RESOLUCIÓN ORGÁNICA 5690 DE 2005 

(Agosto 3)

“Por la cual se determina la asignación de códigos para descuentos por nómina a través de libranzas en la Contraloría General de la República”.

El Contralor General de la República,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y con fundamento en los artículos 150 del Código Sustantivo del Trabajo y 142 de la Ley 79 de 1988, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 121 de la Constitución Política establece que: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”;

Que en desarrollo de este principio constitucional, el inciso 1º del artículo 5º de la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, consagra: “Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo”;

Que en consecuencia, la asignación de códigos para descuentos por nómina a través de libranzas en la Contraloría General de la República, debe expedirse con estricta sujeción a lo que establezcan las leyes sobre la materia;

Que el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptúa: “Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros autorizadas en forma legal, de cuotas con destino al seguro social obligatorio, y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo debidamente aprobado”;

Que el artículo 142 de la Ley 79 de 1988 “por la cual se actualiza la legislación cooperativa”, establece: “Toda persona, empresa o entidad pública o privada, estará obligada a deducir y retener cualquier cantidad que haya de pagar a sus trabajadores o pensionados, las sumas que estos adeuden a la cooperativa y que la obligación conste en libranzas, títulos valores, o cualquier otro documento suscrito por el deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo”;

Que de conformidad con el artículo 5º de la Ley 546 de 1999 “por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”, dispone: “... las corporaciones de ahorro y vivienda tendrán la naturaleza de bancos comerciales”;

Que el artículo 92 de la Ley 45 de 1990 “por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones”, prescribe: “Establecimientos de crédito. Para los efectos de la presente ley se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal consista en captar en moneda legal recursos del público en depósitos, a la vista o término, para colocarlos nuevamente a través de prestamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito.

Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial. Dichas instituciones podrán ser de naturaleza comercial o cooperativa.

Son establecimientos bancarios las instituciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.

Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por función principal la captación de recursos a término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas, en los sectores que establezcan las normas que regulan su actividad.

Son corporaciones de ahorro y vivienda aquellas instituciones que tienen por función principal la captación de recursos para realizar primordialmente operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo, mediante el sistema de valor constante.

Son compañías de financiamiento comercial las instituciones que tienen por función principal captar recursos mediante depósitos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes o servicios”;

Que los artículos 39 y 54 de la Ley 454 de 1998 “por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones, señalan: “ART. 39.—Para efectos de la presente ley se entenderá como actividad financiera la captación de depósitos, a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados o de terceros. Solamente las cooperativas financieras podrán prestar sus servicios a terceros no asociados”.

“ART. 54.—Modificación del artículo 20 del estatuto orgánico del sistema financiero. El inciso 1º del numeral 1º del artículo 2º del estatuto orgánico del sistema financiero quedará así: “Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras”;

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 8º del Decreto 3100 de 1997 “por el cual se determinan las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades”, la Superintendencia de Sociedades ejercerá la vigilancia en forma permanente sobre las sociedades comerciales no vigiladas por otra superintendencia;

Que de igual manera el artículo 9º del citado decreto determina que “En ejercicio de la facultad de inspección prevista por el artículo 83 de la Ley 222 de 1997, la Superintendencia de Sociedades podrá conocer en cualquier momento la situación jurídica, contable, financiera o administrativa de cualquier sociedad comercial, con excepción de aquellas que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Bancaria”;

Que en la Contraloría General de la República, es necesaria la expedición de un acto administrativo que asigne los códigos para descuentos por nómina, a través de libranzas, por lo tanto es igualmente indispensable estipular esta función y competencia;

Que de conformidad con el artículo 90 de la Ley 106 de 1993, el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República tiene como objetivos: “1. Contribuir a la solución de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda de los empleados de la Contraloría General de la República. 2. Desarrollar planes especiales de vivienda, educación y salud para los empleados de la Contraloría General de la República. 3. Desarrollar planes de crédito de salud, educación y vivienda para los empleados de la Contraloría General de la República y/o su cónyuge o compañero o compañera permanente. 4. Desarrollar planes de crédito para construcción de vivienda, compra de vivienda usada, liberación de gravámenes hipotecarios y mejoras en inmuebles para los empleados de la Contraloría General de la República y/o su cónyuge o compañero o compañera permanente y demás líneas de crédito de desarrollo social”;

Que en mérito de lo expuesto, el despacho del Contralor General de la República,

RESUELVE:

ART. 1º—Competencia para la asignación de códigos. Le corresponde al director financiero de la gerencia administrativa y financiera de la Contraloría General de la República, la asignación de códigos para los descuentos por nómina a través de libranza.

ART. 2º—Usuarios del código. Son usuarios de código para descuentos por nómina, los siguientes:

1. Los establecimientos de crédito señalados en el artículo 2º del Decreto 663 de 1993, legalmente autorizados para funcionar en Colombia, sometidos a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

2. Los establecimientos, sociedades o empresas sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

3. Las cooperativas, legalmente constituidas y sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria.

4. Las asociaciones sindicales de la Contraloría General de la República.

5. El fondo de bienestar social de la Contraloría General de la República.

ART. 3º—Requisitos para asignación de códigos. Las entidades señaladas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 2º de esta resolución, interesadas en la asignación de un código para descuentos por nómina a través de libranza, deberán elevar solicitud a la dirección financiera de la Contraloría General de la República, suscrita por el representante legal, presentando los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por órgano competente.

2. Fotocopia del NIT y cédula de ciudadanía del representante legal.

3. Certificado de sometimiento a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Sociedades o Superintendencia de Economía Solidaria según sea el caso.

4. Certificación bancaria donde conste: nombre y número de cuenta en la cual se realizarán los abonos.

5. Presentación de los servicios ofrecidos.

ART. 4º—Causales de cancelación del código. Son causales para la cancelación del código otorgado para descuentos por nómina a través de libranza las siguientes:

1. Suspensión o pérdida de la personería jurídica.

2. Disolución de la empresa, entidad, asociación o cooperativa.

3. La no actualización oportuna de los documentos mencionados en el artículo tercero antes del 15 de marzo de cada vigencia fiscal.

4. Por solicitud escrita del representante legal de la persona jurídica o solicitud de la persona natural a quien se le autorizó el código.

5. Cuando se compruebe falsedad en alguno de los documentos aportados para la asignación del código, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

6. Cuando se preste o utilice el código asignado para beneficio de terceros diferentes al beneficiario asignado.

PAR.—La Contraloría General de la República, podrá cancelar el código asignado al beneficiario en cualquier momento, mediante resolución debidamente motivada, proferida por el director financiero.

ART. 5º—Actualización. Los usuarios de códigos para descuentos por libranza, señalados en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 2º de esta resolución, deberán renovar cada año los requisitos exigidos en el artículo 3º con el fin de actualizar el sistema y los diferentes registros que lleva la Contraloría General de la República, al igual que ejercer un adecuado control sobre los mismos. Dicha actualización se deberá realizar durante los primeros quince (15) días del mes de marzo de la vigencia correspondiente.

PAR.—A finales del mes de marzo de la vigencia correspondiente, la tesorería dará a conocer mediante publicación, las entidades que no actualizaron los documentos señalados en el artículo 3º de esta resolución.

ART. 6º—Depuración. La dirección financiera adelantará un proceso de depuración y cancelación de los códigos que no cumplan con lo establecido en la presente resolución, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

ART. 7º—Régimen de transición. A partir de la vigencia de la presente resolución, el director financiero de la gerencia administrativa y financiera de la Contraloría General de la República, asignará códigos a las entidades que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de la presente resolución.

Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, se les haya asignado código, tendrán plazo de un (1) mes para acreditar los requisitos establecidos en la parte resolutiva, en caso contrario, se procederá a la cancelación de los códigos respectivos. Los descuentos por libranzas que en la actualidad se están efectuando, continuarán su trámite hasta el cubrimiento total de la obligación respectiva.

ART. 8º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Expedida en Bogotá, D.C., a 3 de agosto de 2005.

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