RESOLUCIÓN 5953 DE 2004 

(Diciembre 6)

“Por medio de la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar diversas contrataciones con el fin de implementar el sistema penal acusatorio”.

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto 261 de 2000, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 42 de la Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación de la administración pública, consagra como mecanismo excepcional de contratación, la declaratoria de la urgencia manifiesta, el que puede ser utilizado, entre otros casos, cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro.

El literal f) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, permite la contratación directa, en caso de urgencia manifiesta, sin importar la cuantía y naturaleza del contrato a celebrarse.

El Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, modificó los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política, en el sentido de reformar las funciones de la Fiscalía General de la Nación, reformas que variaron estructuralmente el sistema de procedimiento penal, adoptando para el país el sistema penal acusatorio, en forma gradual, según lo determine la ley.

El mismo acto legislativo, estableció la competencia y responsabilidad en la implementación y desarrollo del sistema penal acusatorio en la comisión de seguimiento prevista en el artículo 4º, comisión a la cual pertenece la Fiscalía General de la Nación.

El artículo 250 de la Constitución Nacional, reformado por el Acto Legislativo 3 de 2002, modificó las funciones que constitucionalmente le corresponden a la Fiscalía General de la Nación a fin de implementar el sistema penal acusatorio.

El inciso 1º del artículo 116 de la Constitución Nacional determina que “la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar (...)”.

Establece el artículo 228 de la Constitución Nacional que “la administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.

De conformidad con el artículo 1º de la Ley 270 de 1996, “la administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.

En relación con la disposición trascrita, la honorable Corte Constitucional ha sostenido: “uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados.

Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de estas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz “(...). Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección. Así, entonces, la justicia; ha pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el artículo 228 del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados, en otras palabras, que esta no sea simple letra muerta sino una realidad viviente para todos” (tomado de la Sent. C-037/96).

La Ley 906 del 31 de agosto de 2004, en su libro VII, capítulo I, en desarrollo del Acto Legislativo 3 de 2002, consagró el régimen de implementación gradual y sucesiva del sistema penal acusatorio, y el artículo 528 del mismo estatuto preceptúa: “el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación ordenarán los estudios necesarios y tomarán las decisiones correspondientes para la implantación gradual y sucesiva del sistema contemplado en este código”.

De conformidad con lo señalado en el artículo 530 ibídem, se determina que los distritos judiciales, de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira, serán considerados como programas pilotos, para la iniciación del sistema penal acusatorio a partir del 1º de enero de 2005.

En tales condiciones, la fiscalía procedió a elaborar los estudios y sondeo de necesidades para cumplir con la implementación del nuevo sistema, de donde encontró que es indispensable adecuar, mejorar y dotar las sedes de la entidad en las ciudades de Bogotá, Manizales, Pereira y Armenia para el funcionamiento de las unidades de reacción inmediata (URI), salas de atención al usuario (SAU) y bodegas para el almacenamiento de evidencias.

Las obras antes mencionadas deben realizarse como requisito previo a la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, pues es necesario contar con una infraestructura física y logística adecuada que permita el desarrollo óptimo, ágil y expedito de los procesos de investigación y juzgamiento, garantizando celeridad del proceso para una justicia penal oportuna y pronta.

Adicionalmente, tales obras, en especial, las bodegas para el almacenamiento de evidencia, también comprometen la garantía en el debido manejo y almacenamiento de los elementos de prueba dentro del contexto de la cadena de custodia, mediante una infraestructura física idónea y segura, con el fin de obtener la autenticidad de la evidencia, asegurando óptimas condiciones de recolección, preservación, embalaje, y permanencia.

De acuerdo con el parágrafo transitorio del artículo 5º del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002: “para que el nuevo sistema previsto en este acto legislativo pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial, deberán estar garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación, en especial de la defensoría pública. Para estos flectos, la comisión de seguimiento de la reforma creada por el artículo 4º transitorio, velará por su cumplimiento”.

Las partidas necesarias para contratar las obras y demás elementos indispensables para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio no fueron incluidas en el presupuesto inicial de gastos para la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2004, por cuanto para la época de su preparación, no se sabía a ciencia cierta su dimensión, su monto y, en general, los requerimientos que, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal que expidiera el Congreso de la República, resultaran necesarios para la implementación del sistema.

Solo con la expedición de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004, la entidad tuvo certeza sobre los requerimientos reales para cumplir con la adecuación de las seccionales en las cuales, según el mismo código, debe iniciarse la implementación del sistema oral acusatorio.

Consecuente con lo anterior, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la adición del presupuesto de gastos de la entidad, con el propósito de adelantar las gestiones contractuales que, con arreglo a la ley, resultaran procedentes para la adecuación y dotación de las seccionales y la satisfacción de las demás necesidades para cumplir con el mandato legal. Tales recursos, de conformidad con el estatuto orgánico de presupuesto, deben ser adicionados mediante un trámite legislativo, el cual culminó con la ley de adición al presupuesto general de la Nación, para la vigencia de 2004, expedida en los primeros días de diciembre del mismo año.

En virtud del principio de la anualidad, los recursos adicionados y asignados, deben comprometerse antes del 31 de diciembre del correspondiente año fiscal, o de lo contrario, las respectivas partidas, sin excepción, caducarán.

En consideración a que el término perentorio de entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (ene. 1º/2005), no permite surtir los trámites ordinarios de contratación señalados en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 2170 de 2002, antes de la culminación de la vigencia fiscal, no se podrían ejecutar oportunamente, entre otros, las obras, suministros y adecuaciones requeridas para la puesta en marcha del nuevo sistema penal, circunstancia que conllevaría a una parálisis inminente en la prestación del servicio público de administración de justicia, por cuanto el 1º de enero de 2005 no se tendrían satisfechos los requerimientos y suministros indispensables para iniciar la nueva etapa del sistema penal colombiano.

Con el fin de precaver la inminente parálisis en el servicio de la administración de justicia, en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira, que de no realizarse las obras y dotaciones requeridas, estarían abocados a que el sistema penal acusatorio no se ponga en vigencia el 1º de enero de 2005, lo cual atentaría contra los postulados constitucionales de acceso a la justicia, y su prestación en forma continua, regular y oportuna, tal como se ha dejado sentado en las consideraciones precedentes, se requiere acudir al mecanismo excepcional de contratación, previsto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 esto es, a la declaratoria de urgencia manifiesta, con el fin de celebrar los contratos requeridos para la adecuación, implementación y puesta en funcionamiento para el servicio auxiliar de la administración de justicia, con destino a los despachos de los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira, en los cuales debe ponerse en funcionamiento el nuevo sistema penal acusatorio, a partir del 1º de enero de 2005.

En consecuencia, a fin de que las partidas presupuestales asignadas se comprometan antes de su caducidad y se logre su destinación a la implementación del nuevo sistema, se impone hacer uso de la declaratoria de la urgencia manifiesta para proceder a celebrar los contratos requeridos en forma directa con el fin de garantizar que en los distritos judiciales de Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira, el sistema penal acusatorio entre en plena vigencia en la fecha señalada, tal como lo ordena el Acto Legislativo 3 de 2002 y la Ley 906 de 2004;

Por todo lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar la urgencia manifiesta para contratar directamente la adecuación y dotación de las seccionales del Eje Cafetero y Bogotá, de conformidad con los precios de mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de la contratación pública.

ART. 2º—Delegar en la directora nacional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, la competencia para suscribir los respectivos contratos, con sujeción a las normas y reglamentos que rigen la actividad contractual de la Fiscalía General de la Nación.

ART. 3º—La oficina jurídica, por conducto de la coordinación de contratación, se encargará de los trámites previstos para que la Contraloría General de la República ejerza sus funciones de control, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

ART. 5º(sic)—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 6 de diciembre de 2004.

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