Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 549 DE 2013 

(Noviembre 6)

“Por medio de la cual se designa al funcionario responsable del funcionamiento en el sistema Litigob”.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por los artículos 209, 211 y 277 de la Constitución Política, Decreto-Ley 262 de 2000, la Ley 790 de 2002, del artículo 13 de la Ley 1150 de 2006, el Decreto 1795 de 2007, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el numeral 6 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, corresponde a este despacho asignar funciones especiales a las dependencias y empleos de Procuraduría General de la Nación.

Que el numeral 7 del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000, le atribuye al Procurador General la facultad para expedir actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley.

Que el artículo 15 numeral 3 del Decreto-Ley 262 de 2000, le atribuye a la oficina jurídica la función de representar a la Procuraduría General de la Nación en los procesos en que esta sea demandada o deba actuar como demandante.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Carta Política prevé la delegación de funciones que pueden realizar las autoridades administrativas en sus subalternos.

Que el artículo 277 de la Constitución configuró las funciones atribuidas al despacho del Procurador General de la Nación, y señaló expresamente la posibilidad de que las mismas puedan ser ejercidas de manera directa o por medio de los delegados y/o agentes.

Que el artículo 15 de la Ley 790 de 2002 dispuso que el Gobierno Nacional fortalecerá la Dirección de la Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia, la cual desarrollará dentro de sus funciones las de prevención del daño antijurídico, profesionalización de la defensa de los intereses litigiosos del Estado y la recuperación de los dineros que con ocasión de las conductas dolosas o, gravemente culposas de sus funcionarios o ex funcionarios haya pagado el Estado, así como las de coordinación, seguimiento y control de las actividades de los apoderados que defienden al Estado en las entidades del orden nacional, mediante la implementación o consolidación de un sistema integral de información que de manera transversal alerte sobre las eventualidades judiciales a las que se expone el Estado.

Que el artículo 2º del Decreto 1795 de 2007 estableció que el sistema de información Litigob deberá ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

Que el artículo 3º del citado decreto dispuso que el representante legal de cada una de las entidades de las que trata el artículo anterior, deberá designar a la persona responsable de vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el sistema de información Litigob.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en el jefe de la oficina jurídica la función de vigilar, gestionar y tramitar todo aquello que resulte pertinente para el registro oportuno de las actividades de que trata el Decreto 1795 de 2007 y lo relativo al sistema único de información litigiosa estatal, Litigob.

ART. 2º—Designar a la ingeniera Deisy Elizabeth Avendaño Parra, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 53071576, código 5SJ, Grado 12 de la oficina jurídica, como funcionaria responsable de vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el sistema de información Litigob.

PAR.—Facúltese al jefe de la oficina jurídica para remover, designar a un nuevo funcionario cuando por razones de conveniencia y necesidad del servicio así lo considere.

Dada en la ciudad de Bogotá, D.C., el 6 de noviembre de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.