidad laboral de que trata el artículo primero de la presente resolución los servidores públicos de la Anspe deben aportar los siguientes documentos:

a) Padres y madres cabeza de familia sin alternativa económica. Los servidores públicos que consideren encontrarse en este grupo, deben presentar declaración afirmando que cumplen con las condiciones señaladas en el artículo segundo de la presente resolución. Esta afirmación se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento.

La condición de invalidez de los hijos, siempre que dependan económica y exclusivamente de quien pretenda ser beneficiaria de la protección especial, debe ser probada por el servidor público con un dictamen de la respectiva junta de calificación de invalidez.

Así mismo, la condición de incapacidad física, sensorial, síquica o mental de la pareja que no asume la responsabilidad que le corresponde, debe ser probada por el servidor público con un dictamen de la respectiva junta de calificación de invalidez.

La Anspe verificará por medio del coordinador del grupo de gestión del talento humano, la veracidad de los datos y documentos suministrados por el destinatario de la protección, en el sistema de información de la respectiva entidad promotora de salud (EPS), y en las cajas de compensación familiar, y que se cumplan las condiciones señaladas en la presente resolución y que en el grupo familiar del solicitante no existe otra persona con capacidad económica que aporte al sistema de seguridad social.

b) Personas con limitación visual o auditiva. Los servidores públicos que consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben solicitar la valoración de dicha circunstancia, a través de la empresa promotora de salud (EPS), a la cual estén afiliados y radicar la correspondiente certificación ante el coordinador del grupo de gestión del talento humano de la Anspe.

La Anspe podrá solicitar por medio del coordinador del grupo de gestión del talento humano, la verificación de la valoración presentada al Instituto Nacional para Ciegos (Inci) para las limitaciones visuales; y al Instituto Nacional para Sordos (Insor) para las limitaciones auditivas.

c) Personas con limitación física o mental. Los servidores públicos que consideren encontrarse dentro del grupo de personas con uno de estos tipos de limitación, deben obtener el dictamen de calificación del equipo interdisciplinario de calificación de invalidez de la empresa promotora de salud (EPS), o administradora de riesgos laborales (ARL), a la cual estén afiliados, o de no existir este organismo, de la junta de calificación de invalidez y radicar ante el jefe de personal o quien haga sus veces la correspondiente certificación.

La Anspe podrá solicitar por conducto del coordinador del grupo de gestión del talento humano, la verificación de la valoración presentada a las juntas de calificación de invalidez;

d) Personas próximas a pensionarse. Los servidores públicos que consideren encontrarse en este grupo, deben acreditar esta situación con documentos en los cuales se haga constar el número de semanas cotizadas (régimen solidario de prima media con prestación definida) o constancia del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual que les permita obtener una pensión mensual (régimen de ahorro individual con solidaridad).

La Anspe podrá verificar por conducto del coordinador del grupo de gestión del talento humano, la veracidad de los datos suministrados por el destinatario de la protección.

ART. 4º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 7 de octubre de 2015.