Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 5780 DE 2011 

(Diciembre 27)

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3899 de 8 de septiembre de 2010”.

(Nota: Derogada por la Resolución 6130 de 2015 artículo 2° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lleras,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 9º, 10, 12 y 78 de la Ley 489 de 1998, el literal n) del artículo 2º del Decreto 276 de 1988, el artículo 21 de la Ley 7ª de 1979, los artículos 13 y 84 del Decreto 2388 de 1979, y el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, y

CONSIDERANDO:*

Que al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia De la Fuente de Lleras, ICBF, le corresponde asistir al Presidente de la República en la inspección y vigilancia de que trata el numeral 26 del artículo 189 de la Constitución Política, sobre las instituciones de utilidad común que tengan como objetivo la protección de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, y dictar las normas administrativas indispensables para regular la prestación del servicio, el cumplimiento pleno de sus objetivos y el funcionamiento del sistema nacional de bienestar familiar (SNBF).

Que el artículo 16 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la lnfancia y la Adolescencia, establece el deber de vigilancia del Estado a todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, niñas o adolescentes, y ratifica la competencia del ICBF como ente rector, coordinador y articulador del sistema nacional de bienestar familiar para otorgar, reconocer, renovar, suspender y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema.

Que el artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia determina el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), como un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible, que se rige por las normas subsiguientes y, en lo no previsto, por la Ley 906 de 2004 (CPP), exceptuando aquellas disposiciones que sean contrarias al interés superior de los adolescentes.

Que el artículo 177 de la Ley 1098 de 2006, establece que las sanciones aplicables a los adolescentes a los que se les haya declarado su responsabilidad penal, dentro del marco del SRPA, se cumplirán en programas de atención especializados del SNBF y deberán responder a los lineamientos técnicos diseñados por el ICBF.

Que el ICBF expidió la Resolución 3899 de 8 septiembre de 2010, por la cual se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema nacional de bienestar familiar, que prestan servicios de protección integral, y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional, en virtud de la cual las instituciones y operadores de las modalidades del SRPA vienen prestando el servicio público y desarrollando las modalidades, por lo que se han especializado en la atención y conocimiento calificado de esta población.

Que la demanda de cupos para el cumplimiento de las medidas de privación de liberad ha sobrepasado la oferta institucional y, por lo tanto, ha sido necesario brindar el servicio en plantas físicas construidas bajo los parámetros del Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, actualmente casi en su totalidad derogado, por lo que, el ICBF, con apoyo de algunos entes territoriales, ha realizado algunas adecuaciones de infraestructura en establecimientos preexistentes y ha construido nuevos centros.

Que el ICBF se encuentra en un proceso de revisión de las condiciones de infraestructura, técnicas y legales, con el fin de determinar la inversión total de los planes de mejoramiento y la adecuada prestación de los servicios del SRPA, asegurando el cumplimiento de los requisitos y la garantía de los derechos de los adolescentes.

Que el cumplimiento de las medidas de privación de libertad, como proceso de atención pedagógico, educativo y restaurativo, es un servicio público a cargo del Estado que no puede ser suspendido o interrumpido, pues proporciona a los jueces el cumplimiento de las sanciones legales y a los adolescentes los medios adecuados para su protección y educación.

Que de acuerdo con lo anterior, y en cumplimiento del principio de interés superior de los niños, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política se hace necesario que el ICBF garantice la continuidad en la atención de los servicios brindados por las instituciones que operan las modalidades del SRPA y conflicto con la ley, dada su trayectoria y experiencia en el manejo de esta población.

Que por lo anterior y en cumplimiento del principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes se hace necesario crear una clase de licencia de funcionamiento transitoria para las instituciones que prestan servicios en las diferentes modalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 13 de la Resolución 3899 de 2010, en el sentido de adicionar el siguiente parágrafo:

PAR. 4º—Licencia de funcionamiento transitoria para las instituciones que prestan el servicio del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley. Es el acto administrativo mediante el cual el ICBF, en cabeza del director regional que corresponda, autoriza a una persona jurídica, por un término de un (1) año, prorrogable por un término igual, para que preste servicios en las diferentes modalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y en conflicto con la ley en los casos en que no pueda acreditar uno o varios de los requisitos de que trata la Resolución 3899 de 2010.

Para la expedición de esta clase de licencia, la institución deberá presentar un plan de mejoramiento que identifique los aspectos objeto de mejora, los responsables y los tiempos para su cumplimiento, el cual deberá ser aprobado por el director regional, quien, además, velará por su estricto cumplimiento y certificará que los aspectos incluidos en este, no ponen en riesgo la vida e integridad de la población atendida.

En los casos en que se requiera prorrogar el término inicial de un (1) año, deberá realizarse por parte del director regional una verificación del avance en el cumplimiento del plan de mejoramiento tomando como referencia los términos y condiciones en que se aprobó el mismo.

Cuando los inmuebles sean de propiedad de los entes territoriales y la no acreditación de los requisitos haga referencia a las condiciones de infraestructura, por lo que la institución no pueda atenderlos, el director regional le solicitará a los entes respectivos la disponibilidad de recursos para subsanar el incumplimiento lo antes posible y remitirá copia de la solicitud a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

(Nota: Derogado por la Resolución 6130 de 2015 artículo 2° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

ART. 2º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá ser publicada en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2011.

(Nota: Derogada por la Resolución 6130 de 2015 artículo 2° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)