Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas

RESOLUCIÓN 587 DE 2012

(Septiembre 19)

“Por la cual la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas delega en sus Direcciones Territoriales la función de excluir de estudio formal a aquellas solicitudes radicadas en sus oficinas, que recaigan sobre predios de cualquier parte del territorio nacional, y que no se encuentren dentro de un área macrofocalizada”.

El Director General, 

en ejercicio de sus facultades legales otorgadas por los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, 9º de la Ley 489 de 1998 y en especial de las competencias atribuidas en los numerales 16 y 17 del artículo 9º del Decreto 5801 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-727 de 2000, faculta a las autoridades administrativas a transferir en ejercicio de funciones que les han sido otorgadas en virtud de la ley, a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que el artículo 23 de la Constitución Nacional y el artículo 31 del Código Contencioso Administrativo, disponen que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, a obtener pronta resolución, y que será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que, en términos comedidos, se les formulen y que tengan relación con las actividades a cargo de esas mismas autoridades, respectivamente.

Que el numeral 17 del artículo 9º del Decreto 4801 de 2011, dispone como función de la dirección general la de ordenar los gastos y suscribir como representante legal los actos, convenios y contratos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a la unidad.

Que el numeral 16 del artículo 9º del Decreto 4801 de 2011, establece como función de la dirección general, la de distribuir entre las diferentes dependencias las funciones y competencias que la ley le otorgue a la unidad, cuando no estén asignadas expresamente a alguna de ellas.

Que el Decreto 4829 de 2011, establece que la unidad de restitución de tierras es la encargada de adelantar el procedimiento tendiente a decidir sobre la inscripción de la solicitud en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, respetando las garantías del debido proceso, para que el registro citado sea un instrumento veraz, oportuno e idóneo como presupuesto legal para la restitución judicial.

Que el artículo 209 del capítulo V de la Constitución Política de Colombia, contempla que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, de acuerdo con el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que en virtud del principio de eficacia, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, removerá de oficio los obstáculos puramente formales y evitará dilaciones o retardos del procedimiento administrativo.

Que teniendo en cuenta el principio de economía, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras deberá proceder con austeridad y eficiencia, optimizará el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

Que de acuerdo con el principio de celeridad, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras impulsará oficiosamente los procedimientos administrativos a efectos de que se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.

Que el artículo 5º del Decreto 4829 de 2011, ordena realizar un proceso de macro y micro-focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará el estudio de solicitudes recibidas, atendiendo la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno, requisitos indispensables para proceder a la implementación gradual y progresiva del registro, tal como lo dispone el inciso 2º del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011.

Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 9º, 10 y 11 del Decreto 4829 de 2011 es una facultad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adelantar el estudio preliminar de las solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, sin que ello implique la micro- focalización del área geográfica en la que se encuentra ubicado el predio objeto de la solicitud, dado que lo que se busca con esta etapa, conforme a esas normas, es establecer: (i) las condiciones de procedibilidad para el registro; (ii) descartar de plano aquellos casos que no cumplen los requisitos legales para la inscripción; y (iii) evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen con los requisitos previstos en la ley. Teniendo en cuenta que, para adelantar dicho análisis previo no se requiere ingresar a la zona en la que se ubica el predio, lo que se busca determinar es si se cuenta con los requisitos para iniciar el estudio formal del caso.

Que en línea con lo anterior, es procedente realizar la exclusión del inicio formal del estudio de la solicitud, cuando se constante la ocurrencia de cualquiera de las causales que para tal efecto prevé el artículo 12 del Decreto 4829 de 2011.

Que por razones de celeridad, eficacia, inmediación, conocimiento y economía procesal, y atendiendo a la actual estructura de la Unidad de Restitución de Tierras, es conveniente y ajustado a las necesidades del servicio descartar de plano aquellos casos que no cumplen los requisitos legales para la inscripción, así como evitar que se incluyan predios o personas que no cumplen con los requisitos previstos en la ley, tal como está previsto en el primer inciso del artículo 9° del Decreto 4829 de 2011, de manera que resulta indispensable delegar en las direcciones territoriales la función de excluir de estudio formal a aquellas solicitudes radicadas en sus oficinas, que recaigan sobre predios de cualquier parte del territorio nacional, y que no se encuentren dentro de un área macrofocalizada, cuando se constante la ocurrencia de cualquiera de las causales que para tal efecto prevé el artículo 12 del decreto 4829 de 2011.

Que en mérito de lo expuesto, la dirección,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en las direcciones territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras, para excluir de estudio formal aquellas solicitudes radicadas en sus oficinas, que recaigan sobre predios de cualquier parte del territorio nacional, y que no se encuentren dentro de un área macrofocalizada, cuando se constate la ocurrencia de cualquiera de las causales que para tal efecto prevén los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 6º del artículo 12 del Decreto 4829 de 2011.

ART. 2º—Las direcciones territoriales deberán coordinar con la dirección general y la dirección jurídica de restitución las actividades dirigidas a establecer periódicamente el cumplimiento y desarrollo de las funciones delegadas.

ART. 3º—Por razones de conveniencia administrativa, el director general podrá reasumir las funciones delegadas a las direcciones territoriales, cuando estas no se realicen con la responsabilidad, oportunidad y eficiencia que demandan los servicios, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley 734 de 2002.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 19 de septiembre de 2012.