9.DEFENSA NACIONAL

Obligaciones litigiosas en el Ministerio de Defensa Nacional

Adopción de manual de procedimiento para el reconocimiento y pago

Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN 5906 DE 2011 

(Noviembre 18)

“Por la cual se adopta el manual de procedimiento para el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas en el Ministerio de Defensa Nacional”.

El Ministerio de Defensa Nacional,

en uso de las facultades que le confiere el numeral 2º del artículo 2º del Decreto 3123 de 2007(1), y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 269 de la Constitución Política señala que en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que dispone la ley;

Que según el literal “b” del artículo 4º de la Ley 87 de 1993(2), toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos, debe implementar procedimientos para la ejecución de los procesos, como uno de los elementos básicos del sistema de control interno;

Que así mismo, la citada disposición legal, en su artículo 6º precisa, que el establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia de control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos;

Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley;

Que la administración pública en desarrollo de su gestión, tiene la obligación de establecer los mecanismos idóneos que le permitan cumplir con su misión, sin perjuicio de la función de vigilancia que le compete a los organismos de control;

Que el parágrafo del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, dispone que el control interno se expresará a través de políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades, y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal, entre otros;

Que para dar cumplimiento a lo señalado en las disposiciones antes relacionadas, se hace necesario establecer el procedimiento administrativo para el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas en el Ministerio de Defensa Nacional;

RESUELVE:

ART. 1º—Aprobar y adoptar el manual de procedimiento para el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas en el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo contenido en 22 folios se incorpora y hará parte integral de la presente resolución, teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

ART. 2º—Son responsables de la aplicación y observación del manual de procedimiento para el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas en el Ministerio de Defensa Nacional todos los servidores públicos pertenecientes a la Institución, de conformidad con lo señalado en la Constitución, la ley o el reglamento.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de noviembre de 2011.

Manual de procedimiento para el reconocimiento de obligaciones litigiosas

Manual de procedimientos para el reconocimiento y pago de sentencias y conciliaciones

Tabla de contenido

I. Presentación

II. Objetivo del manual

III. Marco legal

IV. Requisitos y documentos para realizar los pagos

V. Descripción del proceso de reconocimiento y pago obligaciones litigiosas

1. Consecución del rubro para pago de obligaciones litigiosas.

2. Sustanciación y liquidación.

3. Reconocimiento y pago de la obligación.

4. cumplimiento de las obligaciones de hacer.

VI. Flujograma del procedimiento

VII. Anexos contentivos del programa de liquidación y documentos soportes del procedimiento para reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas

1. Instructivo del programa de liquidación (elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

2. Formato verificación de documentos.

3. Modelo para la elaboración de liquidaciones por parte de las Fuerzas sobre los salarios y emolumentos.

4. Modelo de consulta a la DIAN.

5. Contenido del libro radicador de obligaciones litigiosas.

6. Cuadro modelo para seguimiento y asignación de turnos.

7. Modelo de resolución de liquidación de obligación en sentencia o conciliación por nulidad y restablecimiento del derecho.

8. Modelo de resolución de liquidación de obligación en sentencia o conciliación por reparación directa.

9. Modelo de resolución de reliquidación de obligación en sentencia o conciliación.

10. Anexo compilatorio de la normatividad vigente para el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas.

VIII. Recomendaciones

I. Presentación

El presente manual de procedimiento para el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas contiene el conjunto de actividades y tareas necesarias para el cabal cumplimiento de las sentencias y conciliaciones cuyo cumplimiento está a cargo de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional (Fuerzas Militares), y constituye una herramienta guía para los funcionarios encargados de realizar el reconocimiento de dichas obligaciones. En este, se compendian las normas vigentes y los pasos necesarios para que este procedimiento se realice de manera eficiente, ágil, transparente y ajustado a dicha normatividad.

La divulgación, estricta aplicación y la actualización oportuna del presente manual, son la base fundamental para lograr el mejor aprovechamiento y ejecución de los recursos del rubro de transferencias de sentencias y conciliaciones.

II. Objetivos del manual

Asegurar que el reconocimiento y pago de obligaciones litigiosas que se produzcan en contra del Ministerio de Defensa Nacional como resultado de las condenas en procesos ordinarios o contencioso-administrativos, sean atendidos por la entidad con aplicación de los principios de la función administrativa, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Tiene como objetivos específicos:

1. Determinar las dependencias o funcionarios que tienen a su cargo el cumplimiento de los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de las condenas judiciales o conciliaciones que se relacionan en este manual.

2. Servir de guía en la materia al personal a cargo del procedimiento.

3. Fomentar el trabajo en equipo del personal de las distintas dependencias que intervienen en el procedimiento.

4. Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

III. Marco legal

a) Artículos 176, 177, 178 y 179 del Código Contencioso Administrativo;

b) Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004. Se reglamenta el RUT;

c) Circular Externa 34 de 2000. Contaduría General de la Nación;

d) Artículo 111 de la Ley 510 del 3 de agosto de 1999, que modifica el artículo 884 del Código de Comercio;

e) Artículo 60 de la Ley 446 de 1998;

f) Circular Externa del 23 de diciembre de 1997. Títulos TES;

g) Decreto 2126 de 1997;

h) Artículo 203 de la Ley 270 de 1996;

i) Artículo 29 de la Ley 344 de 1996;

j) Decreto 111 de 1996;

k) Artículos 19 y 20 del Decreto 568 de 1996;

l) Artículos 35 a 40 del Decreto 359 de 1995;

m) Artículos 18 y 39 del Decreto 360 de 1995;

n) Decreto 818 del 22 de abril de 1994;

o) Decreto 2841 del 22 de diciembre de 1994;

p) Decreto 768 del 23 de abril de 1993;

q) Artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

Adicionalmente, debe tener en cuenta la Sentencia C-188 de fecha 24 de marzo 1999, proferida por la Corte Constitucional.

IV. Requisitos y documentación para realizar los pagos

En el momento de la liquidación de una obligación la entidad debe contar con los siguientes documentos presentados por el beneficiario y/o apoderado:

A. En sentencias

1. Solicitud de pago (cuenta de cobro) presentada por el (los) beneficiario (s) o su apoderado para el reconocimiento, restablecimiento u obligación dineraria, dirigido a la dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva.

2. Declaración, bajo la gravedad del juramento, en el cual deberá el beneficiario o su apoderado, afirmar bajo la gravedad del juramento que no ha presentado ninguna otra solicitud de pago por el mismo concepto ante ninguna otra autoridad administrativa o judicial.

3. Las personas jurídicas deben acreditar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio y/o Superintendencia Bancaria. Expedida como máximo, dentro de los 4 (cuatro) meses anteriores a la presentación de la solicitud.

4. Primera copia de la providencia judicial que ordenó el pago junto con la certificación expedida por el correspondiente despacho judicial indicando que se trata de la primera copia que presta mérito ejecutivo.

5. Constancia de notificación y fecha de ejecutoria de la sentencia.

6. Copia de los poderes otorgados y certificación expedida por el correspondiente despacho judicial sobre su vigencia, o poder dirigido al Ministerio de Defensa Nacional grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva con facultad expresa al apoderado para el cobro respectivo.

7. Certificación bancaria o de corporación de ahorro en que conste el número de cuenta y la identificación plena del titular de la misma, expedida con fecha no mayor a 30 días al día de su presentación en la entidad.

8. Dirección, teléfono e identificación de los beneficiarios y apoderado.

9. Manifestación a la entidad de si acepta el pago de la obligación en bonos TES.

10. Copia del registro único tributario, RUT.

Documentos que debe solicitar la entidad:

11. Certificación de la DIAN en la que conste que el beneficiario (s) se encuentra a paz y salvo con el tesoro nacional.

12. Certificación sobre tasas de interés bancarias, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Sobre las obligaciones de hacer

• Reintegros o reconocimientos pensionales

En estos eventos se remitirá copia del fallo a la dependencia competente para que cumpla con sus obligaciones indicándole si reposa primera copia con constancia de ejecutoria, o indagando a la dependencia si está en su poder, en cuyo caso, se solicitará la remisión de dichos originales al grupo reconocimiento de obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva, por ser este documento el título ejecutivo que respalda la obligación que se reconoce y paga.

En caso de que la sentencia ordene el reintegro de un funcionario y el pago de emolumentos deberán anexarse al expediente, por trámite interno, los siguientes documentos:

a) Copia del acto administrativo de la respectiva fuerza o unidad ejecutora mediante el cual se reintegra al funcionario.

b) Copia del acta de posesión.

c) Liquidación elaborada por el funcionario competente de la respectiva fuerza o unidad ejecutora acerca de los sueldos, primas, bonificaciones, cesantías, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir por el funcionario en los términos que ordena la sentencia.

d) Si se ordena la indexación de los valores, las certificaciones deberán ser expedidas mes a mes (anexo 2).

e) Certificación expedida por el funcionario competente acerca del nivel y grado correspondiente al último cargo desempeñado por el beneficiario del reintegro, la fecha de su primera posesión y su última dirección registrada.

f) En caso de que la sentencia ordene descontar de la indemnización lo que se hubiera percibido de otras entidades estatales, deberá solicitarse al interesado declaración extra juicio en la que manifieste si recibió salarios o emolumentos de origen oficial durante el tiempo de desvinculación.

g) Si se da el numeral anterior, se deberá solicitar a la entidad en la que el beneficiario haya laborado, una certificación acerca del valor de los sueldos, prestaciones y emolumentos recibidos por aquel.

Nota: de igual manera se procederá, cuando se trate de reconocimientos o reajustes de pensión.

• Orden de prestación de servicios médicos

Cuando la condena contra el Estado colombiano incluya la prestación de servicios y/o atención médica, una vez recibida la cuenta de cobro, se remitirá a la dirección general de sanidad militar para lo de su competencia, pidiendo informar del cumplimiento de la misma al grupo de reconocimiento de obligaciones litigiosas, a fin de dejar constancia en el expediente del turno asignado.

• Reparaciones simbólicas

Ceremonias de disculpas institucionales públicas, publicaciones en medios de comunicación de alta difusión, placas conmemorativas en memoria de las víctimas, etc.

Cuando la condena contra el Estado colombiano incluya este tipo de obligaciones, una vez recibida la cuenta de cobro o la comunicación de la sentencia por parte del despacho judicial, se darán instrucciones a los comandantes de fuerza, o de unidades militares, bien por parte del Ministro de Defensa, secretario general, director de asuntos legales o por el coordinador del grupo de reconocimiento de obligaciones litigiosas, según lo que se haya dispuesto en la sentencia, pidiendo informar del cumplimiento de la misma al grupo de reconocimiento de obligaciones litigiosas, a fin de dejar constancia en el expediente del turno asignado.

Documentos en caso de condena solidaria

En este evento, fuera de los documentos anteriormente relacionados, se debe solicitar a la otra(s) entidad certifique si se ha presentado cuenta de cobro por parte del beneficiario y/o apoderado y si ha cancelado dicha obligación.

Se oficiará a la otra entidad condenada, remitiendo por competencia para que cumpla con su obligación informando si tenemos en nuestro poder la primera copia y constancia de ejecutoria, o indagando a dicha entidad si dichos documentos se encuentran en su poder. Copia de esta comunicación se remitirá al interesado para informar el trámite dado a su solicitud.

B. Conciliaciones

1. Copia auténtica del acta de conciliación.

2. Primera copia del auto aprobatorio de la conciliación o copia con la certificación expedida por el correspondiente despacho judicial indicando que se trata de la primera copia expedida y que presta mérito ejecutivo.

3. Constancia de notificación y de la fecha de ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación.

4. Los demás documentos relacionados para sentencias.

C. Reliquidaciones o Solicitud corrección de la liquidación

1. Cuenta de cobro presentada por el beneficiario y/o apoderado.

2. Manifestación bajo juramento de no haber solicitado anteriormente estas sumas.

3. Certificación bancaria o de corporación de ahorro en que conste el número de cuenta y la identificación del titular de la misma, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

4. Resolución de pago de la obligación y constancia de la fecha de la cancelación (obligación a cargo de la entidad).

5. Copia del registro único tributario, RUT:

Documentos en caso de revocatoria de poder con la facultad de recibir presentado ante la entidad

En este caso se debe oficiar al apoderado informando de la revocatoria del poder para que se allegue a la entidad una de estas dos opciones:

1. Paz y salvo del abogado.

2. Documento firmado por beneficiario y apoderado en que manifiesten un acuerdo para la entrega de dinero.

Nota: en caso de no presentarse este acuerdo los dineros se consignarán a nombre del respectivo despacho judicial en la cuenta de depósitos judiciales con el fin de que allí se dirima el conflicto, de igual manera se hará cuando se trate de cesiones que no resulten claras o presenten diferencias en los valores que en ellas se señalan y los indicados en el fallo o acuerdo conciliatorio.

V. Descripción del proceso de pago de sentencias - conciliaciones

1. Consecución del rubro para el pago de sentencias y conciliaciones.

2. Sustanciación y liquidación.

3. Pago de la obligación.

4. Cumplimiento obligaciones de hacer.

1. Consecución de la apropiación para el pago de sentencias y conciliaciones

Dependencias que intervienen. Obligaciones y responsabilidades

• Dirección de planeación.

• Dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva.

• Dirección administrativa - grupo financiero.

Dirección de planeación

• Solicitar anualmente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de Presupuesto Nacional, las adiciones presupuestales que se requieran para la presente vigencia para el pago de sentencias y conciliaciones, de acuerdo con la normatividad vigente.

• Solicitar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de Presupuesto Nacional, las apropiaciones que se requieran para la siguiente vigencia fiscal necesarias para el pago de sentencias y conciliaciones, de acuerdo con la normatividad vigente.

Dirección asuntos legales

• Llevar un control del valor de las obligaciones a cargo del Ministerio de Defensa por concepto de sentencias y conciliaciones, según registros de estimado y pasivo real.

• Informar a la dirección de planeación la apropiación a solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el pago de sentencias y conciliaciones, para la vigencia del año inmediatamente siguiente.

• Informar mensualmente a la dirección administrativa - grupo financiero el pasivo contingente a cargo del Ministerio de Defensa Nacional por concepto de demandas presentadas en su contra, para la respectiva asignación de PAC mensual.

• Informar a la dirección planeación, de las necesidades de adición presupuestal cuando las necesidades lo requieran.

• Informar a la secretaría general del Ministerio de Defensa Nacional sobre la ejecución mensual de los recursos asignados para el pago de sentencias y conciliaciones.

• Crear las cuentas de terceros en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y una vez activa, proferir resolución de reconocimiento y pago de la obligación.

Dirección Administrativa - Grupo Financiero

• Verificar la imputación presupuestal y apropiación disponible para el pago de sentencias y conciliaciones.

Gestionar de acuerdo con los requerimientos de la dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas, las adiciones presupuestales necesarias por concepto de las obligaciones a cargo del Ministerio de Defensa Nacional para el pago de Sentencias y conciliaciones, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general del Presupuesto Nacional, a través de la Dirección de Planeación del Ministerio de Defensa Nacional.

• Realizar la cadena presupuestal para efectuar el pago al beneficiario final (certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de registro presupuestal, obligación y orden de pago), de conformidad con los actos administrativos de liquidación de las obligaciones litigiosas proferidos por el ordenador del gasto de este rubro.

• Solicitar el cupo PAC ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección del Tesoro Nacional, a través de la dirección de finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con las políticas y formatos establecidos.

• Convalidar en el SIIF, el número de las cuentas bancarias creadas por el grupo de reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva.

Dirección de finanzas

• Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección del Tesoro Nacional, la apropiación de cupo PAC de acuerdo con los requerimientos presentados por la dirección administrativa - grupo financiero, por concepto de transferencias corrientes para el pago de las sentencias y conciliaciones a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

2. Liquidación y sustanciación de las obligaciones litigiosas

Dependencias que intervienen. Obligaciones y responsabilidades

• Dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas

• Dirección asuntos legales - grupo negocios generales

• Ordenador del gasto

• Dirección administrativa - grupo financiero

Dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas

• Recepcionar la cuenta de cobro y documentos de ley presentados por el beneficiario(s) y/o apoderado, revisando uno a uno los documentos aportados.

• Si al revisar la información se verifica que faltan uno o varios de los documentos que se enunciaron anteriormente el grupo reconocimiento obligaciones litigiosas requerirá por escrito al beneficiario o a su apoderado para que los allegue, sin perjuicio de que se solicite directamente si le fuera posible.

• Radicar la cuenta de cobro en los libros y programas creados para tal fin.

• Se debe verificar que no se haya presentado otra solicitud para el pago de la misma providencia o conciliación y que no se haya efectuado el pago total con anterioridad por el mismo concepto. De haberse efectuado pagos parciales, se verificará que la nueva solicitud sea procedente.

• En caso necesario se oficiará a la autoridad judicial que corresponda para solicitar certificación sobre la existencia del proceso, si se expidió primera copia de la providencia y a quién se hizo su entrega, la identificación, dirección y teléfono de los beneficiarios y a su apoderado y sobre la vigencia de los poderes otorgados. Cuando se reciba se incluirá en la carpeta del turno asignado.

• Se debe remitir escrito a la dirección general de Crédito Público, solicitando información sobre los términos y condiciones financieras del título de tesorería TES clase B con la cual se hará la oferta de pago correspondiente, cuando así lo precisen las circunstancias.

• Oficiar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para solicitar la certificación de que trata el Decreto 2126 de 1997 sobre la existencia de obligaciones tributarias a cargo de los beneficiarios. Cuando se reciba se archivará en la carpeta del turno asignado.

• Cuando la sentencia disponga el reintegro de un funcionario, dentro de los 30 días siguientes a su notificación solicitará por escrito a la dependencia competente que expida el correspondiente acto administrativo para el cumplimiento del fallo, previa verificación de la constancia de ejecutoria.

• Solicitar a las dependencias o entidades competentes la documentación necesaria para la liquidación según el caso.

• Liquidar la obligación proyectando resolución de cumplimiento.

• Solicitar a la dirección administrativa - grupo financiero certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).

• Sustanciar la resolución para la firma del ordenador del gasto.

• Una vez hecho el pago de la obligación debe remitir al grupo contencioso constitucional, para el respectivo análisis de repetición.

Ordenador del gasto

• Firmar la resolución de cumplimiento del pago.

• Devolver los antecedentes y acto administrativo a la dirección de asuntos legales.

Dirección asuntos legales - grupo negocios generales

• Enumerar y comunicar la resolución de cumplimiento de pago al beneficiario y/o apoderado.

• Archivar el original de la resolución.

• Devolver antecedentes del pago al grupo reconocimiento obligaciones litigiosas con copia de la resolución de cumplimiento, para el registro de rigor por parte del grupo.

3. Pago de las obligaciones Litigiosas derivadas de sentencias y acuerdos conciliatorios.

Dependencias que intervienen. Obligaciones y responsabilidades

• Dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva.

• Dirección administrativa - grupo financiero.

• Dirección administrativa - grupo tesorería principal.

Dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas

• Remitir la Resolución a la dirección administrativa - grupo financiero junto con el CDP y el pantallazo de registro en SIIF de la cuenta bancaria de los beneficiarios y/o apoderado, en estado de cuenta activa, para la expedición del respectivo CRP y para continuar proceso de registro contable y pago.

Dirección administrativa - grupo financiero- áreas presupuesto y contabilidad

• Solicitar a la dirección de finanzas la disponibilidad de PAC mensual por el valor de las obligaciones reales para el pago de sentencias y acuerdos conciliatorios a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

• Convalidar las cuentas creadas en el sistema integrado de información financiera, SIIF (incluyendo la cuenta bancaria y/o de ahorros del beneficiario y/o apoderado en el sistema integrado información financiera, SIIF).

• Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal a través del SIIF.

• Expedir el certificado de registro presupuestal a través del SIIF.

• Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección del Tesoro Nacional, a través de la dirección de finanzas y de acuerdo con el plan de pagos, la asignación del cupo PAC.

• Remitir la resolución y antecedentes necesarios para el pago, al área de cuentas por pagar.

• Asignar los dineros correspondientes a la respectiva resolución de pago.

• Registrar en el balance los pasivos originados por obligaciones litigiosas.

Dirección administrativa - grupo financiero - cuentas por pagar.

• Recibir y verificar la documentación que soporta la elaboración de las obligaciones.

• Verificar las retenciones a que haya lugar para el pago de sentencias y conciliaciones.

• Expedir a través del SIIF, las obligaciones respectivas y tramitarlas para firma del ordenador del gasto, según corresponda la cuantía.

• Expedir la orden de pago y verificar que el Ministerio de Hacienda haya aprobado la cuenta bancaria del beneficiario y/o apoderado para la consignación de la obligación.

• Remitir la resolución y antecedentes por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacional reconoce la obligación al beneficiario final, para su pago, al área de tesorería.

• Expedir los certificados de retenciones tributarias.

• Oficiar a la DIAN sobre retenciones tributarias, cuando le sea solicitado.

Dirección administrativa - tesorería principal

• Consignar los dineros al apoderado y/o beneficiario en la respectiva cuenta bancaria o de ahorros aprobada por el sistema, el día hábil siguiente a la fecha con que se liquidó la obligación en el acto administrativo de reconocimiento.

• Cuando se trata de sucesiones, los dineros correspondientes por sentencia o conciliación, deben ser consignados en la cuenta de depósitos judiciales de la respectiva corporación, con el fin de no generar intereses a la administración durante el trámite de la sucesión entre los beneficiarios, previa estipulación por parte del grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva en la resolución que reconozca la obligación.

• Expide el correspondiente paz y salvo de consignación de la obligación.

• Expide certificaciones de pago de las obligaciones derivadas de sentencias y conciliaciones a la dirección asuntos legales - grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva.

• Solicita los fondos a la dirección del Tesoro Nacional.

• Cancela las retenciones efectuadas dentro de los plazos previstos.

• Elabora el comprobante de egreso y envía al área de contabilidad los egresos con los respectivos soportes del pago.

Procedimiento para el pago de sentencias o conciliaciones en títulos TES Clase “B”

Sentencias. En el evento de que el beneficiario o apoderado no hayan efectuado manifestación de no aceptación del pago en títulos TES clase “B” en la cuenta de cobro, se le debe remitir por parte de la entidad ofrecimiento de pago en esta modalidad.

Conciliaciones. El reconocimiento de conciliaciones en títulos TES clase “B” se puede efectuar a través de dos modalidades:

1. En el evento de que el beneficiario o apoderado no hayan efectuado manifestación de no aceptación del pago en títulos TES clase “B” en la cuenta de cobro, se le debe remitir por parte de la entidad ofrecimiento de pago en esta modalidad.

2. En el momento de la Conciliación se pacta el reconocimiento de esta obligación en títulos TES clase “B”, lo cual produce efectos de aceptación.

Procedimiento

En el evento de que tengamos la aceptación del pago de la obligación en títulos TES clase “B”, se procede así:

1. Se oficia a la DIAN en cumplimiento del Decreto 2126 de 1997 solicitando información de si los beneficiarios son deudores del tesoro (no debe tener más de dos meses de antigüedad).

2. Se solicita al Ministerio de Hacienda a través de la dirección de Crédito Público las condiciones para el mes de pago de los títulos TES.

3. Una vez se tengan las condiciones, se le remiten al beneficiario y/o apoderado con el fin de que se envíe a la entidad por parte del beneficiario y del apoderado documento de aceptación de las condiciones remitidas, las cuales deben ser plasmadas en el documento solicitado.

4. Se le solicita al beneficiario y/o apoderado que abra una cuenta de depósito central de valores, DCV, en una entidad del sistema financiero, donde se le consignará el título valor.

5. Se procede a liquidar la obligación reconociéndose intereses hasta la fecha de expedición del título TES (esto permite reconocer totalmente la obligación y no cancelar posteriormente reliquidación de intereses).

6. Se elabora oficio dirigido al director de crédito público del Ministerio de Hacienda firmado por el Representante Legal de la entidad, solicitando el pago de la obligación en títulos TES clase “B”, Junto con los siguientes documentos:

1. Liquidación de la obligación.

2. Ofrecimiento de las condiciones de títulos TES.

3. Aceptación del pago en títulos TES suscrita por apoderado y beneficiario.

4. Certificación de la DIAN.

5. Copia de la cuenta DCV.

6. Copia de la cédula de ciudadanía del apoderado, y

7. Copia de la sentencia o conciliación.

7. El anterior documento debe ser remitido antes del día décimo calendario del mes a la dirección de crédito público.

8. Se debe solicitar al Ministerio de Hacienda copia de la resolución de reconocimiento de la obligación.

Nota: el acuerdo de pago establecido en el artículo 11 de la circular externa del 23 de noviembre de 1997 no opera para las entidades públicas del orden nacional ya que sus dineros provienen del Presupuesto General de la Nación. Esta disposición se aplica a los entes territoriales.

VI. Flujograma del procedimiento

VII. Anexos contentivos del programa de liquidación y documentos soportes del procedimiento del pago de sentencias y conciliaciones

Anexo número 1. Instructivo del programa de liquidación (elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - adaptado al MDN).

Programa de liquidación de sentencias y conciliaciones (elaborado y entregado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - adaptado al MDN).

A través de este programa se podrán liquidar intereses corrientes exclusivamente, y moratorios a la vez y se podrán actualizar los valores de acreencias laborales con base en el índice nacional de precios al consumidor, IPC. Para la liquidación de las sentencias se utiliza el programa diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para este fin.

Igualmente, este programa calcula los pagos con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (la indexación) para el pago de acreencias laborales, el cálculo de intereses corrientes y moratorios.

Para liquidar las sentencias proferidas en contra de la entidad se usa el aplicativo Seycon.

1. Reparación directa.

Se utiliza cuando se ordena a la Nación el pago de reconocimiento de intereses sobre una sentencia en los términos de lo establecido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (modificado por la Sentencia C-188 de 1999, Corte Constitucional).

Tasa

Menú: a) Tabla; b) liquidar; c) salir, el desplazamiento en este menú se hace con los cursores de dirección (, ¯, ¬, ®) y se ingresa con Enter ().

1.1. Tabla:

Debe actualizar las tasas de interés de acuerdo con los certificados que expide mensualmente la Superintendencia Financiera, mediante resolución.

El menú presentado es: corriente - mora - claves - salir, el desplazamiento en este menú se hace con los cursores de dirección (, ¯, ¬, ®) y se ingresa con enter ().

1.1.1. Interés corriente: se alimenta la opción corriente donde le solicita la información a actualizar.

Corriente ()

Número de la resolución = número de la resolución expedida por la Superintendencia Bancaria, en la que indica el valor del interés corriente bancario.

Fecha = fecha de la resolución, mm/dd/aaaa.

Período inicial = fecha desde la que rige la resolución mm/dd/aaaa.

Período final = fecha hasta donde cubre la resolución mm/dd/aaaa, esta fecha queda abierta cuando el sistema está al día, y se actualiza en el siguiente mes cuando se ingresa el nuevo período inicial.

Tasa = dato dado por la Superintendencia Bancaria en la columna de interés bancario corriente.

Cuando termina de ingresar la información solicita la verificación, S/N, si desea continuar graba los datos ingresados (S), los cuales no se pueden modificar una vez hayan sido tomados por el sistema. Copia de seguridad queda grabada automáticamente en el servidor del grupo de sistemas de este Ministerio.

Importante: antes de ratificar la información ingresada (S), verifique nuevamente todos los datos y en caso de encontrar error oprima la tecla (N), la cual hará que los datos no sean archivados y vuelva a repetir la operación.

1.1.2. Interés moratorio:

Mora ()

Número resolución = número de la resolución expedida por la Superintendencia Bancaria, en la que indica el valor del interés para los créditos ordinarios.

Fecha = fecha de la resolución, mm/dd/aaaa.

Período inicial = fecha desde la que rige la resolución mm/dd/aaaa.

Período final = fecha hasta donde cubre la resolución mm/dd/aaaa, esta fecha queda abierta cuando el sistema está al día, y se actualiza en el siguiente bimestre cuando se ingresa el nuevo período inicial.

Tasa = corresponde al valor de la columna del interés de crédito ordinario suministrado por la Superintendencia Financiera multiplicado por 1.5.

Nota: para consultar los datos ingrese por liquidar; oprima F1 para mostrar las tablas existentes (primero presenta las tasas de interés corriente y luego las de moratorio); oprima Escape para salir de la opción.

1.1.3. Claves:

Esta opción se utiliza para el cambio de claves del administrador del programa, solicita la clave existente y posteriormente la nueva.

1.1.4. Salir:

Sale de la opción de actualización de tablas.

1.2. Liquidar:

Cuando se ingresa a liquidar el programa le solicita los datos de la sentencia o conciliación objeto de liquidación.

Beneficiario = nombre y apellido del beneficiario.

Número de radicado = el número del expediente.

Número de abogados = el número de 1 a 200 de acuerdo con la distribución de expedientes entre los mismos.

Capital a liquidar = monto total del capital sobre el que se va a pagar los intereses.

Fecha inicial = día siguiente a la fecha de la ejecutoria mm/dd/aaaa.

Fecha final = el día anterior a la fecha de pago mm/dd/aaaa.

Ya se pagó capital [s]í o [n]o = Solo debe responder S o N según el caso.

Liquidar solo (N) normal = cuando se escribe [N] se refiere a los intereses normales es decir ** (**) meses de intereses corrientes y ** (**) meses de intereses moratorios.

Liquidar solo (M) moratorios = cuando se escribe (M) se liquida solamente los intereses moratorios.

[P]antalla, [I]mpresora o [A]rchivo = dependiendo la forma como se desee ver el resultado de la liquidación, cuando se requiere llevar a la resolución de reconocimiento de pago se ordena que genere archivo, para posteriormente copiarlo y pegarlo en el respectivo documento. Se identifica en el programa con el número de expediente que se ingresó.

1.3. Salir.

Una vez terminada la(s) liquidación(es), sale de la aplicación JUR.

2. IPC (nulidades y restablecimiento)

Se utiliza cuando se liquidan sentencias de acreencias laborales y se ordena el pago de mesadas actualizadas (indexadas) de acuerdo con la certificación del Departamento Administrativo de Estadística, DANE.

IPC - 2000

I PC ().

El menú presentado es: = tablas - liquidar - salir

2.1. Tablas:

Esta opción se utiliza para la actualización de acuerdo con las tasas de índice de precios al consumidor suministrado por el DANE, en el índice de variación mensual de precios al consumidor.

Menú = 1. Valor IPC - 2. Claves - 3. Salir

2.1.1. Valor IPC

Aparece en la pantalla el número del registro y la fecha que se va a actualizar; solicita la siguiente información:

Total nacional = total de ingresos medios y bajos.

Total ingresos medios = total ingresos medios (empleados).

Total ingresos bajos = total ingresos bajos (obreros).

Una vez termina de actualizar da la indicación que no desea continuar.

2.1.2. Claves.

Esta opción se utiliza para el cambio de claves del administrador del programa, solicita la clave existente y la nueva clave.

2.1.3. Salir.

Sale de la opción de actualización de tablas.

2.2. Liquidar.

Cuando ingresa a liquidar solicita los datos de la sentencia objeto de liquidación.

Solicita que se le indique la forma como desea la presentación, [A]rchivo, [I]mpresora, [S]alir:

Radicado = número del expediente asignado a la sentencia.

Beneficiario = nombre y apellido del beneficiario de la sentencia.

Fecha de ejecutoria = fecha exacta de la ejecutoria de la sentencia mm/dd/aaaa.

Usar índice nacional, medio bajo = [N]acional, [M]edio, [B]ajo.

Corregir seguir = [C]orregir, [S]eguir.

Fecha inicial de la liquidación = fecha de retiro del servicio del funcionario mm/dd/aaaa.

Fecha final de la liquidación = fecha de reintegro del funcionario mm/dd/aaaa.

Mes a liquidar: (aparece desde el mes de retiro) valor (aparece el valor del Índice).

Capital a liquidar $ valor que debería haber devengado en el mes que solicita el programa

Nota:

1. Se debe solicitar al grupo de talento humano, o quien haga sus veces, del ministerio o jefes de personal de las fuerzas, que certifique mes a mes los devengos que dejó de percibir del beneficiario de la sentencia.

2. El capital a liquidar, se debe calcular sobre los devengados netos, es decir, se debe descontar el aporte correspondiente a seguridad social en cada uno de los meses.

2.3. Salir.

Una vez terminada la(s) liquidación(es), sale de la aplicación IPC.

VIII. Recomendaciones prácticas

1. Lleve una relación detallada de las obligaciones litigiosas allegadas a la entidad para pago, estableciendo el orden de llegada y la fecha en que se completaron los documentos necesarios para el cumplimiento.

2. En el momento de efectuar la liquidación de la sentencia o conciliación debe tener en cuenta lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998, para determinar si es necesario suspender los términos para el reconocimiento de intereses.

3. Lleve un control de lo pagado, contra el rubro de sentencias y conciliaciones (obligaciones litigiosas) asignado a la entidad, con el fin de que se pueda establecer fácilmente si es necesario solicitar en algún momento adición presupuestal.

4. Utilice el programa elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptado por este Ministerio, para la liquidación de intereses, este le permitirá tener una mayor certeza sobre el valor a pagar.

5. En caso de no tener suficiente PAC en caja para cancelar el crédito judicial o conciliatorio en turno, puede optar por efectuar un abono parcial o cancelar el que se encuentre en el turno de pago siguiente y que se adecue a la suma de dinero que se tenga en ese momento.

6. Procedimiento en caso de error en liquidación por mayor valor. En ese sentido se procederá oficiosamente o a solicitud de parte, en caso que involuntariamente se haya presentado un error en la liquidación pagando un mayor valor del contenido en la obligación. Para tal fin se pondrá a disposición del tercero el número de la cuenta bancaria destinada para este fin por la tesorería del Ministerio de Defensa en solicitud de que se reintegre el valor correspondiente de manera inmediata y de ello se dará aviso a la tesorería para efectuar el respectivo reintegro. De presentarse renuencia por parte del tercero, se emitirá acto administrativo declarándole deudor y se tramitará para dar inicio a cobro coactivo.

Una vez hecho el reintegro del mayor valor pagado, se proferirá acto administrativo, aceptando el pago y declarando a paz y salvo al deudor, de este acto se remitirá copia al grupo financiero, para efectos de registrar la correspondiente devolución.

7. Cesiones. Se tramitan a solicitud de las partes interesadas, con firmas debidamente autenticadas y el debido aporte de los soportes de la cuenta, conforme a formatos y carta, según modelos propuestos en el anexo del presente manual. Conforme a la normatividad colombiana, vigente en la materia, al momento de la notificación y aceptación.

8. Remisión de resolución de reconocimiento a otras dependencias con injerencia en el cumplimiento de la obligación. Una vez surtido el procedimiento de reconocimiento y pago de la obligación, en los eventos de nulidades y restablecimiento del derecho, se remitirá copia de la resolución de reconocimiento a las direcciones de personal de la respectiva unidad ejecutora y/o al grupo de prestaciones sociales del ministerio, para que conste el cumplimiento de la obligación, con lo que se permitirá un adecuado seguimiento a las obligaciones litigiosas a cargo de la entidad y se evitarán dobles reconocimientos.

9. Tenga este manual para consultar el procedimiento y divúlguelo entre todas las dependencias que intervengan en el trámite para el pago de sentencias y conciliaciones.

Nota: a partir del 2 de julio del 2012 se debe tener en cuenta los principios establecidos en el artículo 3º de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y los artículos 192 a 195 y 297 a 299 ibídem, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias y conciliaciones.

Normatividad aplicable

Normatividad aplicable al procedimiento administrativo de pago de sentencias

Código Contencioso Administrativo

 

ART. 176.—Ejecución. Las autoridades a quienes correspondan la ejecución de una sentencia, dictarán dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.
ART. 177.—Efectividad de las condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las condenas conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.
El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor General de la República, los contralores departamentales, municipios y distritales, el Consejo de Estado y los Tribunales Contenciosos Administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se haya incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
ART. 178.—CCA. Ajuste de valor. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción Contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste a dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.

 

LEY 45 DE 1990 

(Diciembre 18)

Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones.

ART. 72.—Sanción por el cobro de intereses en exceso. <Ver notas del editor> Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la Ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción.

PAR.—Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, cuando se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, esta velará porque las mismas cumplan con la obligación de entregar las sumas que de conformidad con el presente artículo deban devolverse.

DECRETO 768 DE 1993 

(Abril 23)

Diario Oficial 40.847, de 27 de abril de 1993

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

por el cual se reglamentan los artículos 2º, literal f), del Decreto 2112 de 1992, los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 16 de la Ley 38 de 1989.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales y en especial de la establecida en los ordinales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atender el pago de las obligaciones a cargo de la Nación, de conformidad con las normas pertinentes contenidas en el Decreto 2112 de 1992;

Que el Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 176 y 177 regula lo atinente a las obligaciones por parte de las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia y las atribuciones del agente del Ministerio Público en lo que se refiere a condenas dinerarias en contra de la Nación;

Que la Ley 38 de 1989, en su artículo 16, dispone que la forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación, se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes;

Que es urgente e inaplazable disponer de los mecanismos necesarios para lograr el cabal y oportuno cumplimiento de sentencias a cargo de la Nación,

DECRETA:

ART. 1º—Información previa al pago de obligaciones dinerarias derivadas de sentencias condenatorias a cargo de la Nación. Una vez comunicada una sentencia al organismo que resultare condenado, este dentro del término de (30) días previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, procederá a expedir una resolución mediante la cual se adopten las medidas para su cumplimiento, entre las cuales dispondrá el envío de copia de la providencia debidamente autenticada por la secretaría del tribunal respectivo, a la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efecto de la realización de los pagos a que hubiere lugar. Junto con la sentencia remitirá igualmente la siguiente información:

1. Nombre, documento de identificación, número de tarjeta profesional y datos de dirección y teléfono, si fueren conocidos, del abogado o abogados que hayan intervenido en el proceso como apoderados o agentes oficiosos de la parte demandante o peticionaria.

2. Nombre, documento de identificación, número de tarjeta profesional y datos de dirección y teléfono, si fueren conocidos del abogado o abogados que hayan intervenido en el proceso como apoderados de la parte demandada.

3. Constancias de notificación y ejecutoria de la sentencia.

4. Cuando la sentencia ordene el reintegro de un funcionario, deberá acompañarse copia auténtica del acto administrativo en que se dé cumplimiento a dicha orden y del acta de posesión respectiva. Así mismo, deberá adjuntarse una certificación donde aparezcan en forma detallada los sueldos, primas, bonificaciones, cesantías y demás prestaciones adeudadas, que correspondan al cargo para el que se ordena el reintegro, así como las sumas efectivamente pagadas en el último año laboral al beneficiario del mismo. Deberá informarse además, sobre el nivel y grado correspondiente al último cargo desempeñado por el beneficiario del reintegro, la fecha de su primera posesión y su última dirección registrada. La certificación a que se viene haciendo referencia deberá ser expedida por el pagador del organismo condenado.

Cuando por cualquier motivo el organismo condenado retarde o incumpla la actuación administrativa requerida para hacer efectivo un reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que este incurriere, la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá efectuar pagos parciales por los valores debidos desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se presente la respectiva solicitud, y desde esa fecha hasta que se produzca la actuación administrativa correspondiente. Para lo anterior, la mencionada subsecretaría jurídica solicitará al organismo condenado, certificación de que aún no se ha producido el acto administrativo de reintegro.

5. Cuando se trate de una conciliación administrativa, deberá acompañarse copia auténtica del acta correspondiente, así como del auto aprobatorio de la conciliación con su correspondiente fecha de ejecutoria.

PAR.—En caso de que el organismo condenado no dé cumplimiento a los trámites aquí establecidos, la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo requerirá para que suministre la documentación e información faltante en el término de (30) días contados desde la fecha en que se le solicite tal documentación e información. En los eventos a que hubiere lugar, la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, comunicará a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.

ART. 2º—Trámite con el Ministerio Público. Una vez proferida una sentencia condenatoria al pago de obligaciones dinerarias a cargo de la Nación, el tribunal respectivo remitirá copia auténtica con constancia de notificación y ejecutoria de la misma, a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

La Procuraduría General de la Nación, una vez reciba la sentencia condenatoria, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior, la remitirá a la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro de los (10) días hábiles siguientes a su recibo, para efectos de adelantar el trámite presupuestal respectivo.

ART. 3º—Solicitud de pago. Quien fuere beneficiario de una obligación dineraria establecida en una sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su apoderado especialmente constituido para el efecto, elevará la respectiva solicitud de pago ante la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito presentado personalmente ante dicha subsecretaría o con escrito dirigido a la misma, donde conste la presentación personal ante juez o notario, en la cual deberá afirmar bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra solicitud de pago por el mismo concepto. Para tales efectos allegará a su solicitud:

a) <Literal modificado por el artículo 2º del Decreto 818 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> primera copia auténtica de la respectiva sentencia con la constancia de notificación y fecha de ejecutoria.

b) De ser el caso, los poderes que se hubieren otorgado, los cuales deberán reunir los requisitos de ley y estar expresamente dirigidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a la subsecretaría jurídica del mismo, la cual cumplidos estos requisitos procederá a efectuar el reconocimiento de la correspondiente personería jurídica.

c) Los datos de identificación, teléfono y dirección de los beneficiarios y sus apoderados.

d) De ser el caso, la certificación del Banco de la República, sobre el valor del gramo de oro.

e) Para los casos de reintegro, deberá anexarse una declaración extrajuicio y personal, en la que se manifieste si se recibieron o no salarios o emolumentos de origen oficial durante el tiempo en que estuvo retirado de su trabajo, e indicarse que no se intentó el cobro ejecutivo después de (18) meses, si fuere el caso.

f) Los demás documentos que por razón del contenido de la condena, sean necesarios para liquidar su valor.

ART. 4º—Trámite en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recibidos los documentos conforme a lo previsto en los artículos anteriores, la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para efectos de expedir la resolución respectiva, verificará que estos se encuentren completos y presentados en debida forma.

Al momento de recibir el pago total, el beneficiario o su apoderado deber otorgar el paz y salvo correspondiente a la Nación. En todo caso, dichos pagos estarán sujetos a la existencia de los recursos presupuestales requeridos para realizar tales desembolsos.

ART. 5º—Pagos por consignación. Si una vez recibida la documentación remitida tanto por el organismo condenado, como por la Procuraduría General de la Nación, el beneficiario o su apoderado no hubieren presentado la solicitud de pago correspondiente, la subsecretaría jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo citará para el efecto en la dirección que repose en el expediente respectivo. Si se desconociere tal dirección se le notificará por estado, conforme al trámite previsto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. Si no obstante cumplido el trámite anterior, transcurrieren (10) días hábiles sin que el beneficiario o su apoderado se hiciere presente, la mencionada Subsecretaría Jurídica procederá a expedir la respectiva resolución, siempre y cuando la documentación allegada así lo permita, y se cuente con la disponibilidad presupuestal respectiva.

<Inciso 2º—modificado por el artículo 3º del Decreto 818 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> si transcurridos veinte días hábiles luego de notificada la resolución sin que el beneficiario o su apoderado se presente a recibir el cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consignará las sumas a pagar en la cuenta depósitos judiciales del Banco Popular a órdenes del respectivo tribunal y a favor de él o los beneficiarios. Se entiende que ha existido pago de una sentencia una conciliación o un laudo arbitral en la fecha de entrega del cheque al beneficiario o su apoderado, o de la consignación en la cuenta depósitos judiciales.

ART. 6º—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporará en su presupuesto los recursos necesarios para atender las sentencias judiciales, conciliaciones administrativas y laudos arbitrales en los que se condena a la Nación. Tales recursos de conformidad con el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, una vez incorporados en el presupuesto general de la Nación serán inembargables. Por consiguiente, en los casos a que haya lugar, se dará cumplimiento al artículo 513 del Código de Procedimiento Civil.

Corresponderá al organismo condenado a cuyo cargo hubiere estado el respectivo proceso, atender el pago de las sumas de dinero que deban ser satisfechas por razón de mandamientos ejecutivos distintos de aquellos proferidos para hacer efectivo el cumplimiento de laudos arbitrales, conciliaciones administrativas y fallos judiciales ejecutoriados conforme a los términos previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 7º—Donde quiera que a lo largo del presente decreto se haga alusión a tribunales, estos comprenderán a todos aquéllos órganos que administren justicia.

ART. 8º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y sustituye todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de abril de 1993.

César Gaviria Trujillo

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del ministro,

Héctor José Cadena Clavijo.

DECRETO 818 DE 1994 

(Abril 22)

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 768 del 23 de abril de 1993.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, y en especial de la establecida en los ordinales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política,

Ver el Decreto Nacional 768 de 1993

DECRETA:

ART. 1º—El incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 1º del Decreto 768 de 1993, será causal de mala conducta y dará lugar a las sanciones disciplinarias y penales a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial del servidor público por cuya actuación u omisión se deriven perjuicios económicos para el Estado, en especial intereses.

También incurrirán en mala conducta y responsabilidad fiscal los funcionarios públicos encargados de la representación externa de los diferentes organismos, así como los apoderados de los mismos, que no defiendan adecuadamente los intereses de la Nación en los procesos judiciales, conciliaciones y laudos en que esta sea parte sin perjuicio de la responsabilidad penal.

ART. 2º—El literal a) del artículo 3º del Decreto 768 de 1993, quedará así: “Primera copia auténtica de la respectiva sentencia con la constancia de notificación y fecha de ejecutoria”.

ART. 3º—El inciso 2º del artículo 5º del Decreto 768 de 1993 quedará así: “Si transcurridos veinte días hábiles luego de notificada la resolución sin que el beneficiario o su apoderado se presente a recibir el cheque, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consignará las sumas a pagar en la cuenta depósitos judiciales del Banco Popular a órdenes del respectivo tribunal y a favor de él o los beneficiarios. Se entiende que ha existido pago de una sentencia una conciliación o un laudo arbitral en la fecha de entrega del cheque al beneficiario o su apoderado, o de la consignación en la cuenta depósitos judiciales”.

ART. 4º—Cuando una decisión judicial disponga el reintegro de un servidor público, su incumplimiento conllevará la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal correspondientes.

ART. 5º—Adiciónase el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 768 del 23 de abril de 1993, en el sentido de incluir como requisito además de los señalados en el mencionado numeral, la presentación de copia autentica de los poderes que los beneficiarios de la condena otorgaron ante la jurisdicción, o en su defecto certificación sobre la identificación de los mismos expedida por la autoridad jurisdiccional respectiva.

ART. 6º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de abril de 1994.

César Gaviria Trujillo

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Héctor José Cadena Clavijo.

Nota: publicado en el Diario Oficial 41335 de abril 28 de 1994.

DECRETO 359 DE 1995 

(Febrero 22)

Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y el 56 de la Ley 179 de 1994,

DECRETA:

ART. 1º—Las disposiciones contenidas en el presente decreto sobre el programa anual mensualizado de caja, las cuentas autorizadas y registradas y los pagos del tesoro nacional se aplicarán, con carácter transitorio mientras se desarrolla el sistema de cuenta única nacional.

Del programa anual mensualizado de caja, PAC

ART. 2º—La dirección general del presupuesto nacional comunicará a cada uno de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, las metas anuales mensualizadas de pago para la elaboración del programa anual mensualizado de caja con fundamento en las metas financieras determinadas por el Confis. A través de las asesorías que esta dirección brinde, en la elaboración del programa anual de caja se velará porque esta meta se cumpla.

La dirección general del Presupuesto Nacional coordinará con el Departamento Nacional de Planeación la elaboración del programa anual mensualizado de caja de inversión.

PAR.—Adicionado por el artículo 1º, Decreto Nacional 1183 de 1998

ART. 3º—En la elaboración y ejecución del programa anual mensualizado de caja, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación atenderán prioritaria y oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina.

ART. 4º—Los órganos que conforman secciones del Presupuesto General de la Nación presentarán el programa anual mensualizado de caja a la dirección general del Presupuesto Nacional, antes del diez (10) de diciembre, clasificando el funcionamiento en servicios personales, gastos generales, transferencias y operación comercial; el servicio de la deuda en interna y externa y la inversión, diferenciando los pagos con recursos de aportes de la Nación de los correspondientes a ingresos propios de los establecimientos públicos.

Los pagos con recursos de aportes de la Nación deberán discriminar los que correspondan a recursos del crédito externo y donaciones del exterior.

ART. 5º—Cuando la Dirección General del Presupuesto Nacional consolide el programa anual mensualizado de caja con las solicitudes presentadas por los órganos, hará la verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización. En caso de presentarse diferencias efectuará los ajustes necesarios para darles coherencia y los comunicará a los órganos respectivos y a la dirección del tesoro nacional.

La dirección general del Presupuesto Nacional entregará el programa anual mensualizado de caja clasificado por secciones presupuestales, en el detalle del artículo anterior, a la dirección del tesoro nacional, identificando en un documento anexo las unidades ejecutoras de las secciones que tengan pagador o tesorero independiente. Igualmente, le comunicará las modificaciones aprobadas durante la vigencia, para que efectúe los ajustes correspondientes.

ART. 6º—Los órganos que conforman el presupuesto nacional registrarán y mantendrán actualizado en la dirección del tesoro nacional, por conducto del ordenador del gasto, el nombre del pagador o tesorero respectivo a quienes se les podrán girar los recursos asignados a cada órgano en el PAC. Estas cuentas estarán a nombre de la dirección del tesoro nacional.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo la dirección del tesoro nacional establecerá los procedimientos y requisitos a que haya lugar.

El manejo de las cuentas autorizadas por la dirección del tesoro nacional, será responsabilidad exclusiva de los funcionarios que tienen registradas sus firmas para el manejo de las mismas.

ART. 7º—La Dirección General de Crédito Público y los órganos que conforman el presupuesto nacional según el caso, deberán solicitar a la dirección del tesoro nacional, en un formato específico, el giro de los recursos para cada concepto del gasto financiado con recursos del crédito externo o donaciones del exterior.

La dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el detalle y oportunidad en que deba suministrarse dicha información, y se abstendrá de girar los recursos correspondientes, hasta que el órgano ejecutor no le haya presentado los reportes de que trata el presente artículo.

ART. 8º—Las solicitudes de modificación a la parte del programa anual mensualizado de caja correspondiente a cada órgano con recursos de la Nación, serán presentadas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y aprobadas por la dirección general del presupuesto nacional, en las fechas y plazos que esta establezca.

En las modificaciones al PAC de inversión se tendrán en cuenta las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación como resultado del seguimiento de la ejecución de la inversión que realiza la unidad de inversiones y finanzas públicas.

ART. 9º—Las reducciones a la parte del PAC de cada sección, ya aprobada, deberán solicitarse dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes correspondiente, a través de la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien certificará que los fondos pertinentes no se transfirieron a la cuenta que puede afectar el tesorero o pagador de ese órgano, o fueron reintegrados. Es competencia de la Dirección General del Presupuesto Nacional del mismo ministerio, aprobar la reducción respectiva.

Cuando se efectúen traslados presupuestales con cargo al Fondo de Compensación Interministerial, la Dirección General del Presupuesto Nacional hará de oficio los ajustes al programa anual mensualizado de caja y los comunicará a la Dirección del Tesoro Nacional y a los órganos afectados. Igual procedimiento se aplicará cuando se efectúen las distribuciones del presupuesto nacional autorizadas por las disposiciones generales de la ley anual de presupuesto.

ART. 10.—Las solicitudes de modificación a la parte del programa anual mensualizado de Caja con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán presentadas por el ordenador del gasto y por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces para aprobación de la Dirección General del Presupuesto Nacional.

ART. 11.—La Dirección General del Presupuesto Nacional presentará trimestralmente al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, un informe correspondiente a las modificaciones autorizadas al programa anual mensualizado de caja de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

ART. 12.—La Dirección del Tesoro Nacional comunicará a los diferentes órganos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles del mes, una programación de giros que le permita atender los requerimientos de caja durante ese mes. En caso de que las entidades no comuniquen a la dirección del tesoro nacional su inconformidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al del recibo de la información, se entenderá como aceptada la programación inicial. Las observaciones presentadas a la programación serán atendidas por la dirección del tesoro nacional de acuerdo con sus disponibilidades de recursos.

PAR.—La dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculará los niveles de ejecución del mes o meses anteriores para la definición de la programación de giros mencionada en el presente artículo, sin exceder el valor del PAC aprobado.

El nivel de ejecución se calculará de acuerdo con el criterio que para el efecto establezca la dirección del tesoro nacional y la información del movimiento de bancos de cada cuenta autorizada al órgano respectivo.

De las cuentas autorizadas y registradas

ART. 13.—La Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo podrá transferir recursos de la Nación a través de las cuentas autorizadas o registradas.

Los ingresos propios de los establecimientos públicos deberán manejarse en entidades financieras sometidas al control y vigilancia del Estado, y deberán sujetarse a los mismos esquemas definidos para la dirección del tesoro nacional, bajo la responsabilidad de los funcionarios que tengan la facultad de su manejo.

Los establecimientos públicos podrán pagar con sus propios ingresos, obligaciones financiadas con recursos del presupuesto nacional mientras la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los recursos respectivos.

ART. 14.—Los recursos que la dirección del tesoro nacional, o quien haga sus veces a nivel territorial transfiera a las cuentas en cada órgano no tendrán por objeto proveer de fondos a entidades financieras, sino atender compromisos y obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones presupuestales.

Mientras se desarrolla el objeto de la apropiación y se crea la exigencia de situar los recursos, la dirección general del tesoro, o quien haga sus veces a nivel territorial deberán efectuar inversiones que garanticen seguridad y rendimiento.

Los rendimientos así generados, cualquiera sea la fuente que los produce, deberán ser apropiados en el presupuesto con el fin de satisfacer las necesidades de gasto público.

ART. 15.—Los recursos que formen parte del presupuesto nacional, girados por la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no podrán mantenerse en cuentas corrientes autorizadas por más de cinco (5) días promedio mensual, contados a partir de la fecha de los giros respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados.

En el caso de aquellos órganos que hacen giros a sus oficinas regionales, los cinco (5) días de que trata el inciso anterior se contarán de la siguiente manera: La oficina central deberá hacer el giro a las seccionales a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que recibió la transferencia de los recursos de la dirección del tesoro nacional. Las seccionales deberán hacer uso de los recursos en los mismos términos del inciso anterior.

Los saldos de meses anteriores que se mantengan sin utilizar harán parte del cálculo anterior en el mes respectivo, mientras persista esta situación.

Una vez finalizado el mes, si la dirección general del tesoro nacional detecta que se mantuvieron recursos en cuentas autorizadas por más de cinco (5) días promedio al mes, lo reportará a la Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Delegada para Asuntos Presupuestales y a la Contraloría General de la República para que hagan las investigaciones sumarias y apliquen las sanciones del caso.

La dirección del tesoro nacional establecerá los procedimientos y requisitos para el cumplimiento del presente artículo.

PAR.—Adicionado por el Decreto Nacional 2001 de 2005

ART. 16.—Los recursos del presupuesto nacional podrán permanecer por un tiempo superior al establecido en el artículo anterior en cuentas corrientes, cuando así se haya convenido como reciprocidad a servicios especiales que preste el establecimiento financiero donde se encuentra radicada la cuenta. En este evento, los respectivos servicios y el tiempo de reciprocidad deben acordarse previamente y por escrito y las condiciones financieras las autorizará la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 17.—Son cuentas autorizadas aquellas, a través de las cuales se transfieren recursos a las cuentas de los órganos que correspondan a las secciones del Presupuesto General de la Nación. Estas serán autorizadas por la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 18.—Son cuentas registradas aquellas, diferentes a las anteriores, pertenecientes a los órganos estatales de cualquier naturaleza y orden, a las que la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público traslade recursos del Presupuesto Nacional.

La celebración y terminación de contratos de cuenta corriente para la transferencia de recursos del situado fiscal a los servicios seccionales de salud y a los fondos educativos regionales, requerirá de la autorización expresa de la dirección del tesoro nacional, hasta tanto dichas entidades se organicen a nivel territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y demás normas que la reglamenten, reformen o adicionen. Las cuentas de los órganos públicos a los cuales los servicios seccionales de salud y los fondos educativos regionales giren recursos, no estarán sujetas a la autorización expresa de la dirección del tesoro nacional.

Se exceptúan de la autorización y registro establecidos en el presente decreto, las cuentas destinadas al manejo de las rentas parafiscales, cuando el acto que las crea establezca que no son administradas por la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 19.—La solicitud de registro de una cuenta, debidamente diligenciada y suscrita por quien tenga la capacidad de ordenar el gasto, y el tesorero o pagador, deberá enviarse a la dirección del tesoro nacional en el formato que esta diseñe al efecto.

ART. 20.—Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 80 de 1993 sobre negocios fiduciarios, para la selección, en forma directa del establecimiento financiero donde los órganos puedan manejar, administrar, invertir o mantener sus recursos, al ser esta una actividad de prestación de servicios profesionales, se tendrán en cuenta criterios comerciales de calidad, costo, seguridad, rapidez y eficiencia de los servicios ofrecidos.

ART. 21.—La solicitud para la celebración de contratos con entidades financieras para el manejo de los recursos públicos deberá remitirse a la dirección del tesoro nacional, diligenciada y suscrita por el ordenador del gasto y el tesorero o pagador respectivo que girará contra esa cuenta.

La celebración de estos contratos se hará previa certificación de la entidad financiera sobre el recibo a satisfacción de los siguientes documentos:

1. Documento que acredite cuáles son los funcionarios que están autorizados para el manejo de la cuenta, así como el acta de posesión respectiva.

2. Las pólizas de manejo respectivas de cuya suficiencia y términos contractuales serán exclusivamente responsables los funcionarios del órgano titular de la cuenta.

3. Los documentos que acrediten la personería jurídica, cuando se trate de entidades descentralizadas.

ART. 22.—La dirección del tesoro nacional podrá negar la autorización para la celebración de contratos para el manejo financiero de los recursos del presupuesto nacional, en los siguientes casos:

1. Incumplimiento por parte del órgano solicitante de la obligación de inversión forzosa prevista en la legislación vigente.

2. No remisión o envío extemporáneo de la información que el respectivo órgano deba suministrar a la dirección del tesoro nacional, en especial de la prevista en este decreto.

3. Cuando la pagaduría respectiva tenga vigente un contrato con una entidad financiera por el mismo concepto de gasto, salvo que se trate de sustitución de cuenta.

4. Cuando el establecimiento financiero correspondiente se encuentre sometido a la vigilancia especial de los órganos de control del Estado o a toma de posesión o liquidación forzosa administrativa.

5. Cuando la calificación del establecimiento financiero por la dirección del tesoro nacional no sea satisfactoria. Para estos efectos se tendrán en cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las tarifas, la tecnología disponible y la oportunidad y calidad de los reportes periódicos de información.

6. Cuando la entidad financiera se haya rehusado a participar en el convenio de plan piloto de cuenta única nacional.

ART. 23.—El órgano que desee dar por terminado un contrato de cuenta autorizada deberá remitir a la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la solicitud correspondiente debidamente diligenciada y suscrita por el ordenador del gasto y el tesorero o pagador respectivo.

El contrato de cuenta se dará por terminado dentro del mes siguiente a la fecha en que la dirección del tesoro nacional autorice su terminación.

ART. 24.—Cada órgano podrá solicitar la terminación de una cuenta, en los siguientes eventos:

1. Pérdida, destrucción o hurto de la respectiva chequera, talonario o similar. En este evento, la cuenta que la sustituya deberá abrirse en la misma sucursal o agencia y entidad financiera en que se manejaba la cuenta cuyo contrato se autoriza terminar.

2. Cierre de la sucursal o agencia en que se había abierto la respectiva cuenta.

3. Cuando el órgano desee sustituir la cuenta por otra en una entidad financiera diferente. En este caso se requiere que la cuenta que se solicita sustituir haya sido abierta con una anterioridad de por lo menos un año. La conveniencia del cambio debe acreditarse atendiendo a los criterios de selección establecidos en el presente decreto.

4. Cambio de domicilio de la entidad.

PAR.—La dirección del tesoro nacional podrá ordenar la terminación de los contratos con las entidades financieras en las que se manejan los recursos del presupuesto nacional, en los siguientes eventos:

1. Incumplimiento por parte de la entidad financiera de los requisitos establecidos para el desarrollo de la cuenta única nacional.

2. Cuando la entidad financiera se rehúse a participar, o demande condiciones remuneratorias que no sean aceptadas por la dirección del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo del plan piloto o el establecimiento de la cuenta única nacional, o niegue la apertura de cuentas pertenecientes a la cuenta única nacional.

3. Cuando se envíe en forma extemporánea o incorrecta la información que se le solicite en desarrollo de lo dispuesto en el presente decreto.

ART. 25.—Las entidades financieras no podrán abrir, manejar o terminar los contratos de cuenta con los órganos, sin el lleno de los requisitos establecidos en el presente decreto y en las demás normas aplicables. Los órganos de vigilancia estatales velarán por el cumplimiento de tales requisitos y por la oportuna y completa remisión de la información solicitada por la dirección del tesoro nacional, e impondrá las sanciones a que haya lugar.

ART. 26.—Los órganos deberán enviar a la dirección del tesoro nacional, dentro de los siete (7) primeros días calendario de cada mes, la información que esta solicite de manera general, relativa al manejo de las cuentas autorizadas o registradas. En todo caso el órgano deberá suministrar cualquier información adicional en los plazos y condiciones que establezca la dirección del tesoro nacional.

El ordenador del gasto será responsable del envío oportuno y completo de la información respectiva.

ART. 27.—La dirección del tesoro nacional enviará a la Contraloría General de la República, dentro de los quince (15) días siguientes a cada trimestre, una relación de las cuentas autorizadas y registradas durante el período respectivo.

De los pagos del tesoro nacional

ART. 28.—La dirección del tesoro nacional en desarrollo de las apropiaciones presupuestales pagará directamente las obligaciones de la Nación, en los siguientes casos:

1. Servicio de la deuda pública nacional interna o externa.

2. Cuotas o aportes a instituciones internacionales.

3. El situado fiscal.

4. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

Los pagos deben ser soportados en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la dirección del tesoro nacional, firmado por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto del órgano competente, o quien haga sus veces, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo. El documento de instrucción de pago será entregado en la dirección del tesoro nacional dentro de los dos (2) primeros días hábiles del mes en que se vaya a realizar el pago.

Para atender el pago del servicio de la deuda pública interna y externa el documento deberá ser firmado por el director general de Crédito Público.

De los excedentes financieros

ART. 29.—Los excedentes de liquidez generados por los ingresos de los establecimientos públicos, no podrán mantenerse en depósitos en cuenta corriente bancaria por más de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deberán invertirse de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 179 de 1994.

ART. 30.—Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, deberán ser consignados a nombre de la dirección del tesoro nacional, de acuerdo con lo establecido por el Conpes. Para tal efecto dichos órganos deberán celebrar con la dirección del tesoro nacional un convenio en el cual se estipulen las fechas de consignación de los recursos, cualquier incumplimiento en los plazos convenidos para el pago generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, certificada por la Superintendencia Bancaria, liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación.

De las reservas presupuestales y cuentas por pagar

ART. 31.—El monto que se determine como reserva presupuestal será constituido por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces en cada órgano y lo podrá ejecutar desde el momento en que la Dirección General del Presupuesto Nacional reciba la relación de los compromisos en que se basa la reserva y el PAC de reservas correspondiente a su período de pago. El control fiscal lo hará, en forma posterior, la Contraloría General de la República.

La presentación de la relación de las reservas presupuestales se hará por conducto del ordenador del gasto a la Dirección General del Presupuesto Nacional antes del 31 de enero del año en que se constituyan.

Solo podrán incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente contraídas siempre que no se deriven de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios y anticipos de contratos antes del 31 de diciembre.

PAR.—La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre se hará antes del 10 de enero del año en que se constituyan, por parte de los empleados de manejo de las tesorerías o pagadurías, con la aprobación del ordenador del gasto, siempre que cumplan los requisitos del inciso cuarto del artículo 38 de la Ley 179 de 1994. Los establecimientos públicos dentro del plazo establecido, constituirán las cuentas por pagar y las ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad de recursos.

ART. 32.—Las reservas presupuestales constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación que no se ejecuten durante el año de su constitución, fenecerán. Si durante el año de su constitución se cancelan reservas por desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y se comunicará a la Dirección General del Presupuesto Nacional para el ajuste respectivo en el PAC.

ART. 33.—Los recursos de la Nación provenientes de saldos de vigencias anteriores que no se encuentren amparando reservas presupuestales o las cuentas por pagar, deberán reintegrarse a la dirección del tesoro nacional. Igual procedimiento se aplicará cuando por cualquier causa se cancele una reserva constituida con recursos de la Nación, siempre que se haya efectuado la situación de fondos.

De las plantas de personal

ART. 34.—Las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación que no incrementen sus costos anuales actuales o que no superen las apropiaciones vigentes de servicios personales, entrarán en vigencia una vez se expida el decreto respectivo.

En consecuencia, salvo que exista autorización en la Constitución o la ley, aquellas modificaciones de planta que incrementen los costos anuales actuales y superen las apropiaciones vigentes de servicios personales, entrarán en vigencia el 1º de enero del año siguiente a su aprobación.

Se entiende por costos anuales actuales, el valor de la planta de personal del 1º de enero al 31 de diciembre del año en que se efectúe la modificación.

Requerirán de viabilidad presupuestal expedida por la Dirección General del Presupuesto Nacional las modificaciones a las plantas de personal que incrementen sus costos anuales actuales o cuando sin hacerlo impliquen el pago de indemnizaciones a los servidores públicos.

En todo caso, la Dirección General del Presupuesto Nacional verificará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Para tal efecto, dará concepto previo a la expedición de los correspondientes decretos, indicando si las modificaciones propuestas se encuentran en el evento previsto en el inciso 1º, o sí, por el contrario, deben entrar a regir el 1º de enero del año siguiente.

De los créditos judiciales

ART. 35.—Los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales, radicados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al 28 de febrero de 1995, cuya documentación reúna los requisitos establecidos en el Decreto 768 de 1993, 818 de 1994 y 1328 de 1994 o los demás que los modifiquen o adicionen, continuarán siendo pagados por este, durante la presente vigencia fiscal.

La documentación que no reúna los requisitos establecidos en el inciso anterior, se remitirá al órgano que represente la sección presupuestal condenada. Cuando fueren varios los órganos condenados, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público remitirá la documentación respectiva al primero que aparezca como responsable en la decisión definitiva, quien deberá efectuar los trámites para el pago, quedando obligado a reportar dicho trámite a los demás órganos condenados. Una vez realizado el pago podrá cobrar a los demás la prorrata correspondiente, en el evento de que estos últimos cuenten con personería jurídica propia.

ART. 36.—La Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada del reparto y remisión de los expedientes, tendrá hasta el 15 de marzo de 1995 para realizar el inventario de estos.

Una vez realizado el inventario, iniciará el proceso de remisión, el cual deberá concluir a más tardar el 30 de abril de 1995. Este inventario tendrá una identificación numérica de cada expediente, que determinará el orden de sustanciación de los mismos y un informe del estado actual del expediente.

El representante legal de cada órgano o quien tenga entre sus funciones el manejo y representación de la parte administrativa, estará obligado a recibir el inventario con todos sus anexos; la única causa para no recibir al momento de su remisión será que lo inventariado no corresponda con los documentos enviados.

Los expedientes que reciban directamente los órganos se les asignará un número continuo y consecutivo. Se asignará el número, para efectos de su sustanciación, en la medida en que sean recibidos y, para el pago, en la medida en que se complete la documentación requerida de acuerdo con los decretos 768 de 1993, 818 de 1994 y 1328 de 1994 o los demás que los modifiquen o adicionen.

Una vez remitido el inventario numerado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los diferentes órganos, estos le darán prelación, en la sustanciación y pago, con respecto a los que reciba directamente.

ART. 37.—Modificado por el Decreto Nacional 4689 de 2005. A partir del 1º de marzo de 1995 los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales deberán ser remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano condenado. Cuando fueren varios los órganos condenados se atenderá la voluntad del beneficiario, expresada en su solicitud de pago, certificando por declaración juramentada, que no ha solicitado la tramitación o el pago en otro de los órganos condenados. Cuando la condena incluya otros órganos con personería jurídica independiente, quien pagó podrá cobrar a prorrata a aquellos.

ART. 38.—Los diferentes órganos podrán pagar sus condenas a partir del 1º de marzo de 1995 en la medida en que cuenten con apropiación presupuestal para ello, y reúnan los requisitos para el pago.

ART. 39.—La Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del órgano público correspondiente, podrá hasta el 31 de diciembre de 1995, prestar la asesoría necesaria para el trámite correspondiente al pago de los créditos judicialmente reconocidos, conciliaciones y laudos arbitrales.

ART. 40.—Los fallos de tutela seguirán tramitándose y atendiéndose de la misma manera que se venía haciendo a 31 de diciembre de 1994.

Disposiciones varias

ART. 41.—Todo programa o proyecto que haga parte del plan operativo anual de inversiones deberá estar inscrito en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.

ART. 42.—El Departamento Nacional de Planeación - unidad de inversiones y finanzas públicas, realizará el seguimiento financiero y presupuestal de los programas y proyectos de inversión pública como complemento al seguimiento presupuestal que efectúa la Dirección General del Presupuesto Nacional.

Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán enviar la información presupuestal o financiera que el Departamento Nacional de Planeación considere necesaria para realizar el seguimiento y control financiero a la inversión.

ART. 43.—La omisión en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en el presente decreto será reportada a la Procuraduría General de la Nación, para las investigaciones y sanciones a que hubiere lugar.

ART. 44.—Sustituir en el artículo 46 del Decreto 3077 de 1989 las denominaciones, servicios personales y transferencias por la genérica de gastos de funcionamiento establecida en el artículo 16 de la Ley 179 de 1994.

ART. 45.—El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias en especial el Decreto 1805 de 1994, así mismo deroga el artículo 9º del Decreto 753 de 1974.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de febrero de 1995.

Ernesto Samper Pizano

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Guillermo Perry Rubio.

DECRETO 111 DE 1996 

(Enero 15)

“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 225 de 1995, y

CONSIDERANDO:

“Que la Ley 225 de 1995 introdujo algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 y, a la Ley 179 de 1994, orgánicas del presupuesto, y en su artículo 24 autorizó al Gobierno para compilar las normas de las tres leyes mencionadas, sin cambiar su redacción ni contenido;

Que la compilación que el Gobierno efectúa mediante el presente Decreto será el estatuto orgánico del presupuesto, según lo dispone el artículo 24 de la Ley 225 de 1995,

Ver la Ley 819 de 2003

DECRETA:

ART. 1º—Este decreto compila las normas de la leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Para efectos metodológicos al final de cada artículo del estatuto se informan las fuentes de las normas orgánicas compiladas.

El estatuto orgánico del presupuesto será el siguiente...”.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 de enero de 1996.

Nota: publicado en el Diario Oficial 42692 de enero 18 de 1996.

LEY 270 DE 1996 

(Marzo 7)

Estatutaria de la administración de justicia

ART. 203.—<Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> los dineros que deban consignarse a órdenes de los despachos de la rama judicial de conformidad con lo previsto en la presente ley y en las disposiciones legales vigentes, se depositarán en el Banco Agrario de Colombia en razón de las condiciones más favorables en materia de rentabilidad, eficiencia en el recaudo, seguridad y demás beneficios a favor de la rama.

De la misma manera se procederá respecto de las multas, cauciones y pagos que decreten las autoridades judiciales o de los depósitos que prescriban a favor de la Nación.

En ningún caso el Banco Agrario de Colombia pagará una tasa inferior al promedio de las cinco mejores tasas de intereses en cuenta de ahorros que se ofrezcan en el mercado, certificado por la Superintendencia Financiera.

PAR.—Facúltese al juez de la causa para que a través del trámite incidental ejecute la multa o caución dentro del mismo proceso.

DECRETO 568 DE 1996 

(Marzo 21)

Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.

“... VII. De la ejecución del presupuesto

ART. 19.—El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de aprobación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de estos que permita determinar los saldos de aprobación disponible para expedir nuevas disponibilidades.

ART. 20.—El registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la aprobación, garantizando que esta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar...”.

LEY 344 DE 1996 

(Diciembre 27)

Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

ART. 29.—<Artículo condicionalmente exequible> El Ministro de Hacienda podrá reconocer como deuda pública las sentencias y conciliaciones judiciales. Cuando las reconozca, las podrá sustituir y atender, si cuenta con la aceptación del beneficiario, mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado que el gobierno establezca y en los términos del estatuto orgánico del presupuesto.

Cuando, como consecuencia de una decisión judicial, la Nación o uno de los órganos que sean una sección del presupuesto general de la Nación resulten obligados a cancelar una suma de dinero, antes de proceder a su pago, solicitará a la autoridad tributaria nacional hacer una inspección al beneficiario de la decisión judicial, y en caso de resultar obligación por pagar en favor del tesoro público nacional, se compensarán las obligaciones debidas con las contenidas en los fallos, sin operación presupuestal alguna.

Artículo declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-428-97 del 4 de septiembre de 1997, magistrados ponentes, doctores José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa.

DECRETO 2126 DE 1997 

(Agosto 29)

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Por el cual se reglamenta el artículo 29 de la Ley 344 de 1996.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

ART. 1º—Cumplimiento de sentencias y conciliaciones judiciales. Las oficinas encargadas en cada organismo de dar cumplimiento a las sentencias y conciliaciones judiciales de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 344 de 1996, deberán informar sobre la existencia de la providencia o auto que aprueba la conciliación debidamente ejecutoriada, a la subdirección de recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

En la información enviada a la subdirección de recaudación de la DIAN, se incluirán los siguientes datos:

a) Nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia o conciliación;

b) Número de identificación personal, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o el número de identificación tributaria si lo tiene disponible, según sea el caso;

c) Dirección que se obtenga del respectivo expediente de los beneficiarios de las providencias o conciliaciones, así como el monto de la obligación a cargo de la Nación o del órgano que sea una sección del Presupuesto General de la Nación, según sea el caso;

d) Número y fecha de la providencia o auto de conciliación y fecha de la ejecutoria de la providencia, datos que se entenderán certificados para todos los efectos.

Esta información será remitida por el obligado al pago de la sentencia o conciliación, en un término máximo de un (1) día, una vez se disponga de la misma.

ART. 2º—Trámite a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Subdirección de Recaudación de la DIAN, luego de establecer el domicilio de los beneficiarios de las providencias o conciliaciones, remitirá toda la información descrita en el inciso anterior a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde esta exista, o en los demás casos, a la Administración de Impuestos Nacionales de la jurisdicción del beneficiario, con el objeto de que esta realice las inspecciones necesarias tendientes a cuantificar el valor de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias exigibles, que puedan ser objeto de compensación.

PAR.—La inspección consistirá en la verificación a nivel nacional de las deudas tributarias, aduaneras o cambiarias a cargo de los beneficiarios de la sentencia o conciliación, realizada por la administración que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.

ART. 3º—Obligaciones objeto de compensación. Las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias objeto de compensación, serán aquellas que estén contenidas en liquidaciones privadas, liquidaciones oficiales y demás actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacional, debidamente ejecutoriadas, y las garantías o cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, una vez ejecutoriada la providencia que declare su incumplimiento o la exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

ART. 4º—Trámite. La administración respectiva, dispondrá del término máximo de veinte (20) días, contados a partir del recibo de la información, para efectuar la inspección y para expedir la resolución de compensación por una sola vez cuando existan deudas exigibles, sin perjuicio de las facultades de cobro de las obligaciones pendientes de pago.

La resolución que ordene la compensación se notificará por correo certificado a la dirección informada en el respectivo proceso, a la que informe la entidad, o el beneficiario, o a la que establezca la administración.

Contra la resolución de compensación procederán los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto y se resolverán dentro del término máximo de quince (15) días.

De manera inmediata a la ejecutoria del acto de compensación, la administración respectiva informará a los organismos el valor en que fue afectada la sentencia o la conciliación por efectos de la compensación, remitiendo copia del acto administrativo debidamente notificado y ejecutoriado. Cuando de conformidad con la inspección realizada no haya lugar a la compensación, la administración así lo informará en el menor término posible y en todo caso dentro del plazo máximo establecido en el primer inciso de este artículo.

Con base en la información anterior, el órgano público encargado de dar cumplimiento a la sentencia o conciliación dictará el acto administrativo correspondiente, el cual será notificado al beneficiario.

PAR.—Cuando se compensen obligaciones exigibles por diferentes administraciones, la administración que haya realizado la inspección deberá proferir la resolución por el total de la deuda a compensar.

ART. 5º—Reconocimiento de sentencias y conciliaciones judiciales mediante bonos. Cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público opte por reconocer como deuda pública las sentencias y conciliaciones judiciales en contra de la Nación y de los establecimientos públicos del orden nacional, las podrán pagar mediante la emisión de bonos en condiciones de mercado siempre y cuando cuente con la aceptación del beneficiario.

Sujeta a la posterior ratificación por parte de la Dirección General de Crédito Público y antes de la expedición de la resolución que haga el reconocimiento de deuda pública y ordene la emisión de los bonos, la entidad responsable del cumplimiento de la sentencia o conciliación judicial formulará una oferta al beneficiario del pago para que manifieste si acepta o no el pago mediante bonos por el valor total o parcial de la suma a cancelar.

El beneficiario que desee recibir el pago mediante bonos deberá aceptar la oferta por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío del requerimiento, expresando en forma clara y precisa el monto máximo que acepta recibir mediante bonos. Vencido el término para contestar el requerimiento sin que el beneficiario haya manifestado su voluntad de recibir bonos, se entenderá que no ha aceptado.

PAR. 1º—Para el reconocimiento de las sentencias y conciliaciones judiciales como deuda pública y su pago mediante la emisión de los bonos, se deberán tener en cuenta los efectos de la emisión en el mercado de títulos de deuda pública de la Nación. Las condiciones financieras de los bonos serán las determinadas en la última subasta de títulos de tesorería —TES— clase B, previa al requerimiento.

Los bonos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emita en desarrollo de lo previsto en este artículo, podrán ser administrados directamente por la Nación o esta podrá celebrar con el Banco de la República o con otras entidades nacionales o extranjeras contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la agencia, administración y/o servicio de los respectivos títulos, en los cuales se podrá prever que la administración de los mismos y de los cupones que representan sus rendimientos se realice a través de depósitos centralizados de valores.

PAR. 2º—Cuando en desarrollo de lo previsto en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público opte por reconocer como deuda pública de la Nación las sentencias y conciliaciones judiciales de los establecimientos públicos del orden nacional, estos celebrarán acuerdos de pago en los cuales se establecerán los términos y condiciones para reintegrar a la Nación las sumas reconocidas a través de los bonos previstos en este decreto.

ART. 6º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 29 de agosto de 1997.

Ernesto Samper Pizano

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

José Antonio Ocampo Gaviria.

LEY 510 DE 1999 

(Agosto 3)

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.

ART. 111.—El artículo 884 del Código de Comercio, quedará así:

“ART. 884.—Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.

PAR.—El inciso 1º del artículo 1080 del Código de Comercio quedará así:

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.

El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de este, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.

DECRETO 2788 DE 2004 

(Agosto 31)

Por el cual se reglamenta el registro único tributario de que trata el artículo 555-2 del estatuto tributario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 555-2 del estatuto tributario,

DECRETA:

Ver el artículo 19 de la Ley 863 de 2003

ART. 1º—Registro único tributario, RUT. El registro único tributario, RUT, establecido por el artículo 555-2 del estatuto tributario, constituye el nuevo y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ART. 2º—Administración del registro único tributario, RUT. El registro único tributario será administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La información contenida en el registro único tributario podrá ser suministrada a otras entidades públicas o privadas a través de resoluciones o convenios, en los términos y condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre que la misma no esté sujeta a reserva conforme a la Constitución o la ley.

ART. 3º—Registros Incorporados en el registro único tributario. El registro único tributario a que hace referencia el presente decreto, sustituye e incorpora los siguientes registros:

1. El registro tributario utilizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2. El registro nacional de vendedores.

3. El registro nacional de exportadores de bienes y servicios, y

4. El registro de los usuarios aduaneros autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ART. 4º—Elementos del registro único tributario. Los elementos que integran el registro único tributario, RUT, son:

1. La identificación. Corresponde al nombre de las personas naturales o a la razón social de las personas jurídicas y demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adicionado a su vez por un código numérico denominado Número de Identificación Tributaria, NIT, permitiendo su individualización en forma inequívoca para todos los efectos en materia tributaria, aduanera y cambiaria, y en especial para el cumplimiento de las obligaciones de dicha naturaleza.

La conformación del código de identificación tributaria, NIT, es de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2. La ubicación. Corresponde al lugar donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá contactar oficialmente y para todos los efectos, al respectivo inscrito, sin perjuicio de otros lugares autorizados por la ley.

3. La clasificación. Corresponde a la naturaleza, actividades, funciones, características, atributos, regímenes, obligaciones, autorizaciones y demás elementos propios de cada sujeto de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

ART. 5º—Obligados a inscribirse en el registro único tributario, RUT. Están obligados a inscribirse en el registro único tributario, RUT:

a) Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta;

b) Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio;

c) Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes común o simplificado;

d) Los agentes retenedores;

e) Los importadores y exportadores;

f) Los profesionales en compra y venta de divisas, y

g) Los agentes de carga internacional, los agentes marítimos, los depósitos habilitados públicos y privados, las comercializadoras internacionales (C.I.), los comerciantes de las zonas de régimen aduanero especial, los comerciantes del puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, los operadores de transporte multimodal, las sociedades de intermediación aduanera, los titulares de puertos y muelles de servicio público o privado, los transportadores en el régimen de importación o exportación, los transportistas nacionales para operaciones del régimen de tránsito aduanero, los usuarios operadores de zonas francas, los usuarios de zonas francas industriales de bienes y servicios, los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios altamente exportadores, los usuarios de zonas económicas especiales de exportación y demás usuarios aduaneros.

PAR. 1º—También podrán inscribirse en el registro único tributario aquellas personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura.

PAR. 2º—La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá requerir la inscripción de otros sujetos de obligaciones administradas por la entidad, diferentes a los ya enunciados en este artículo.

PAR. 3º—Para efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, no estarán obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros: los extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas acreditadas en Colombia, los sujetos al régimen de menajes y de viajeros, los transportadores internacionales no residentes, las personas naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando utilicen la modalidad para la importación y/o exportación de expediciones comerciales. Estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte, número de documento de identidad o el número del documento que acredita la misión. Lo anterior sin perjuicio de la inscripción que deban cumplir en virtud de otras responsabilidades u obligaciones a que estén sujetos.

ART. 6º—Inscripción en el registro único tributario, RUT. Es el proceso por el cual las personas naturales, jurídicas y demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, se incorporan en el registro único tributario, con el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto.

PAR.—Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el registro único tributario, RUT, tendrá vigencia indefinida y, en consecuencia, no se exigirá su renovación.

ART. 7º—Oportunidad de la Inscripción en el registro único tributario. La inscripción en el registro único tributario establecido por el artículo 555-2 del estatuto tributario, deberá efectuarse en forma previa al inicio de la actividad económica, al cumplimiento de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, en general, a la realización de operaciones en calidad de importador, exportador o usuario aduanero.

Las personas naturales que en el correspondiente año gravable adquieran la calidad de declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, acorde con lo establecido en los artículos 592, 593 y 594-1 del estatuto tributario, tendrán plazo para inscribirse en el registro único tributario hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registrarse por una calidad diferente.

ART. 8º—Lugar de inscripción, actualización y cancelación en el registro único tributario. La inscripción, actualización y cancelación en el registro único tributario se realizará en las instalaciones de cada administración de impuestos, de aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como en todas las cámaras de comercio, y en las sedes o establecimientos de otras entidades públicas o privadas, facultadas para el efecto a través de convenios suscritos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de las herramientas y mecanismos electrónicos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales coloque a disposición de las personas o entidades obligadas a inscribirse en el RUT.

ART. 9º—Formalización de la inscripción en el registro único tributario. La inscripción en el registro único tributario puede formalizarse de las siguientes maneras y con el lleno de los requisitos señalados a continuación:

a) Personalmente por el interesado o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente;

b) A través de apoderado debidamente acreditado;

c) A través de terceros previa autenticación de la firma del interesado o quien ejerza la representación legal.

Tratándose de la inscripción de personas jurídicas u otras entidades al momento de formalizar la inscripción ante la DIAN o entidades autorizadas, debe acreditar el certificado de existencia o representación legal.

PAR. 1º—Las personas naturales que se encuentren en el exterior, podrán presentar el formulario de inscripción previamente diligenciado por Internet, en el país de residencia ante el cónsul respectivo.

PAR. 2º—Cuando el diligenciamiento del formulario de inscripción en el registro único tributario se realice a través de Internet, el interesado debe imprimir el formulario y presentarlo ante las administraciones tributarias y/o aduaneras correspondientes o en los lugares autorizados para su formalización.

ART. 10.—Actualización del registro único tributario, RUT. Es el procedimiento que permite efectuar las modificaciones o adiciones a la información contenida en el registro único tributario y deberá adelantarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las cámaras de comercio o ante las demás entidades facultadas para el efecto.

Será responsabilidad de los obligados actualizar la información contenida en el registro único tributario, la cual deberá realizarse previamente a la ocurrencia del hecho que genera el cambio, sin perjuicio de los términos señalados en normas especiales.

ART. 11.—Cancelación de la inscripción en el registro único tributario, RUT. La cancelación de la inscripción en el registro único tributario procede en los siguientes casos:

— Tratándose de personas jurídicas o asimiladas: por liquidación, fusión o escisión, sobre el supuesto de la disolución de la sociedad fusionada o escindida.

— Por el fallecimiento de personas naturales: al liquidarse la sucesión cuando a ello hubiere lugar.

— En los demás eventos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca.

El trámite de la cancelación estará sujeto a la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

ART. 12.—Formulario oficial del registro único tributario, RUT. La inscripción, actualización y cancelación en el registro único tributario, RUT se realizará en el formulario oficial que para el efecto establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de medios electrónicos, magnéticos o documentales.

PAR.—La información suministrada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través del formulario oficial de inscripción, actualización y cancelación del registro único tributario deberá ser exacta y veraz.

Ver la Resolución de la DIAN 8346 de 2004 y 8202 de 2005

ART. 13.—Dirección para efectos del registro único tributario, RUT. La dirección informada por el inscrito en el formulario de registro único tributario, RUT, deberá corresponder:

a) En el caso de las personas jurídicas, al domicilio social principal, según la última escritura vigente y/o documento registrado;

b) En el caso de las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes, al lugar que corresponda al asiento principal de sus negocios;

c) En el caso de sucesiones ilíquidas, comunidades organizadas, y bienes y asignaciones modales cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, al lugar que corresponda al domicilio de quien debe cumplir el deber formal de la inscripción;

d) En el caso de los fondos sin personería jurídica o patrimonios autónomos contribuyentes, al lugar donde esté situada su administración;

e) En el caso de patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias, al domicilio social de la sociedad que los administre;

f) En el caso de las demás personas, al lugar donde ejerzan habitualmente su actividad, ocupación u oficio.

La dirección que el obligado informe al momento de inscripción o actualización tendrá validez para todos los efectos, sin perjuicio de otras direcciones que para casos especiales consagre la ley.

PAR.—Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en desarrollo del artículo 579-1 del estatuto tributario haya fijado a una persona jurídica como domicilio fiscal un lugar diferente al de su domicilio social, esta deberá incorporarse en el registro único tributario.

ART. 14.—Prueba de inscripción, actualización o cancelación en el registro único tributario, RUT. Constituye prueba de la inscripción, actualización o cancelación en el registro único tributario, el documento que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o las entidades autorizadas, que corresponde a la primera hoja del formulario oficial previamente validado, en donde conste la leyenda “Certificado”. En todo caso en el mencionado documento se deberá expresar la calidad que el inscrito pretenda hacer valer en su operación

Para todos los efectos legales será válida la entrega de fotocopia del documento a que se refiere el inciso anterior, como prueba de la inscripción, actualización o cancelación en el registro único tributario.

Cuando por disposiciones especiales se exija comprobación de inscripción en el registro nacional de vendedores o en el registro nacional de exportadores de bienes y servicios, la misma se acreditará con el documento a que se refiere el presente artículo.

PAR. TRANS.—El denominado “Certificado de inscripción en el RUT”, expedido hasta el 1º de octubre de 2004, tendrá validez hasta la fecha de la nueva inscripción, que en todo caso debe realizarse dentro del plazo fijado en el presente decreto. Las inscripciones efectuadas hasta el 1º de octubre de 2004 en el registro nacional de vendedores y en el registro nacional de exportadores de bienes y servicios, serán válidas para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos hasta la fecha del vencimiento del plazo para realizar la nueva inscripción.

ART. 15.—Responsabilidad penal. Cuando en la información reportada por el obligado en el formulario del registro único tributario se detecten conductas que puedan constituir presunto delito, el funcionario que conozca de tal situación deberá formular la denuncia ante la autoridad competente.

ART. 16.—Sanciones relacionadas con el registro único tributario. De conformidad con lo estipulado en el artículo 657 del estatuto tributario, dará lugar al cierre del establecimiento:

1. La no inscripción oportuna en el registro único tributario de que trata el presente decreto, cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales constate la ocurrencia de este hecho.

2. La no exhibición en lugar visible al público de la certificación de la inscripción en el RUT por parte de los responsables del régimen simplificado.

ART. 17.—Convenios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá suscribir convenios con entidades públicas o privadas para facilitar la inscripción, actualización y cancelación en el registro único tributario, así como para obtener información que le permita actualizar dicho sistema. En estos convenios se establecerán los términos y condiciones de operatividad.

ART. 18.—Solicitud de información. Con el fin de inscribir de oficio o actualizar la información contenida en el registro único tributario, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en desarrollo de las facultades legales, podrá solicitar mediante resolución a las entidades públicas o privadas que determine, con la periodicidad que considere, en los términos y condiciones que establezca, la información que permita identificar, ubicar o clasificar a los obligados.

ART. 19.—Transitorio. Plazo para la Inscripción en el registro único tributario. La inscripción en el registro único tributario se realizará dentro de los siguientes plazos:

1. Modificado por el Decreto Nacional 4243 de 2004. Responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común, agentes retenedores, importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, en las fechas que se indican a continuación, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT o del documento de identificación correspondiente:

 

Dos últimos dígitosDesdeHasta
0119 octubre de 200429 octubre de 2004
022 noviembre de 20045 noviembre de 2004
03 a 078 noviembre de 200412 noviembre de 2004
08 a 1416 noviembre de 20041 9 noviembre de 2004
15 a 2122 noviembre de 200426 noviembre de 2004
22 a 2829 noviembre de 20043 diciembre de 2004
29 a 356 diciembre de 200410 diciembre de 2004
36 a 4213 diciembre de 200417 diciembre de 2004
43 a 4920 diciembre de 200424 diciembre de 2004
50 a 5611 enero de 200514 enero de 2005
57 a 6317 enero de 200521 enero de 2005
64 a 7024 enero de 200528 enero de 2005
71 a 7731 enero de 20054 febrero de 2005
78 a 857 febrero de 200511 febrero de 2005
86 a 9214 febrero de 200518 febrero de 2005
93 a 0021 febrero de 200525 febrero de 2005

 

2. Modificado por el Decreto Nacional 4243 de 2004. Personas naturales que durante el año gravable 2003 hayan sido declarantes únicamente del impuesto sobre la renta y continúen con tal calidad en el período gravable 2004, así como los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, en las fechas que se indican a continuación, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT o del documento de identificación correspondiente.

 

Dos últimos dígitosDesdeHasta
43 a 493 enero de 20057 enero de 2005
50 a 5611 enero de 200514 enero de 2005
57 a 6317 enero de 200521 enero de 2005
64 a 7024 enero de 200528 enero de 2005
71 a 7731 enero de 20054 febrero de 2005
78 a 857 febrero de 200511 febrero de 2005
86 a 9214 febrero de 200518 febrero de 2005
93 a 0021 febrero de 200525 febrero de 2005
01 a 0728 febrero de 20054 marzo de 2005
08 a 147 marzo de 200511 marzo de 2005
15 a 2114 marzo de 200518 marzo de 2005
22 a 2828 marzo de 20051º abril de 2005
29 a 354 abril de 20058 abril de 2005
36 a 4211 abril de 200515 abril de 2005

 

Tratándose de las personas naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que a 31 de diciembre de 2004 superen los topes establecidos en la Ley 863 de 2003 y adquieran por consiguiente la calidad de declarantes a partir del 1º de enero de 2005, podrán inscribirse a más tardar hasta la fecha del vencimiento para presentar la respectiva declaración.

3. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al Régimen Simplificado inscritos en el registro nacional de vendedores, no declarantes del impuesto sobre la renta, serán inscritos directamente en el registro único tributario por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con base en la información que reposa en sus archivos (esta inscripción se realizará a más tardar el 30 de junio de 2005, sin perjuicio de verificaciones y actualizaciones posteriores).

4. Las personas naturales que cumplan con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas conforme al artículo 499 del estatuto tributario y que a la fecha de vigencia del presente decreto no se encontraban inscritas en el registro nacional de vendedores, teniendo la obligación de hacerlo, deberán inscribirse en el registro único tributario sin que haya lugar a la aplicación de sanción alguna, hasta el 29 de junio de 2005.

PAR. TRANS.—Las personas o entidades inscritas en el RUT, en el registro nacional de vendedores y/o en el registro nacional de exportadores, con anterioridad a las fechas señaladas en el presente artículo, así como las personas naturales que presentaron declaración de renta sin inscripción previa en el RUT, deberán cumplir con la nueva inscripción dentro de los plazos establecidos en el presente decreto.

ART. 20.—Exigibilidad de Inscripción en el registro único tributario. Sin perjuicio de los plazos para la inscripción señalados en el artículo anterior, la exigibilidad de inscripción en el registro único tributario tendrá lugar a partir de las siguientes fechas:

1. Responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común, agentes retenedores, importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, el 26 de febrero de 2005.

2. Personas naturales declarantes únicamente del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, el 16 de abril de 2005.

3. Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen simplificado inscritos en el registro nacional de vendedores, no declarantes del impuesto sobre la renta, el 1º de julio de 2005.

PAR.—Las obligaciones del responsable del régimen simplificado de entregar en la primera venta o prestación de servicios a los adquirentes no pertenecientes al régimen simplificado, el documento en que conste la inscripción en dicho régimen y la exhibición en un lugar visible al público del documento en que conste su inscripción, como perteneciente al régimen simplificado, previstas en los numerales 2º y 4º del artículo 506 del estatuto tributario, serán exigibles a partir del 1º de julio de 2005.

ART. 21. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 31 de agosto de 2004.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Nota: publicado en el Diario Oficial 45.659 de septiembre 2 de 2004.

DECRETO 1240 DE 2005 

(Abril 25)

Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el 56 de la Ley 179 de 1994,

DECRETA:

ART. 1º—El pago de sentencias, acuerdos conciliatorios y/o soluciones amistosas proferidas o aprobadas por órganos internacionales de Derechos Humanos podrán tener prelación respecto de los créditos judiciales reconocidos internamente, y no estarán sujetos al orden establecido en el artículo 36 del Decreto 359 de 1995, si así lo decide la Comisión Intersectorial Permanente para la Coordinación y Seguimiento de la Política Nacional en Materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, creada por el Decreto 321 de 25 de febrero de 2000.

ART. 2º—El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 25 de abril de 2005.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Nota: publicado en el Diario Oficial 45.892 de abril 27 de 2005.

DECRETO 4689 DE 2005 

(Diciembre 21)

Por el cual se modifica el artículo 37 del Decreto 359 de 1995, “por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 56 de la Ley 179 de 1994,

DECRETA:

ART. 1º—Modifícase el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995, el cual quedará así:

“ART. 37.—A partir del 1º de marzo de 1995 los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales deberán ser remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano condenado u obligado.

Cuando dos o más entidades públicas resulten obligadas a pagar sumas de dinero y no se especifique en la respectiva providencia la forma y el porcentaje con que cada entidad deberá asumir el pago, la obligación dineraria será atendida conforme a las siguientes reglas:

1. En conflictos de naturaleza laboral, el pago deberá atenderse en su totalidad con cargo al presupuesto de la entidad en la que preste o prestó el servicio en forma personal y remunerada el servidor público beneficiario de la sentencia, laudo o conciliación derivada de la relación laboral.

2. En conflictos de naturaleza contractual, deberá afectarse el presupuesto de la entidad que liquidó el contrato o, en su defecto, de la que lo suscribió.

Cuando la causa de la condena proviniere del ejercicio de las potestades excepcionales al derecho común consagradas en la Ley 80 de 1993 o en normas posteriores que la modifiquen, adicionen o complementen, deberá afectarse el presupuesto de la entidad que expidió el respectivo acto administrativo.

A falta de cualquiera de las anteriores hipótesis, el cumplimiento del pago de la condena deberá estar a cargo de la entidad que se benefició con la prestación contractual.

3. En conflictos de naturaleza extracontractual, deberá afectarse, en su orden, el presupuesto de la entidad responsable de la custodia y guarda del bien que produjo el hecho dañoso; o el de la entidad a la que prestaba sus servicios el servidor público que causó el perjuicio o incurrió en vía de hecho; o el de la entidad que omitió el deber legal que generó la condena; o el de la entidad que produjo la operación administrativa u ocupó inmuebles en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

PAR. 1º—Cuando una entidad pública sea condenada al pago de una indemnización, bonificación, salario o cualquier otra prestación laboral en beneficio de un servidor público que no ha estado vinculado a su planta de personal, deberá afectarse el presupuesto de la entidad a la que presta o prestó los servicios personales relacionados con la causa de la condena, aun si la indemnización consiste en el pago de prestaciones periódicas.

PAR. 2º—En los procesos de ejecución de sentencias en contra de entidades públicas de cualquier orden, los mandamientos de pago, medidas cautelares y providencias que ordenen seguir adelante la ejecución, deberán ceñirse a las reglas señaladas en el presente decreto.

PAR. 3º—En los créditos judicialmente reconocidos, cuyos beneficiarios para su cumplimiento, no hayan presentado la documentación establecida en los decretos 768 de 1993, 818 de 1994 y demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, o que a la fecha de entrada en vigencia de este decreto no hubiesen sido atendidos por la entidad condenada, se aplicarán las reglas establecidas en los artículos anteriores”.

ART. 2º—El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 21 de diciembre de 2005.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Cesión de derechos

Normas aplicables

Código Civil

“ART. 1959.—Subrogado. L. 57 de 1887, artículo 33. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose una por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”.

“ART. 1960.—La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este”.

“ART. 1961.—La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente”.

“ART. 1962.—La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc.”.

“ART. 1963.—No interviniendo la notificación o aceptación sobre dichas podrá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores del cedente y, en general, se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros”.

“ART. 1964.—La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del cedente”.

“ART. 1965.—El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo; pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, sino se compromete expresamente a ello; ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera; ni se extenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa”.

Referencia jurisprudencial

Entrega de la primera copia

Sobre el tema el honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 8 de junio de 2006, de la Sección Primera, Proceso número 493-1, consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafon Pianeta, expresó:

“... Condenas judiciales - trámite administrativo de cobro: primera copia de la sentencia / primera copia de la sentencia - Estado como mero depositario gratuito / ejecución de la sentencia - vía administrativa y vía judicial: legalidad del Decreto 818 de 1994 que exige primera copia de la sentencia.

De él se pide la nulidad del artículo 2º en cuanto incluye la palabra “primera” en el texto del literal a) del artículo 3º del Decreto 769 de 1993, que para su mejor apreciación se transcribe así: “ART. 2º—El literal a) del artículo 3º del Decreto 7689 de 1993, quedará así: “Primera copia auténtica de la respectiva sentencia con constancia de notificación y fecha de ejecutoria”. Se observa que ese artículo se ocupa de reglamentar el pago mediante trámite administrativo de las condenas judiciales, y que en realidad, antes de su modificación se exigía copia auténtica de la sentencia, sin especificar que fuera o no la primera, de modo que con dicha modificación pasó a requerirse específicamente la primera copia. Sobre las acusaciones del actor la Sala observa que no pasan de ser apreciaciones personales suyas, toda vez que no se evidencia que en forma alguna que el cumplimiento de ese requisito afecte los derechos patrimoniales y demás derechos derivados del referido título que el acreedor tiene sobre la sentencia de que se trate, pues la norma no señala, ni de su texto, cabe deducir, que el allegarla o adjuntarla a la solicitud de pago se hace con carácter traslaticio de su dominio o propiedad a favor de la entidad que lo recibe, sino que por el contrario, implica que esta lo hace reconociéndole todos sus derechos, en la medida en que la recibe para verificarlos y efectuar su pago o satisfacción, luego mientras este no se efectúe la entidad no pasa de ser una mera depositaria gratuita y por mandato del ordenamiento jurídico de la primera copia de la sentencia en tanto título ejecutivo, por el cual debe responder, y el acreedor conserva incólumes sus derechos sobre el mismo. Además, la formas o circunstancias en que el beneficiario de la sentencia la aporta a la entidad deudora, en este caso Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no encuadran en ninguna de las formas de transferir la propiedad o el dominio de los títulos ejecutivos y están lejos de significar expropiación, privación o despojo del respectivo título o derecho patrimonial.

Como bien lo advierte el Ministerio Público, y así se desprende del artículo 177, in fine, del CCA, los beneficiarios de las sentencias condenatorias tiene dos vías para hacerlas efectivas o ejecutarlas, una en sede administrativa, que es justamente el trámite reglamentado en el Decreto 768 de 1993, y la otra en sede jurisdiccional, que es el proceso ejecutivo regulado en el Código de Procedimiento Civil, sea ante la jurisdicción ordinaria o ante la contencioso administrativa, según el caso. De suerte que sea cual fuere la vía que escoja el beneficiario, igualmente el Estado es el que tiene a cargo satisfacerle el crédito respectivo y en cualquiera de esas vías el acreedor debe demostrar la existencia del mismo de manera idónea, la cual no puede ser otra que la primera copia de la sentencia, según las normas del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil que el mismo actor invoca en la demanda (art. 115, num. 2º).

Condenas judiciales - primera copia de la sentencia en trámite administrativo / primera copia de la sentencia - posibilidad de retiro por desglose; legalidad Decreto 818 de 1994 artículo 2º.

Pasando al ámbito de la praxis, si la entrega del documento en mención no es a título traslaticio de dominio ni de derecho alguno o de prerrogativa jurídica alguna, pues en ninguna forma la norma señala lo contrario, de suyo el beneficiario conserva la plenitud de sus derechos sobre el mismo, de donde puede retirarlo mediante desglose cuando a bien tenga, pues la solicitud que hace no es en cumplimiento de un deber legal sino en ejercicio de un derecho particular o individual del cual tiene libre disposición, de allí que si las circunstancias lo conducen a y le permiten optar por la vía judicial para hacerse pagar el crédito después de haber iniciado el trámite administrativo, bien puede retirar mediante desglose según el artículo 117 del CPC, la susodicha primera copia, ya que de la normativa que lo regula no se desprende la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda la retenga, ni siquiera después de su pago total o parcial, toda vez que en ese evento deberá hacer en la misma la anotación correspondiente, atendiendo el artículo 115 del CPC. De modo que las disposiciones reglamentadas comportan un mandamiento claro y preciso para que las autoridades encargadas de la ejecución de las sentencias condenatorias a cargo de la Nación o de entidades estatales den rápido y cabal cumplimiento a las obligaciones respectivas, y la inclusión de la presentación de la primera copia de la correspondiente sentencia como requisito de la solicitud para su pago no se opone a ese mandamiento ni nada en dichas normas lo impide, pues esa exigencia es compatible, e incluso cabe decir que está implícita en el mismo, toda vez que dicho requisito hace más expedito y le da mayor seguridad al trámite de la correspondiente ejecución (administrativa o judicial), pues le da certeza a la autoridad competente sobre la existencia y autenticidad del derecho. De esa forma, en tanto norma reglamentaria, es un desarrollo adecuado de la normativa superior reglamentada por estar enteramente acorde con su contenido y su cometido. Siendo así la situación jurídica de la norma, de suyo se excluye que exceda la potestad reglamentaria, su expedición sin competencia por el Gobierno Nacional, y que sea contraria a las demás normas invocadas en la demanda, tanto las de orden constitucional como legal, pues es claro que no afecta los principios y derechos amparados y desarrollados en las mismas y antes por el contrario, constituye un instrumento procedimental encaminado a garantizar y viabilizar con la mayor seguridad jurídica posible la efectividad de esos derechos...”.

Sentencias que condenan a las entidades públicas al pago de perjuicios materiales in génere

Liquidación de condena / perjuicios materiales / perjuicios morales

Las sentencias que condenan a las entidades públicas al pago de perjuicios materiales in génere y de perjuicios morales en concreto, quedan sujetas, respecto de los primeros al incidente de liquidación; pero en relación con los segundos deberá aplicarse el artículo 176 del Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA).

Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil - Bogotá, D.E., seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.

Consejero ponente: Jaime Betancur Cuartas.

Referencia: Consulta. Radicación número 311. Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, pago de perjuicios morales separadamente de los materiales, artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

El doctor Manuel Francisco Becerra Barney, Ministro de Educación Nacional, formula a la Sala la siguiente consulta, que se transcribe a continuación:

“Coldeportes fue condenado al pago de perjuicios morales en sentencia de segunda instancia por la Sección Tercera del honorable Consejo de Estado, la que confirmó parcialmente el pronunciamiento del honorable Tribunal Administrativo del Tolima, quedando pendiente la liquidación de los perjuicios materiales, la que se tramitará en el Tribunal Administrativo del Tolima.

“Por cuanto el apoderado de la parte demandante ha solicitado en forma reiterada el pago inmediato de los perjuicios morales, citando incluso posibles infracciones a la ley penal y desacato de normal que obligan a los funcionarios públicos, se pregunta lo siguiente:

“1. Está obligado el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte ‘Coldeportes’ a pagar a los demandantes los perjuicios morales, separadamente de los perjuicios materiales, que están sujetos a su turno al trámite incidental previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil?

“2. Está obligado el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte ‘Coldeportes’ a dictar ‘resoluciones de cumplimiento’, a términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo de una sentencia de la que está pendiente parte de la liquidación de perjuicios materiales?”.

La Sala considera:

1. Las sentencias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con las peticiones de las correspondientes demandas, pueden condenar a las entidades de derecho público a pagar a los particulares los perjuicios materiales y morales que se hayan probado dentro del respectivo proceso. La condena a pagar los perjuicios materiales tales como frutos, intereses, mejoras, perjuicios, etc., se deberá hacer en forma genérica, cuando no haya prueba de su cuantía, debiendo señalarse en lo posible las bases con fundamento en las cuales deba llevarse a cabo la liquidación (CPC, art. 307).

2. De conformidad con lo anterior, se tiene que, una sentencia puede condenar a la entidad pública demandada a pagar perjuicios materiales —in génere— y perjuicios morales en concreto; providencia que queda en firme o ejecutoriada, una vez resueltos los recursos interpuestos contra ella o surtida la consulta.

Dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ha impuesto la condena in génere, la parte demandante que resultó favorecida deberá presentar por escrito ante el juez de primera instancia, una liquidación motivada que exprese la cuantía de los perjuicios, con solicitud de la práctica de las pruebas que considere pertinentes.

Si no se presentare dicha liquidación ante el funcionario competente, dentro del mencionado término, caducará el derecho reconocido in génere, y por lo mismo, se extinguirá la obligación de la entidad pública de pagar dichos perjuicios (CPC, art. 308).

3. El artículo 335 del Código de Procedimiento Civil dispone que el demandante favorecido o parte acreedora, podrá demandar la ejecución de la sentencia que ha condenado al pago de una suma de dinero, o a la entrega de muebles, etc., dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de dicha sentencia. Pero cuando “la sentencia haya impuesto condena in génere, dicho término comenzará a correr desde la ejecutoria del auto que apruebe su liquidación”.

Esta norma debe armonizarse con lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 177 del Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA) que establece que el término para ejecutar las sentencias que condenan a las entidades públicas es de dieciocho meses después de la ejecutoria.

4. Así las cosas, es muy claro que la sentencia ejecutoriada que condena a una entidad de derecho público a pagar perjuicios materiales y morales constituye una obligación para dicha entidad de iniciar el trámite correspondiente para su cumplimiento (CCA, art. 176).

Solamente cuando la sentencia haya impuesto condena in génere, se puede exigir el cumplimiento de la obligación una vez producida la providencia que apruebe la liquidación de los perjuicios, mientras tanto la obligación no es clara y, por lo mismo, no puede ser exigible.

Pero no se puede predicar lo mismo respecto de la obligación de pagar los perjuicios morales, porque esta es clara, expresa y actualmente exigible, toda vez que a la sentencia, como se anotó, al quedar ejecutoriada, debe dársele cumplimento. No puede someterse el pago de dicha obligación a la liquidación de los perjuicios materiales, entre otras razones, porque el incidente de liquidación no influye ni cambia la condena que se hubiere impuesto por perjuicios morales.

5. La Sala concluye, que las sentencias que condenan a las entidades públicas al pago de perjuicios materiales in génere y de perjuicios morales en concreto, quedan sujetas, respecto de los primeros al incidente de liquidación; pero en relación con los segundos deberá aplicarse el artículo 176 del Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA), que reza:

“Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días, contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”.

6. De otra parte, debe tomarse en consideración que, como se indicó, el incidente de liquidación de los perjuicios materiales no puede cambiar la condena de los perjuicios morales, es decir, no tienen punto tangencial, que permita que estos puedan ser modificados, por este motivo, no se encuentra justificación para demorar el cumplimiento de una obligación, clara, expresa y actualmente exigible, que puede acrecentarse por la aplicación de los intereses comerciales y moratorias que establece el inciso final del artículo 177 del Decreto-Ley 1 de 1984 (CCA).

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala responde los interrogantes planteados por el señor Ministro de Educación Nacional:

1. El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, está obligado a pagar a los demandantes favorecidos los perjuicios morales, separadamente de los perjuicios materiales que están sujetos al incidente de liquidación previsto por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

2. Como consecuencia de la anterior aseveración, la Sala estima que el Instituto mencionado, debe expedir la resolución correspondiente, en la cual se tomarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia en cuanto haga referencia a los perjuicios morales, y cuando quede ejecutoriado el auto que apruebe la liquidación de los perjuicios materiales se adelantará lo pertinente para la ejecución de dicha obligación.

En los anteriores términos, la Sala absuelve la consulta planteada por el señor Ministro de Educación Nacional.

Jaime Paredes Tamayo, Presidente de la Sala; Jaime Betancur Cuartas, Miren De La Lombana de Magyaroff, Conjuez; Humberto Mora Osejo.

Elizabeth Castro Reyes, Secretaria.

CORTE CONSTITUCIONAL 

Sentencia C-188/99 

24 de marzo de 1999

“... Interés comercial / intereses moratorios

Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.

Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el que ente oficial, el hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas. Se declararán inexequibles las expresiones que, en la norma, dan lugar a la injustificada e inequitativa discriminación objeto de examen, y que favorecen la ineficiencia y la falta de celeridad en la gestión pública.

Intereses moratorios - momento a partir del cual se causan

Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido este, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria.

Referencia: Expediente D-2191

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998

Demandantes: Ana María Acosta, Juliana Gómez, Cristina Trujillo, Adriana Gómez, Catalina Rozo y Claudia Ochoa...”.

Procedimiento pago sentencia

 

Ministerio de Defensa Nacional República de ColombiaProcedimientoPágina 73 de 106
 Pago de sentencias y conciliaciones. Vigente a partir de: 30 sep. 2011Código: 33.2 AL-MDSGDAL-P013-01 
   
Objetivo: dar cumplimiento a las sentencias y acuerdos conciliatorios que impongan obligaciones a cargo del Ministerio de Defensa
Alcance: desde la radicación de la cuenta de cobro en el grupo reconocimiento de obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva hasta la elaboración y firma del acto administrativo que reconoce la obligación, y entrega del mismo al grupo financiero
Fecha de emisión:Responsable del documento:Ubicación:
05 oct. 2011Director de asuntos legalesRuta: Suite Visión Empresarial > Módulos > SGC > Documentos

 

Histórico de cambios
Versión NºFecha de emisiónCambios realizados
0105 oct. 2011Emisión inicial
Dependencias participantes
Dirección de asuntos legales
Elaborado por:
Fanny Rivera Sandoval
Revisado por:
Alex de Jesús Salgado Lozano
Aprobado por:
Yaneth Giha Tovar
Cargo:
profesional de defensa
Cargo:
director asuntos legales
Cargo: viceministra para la estrategia y planeación
Fecha: 12 abr. 2011Fecha: 13 abr. 2011Fecha: 30 sep. 2011
Firma:Firma:Firma: N.A.

 

 

1. Procedimiento.

 

Paso NºEntradaActividadSalidaResponsable (cargo)Formato o registro que se genera
1Cuenta de cobroDe no aportarse la documentación completa se solicita la faltante.Documentación aportadaAbogadoRegistro Sigob
2Documentación completaCumplir con los requisitos establecidos en la ley, se procede a la asignación del número de turno para proceder al pago respectivo.
Remitir copia del fallo a la dependencia competente cuando la sentencia o conciliación exijan el cumplimiento de una obligación de hacer.
Turno asignado comunicación del falloUniformado asistenteN/A registro Sigob
3Turno asignado comunicación del falloProceder a efectuar consulta a la DIAN, con el fin de que informe si las personas que pretenden el pago están reportadas como deudores de dicha entidad.Oficio enviado a la DIANContratistaRegistro Sigob
4Documentación aportadaCrear en el sistema integrado de información financiera (SIIF), los datos de quien recibirá el pago de sentencias y conciliaciones, junto con los datos de la cuenta certificada.Enviar cuenta creada en SIIFContratistaRegistro SIIF
5Cuenta creada en SIIFCoordinar con el grupo financiero de la dirección administrativa la creación de la cuenta ante el Ministerio de Hacienda.Oficio solicitando la creación de la cuentaContratistaRegistro Sigob
6Correo electrónico indicando el PAC para el mes a ejecutarRecibir correo electrónico del grupo financiero con el PAC y acordar las fechas de liquidación de intereses.Cronograma fechas de liquidaciónCoordinador de grupoCronograma y correo electrónico
7Cronograma fecha de liquidación de expedientesRealizar liquidación y generar el proyecto de resolución.Proyecto de resoluciónAbogado economista contratistaN.A.
8Proyecto de resoluciónRevisar proyecto de resoluciónProyecto de resolución revisadoCoordinador de grupoN.A.
9Proyecto de resolución revisadoPresentar resolución para la firma del director asuntos legales.Resolución firmadaDirector asuntos legalesResolución
10Resolución firmadaNumerar y comunicar la resolución.Resolución numerada y comunicadaContratistaRegistro libro físico de control
11Resolución numeradaRelacionar la resolución y enviar copia al grupo financiero - cuentas por pagar, quienes realizan los registros contables y dan trámite para el pago.Copia de la resolución enviadaContratistaRegistro libro físico de control
Fin del procedimiento

 

2. Abreviaturas, unidades de medida y expresiones aceptadas.

2.1. CCA: Código Contencioso Administrativo.

2.2. Sigob: sistema de información de gestión.

3. Notas y advertencias.

3.1. Teniendo en cuenta la clase y naturaleza de la consulta, los términos para atenderla son los previstos en el CCA.

3.2. Documentos para el pago de sentencias y conciliaciones: Solicitud de pago, primera copia de la sentencia o auto aprobatorio que presta mérito ejecutivo, constancia de notificación y ejecutoria, poderes y vigencias, gravedad del juramento de no haber presentado otra solicitud de cobro, certificación bancaria, RUT, correo electrónico, fotocopia de la cédula.

4. Documentos asociados.

4.1. Constitución Política de Colombia.

4.2. Leyes.

4.3. Código Contencioso Administrativo.

5. Anexos.

No Aplica.

6. Definiciones.

6.1. Sentencia: la sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.) o causa penal.

La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, la sentencia absuelve o condena al acusado, imponiéndole la pena correspondiente.

6.2. Conciliación: Es una forma directa y civilizada de solucionar conflictos o diferencias que surjan entre las personas, por virtud de una relación contractual o de otra naturaleza, que sea susceptible de transacción o desistimiento y en la cual la definición de la situación corresponde a las partes, quienes a través de la mediación de un tercero experto e imparcial, que propicia un espacio de diálogo, pueden lograr un acuerdo amistoso y de mutuo beneficio, con pleno efecto jurídico.

Verificación documentos

Verificación requisitos presentación cuenta de cobro sentencias acuerdos conciliatorios y reliquidaciones

Nº proceso___________ Actor_____________________________

1. Solicitudes de pago sí_______ no_________

2. Fallos 1ª Y 2ª instancia sí_______ no_________

3. Auto aprobatorio conciliación sí_______ no_________

4. Acta conciliación sí_______ no_________

5. Constancia ejecutoria sí_______ no_________

6. Constancia primeras copias sí_______ no_________

7. Poderes y vigencias sí_______ no_________

8. Gravedad del juramento sí_______ no_________

10. Certificación bancaria sí_______ no_________

11. RUT - Cédula sí_______ no_________

12. Correo electrónico sí_______ no_________

13. Relación beneficiarios sí_______ no_________

14. Certificación abogado sede sí_______ no_________

15. Copia cédula del primer sí______ no_________

Beneficiario de la sentencia

Cesiones

1. Poder para ceder

- Beneficiario - abogado sí_______ no_________

2. Cesión beneficiario-abogado sí_______ no_________

3. Cesión abog.-cesionario final sí_______ no_________

4. Paz y salvo abogado sí_______ no_________

5. Paz y salvo cedentes sí_______ no_________

Fecha presentación de la cuenta __________________________

Fecha adición documentos pendientes_____________________

Revisó: _________________________________________________________

Cuadro de turnos

El cuadro de turnos sirve como herramienta para asignar el turno a cada proceso que es radicado en el Ministerio de Defensa Nacional en estricto orden por fecha y hora, así como para llevar un control adecuado en el sentido de que a un mismo proceso no se le asigne más de un turno. Igualmente, opera como instrumento de cruce de información con el grupo contencioso constitucional, para incluir la información en el aplicativo SAP. Este cuadro se alimenta mensualmente con los procesos recibidos durante el mes inmediatamente anterior, el cual consta de 25 columnas, así:

1. Número de turno asignado en estricto orden consecutivo.

2. Número radicado, el cual consta de 23 dígitos, los cuales son asignados por el despacho o corporación donde se llevó a cabo el proceso.

3. Nombre del demandante o actor: es el nombre completo de la persona que interpuso la acción (quien encabeza).

4. Número de identificación del demandante: el número de cédula se requiere para el registro en el aplicativo SAP y para el SIIF, de cada uno de los procesos, según el actor.

5. Valor capital: es el valor que debe cancelar la entidad según el fallo sin tener en cuenta intereses o indexaciones.

6. Acción: se especifica si es reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, contractual, etc.

7. Clase: indica si se presentó una conciliación judicial, prejudicial o sentencia.

8. Corporación: ante qué entidad se llevó a cabo el proceso, es decir, juzgado administrativo, Tribunal Administrativo o Consejo de Estado.

9. Número corporación: se aplica para el caso de los juzgados administrativos.

10. Ubicación: en qué ciudad están ubicados estos despachos o corporaciones.

11. Descripción de la causa que origina la condena: es un breve resumen de los hechos que generaron la acción.

12. Fuerza implicada: se indica si corresponde a Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional o el mismo ministerio.

13. Año sentencia: el año en que fue proferida la sentencia.

14. Fecha sentencia y/o auto aprobatorio de la conciliación: de acuerdo a cada proceso se incluyen estos datos en el cuadro.

15. Fecha ejecutoria: la fecha en que el fallo quedó debidamente ejecutoriado según la constancia del respectivo despacho que debe venir anexa en el proceso.

16. Cesión de derechos: se digita si fue objeto de cesión o no el correspondiente proceso.

17. Occiso: cuando la acción fue generada por muerte, se incluye el nombre completo de la víctima.

18. Afectado: en el caso de lesiones personales, se incluye el nombre del lesionado o cuando es por muerte, se incluye los familiares o damnificados que interpusieron la acción.

19. Año: corresponde a la vigencia en la cual es radicado ante el Ministerio de Defensa Nacional.

20. Presentación documentos: es la fecha de su radicación ante la entidad.

21. Abogado: nombre completo del apoderado de la parte actora.

22. Dirección: del apoderado de la parte actora, junto con números telefónicos.

23. Número de resolución: es el número asignado al acto administrativo que emite la entidad para reconocer lo ordenado en cada proceso.

24. Fecha resolución: es la fecha del respectivo acto administrativo.

25. Observaciones: en esta columna se incluyen los datos de particular relevancia de cada proceso, así como las notas sobre requisitos incompletos o trámites internos pendientes.

De igual manera, sobre este cuadro una vez reunida la totalidad de requisitos internos y externos, se efectúa el reparto para liquidación cada mes y el consecuente control de turnos pagados.

 

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Modelos

Nº MDNSGDALGROLJC-241

Bogotá, D.C.,

Señor:

************

**********

Asunto: Cesión créditos cuenta de ****** y otros T-*****

Respetado señor:

Dando respuesta a la solicitud elevada por usted ante este Ministerio el día ***, mediante el cual informa de la cesión hecha por Harry Benjamín Arrieta Villegas, en calidad de apoderado de los beneficiarios, de las sumas reconocidas mediante sentencia o conciliación *******, más los intereses moratorios que se cancelaran de conformidad con lo señalado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, me permito informarle que esta entidad se da por notificada de la cesión del crédito.

Para continuar con el trámite respectivo, le solicito se remita a esta dirección el original de la constancia de primeras copias que prestan mérito ejecutivo y una declaración juramentada de cada uno de los beneficiarios, objeto del contrato de cesión, donde manifieste haber recibido a satisfacción la indemnización reconocida a su favor y desisten de efectuar revocatorias o reclamaciones posteriores a la celebración del contrato de cesión.

De acuerdo con lo anterior, le comunico que una vez se aporten los documentos y se llegue al turno ***-** para proceder con la liquidación y pago, se tendrá en cuenta las condiciones de la cesión y se ordenará el pago a favor de ***********., de conformidad con el contrato, lo ordenado en el acta y auto aprobación de la conciliación y/o sentencia, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y decretos reglamentarios del pago de sentencias y conciliaciones.

Por último, le informo que aunque se aportó con el contrato de cesión la certificación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de cada uno de los beneficiarios, este Ministerio en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996 y Decreto Reglamentario 2126 del 29 de agosto de 1997, solicitará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales información respecto de las obligaciones tributarias que los beneficiarios de la citada sentencia puedan tener, en caso de que dicha entidad informe de obligaciones pendientes por cancelar a favor del Estado, se procederá a efectuar la respectiva compensación.

Atentamente,

*************************************

Director de asuntos legales

***********************************************************

Coor. grupo reconocimiento obligaciones litigiosas y jurisdicción coactiva

Proyectó *********

República de Colombia

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Asuntos Legales

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2011

( )

Por la cual se da cumplimiento a un acuerdo conciliatorio a favor de [actor],

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1º de la Resolución 3530 del 4 de septiembre de 2007, artículos 176, 177 del CCA, artículo 45 Decreto 111 de 1996, Ley 446 de 1998, artículo 38 del Decreto 359 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que en la conciliación realizada ante la XXXXXXX el [FECCONCILIA], aprobada mediante auto de [FECAUTO], proferido por el [TRIBUNAL 1], debidamente ejecutoriado el [FECEJECUTA], proceso Nº [PROCESO], se acordó reconocer una indemnización a [ACTOR 1], por [CAUSAL] de [VÍCTIMA] ocasionada [OCASIONA], según hechos ocurridos el [FECOCASIONA], [LUGAR].

Que en cumplimiento del Decreto 2126 del 21 de agosto de 1997, el coordinador de devoluciones y compensaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante comunicación Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], informó a este Ministerio, que consultados los archivos magnéticos de registro único tributario (RUT), no se encontró registro de los beneficiarios reconocidos en el presente acto administrativo, así como tampoco deudas pendientes con esa entidad por concepto de obligaciones tributarias y/o aduaneras.

Que mediante oficio Nº [NÚMERO], del [DÍA] de [MES] de [AÑO], el jefe coordinación de devoluciones y compensaciones - subdirección de gestión de recaudo y cobranzas UAE “DIAN” solicitó a la Dirección Seccional de Impuestos de Cali la información correspondiente a [BENEFICIARIOS] [A] sin que a la fecha se haya obtenido pronunciamiento alguno por parte de esa entidad, por lo que se dará aplicación al artículo 4º del Decreto 2126 del 29 de agosto de 1997.

Que las sumas reconocidas en este acto administrativo se encuentran respaldadas en el certificado de disponibilidad presupuestal Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], expedido por el jefe de presupuesto de la dirección administrativa de este ministerio, el cual incluye el valor correspondiente al presente acto Administrativo.

Que de conformidad con lo anterior, se procede a la siguiente liquidación:

CAPITAL - PERJUICIOS MORALES.

NOMBRE [DESCRIP3] CAPITAL

[NOMBENE] [GRAMORO] [VALORGRAMO]

[T0TGRAMO] [TOTVALGRA]

[TÍTULOKATERIAL]

[NOMBRETIT] [TITCAPITAL]

[NOMBENE1] [KMATERIAL]

[TOTKMATERIAL]

[TÍTULOKFISIO]

[NOMBRETIT2] [TITCAPITAL2]

[NOMBENE12] [KFISIO]

[TOTKFISIO]

TOTAL CAPITAL PERJUICIOS

NOMBRE CAPITAL

[NOMBENE2] [KMMTOT]

[TOTKMMTOT]

LIQUDACIÓN INTERESES:

[INTERESES]

TOTAL CAPITAL E INTERESES:

7NOMBRE CAPITAL

[NOMBENE3] [TOTKBENE]

[GRANTOTBENE]

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de [monto] M/CTE ($[VALORTOTAL]), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a favor de [BENEFICIARIOS], a través de su apoderado doctor(a) [APODERADO], con C. C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED], y tarjeta profesional de abogado Nº [NUMTARJETA] del [LUGARTARJETA].

ART. 2º—La tesorería principal de la dirección administrativa del Ministerio de Defensa Nacional-gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor del doctor(a) [APODERADO], con C.C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED], en la Cuenta corriente o de ahorros y/o cuenta que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional.

ART. 3º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución (CCA, art. 49).

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C.

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional,

[FIRMA]

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de asuntos legales

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2011

( )

Por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de [ACTOR],

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1º de la Resolución 1927 del 12 de diciembre de 2000, artículos 176, 177 del CCA, artículo 45 Decreto 111 de 1996, Ley 446 de 1998, artículo 38 del Decreto 359 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el [TRIBUNAL1], mediante sentencia del [FEC1INST], [TRIBUNAL2] [FEC2INST] debidamente ejecutoriada el [FECEJECUTA], proceso Nº [NROPROCESO], declaró la nulidad del acto, mediante el cual se retiró del servicio.

Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se ordenó al Ministerio de Defensa Nacional a reconocer y pagar al señor [ACTOR1] por concepto de sueldos y demás prestaciones a que tenga derecho, que haya dejado de percibir desde la desvinculación, para lo cual deberá tener en cuenta los aumentos o reajustes decretados periódicamente.

Que en cumplimiento del Decreto 2126 del 21 de agosto de 1997, el coordinador de devoluciones y compensaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante comunicación Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], informó a este ministerio, que consultados los archivos magnéticos de registro único tributario (RUT), no se encontró registro de los beneficiarios reconocidos en el presente acto administrativo, así como tampoco deudas pendientes con esa entidad por concepto de obligaciones tributaria y/o aduaneras.

Que mediante oficio Nº [NÚMERO], del [DÍA] de [MES] de [AÑO], el Jefe coordinación de devoluciones y compensaciones - subdirección de gestión de recaudo y cobranzas UAE “DIAN” solicitó a la dirección seccional de impuestos de Cali, la información correspondiente a [BENEFICIARIOS] [A] sin que a la fecha se haya obtenido pronunciamiento alguno por parte de esa entidad, por lo que se dará aplicación al artículo 4º del Decreto 2126 del 29 de agosto de 1997.

Que las sumas reconocidas en este acto administrativo se encuentran respaldadas en el certificado de disponibilidad presupuestal Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], expedido por el jefe de presupuesto de la dirección administrativa de este ministerio, el cual incluye el valor correspondiente al presente acto administrativo.

Que según el fallo arriba mencionado la suma liquidada por los conceptos anotados, deben indexarse de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 178 del CCA, teniendo en cuenta la fórmula financiera establecida jurisprudencialmente por el honorable Consejo de Estado, así:

*******************************************************************

Mes Año Índice Capital a liquidar Capital actualizado

*******************************************************************

[IPC]

Que, de conformidad con lo anterior, se procede a la siguiente liquidación:

CAPITAL - PERJUICIOS.

NOMBRE CAPITAL

[NOMBENE1][KMATERIAL]

[TOTKMATERIAL]

INTERESES - PERJUICIOS

[INTERESES]

TOTAL CAPITAL E INTERESES:

NOMBRE CAPITAL

[NOMBENE3] [TOTKBENE]

[GRANTOTBENE]

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer, ordenar y autorizar pago de la suma de [MONTO] ([VALORTOTAL]), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a [BENEFICIARIOS] a través de su apoderado doctor(a) [APODERADO] con C.C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED] y Tarjeta Profesional de Abogado Nro. [NUMTARJETA] del [LUGARTARJETA].

ART. 2º—La tesorería principal de la dirección administrativa del Ministerio de Defensa Nacional-Gabinete pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor del doctor(a) [APODERADO] con C.C. [NUMCÉDULA] de [LUGARCED], en la Cuenta corriente o de ahorros que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la tesorería principal del Ministerio de Defensa Nacional.

ART. 3º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución (CCA, art. 49).

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C.

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional,

[FIRMA]

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Asuntos Legales

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2011

( )

Por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de [ACTOR],

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1º de la Resolución 3530 del 4 de septiembre de 2007, artículos 176, 177 del CCA, artículo 45 Decreto 111 de 1996, Ley 446 de 1998, artículo 38 del Decreto 359 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el [TRIBUNAL1], mediante sentencia del [FEC1INST], [TRIBUNAL2] [FEC2INST] debidamente ejecutoriada el [FECEJECUTA], proceso No. [PROCESO], declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - por los perjuicios causados a [ACTOR1], por [CAUSAL] de [VÍCTIMA] ocasionada [OCASIONA], según hechos ocurridos el [FECOCASIONA], [LUGAR].

Que en cumplimiento del Decreto 2126 del 21 de agosto de 1997, el coordinador de devoluciones y compensaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante comunicación Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], informó a este ministerio, que consultados los archivos magnéticos de registro único tributario (RUT), no se encontró registro de los beneficiarios reconocidos en el presente acto administrativo, así como tampoco deudas pendientes con esa entidad por concepto de obligaciones tributarias y/o aduaneras.

Que mediante oficio Nº [NÚMERO], del [DÍA] de [MES] de [AÑO], el jefe coordinación de devoluciones y compensaciones - subdirección de gestión de recaudo y cobranzas UAE “DIAN” solicitó a la dirección seccional de impuestos de Cali, la información correspondiente al [BENEFICIARIOS] [A] sin que a la fecha se haya obtenido pronunciamiento alguno por parte de esa entidad, por lo que se dará aplicación al artículo 4º del Decreto 2126 del 29 de agosto de 1997.

Que las sumas reconocidas en este acto administrativo se encuentran respaldadas en el certificado de disponibilidad presupuestal Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], expedido por el jefe de presupuesto de la dirección administrativa de este ministerio, el cual incluye el valor correspondiente al presente acto administrativo.

Que de conformidad con lo anterior, se procede a la siguiente liquidación:

[ENCABEZ1]

[ENCABEZ11] [ENCABEZ12]

[NOMBENE] [GRAMORO] [VALORGRAMO]

[TOTGRAMO] [TOTVALGRA]

[TÍTULOKATERIAL]

[NOMBRETIT] [TITCAPITAL]

[NOMBENE1] [KMATERIAL] [TOTKMATERIAL]

[TÍTULOKFISIO]

[NOMBRETIT2] [TITCAPITAL2]

[NOMBENE12] [KFISIO]

[TOTKFISIO]

[ENCABEZA2]

NOMBRE CAPITAL

[NOMBENE2] [KMMTOT]

[TOTKMMTOT]

[ENCABEZA3]

[INTERESES]

[ENCABEZA4]

NOMBRE CAPITAL

[NOMBENE3] [TOTKBENE]

[GRANTOTBENE]

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de [MONTO] M/CTE ($[VALORTOTAL]), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a [BENEFICIARIOS] a través de su apoderado doctor(a) [APODERADO] con C.C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED] y tarjeta profesional de abogado Nº [NUMTARJETA] del [LUGARTARJETA].

ART. 2º—La tesorería principal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional-Gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor del doctor(a) [APODERADO] con C.C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED], en la Cuenta corriente o de ahorros y/o cuenta que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la tesorería principal del Ministerio de Defensa Nacional.

ART. 3º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución (CCA, art. 49).

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C.

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional,

[FIRMA]

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Asuntos Legales

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2011

( )

Por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de [ACTOR],

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1º de la Resolución 3530 del 4 de septiembre de 2007, artículos 176, 177 del CCA, artículo 45 Decreto 111 de 1996, Ley 446 de 1998, artículo 38 del Decreto 359 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que el [TRIBUNAL1], mediante sentencia del [FEC1INST], [TRIBUNAL2] [FEC2INST] debidamente ejecutoriada el [FECEJECUTA], proceso Nº [PROCESO], declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - por los perjuicios causados a [ACTOR1], por [CAUSAL] de [VÍCTIMA] ocasionada [OCASIONA], según hechos ocurridos el [FECOCASIONA], [LUGAR].

Que en cumplimiento del Decreto 2126 del 21 de agosto de 1997, el coordinador de devoluciones y compensaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante comunicación No. [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], informó a este Ministerio, que consultados los archivos magnéticos de registro único tributario (RUT), no se encontró registro de los beneficiarios reconocidos en el presente acto administrativo, así como tampoco deudas pendientes con esa entidad por concepto de obligaciones tributarias y/o aduaneras.

Que mediante oficio Nº [NÚMERO], del [DÍA] de [MES] de [AÑO], el jefe coordinación de devoluciones y compensaciones - subdirección de gestión de recaudo y cobranzas UAE “DIAN” solicitó a la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, la información correspondiente al [BENEFICIARIOS] [A] sin que a la fecha se haya obtenido pronunciamiento alguno por parte de esa entidad, por lo que se dará aplicación al artículo 4º del Decreto 2126 del 29 de agosto de 1997.

Que las sumas reconocidas en este acto administrativo se encuentran respaldadas en el certificado de disponibilidad presupuestal Nº [NÚMERO] del [DÍA] de [MES] de [AÑO], expedido por el jefe de presupuesto de la dirección administrativa de este ministerio, el cual incluye el valor correspondiente al presente acto administrativo.

RESUELVE:

ART. 1º—Reconocer, ordenar y autorizar el pago de la suma de [MONTO] M/CTE ($[VALORTOTAL]), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a [BENEFICIARIOS] a través de su apoderado doctor(a) [APODERADO] con C.C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED] y tarjeta profesional de abogado Nº [NUMTARJETA] del [LUGARTARJETA].

ART. 2º—La tesorería principal de la dirección administrativa del Ministerio de Defensa Nacional-Gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación a favor del doctor(a) [APODERADO] con C.C. Nº [NUMCÉDULA] de [LUGARCED], en la cuenta corriente o de ahorros y/o cuenta que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la tesorería principal del Ministerio de Defensa Nacional.

ART. 3º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno por la vía gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución (CCA, art. 49).

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C.

El director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional,

[FIRMA]

Modelos cuadros para remitir liquidaciones salariales y/o prestacionales por parte de las fuerzas o unidades ejecutoras

Ejemplos:

Disminución capacidad Sicofísi

 

AñoReajuste Pérdida sicofísicaTotal pensiónNº mesadasTotal valor nominado
20037,443337%571.096.00142.774.00713.870.00147.995.344.00
20047,831330%615.820.41153.955.10769.775.51148.621.485.74
20057,864246%656.244.37164.061.09820.305.46149.187.421.18
20067,946265%701.828.84175.457.21877.286.05149.825.603.76
20077,299020%746.037.17186.509.29932.546.461410.444.520.38
20086,409961%793.857.86198.464.47992.322.3314 
20097,670690%854.751.83    
2010      
2011      
Total     46.074.375.06
   

 

Pensión

 

 ABCDEFGH   
AñoBase salarialIncremento anualPrima antigüedad 20%Prima actividad 22.50%Doceava prima de navidad 1/12Total partidas% Liquidación 70% del total de partidasValor pensión mensualTotal mesadasDíasValor pensión anual
  29.89%20%22.50%0.0833A+C+D+E70%    
1998546,544.0014.91%109,308.80122,972.4064,902.10843,727.30590,609.11590,609.115143,228,663.13
1999628,033.719.23%125,606.74141,307.5874,579.00969,527.04678,668.93678,668.9314 9,501,365.00
2000686,001.225.66%137,200.24154,350.2781,462.651,059,014.39741,310.07741,310.0714 10,378,340.99
2001724,828.894.97%144,965.78163,086.5086,073.431,118,954.60783,268.22783,268.2214 10,965,755.09
2002760,852.896.07%152,170.58171,191.9090,351.281,174,566.64822,196.65822,196.6514 11,510,753.11
2003807,036.665.28%161,407.33181,583.2595,835.601,245,862.84872,103.99872,103.9914 12,209,455.83
2004849,648.195.50%169,929.64191,170.84100,895.721,311,644.40918,151.08918,151.0814 12,854,115.09
2005896,378.845.00%179,275.77201,685.24106,444.991,383,784.84968,649.39968,649.3914 13,561,091.42
2006941,197.79188,239.56211,769.50111,767.241,452,974.081,017,081.861,017,081.865  5,085,409.28
Total6,840,522.191,368,104.441,539,117.49812,312.0110,560,056.137,392,039.297,392,039.29108  89,294,948.94
            
            

Reajuste anual

 

AñoReajuste %Suma fijaPensión reajustadaMesesDíasTotal a cancelar
   289,933.921062,957,325.98
199916.010713,724.28350,078.7114 4,901,101.94
20009.997513,724.28398,801.9714 5,583,227.58
20019.957713,724.28452,237.7814 6,331,328.92
20028.04200.00488,606.5614 6,840,491.84
20037.44340.00524,975.3314 7,349,654.62
20047.83170.00566,087.8914 7,925,230.46
20056.56420.00603,247.2914 8,445,462.06
20066.94630.00645,150.4414 9,032,106.16
20076.29900.00685,788.602 1,371,577.20
Total     60,737,506.76

 

Prima de actualización

 

AñoPensión a pagar con prima de actualizaciónPensión pagada sin prima de actualizaciónDiferenciaMesesDíasDiferencia a pagar mensual
19922,969,753.002,342,340.00627,413.0013 48,262.54
19934,021,045.003,171,528.00849,517.0013 65,347.46
19946,027,141.005,166,121.00861,020.0014 61,501.43
19958,034,226.007,416,209.00618,017.0014 44,144.07
Total21,052,165.0018,096,198.002,955,967.00  219,255.50

 

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