RESOLUCIÓN 0-0550 DE 2002 

(Marzo 19)

“Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de seguridad de servidores y ex servidores de la Fiscalía General de la Nación, expuestos a niveles de riesgo en razón del ejercicio de sus funciones públicas”.

(Nota: Derogada por la Resolución 405 de 2007 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación)

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 1º del artículo 17 del Decreto-Ley 261 del 22 de febrero de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Constitución Política confiere a las autoridades el deber de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”;

Que el artículo 67 de la Ley 418 de 1997, creó con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía”, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal;

Que a través de la Resolución 0-0140 de enero 26 de 1998, se delegó en el Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, la función de dirigir y coordinar los mecanismos, programas y planes que se adopten para la seguridad de los funcionarios e instalaciones de la Fiscalía General de la Nación;

Que el artículo 49 del Decreto 1890 de septiembre 28 de 1999, dispuso suprimir y liquidar el fondo de seguridad de la rama judicial y del Ministerio Público, entidad que hasta ese momento estuvo encargada de atender los requerimientos en materia de seguridad a funcionarios y ex funcionarios de la rama judicial y del Ministerio Público;

Que el parágrafo del artículo 55 ibídem, determinó: “La Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, colaborarán con las entidades enunciadas en el inciso anterior, en la función de seguridad de los funcionarios y ex funcionarios que lo requieran, y auxiliarán a las mismas en la formulación de sus esquemas de seguridad”;

Que la crisis fiscal que atraviesa el Estado colombiano ha repercutido sustancialmente en las funciones y actividades de las entidades públicas, concretamente, por los recortes presupuestales;

Que la entidad ha desplegado todos sus esfuerzos para garantizar a sus servidores y ex servidores en el momento que lo requieran, la protección de su vida e integridad personal, con los recursos presupuestales y los mecanismos administrativos de los que puede hacer uso de conformidad con el ordenamiento legal;

Que las circunstancias de alteración del orden público y el incremento del accionar de los grupos armados al margen de la ley, han aumentado el número de servidores de la Fiscalía General de la Nación que requieren esquemas especiales de seguridad, comprometiendo la capacidad operativa de la entidad en este sentido;

Que se hace necesario fortalecer los esquemas de seguridad de los servidores de la entidad que presentan un nivel alto de riesgo o amenaza con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas;

Que la Fiscalía General de la Nación debe realizar todas las acciones necesarias para optimizar los recursos humanos logísticos, técnicos y presupuestales, disponibles, para velar por la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad, no sólo de los ex funcionarios, sino de las personas que asumen la responsabilidad y compromiso como servidores públicos de cara a la realidad sociopolítica que afronta nuestro país;

Que resulta imprescindible solicitar el concurso de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad con el propósito de cumplir los cometidos de garantizar la seguridad de los servidores y ex servidores de la Fiscalía General de la Nación, respecto de quienes surja la necesidad de adoptar en su favor esquemas de seguridad, como consecuencia del nivel de valoración de riesgo y grado de amenaza, derivados directamente del desempeño de sus funciones públicas;

Que por lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Los recursos humanos, logísticos, técnicos y financieros destinados a la protección se emplearán prioritariamente en los esquemas de seguridad de los servidores activos de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de brindar protección a los ex servidores, cuando hubiese lugar a ello y conforme, en todo caso, a la disponibilidad de recursos.

(Nota: Derogada por la Resolución 405 de 2007 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 2º—Todo esquema de seguridad especial, en cualquier momento es susceptible de a una evaluación objetiva acerca del nivel de riesgo, peligro y vulnerabilidad. En todos los casos deberá concurrir un nexo causal entre la función desarrollada y el riesgo o grado de amenaza.

(Nota: Derogada por la Resolución 405 de 2007 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 3º—Corresponde a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, o al organismo designado por su director, la evaluación del nivel de riesgo o grado de amenaza de los servidores y ex servidores de la Fiscalía General de la Nación.

(Nota: Derogada por la Resolución 405 de 2007 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 4º—Comprobada la necesidad de brindar un esquema de seguridad especial a un ex servidor de la entidad, previa la evaluación respectiva, se solicitará colaboración a la Policía Nacional o al Departamento Administrativo de Seguridad, con el fin de que se adopten las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad del ex servidor, conforme lo señala el parágrafo del artículo 55 del Decreto 1890 de 1999;

(Nota: Derogada por la Resolución 405 de 2007 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 0-1149 del 19 de julio de 2001 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 19 de marzo de 2002.

(Nota: Derogada por la Resolución 405 de 2007 artículo 5º de la Fiscalía General de la Nación)

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