RESOLUCIÓN 564 DE 2003 

(Enero 27)

“Por la cual se fijan los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en las campañas de los mecanismos de participación ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 265 de la Constitución Política y 98 de la Ley 134 de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 134 de 1994, reglamentó los mecanismos de participación ciudadana, regulando la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato del orden nacional; el plebiscito y el cabildo abierto, y se establecen las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles;

2. Que el artículo 98 de la Ley 134 de 1994 ordena al Consejo Nacional Electoral fijar el monto máximo de dinero privado que podrá ser gastado en cada una de las campañas relacionadas con los derechos e instituciones reguladas por dicha ley;

3. Que el artículo 94, ibídem, establece que en las campañas de los procesos de participación ciudadana de iniciativa popular, toda persona natural o jurídica de derecho privado, podrá contratar publicidad para:

a) Promover la recolección de firmas;

b) La participación ciudadana, y

c) Una posición determinada frente al tema de la iniciativa, debiéndose indicar, en todos los casos, el nombre de la persona que financie dicha publicidad;

4. Que el artículo 106 de la Ley 134 de 1994 dispone:

“A las elecciones previstas en esta ley se aplicarán las disposiciones electorales que no sean incompatibles con ella. Las normas sobre contribución y publicidad del balance del estatuto básico de los partidos y movimientos políticos y de la oposición se aplicarán en lo que fueren pertinentes”;

5. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 106 de la Ley 134 de 1994, 14 y 39 de la Ley 130 de 1994, quienes excedan los montos máximos fijados por esta resolución, incurrirán en las sanciones pecuniarias establecidas por las normas vigentes;

6. Que el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución 257 del 21 de enero de 2002, mediante la cual se fijaron los montos máximos de dinero privado que podrían invertir las campañas de los mecanismos de participación ciudadana para el año 2002;

7. Que el banco de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “DANE”, certifica como índice de Precios al Consumidor reportado para el año 2002, el 6.99%;

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE:

ART. 1º—Los promotores y voceros de las iniciativas legislativas, normativas, referendos y revocatorias del mandato trátese de grupos de ciudadanos, organizaciones cívicas, sindicales, gremiales, indígenas o comunales del orden nacional, departamental, municipal o local, según el caso, o un partido o movimientos político, sólo podrán invertir en sus campañas para promover este tipo de iniciativa, las sumas que a continuación se relacionan:

1. Mecanismos del orden local.

Los promotores de iniciativas y referendos ante las juntas administradoras locales podrán invertir en su campaña hasta la suma de veintisiete millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos pesos ($ 27.425.600).

2. Mecanismos del orden municipal.

a) En los municipios con censo electoral inferior a diez mil electores, hasta la suma de veintisiete millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos pesos ($ 27.425.600);

b) En los municipios con censo electoral superior a diez mil electores, sin que tenga la calidad de capital departamental, hasta la suma de cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y siete mil noventa y siete pesos ($ 54.847.097), y

c) En las capitales de Departamento y el Distrito Capital de Bogotá, hasta la suma de ciento treinta y siete millones ciento dieciocho mil cuatrocientos veintiséis pesos ($ 137.118.426).

3. Mecanismos del orden departamental.

En los mecanismos del orden departamental se podrá invertir en su campaña hasta la suma de ciento treinta y siete millones ciento dieciocho mil cuatrocientos veintiséis pesos ($ 137.118.426).

4. Mecanismos del orden nacional.

Los promotores de iniciativas legislativas o constitucionales y referendos podrán invertir en su campaña hasta suma de doscientos setenta y cuatro millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos ($ 274.235.483).

PAR.—En el evento de que trámite del respectivo mecanismo de participación ciudadana implique la realización de una segunda etapa, en ella se podrá invertir hasta un cincuenta por ciento (50%) adicional de los montos previstos en el presente artículo.

ART. 2º—Toda persona natural o jurídica de derecho privado podrá realizar campañas publicitarias para promover la recolección de firmas, la participación ciudadana y su posición frente al correspondiente tema, en cuantía que no(sic) el uno por ciento (1%) de los montos establecidos en el artículo 1º de esta resolución.

En este evento, deberá indicarse el nombre de la persona o personas naturales o jurídicas que la financie.

ART. 3º—Los promotores de los distintos mecanismos de participación que contempla la Ley 134 de 1994, y los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, podrán recibir ayudas, donaciones o contribuciones económicas de personas naturales o jurídicas, en cuantías que no superen el 25% de montos establecidos en el artículo 1º de la presente resolución.

Solamente los comités de promotores que participen en los mecanismos de participación previstos en la Ley 134 de 1994, que se encuentren debidamente inscritos ante la registraduría respectiva, y los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, están facultados para recibir donaciones en dinero o en especie destinadas a sufragar los costos de la campaña, formando unidad de caja en la presentación de cuentas con los capítulos seccionales que pudieren crear, cuando se trate de mecanismos del orden nacional.

PAR. 1º—Las contribuciones o donaciones en dinero o en especie, de los particulares deberán ser entregadas al vocero del comité de promotores a que se refiere el artículo 10 de la Ley 134 de 1994, o a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, con indicación del nombre del aportante y de su NIT o documento de identidad. El aportante deberá declarar bajo la gravedad del juramento el origen de los recursos.

PAR. 2º—Cuando se trate de donación o contribución realizada por una persona jurídica, esta deberá contar con la autorización escrita y expresa de la mitad más uno de los miembros de la junta directiva o de la asamblea general de accionistas o junta de socios, según el caso, autorización que deberá presentarse ante el Consejo Nacional Electoral.

ART. 4º—Los promotores de los diversos mecanismos de participación llevarán una relación detallada de las contribuciones y donaciones recibidas y de los fines a que hayan sido destinadas, y elaborarán un balance correspondiente a esta actividad suscrito por el vocero y contador público, para presentar a la registraduría respectiva quince (15) días después de terminado el proceso de recolección de firmas.

ART. 5º—Cualquier persona podrá solicitar a los promotores de iniciativas, referendos y revocatorias de mandato o a las registradurías correspondientes, que se haga público el nombre de las personas que hayan financiado la iniciativa, en dinero o en especie, por un valor superior a un salario mínimo mensual.

ART. 6º—Los comités de promotores de mecanismos de participación ciudadana y los partidos y movimientos políticos, deberán presentar a más tardar un mes después de la votación correspondiente, ante el Consejo Nacional Electoral, una relación consolidada de los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante la campaña, así como la relación detallada de los donantes o aportantes suscrita por un contador público.

ART. 7º—Para todos los efectos de la presente resolución se entiende por campaña el período comprendido entre el momento de la inscripción de comité de promotores ante la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta las doce de la noche del día anterior señalado para la votación en el caso de iniciativa popular legislativa y normativa, revocatoria de mandato o solicitud de referendo.

En el caso de la consulta popular y el plebiscito, el término de la campaña se toma desde el momento en que la autoridad competente para hacerlo, consulte o convoque al pueblo, hasta las doce de la noche del día anterior a la realización de la votación.

En el caso de los referendos constitucionales, la campaña comenzará a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que declare exequible la ley que convoca el referendo.

ART. 8º—Las infracciones al estricto cumplimiento de la presente resolución expedida para la realización de mecanismos de participación serán sancionadas por el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las leyes electorales vigentes.

ART. 9º—La Registraduría Nacional del Estado Civil suministrará los formatos necesarios para la implementación de los mecanismos de participación, previa aprobación de los mismos por parte del Consejo Nacional Electoral.

ART. 10.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de enero de 2003.

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