RESOLUCIÓN 580 DE 2000 

(Marzo 24)

“Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento a seguir en el adelantamiento de las actuaciones administrativas”.

El Presidente de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud, S.A., Ecosalud S.A.,

en uso de las facultades conferidas por los artículos 49 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 01 de enero 2 de 1984 emanado de la Presidencia de la República de Colombia reformó el Código Contencioso Administrativo dándole a éste, de conformidad con su artículo 1º, un campo de aplicación sobre “los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos sus órdenes...”;

La Ley 10 de 1990 en su artículo 42, modificado por el artículo 285 de la Ley 100 de 1993 declaró como arbitrio rentístico de la Nación la explotación monopólica en beneficio del sector salud, de todas las modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes de las loterías, apuestas permanentes y rifas menores y el artículo 43 de la misma ley autorizó la constitución y organización de una sociedad de capital público de la cual son socias la Nación, los departamentos o sus entidades descentralizadas titulares de los monopolios rentísticos de las loterías existentes y cuyo objeto sea la explotación y administración del monopolio rentístico creado mediante dicha norma;

Lo recaudado por Ecosalud S.A. como explotadora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar son de destinación específica para el sector salud de conformidad con el artículo 336 de la Constitución Política; los artículos 42 y 43 de la Ley 10 de 1990, el artículo 285 de la Ley 100 de 1993, los decretos 1434 de 1990, 2433 de 1991 y 271 de 1991 y el Acuerdo 04 de 1993;

Al tenor de lo dispuesto en artículo 2º del Código Contencioso Administrativo “la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley”;

El artículo 3º del Código Contencioso Administrativo consagra los principios con que se desarrollarán las actuaciones administrativas y menciona el de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, en forma concordante con el artículo 209 de la Constitución Nacional;

El artículo 4º del Código Contencioso Administrativo en sus numerales 3º y 4º establece que las actuaciones administrativas podrán iniciarse de oficio “Por quienes obren en cumplimiento de un deber legal, y por las autoridades oficiosamente”;

El artículo 28 del Código Contencioso Administrativo establece que: “cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados en forma directa, a éstos se le comunicará la existencia de la actuación y objeto de la misma”;

El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece el principio de la responsabilidad y consagra que: “los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los términos de referencia que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”;

El artículo 34 del Código Contencioso Administrativo consagra que: “Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado”, y el artículo 35 ibídem dice: “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a los particulares;

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite;

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay”;

Que es interés de la administración de Ecosalud S.A., cumplir con los mandatos constitucionales y legales que imponen la obligación de respetar a los particulares el derecho fundamental del debido proceso en todos los momentos de las actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten (C.N., art. 29);

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Reglamentar mediante esta resolución el procedimiento a seguir en el adelantamiento de las actuaciones administrativas.

ART. 2º—Finalidad. La presente resolución tiene como fin establecer un trámite rápido y expedito, garantizando el respeto de los derechos fundamentales, para adelantar las actuaciones administrativas contra operadores de juegos de suerte y azar cuando de las condiciones jurídicas y económicas que rodean el contrato o el permiso de explotación se infiera que existe una irregularidad que eventualmente podría afectar los intereses de Ecosalud S.A. y de la comunidad en general.

ART. 3º—Principios. Siguiendo los lineamientos del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo los principios que regirán las actuaciones administrativas serán los principios de: economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, y contradicción. Además de estos principios se tendrá como una constante en cada actuación administrativa que adelanten los funcionarios de Ecosalud S.A. el principio de la buena fe.

ART. 4º—Causales. Se consideran como causales para iniciar la actuación administrativa las siguientes:

Cuando haya indicios de una irregularidad en la ejecución del contrato o permiso. Estos indicios pueden provenir de las siguientes fuentes: por medio de informe del interventor del contrato; del informe de visita de un funcionario a un establecimiento donde se operen juegos de suerte y azar; de una queja formulada por un particular cuando allegue pruebas sólidas, etc.

ART. 5º—Procedimiento inicial. Una vez se tenga conocimiento de la situación que amerite adelantar una actuación administrativa de oficio, el funcionario encargado de la división que recibe el informe o la queja deberá ordenar en el instante la elaboración de un auto donde se ordene iniciar la mencionada actuación. Este auto es un acto administrativo de trámite contra el cual no procederá ningún recurso de conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo y lo expresado por la jurisprudencia, deberá estar debidamente motivado. Una vez el auto que ordena iniciar la actuación administrativa se encuentre firmado por el funcionario encargado de hacerlo y con visto bueno del presidente de Ecosalud S.A. se enviará copia de este a la persona contra quien se adelantará la actuación acompañada de un oficio donde se le comunique del inicio de la actuación y se le cite para que comparezca ante Ecosalud S.A. un día hábil en horas de oficina. Para establecer la fecha en que debe comparecer la persona citada, se tendrá en cuenta la ciudad donde ésta se encuentre y la demora propia de los trámites de correo, sin embargo, en ningún caso el día de la citación podrá exceder los 15 días calendario a la fecha de expedición del auto correspondiente.

PAR. 1º—El oficio donde se cite al operador de juegos de suerte y azar deberá llevar claramente la individualización del mismo y la mención de que tal comunicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo.

PAR. 2º—En el mismo auto se ordenará la práctica de las pruebas que se consideren pertinentes.

ART. 6º—Procedimiento complementario. Una vez la persona cumpla con la citación el funcionario encargado de adelantar la actuación procederá a atenderlo. Le tomará el juramento de rigor de conformidad con el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, acto seguido preguntará los generales de ley y una vez surtido estos comenzará con el interrogatorio el cual indefectiblemente tendrá que empezar preguntando si conoce el motivo de la diligencia y versará sobre los hechos que dieron lugar a la expedición del auto. En la transcripción del interrogatorio el funcionario deberá, en lo posible, ceñirse a lo manifestado oralmente por el interrogado.

ART. 7º—Durante el interrogatorio el funcionario se abstendrá de realizar preguntas que no tengan relación con los hechos que dieron lugar a adelantar la actuación administrativa. Por ningún motivo podrá hacer preguntas sobre aspectos personales del operador salvo las que se realicen en los generales de ley.

ART. 8º—Fin del interrogatorio. Una vez el funcionario crea haber agotado las preguntas que consideró pertinentes para adelantar la diligencia administrativa, preguntará al interrogado si tiene algo más que añadir a la diligencia. De ser así, procederá a escribir literalmente lo que el interrogado quiera añadir. De ser negativa la respuesta del interrogado se dará término a la diligencia y deberá firmarse en dos copias por quienes en ella intervinieron. De una de las copias firmadas se hará entrega al interrogado y la otra reposará en el expediente que se debe llevar para cada actuación administrativa.

ART. 9º—Procedimiento final. Practicadas las pruebas de conformidad con el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo se evaluarán jurídicamente las situaciones fácticas y jurídicas que dieron lugar a iniciar la actuación administrativa y las pruebas y demás documentos obrantes en el expediente. El acto administrativo que finalice la actuación deberá estar debidamente motivado y en la parte resolutiva se manifestará la decisión correspondiente. Contra esta decisión procederá el recurso de reposición en los términos del artículo 56 del Código Contencioso Administrativo. En ningún caso el término para fallar la actuación administrativa podrá ser superior a quince (15) días hábiles.

ART. 10.—Cuando en el área a la cual le corresponda adelantar la actuación administrativa no se encuentre laborando ningún abogado, deberá, el encargado de ella, enviar un memorando al departamento jurídico con copia del auto que ordena iniciar la actuación administrativa y en dicho departamento se designará un abogado para que conozca del caso y adelante el interrogatorio al operador de juegos de suerte y azar. Una vez realizado esto tal abogado se encargará, bajo la supervisión de la jefe del departamento, de concluir la actuación administrativa.

ART. 11.—Cuando se trate de actuaciones administrativas que versen sobre permisos de juego de suerte y azar el auto que ordene el inicio de la actuación administrativa deberá realizarse en el área respectiva de cada juego, deberá llevar la firma del encargado de cada área con visto bueno del Presidente de Ecosalud S.A. y el oficio de citación deberá ir suscrito por el jefe del área respectiva y el secretario general de la entidad. 2. Cuando la controversia verse sobre el monto o determinación de una ilegalidad el auto debe realizarlo la gerencia de paz y salvos. 3. Cuando se trate de un contrato para juegos intermedios la actuación deberá adelantarla y concluirla la oficina de coordinación de interventorías. 4. En caso de tratarse de juegos mayores corresponderá adelantar y concluir la actuación al departamento jurídico. 5. Cuando se trate de un asunto relacionado con juegos promocionales la actuación administrativa deberá adelantarla y culminarla la dependencia encargada de promocionales.

ART. 12.—La presente resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 24 de marzo de 2000.

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