RESOLUCIÓN 5627 DE 2008 

(Septiembre 19)

“Por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”.

El Registrador Nacional del Estado Civil,

en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 1010 de 2000, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y

CONSIDERANDO QUE:

La Constitución Política, en su artículo 107, dispone que los partidos políticos para la toma de decisiones o la escogencia de sus candidatos, podrán celebrar consultas populares o internas de conformidad con lo previsto en sus estatutos;

El Decreto-Ley 1010 de 2000, dispone que el objeto de la Registraduría Nacional del Estado Civil consiste entre otros, en organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, debiendo proteger el ejercicio del derecho al sufragio y otorgar plenas garantías a los ciudadanos;

En cumplimiento de su misión constitucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe contribuir con el fortalecimiento de la democracia mediante la organización de los procesos electorales y para el caso concreto, realizar las gestiones necesarias para facilitar en los términos que la ley contempla la realización de las elecciones de las consultas de los partidos y movimientos políticos a efectuarse el 26 de octubre de 2008, conforme lo establece la Ley 130 de 1994;

El artículo 10 de la Ley Estatutaria 130 de 1994, modificado por el artículo 1º de la Ley 616 de 2000, dispone que la organización electoral colaborará con las consultas internas de los partidos y movimientos con personería jurídica que lo soliciten a través de sus respectivas autoridades estatutarias, para escoger candidatos y para tomar decisiones respecto a su organización interna o variación de sus estatutos, colaboración que consiste en el suministro de las tarjetas electorales y cubículos individuales, recolección de los votos y la realización del escrutinio en la fecha que se establezca por la organización electoral para tal efecto;

El Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 229 de 2007, dispuso que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica deberían comunicar por escrito, por lo menos tres meses antes de la fecha establecida, su decisión de realizar consulta popular para la toma de decisiones, debiendo inscribir sus candidatos o las preguntas a realizar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo menos cuarenta y cinco (45) días calendario anteriores a la fecha de la respectiva consulta popular (10 de septiembre de 2008);

Mediante Resolución 1112 del 16 de julio de 2008 expedida por el Consejo Nacional Electoral, se determinó que el día 26 de octubre de 2008 se llevarán a cabo las consultas internas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica para la toma de decisiones con respecto a su organización interna o variación de sus estatutos, que hayan comunicado previamente su intención de participar, en los términos señalados por el Consejo Nacional Electoral;

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución 3620 del 17 de julio de 2008, estableció el calendario electoral para las consultas internas de los partidos y movimientos políticos, fijando el diez (10) de septiembre de 2008 como fecha de cierre de la inscripción de los candidatos que deseen participar por los diferentes partidos o movimientos políticos (CNE., Res. 229/2007) y como fecha máxima para la modificación de listas y candidatos el día 17 de septiembre de 2008 (L. 163/94, art. 2º);

En cumplimiento de lo anterior y en desarrollo de su misión constitucional, la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de las delegaciones departamentales, la registraduría distrital y las registradurías especiales, municipales y auxiliares, adelantó la inscripción de candidatos para las elecciones de las consultas en que participaran los partidos y movimientos políticos hasta el día 10 de septiembre de 2008 y las modificaciones de las listas y candidatos hasta el 17 de septiembre de 2008;

Hasta el día 17 de septiembre de 2008 no había sido posible estructurar y consolidar las cifras y los datos requeridos para definir los estudios y documentos previos dispuestos por la ley, para adelantar el trámite contractual correspondiente, es decir, el proceso de selección abreviada determinado por la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 2474 de 2008; por cuanto no había sido posible cuantificar y establecer con certeza las condiciones exactas, o, por lo menos aproximadas, de los posibles candidatos y elementos técnicos de cada uno de los partidos políticos inscritos para dicha consulta popular a realizarse el día 26 de octubre de 2008, siendo por lo tanto, imposible hasta ese momento tener certeza sobre el alcance del proceso de selección a adelantar para tal efecto;

A la fecha la entidad no cuenta con la documentación definitiva para adelantar los estudios de necesidad y conveniencia requeridos para iniciar el proceso contractual de selección abreviada establecida en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008, para que el contratista seleccionado pueda adelantar la totalidad de actividades requeridas, tales como los formularios de inscripción de listas y candidatos, formularios de modificación, actas de sorteo de números que identificarán a los candidatos en las tarjetas electorales, las cuales se realizan a nivel municipal o departamental, impresión de documentos, conformación del kit, distribución del material electoral a nivel nacional, entre otras, razón por la cual no resulta viable adelantar dicho proceso de selección, dentro de los términos establecidos en el estatuto contractual, toda vez que la información física de la inscripción de los candidatos reposa en los mil ciento dos municipios (1.102) y capitales de departamento, la cual deberá ser recepcionada en un término aproximado de diez (10) días por parte de la Dirección de Gestión Electoral en Bogotá, D.C., es decir, tan solo el día 29 de septiembre se dispondrá de dicha información;

Adicionalmente, conviene señalar que una vez seleccionado el contratista que ejecute las actividades requeridas para llevar a cabo el objeto del contrato, se debe por parte de este, elaborar los bocetos y preartes de las tarjetas y formularios electorales, los cuales debe remitir a la RNEC, para que estos sean revisados y aprobados en cada registraduría municipal o departamental de todo el territorio nacional, con el fin de evitar errores en la identificación y asignación de espacios en las tarjetas electorales y en las listas que se reflejan en las actas de escrutinio (Formulario E-14), para cada uno de los candidatos de los partidos que participarán en la consulta popular, y prevenir de esta forma que se incurra en mayores sobrecostos por la reimpresión de las tarjetas que resultaren defectuosas, circunstancia que ya ocurrió en el pasado, específicamente en la consulta del año 2007, lo cual generó la presentación de acciones populares contra la entidad por el sobredimensionamiento de las actividades y los presuntos sobrecostos aducidos por los demandantes, amén de las acciones de orden legal contra la entidad en el evento que no se puedan efectuar las correcciones o ajustes de las listas o candidatos de los partidos por razón del tiempo;

Aunado a lo anterior, las empresas que prestan este tipo de servicio han manifestado que requieren por lo menos de treinta (30) días calendario para adelantar las labores señaladas, lo cual incluye lo requerido por el contratista, para la impresión, empaque, distribución y entrega física en cada una de las mil ciento dos (1.102) registradurías municipales y los cerca de nueve mil (9.000) puestos de votación, cuya cobertura se debe garantizar en el proceso de la consulta popular, muchos de los cuales se encuentran ubicados en inspecciones y corregimientos;

La entidad debe dar cabal aplicación a los principios y términos que rigen la contratación estatal en todos los procesos de selección que las mismas pretendan adelantar, tal y como se dispone en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 2474 de 2008, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, y en especial, lo referente a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, por lo cual resulta absolutamente imposible dar cumplimiento a tales preceptivas en el presente evento, en lo que atañe tanto a los términos contractuales como al plazo que se debe otorgar al contratista para la ejecución de las actividades contractuales;

El artículo 42 de la Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación de la administración pública, consagra como mecanismo excepcional de contratación, la declaratoria de la urgencia manifiesta, señalando que la misma puede ser utilizada, entre otros casos, cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro;

Que la norma citada regula la urgencia manifiesta e indica que esta se declarará mediante acto administrativo motivado en los siguientes términos: “ART. 42.—De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos. La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

PAR.—Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente”.

La corte constitucional, sobre el particular expresó: La “urgencia manifiesta” es una situación que puede decretar directamente por cualquier autoridad administrativa sin autorización previa, a través de acto debidamente motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos:

—Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro.

—Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción.

—Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y

—En general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos (1) ”.

El Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de abril de 2006, manifestó que:

“Se observa entonces cómo la normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratación estatal, se refiere a aquellos eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una actuación inmediata de la administración, con el fin de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selección del contratista y aún, la ejecución de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige (2) ”.

Teniendo en cuenta la obligación de garantizar la celebración de las elecciones para las consultas populares en que participen los partidos y movimientos políticos a efectuarse el 26 de octubre de 2008, y en atención a la imposibilidad de seleccionar un contratista mediante el proceso de “selección abreviada” que dispone la ley para el efecto, y al inminente fracaso que resultaría llevar a cabo dicho proceso de selección, es indispensable acudir a la figura de la urgencia manifiesta en aras de evitar la suspensión, retardo o entorpecimiento del servicio público, el cual se concreta a través de la realización de las elecciones antes indicadas, con las consecuencias que ello determina para el proceso democrático de la Nación;

En mérito de lo expuesto el Registrador Nacional del Estado Civil,

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar la urgencia manifiesta para contratar directamente los bienes y servicios requeridos para realizar la consulta popular de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, que se llevará a cabo el día 26 de octubre de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de la contratación pública.

ART. 2º—Ordenar a la gerencia administrativa y financiera adelantar los trámites contractuales pertinentes para la adquisición de los bienes y servicios necesarios para tal fin.

ART. 3º—Ordenar a la oficina jurídica, conformar el expediente respectivo, con copia de este acto administrativo y de los contratos originados en la presente urgencia manifiesta, y demás antecedentes técnicos y administrativos, con el fin que sean remitidos a la Contraloría General de la República, para el ejercicio del control fiscal pertinente, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 19 de septiembre de 2008.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-772 de 1998, del 10 de diciembre de 1998. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.

(2) Consejo de Estado, Sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 14275. Consejero Ponente: Ramiro Becerra Saavedra.

____________________________________