Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN 57 DE 2011 

(Noviembre 4)

“Por la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda”.

La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, reglamentado por el Decreto 2174 de 1992, el numeral 1º del artículo 2º y artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 6º del Decreto 4473 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, reglamentado por el Decreto 2174 de 1992 otorga la facultad de cobro coactivo a las entidades públicas del orden nacional, entre ellas a los ministerios.

Que el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, le otorga jurisdicción coactiva a las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado, para recaudar rentas o caudales públicos.

Que para hacer efectivas las obligaciones exigibles en favor de las entidades públicas, el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 ordena que se debe seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario.

Que el numeral 1º del artículo 2º de la citada ley, señaló la obligación que tienen las entidades públicas con cartera a su favor, de establecer un reglamento interno de recaudo de cartera, el cual debe ser expedido mediante normativa de carácter general por la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública.

Que el Decreto 4473 de 2006 reglamentario de la Ley 1066 de 2006, reiteró la obligatoriedad del reglamento interno de recaudo de cartera y estipuló el contenido mínimo del mismo.

Que para el cumplimiento de los fines estatales, y en especial el de lograr que la gestión del recaudo de las obligaciones en favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda se haga de forma ágil, eficaz, eficiente y oportuna, y con el objeto de lograr liquidez, se requiere adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, con base en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, de conformidad con la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional, y en los términos de la presente resolución.

CAPÍTULO I

Definición, naturaleza, atribuciones, competencia

ART. 2º—Definición. El reglamento interno de recaudo de cartera es el acto administrativo mediante el cual se regula lo concerniente al ejercicio de las gestiones de cobro para recaudar las obligaciones en favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, según lo previsto en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional.

ART. 3º—Naturaleza. Los procedimientos que se reglamentan mediante esta resolución son de carácter administrativo. Las actuaciones que se produzcan en el ejercicio del cobro persuasivo y del cobro coactivo son de trámite, contra las cuales no procede recurso, con las excepciones de ley.

ART. 4º—Atribuciones. Para el ejercicio de las facultades que se consagran en la presente resolución, el funcionario competente tendrá todas las atribuciones necesarias establecidas en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico vigente, y en especial aquellas establecidas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional y por remisión expresa de los artículos 839-1 y 839-2 del estatuto tributario al Código de Procedimiento Civil en cuanto al trámite de las medidas cautelares, secuestro, avalúo y remate de bienes no contempladas en el estatuto tributario, los vacíos que se presenten en la aplicación e interpretación de sus normas por analogías se surten con las normas del Código Contencioso Administrativo y supletoriamente con las del Código de Procedimiento Civil.

ART. 5º—Funcionario competente. Desígnase al coordinador del grupo de procesos judiciales de la oficina asesora jurídica de este ministerio como funcionario competente para llevar a cabo las funciones de cobro persuasivo y coactivo de los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva, y el otorgamiento de las facilidades de pago previstas en esta resolución.

CAPÍTULO II

Del cobro persuasivo

ART. 6º—Definición. El cobro persuasivo es la etapa dentro del recaudo de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, cuyo objeto es lograr que el deudor cumpla de manera voluntaria con las obligaciones adeudadas a estas entidades, evitando así los costos y las implicaciones de un proceso de cobro coactivo, y de esta manera obtener la recuperación total e inmediata de la cartera.

ART. 7º—Medios. Para cumplir con los objetivos de la etapa del cobro persuasivo se podrán utilizar todos los medios necesarios para procurar un acercamiento con el deudor, tales como:

— Llamadas telefónicas.

— Visitas.

— Correos electrónicos.

— Oficios de cobro persuasivo.

ART. 8º—Término. La etapa de cobro persuasivo no podrá tener una duración mayor a seis (6) meses, no obstante, podrá prescindirse de esta etapa cuando se esté frente a obligaciones próximas a prescribir, o cuando el funcionario competente lo considere necesario.

ART. 9º—Medidas cautelares preventivas. En atención a lo dispuesto en el artículo 837 del Estatuto Tributario Nacional, y 513 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la etapa de cobro persuasivo el funcionario competente podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor.

ART. 10.—Investigación de bienes. Durante la etapa de cobro persuasivo, o agotada la misma, y si el deudor no ha cancelado la obligación, el funcionario competente oficiará a las entidades públicas y privadas que considere pertinente, con el objeto de que informen sobre los bienes y ubicación del deudor.

CAPÍTULO III

Del cobro coactivo

ART. 11.—Definición. El cobro coactivo es la etapa dentro del recaudo de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, cuyo objeto es cobrar directamente las deudas en favor de estas entidades, utilizando para ello los medios coercitivos establecidos, para todos los efectos, en la normatividad vigente.

ART. 12.—Procedimiento aplicable. Para el cobro coactivo de las obligaciones se utilizará el procedimiento descrito en el estatuto tributario, según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 reglamentada por el Decreto 4473 de 2006.

ART. 13.—Mandamiento de pago. Con el objeto de procurar el cobro ágil y efectivo de las deudas, el funcionario competente emitirá, mediante acto que no admite recursos, mandamiento de pago en el cual se ordenará el pago de las obligaciones, así como de los intereses e indexaciones respectivas.

ART. 14.—Vinculación de deudores solidarios. Tal y como lo dispone el artículo 828-1 del estatuto tributario, la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá liberarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario.

Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales o adicionales.

ART. 15.—Notificación. De conformidad con los términos del artículo 826 del estatuto tributario, el mandamiento ejecutivo de pago se notificará personalmente al deudor previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento se notificará por correo; en la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los deudores solidarios.

Cuando la notificación se haga por correo certificado se entenderá surtida para todos los efectos legales.

Las actuaciones notificadas por correo certificado que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional. La notificación se entenderá surtida, para efectos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, y para el deudor desde la fecha de publicación del aviso.

Notificado el mandamiento de pago, el deudor podrá pagar o interponer las excepciones pertinentes, dentro de los quince (15) días siguientes.

ART. 16.—Excepciones. Contra el mandamiento de pago solo procederán las excepciones del artículo 831 del estatuto tributario, o aquel que lo sustituya, adicione o modifique, las cuales se tramitarán de conformidad con lo previsto en este estatuto.

Contra el acto que rechace las excepciones procederá el recurso de reposición, y en el mismo se ordenará continuar con la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, tal y como lo ordena el artículo 834 del estatuto tributario.

ART. 17.—Excepciones probadas. Si se llegaren a encontrar probadas las excepciones propuestas por el deudor, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del proceso, si fuere del caso y el levantamiento de las medidas cautelares preventivas si las hubiere decretado. En igual forma procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepción sea probada respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.

ART. 18.—Pago. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo de pago, el deudor podrá pagar la obligación cobrada, o solicitar el otorgamiento de facilidades o acuerdos de pago.

ART. 19.—Orden de ejecución. Vencido el término de quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo de pago, sin que el deudor hubiere propuesto excepciones o pagado, el funcionario competente deberá seguir con el procedimiento ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados, en los términos del artículo 836 del estatuto tributario. Contra este acto no procede recurso alguno.

Si no se hubieren decretado medidas cautelares preventivas, en la orden de ejecución se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estos estuvieren identificados. En caso de que se desconozca la existencia de bienes, se ordenará su investigación, para que una vez identificados se embarguen y secuestren, y se prosiga con el remate de los mismos.

ART. 20.—Liquidación del crédito. En la liquidación del crédito se deberá incluir no solo el capital y los intereses de la obligación adeudada, sino también los gastos procesales en que incurrió la administración para su cobro. Lo anterior al tenor del artículo 836-1 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 21.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro coactivo solo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos que fallan las excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución. La admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción; lo anterior de conformidad con el artículo 834 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 22.—Recursos.—Las actuaciones administrativas proferidas en la etapa de cobro coactivo son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en el Estatuto Tributario y en la presente resolución.

CAPÍTULO IV

Medidas cautelares

ART. 23.—Medidas cautelares. El decreto de las medidas cautelares previstas para el recaudo de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, se efectuará mediante auto proferido por el funcionario competente.

Dichas medidas deberán ser comunicadas a la oficina pertinente para que se ejecuten de conformidad con lo decretado, y se regirán por lo estipulado en el estatuto tributario, en especial los artículos 837 y siguientes, o aquellos que lo sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 24.—Clases. Las medidas cautelares, según la oportunidad en que se decreten pueden ser:

— Medidas cautelares preventivas: aquellas que se adoptan antes de la expedición o notificación del mandamiento de pago al deudor.

— Medidas cautelares dentro del proceso: son las que se adoptan en cualquier etapa del proceso de cobro coactivo, después de notificado el mandamiento de pago.

ART. 25.—Límite y reducción del embargo. El valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda más los intereses. Si efectuado el avalúo de bienes estos excedieren la suma indicada, se deberá reducir el embargo hasta dicho valor si ello fuere posible, oficiosamente o a solicitud del interesado. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 838 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 26.—Procedimiento. El procedimiento a seguir para practicar las medidas cautelares previstas en este capítulo será el establecido en los artículos 837 y siguientes del estatuto tributario, así como el Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 27.—Secuestro de bienes. Por remisión expresa del artículo 839-2 del Estatuto Tributario Nacional, para la práctica del secuestro de los bienes embargados se deberá seguir el procedimiento contemplado en los artículos 682 y siguientes del Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 28.—Oposición al secuestro. En el evento en que se presente oposición al secuestro de bienes, se procederá conforme lo establece el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.

ART. 29.—Avalúo de bienes. En firme el secuestro de los bienes, se procederá a realizar el avalúo de los mismos, conforme lo establece el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, si se presentare objeción contra el avalúo, se procederá según lo estipulado en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 30.—Remate de bienes. En firme el avalúo de los bienes, se procederá a realizar a fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de remate siguiendo el procedimiento estipulado en los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 33 de la Ley 1395 de 2010 o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

CAPÍTULO V

De las facilidades para el pago

ART. 31.—Competencia. El funcionario competente para otorgar las facilidades para el pago será el coordinador del grupo de procesos judiciales, en los términos establecidos en la presente resolución.

ART. 32.—Definición y requisitos. En cualquier etapa del recaudo de la cartera, el funcionario competente podrá, mediante acto administrativo, conceder hasta por un término de cinco (5) años facilidades para el pago de las obligaciones en favor del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, siempre y cuando el deudor o un tercero en su nombre ofrezca las garantías adecuadas que respalden la deuda a satisfacción de la administración, tal y como lo dispone el artículo 814 del estatuto tributario o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

Para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago el deudor deberá presentar solicitud escrita que deberá contener como mínimo, plazo solicitado, periodicidad de las cuotas, descripción de las garantías ofrecidas, o la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero, según el caso.

Las facilidades o acuerdos de pago con plazo mayor a doce (12) meses y las garantías ofrecidas por el deudor o un tercero en su nombre, deberán ser aprobadas por el Comité de Normalización de Cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.

Para el otorgamiento de las facilidades de pago previstas en este capítulo, se seguirán las previsiones de la Ley 1066 de 2006, del Decreto 4473 de 2006, y del estatuto tributario o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 33.—Garantías. Las garantías para el otorgamiento de facilidades o acuerdos de pago se exigirán con base en reglas previstas en el artículo 814 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

PAR.—Los costos que represente el otorgamiento de la garantía para la facilidad o acuerdo de pago deben ser cubiertos por el deudor o un tercero en su nombre.

ART. 34.—Tipos de garantías. Al tenor de lo dispuesto en el estatuto tributario, el Código Civil y el Código de Comercio, se podrán exigir, entre otras, las siguientes garantías:

— Fideicomisos en garantía.

— Fideicomisos en administración.

— Hipoteca.

— Prenda.

— Garantías bancarias.

— Pólizas de cumplimiento de compañías de seguro.

Sólo se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a la establecida en el artículo 814 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 35.—Criterios para el otorgamiento. La entidad previo al otorgamiento de la facilidad de pago deberá adelantar un estudio técnico de las garantías ofrecidas y de la capacidad de pago del deudor, que le permita establecer la conveniencia o no de aceptar el acuerdo.

La entidad deberá abstenerse de otorgar facilidades o acuerdos de pago con deudores catalogados como reincidentes, renuentes y con aquellos que aparezcan reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.

El acuerdo de pago debe comprender el capital, los intereses respectivos y las posibles costas que resulten del proceso, si a ello hubiere lugar.

Según la cuantía, se concederán las facilidades o acuerdos de pago siguiendo los siguientes criterios:

— Mínima cuantía: obligaciones inferiores a 15 smmlv, hasta 24 meses de plazo.

— Menor cuantía: obligaciones desde 15 smmlv, hasta 90 smmlv hasta 42 meses de plazo.

— Mayor cuantía: obligaciones superiores a 90 smmlv hasta 60 meses de plazo.

No obstante lo anterior, los plazos establecidos para la mínima y la menor cuantía, podrán ser ampliados a criterio del funcionario ejecutor, teniendo en cuenta las circunstancias especiales del deudor.

PAR.—El estudio técnico al cual hace referencia el presente artículo deberá contener como mínimo el análisis jurídico, de la garantía, de la capacidad del pago del deudor, y los demás que se consideren necesarios. Dicho estudio será elaborado por las diferentes dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según sus competencias y bajo la coordinación del secretario técnico del comité de normalización de cartera, al que hace referencia el capítulo VIII de la presente resolución.

ART. 36.—Efectos. El acto administrativo que concede las facilidades de pago y aprueba las garantías ofrecidas, suspende el proceso de cobro e interrumpe la prescripción.

Así mismo, en dicho acto administrativo se ordenará levantar las medidas cautelares, siempre que las garantías respalden suficientemente la obligación, de lo contrario las medidas se mantendrán hasta el pago total de la obligación.

ART. 37.—Incumplimiento. En caso de que el deudor no pague alguna de las cuotas de la facilidad o acuerdo de pago otorgado, el incumplimiento se declarará mediante acto administrativo que deja sin vigencia el plazo concedido, según lo dispuesto en el artículo 814-3 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

En el evento en que se hayan otorgado garantías, en dicho acto administrativo se ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto, o para el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en denuncia de bienes, se ordenará su embargo, secuestro y avalúo, para su posterior remate.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Si la garantía o los bienes del deudor, no fueren suficientes para cubrir la obligación se continuará con el proceso de cobro.

En todo caso, se deberá reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004 o las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pago, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

ART. 38.—Cláusulas aceleratorias. El funcionario competente debe establecer cláusulas aceleratorias en las facilidades de pago que otorgue el grupo de procesos judiciales de la oficina asesora jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 4473 de 2006 o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

CAPÍTULO VI

De la extinción de las obligaciones

ART. 39.—Causales. Las obligaciones contraídas con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o con el Fondo Nacional de Vivienda, se extinguirán, y las gestiones de cobro persuasivo y el proceso administrativo de cobro coactivo podrán darse por terminados y archivados los expedientes mediante auto de trámite, conforme a las causales previstas en el estatuto tributario, en el artículo 1625 del Código Civil, o las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen.

CAPÍTULO VII

Remisibilidad

ART. 40.—Competencia. Los representantes legales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, podrán en cualquier tiempo, previo estudio y recomendación del comité de normalización de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, al que hace referencia el capítulo VIII del presente reglamento, declarar mediante resolución motivada, la remisibilidad de las obligaciones a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes, o de obligaciones con más de cinco (5) años de antigüedad sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor, según lo dispuesto en el artículo 820 del estatuto tributario o las normas que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 41.—Requisitos. Para que pueda declararse la remisibilidad de las obligaciones se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 328 de 1995, por el cual se reglamentan los artículos 804 y 820 del estatuto tributario, o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 42.—Efectos. El acto administrativo que declare la remisibilidad de obligaciones, ordenará suprimir de la contabilidad y demás registros de la entidad las deudas, e igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 820 del estatuto tributario, o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

CAPÍTULO VIII

Del comité de normalización de la cartera

ART. 43.—(Modificado).* Creación y conformación. Créase el comité de normalización de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, que estará conformado por:

— El secretario general o su delegado.

— El jefe de la oficina asesora jurídica o su delegado.

— El coordinador del grupo de procesos judiciales.

— El coordinador del grupo de finanzas y presupuesto.

— El director, jefe o coordinador de la dependencia a la cual correspondan, en cada caso, las obligaciones a normalizar.

El jefe de la oficina de control interno o su delegado será invitado a todas las sesiones y participará con voz pero sin voto.

El comité de normalización de cartera se dará su propio reglamento de funcionamiento, y el coordinador del grupo de procesos judiciales actuará como secretario técnico.

*(Nota: Modificado por la Resolución 565 de 2012 artículo 1° del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)

ART. 44.—Funciones. El comité de normalización de cartera tendrá como funciones, entre otras:

— Estudiar y aprobar el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago y las garantías ofrecidas por los deudores de las obligaciones, cuyo plazo sea superior a doce (12) meses.

— Estudiar y recomendar al representante legal de la entidad la prescripción de oficio de las obligaciones objeto del cobro persuasivo o coactivo, en los términos del artículo 817 del estatuto tributario o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

— Estudiar y recomendar al representante legal de la entidad la remisibilidad de las obligaciones de conformidad con el capítulo VII del presente reglamento y el estatuto tributario o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

— Hacer recomendaciones para la clasificación de la cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda, en los términos del capítulo IX de la presente resolución y con base en la información suministrada por las dependencias a la cual correspondan.

— Las demás que por su naturaleza le correspondan.

ART. 45.—Reuniones y sesiones. El comité de normalización de cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, se reunirá cada vez que las circunstancias lo exijan, previa citación del secretario técnico. Sesionará con un mínimo de cuatro (4) miembros dentro de los cuales deberá estar el secretario general o su delegado, y adoptará las decisiones por mayoría simple.

CAPÍTULO IX

De la clasificación de la cartera

ART. 46.—Clasificación. Con el fin de orientar la gestión de recaudo, y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, se podrá clasificar la cartera del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda, en obligaciones recaudables o de difícil recaudo, en atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor; para este efecto se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

46.1. Clasificación por cuantía. Permite identificar la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a saber:

— Mínima cuantía: inferiores a 15 smmlv.

— Menor cuantía: desde 15 smmlv, hasta 90 smmlv.

— Mayor cuantía: superior a 90 smmlv.

46.2. Criterio de antigüedad. Se aplicará en consideración al término de prescripción de la acción de cobro para las obligaciones, dándole prioridad a la más cercana a la prescripción.

46.3. Criterio en cuanto a la naturaleza de la obligación:

— Disciplinaria.

— Costas.

— Multas y sanciones.

— Sentencias y conciliaciones.

— Cuotas partes pensionales.

— Restitución de subsidios familiares de vivienda de interés social.

— Otros actos administrativos que cumplan con las condiciones del numeral 1º del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo sustituyan, adicionen o modifiquen.

46.4. Condiciones particulares del deudor. Estos criterios están referidos a la naturaleza jurídica del deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligación.

— En razón de su naturaleza jurídica:

a) Persona jurídica de derecho público;

b) Persona jurídica de derecho privado;

c) Persona natural.

— En razón del comportamiento del deudor:

a) Voluntad de pago. Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago;

b) Reincidente: es el deudor que en el transcurso de dos (2) años mantiene un comportamiento reiterado en el incumplimiento de la obligación en más de tres (3) oportunidades;

c) Renuente: deudor que además de omitir el cumplimiento voluntario de la obligación durante un término superior a cuatro (4) años, en forma reiterada no responde a las acciones persuasivas o de cobro, no tiene voluntad de pago.

CAPÍTULO X

Disposiciones finales

ART. 47.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 4 de noviembre de 2011.