RESOLUCIÓN 6 DE 2005

 

RESOLUCIÓN 6 DE 2005 

(Abril 28)

“Por el cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y se dictan otras disposiciones”.

La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.,

en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 16 del Acuerdo 19 de 1972 expedido por el concejo distrital, el artículo 71 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 56, 59 y 129 del Decreto 1421 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto radicado bajo el número 1220 de fecha 11 de noviembre de 1999, señaló respecto a las competencias estatales para determinar el régimen salarial de los empleados públicos de las entidades descentralizadas del nivel territorial, que corresponde a las juntas directivas fijar los emolumentos de los servidores públicos, con sujeción a lo que determine el estatuto de cada entidad y todo sin desconocer el límite máximo salarial que fije el Gobierno Nacional en desarrollo de la competencia que le fue asignada en el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, Confis, en su reunión 1 del 26 de enero de 2005, impartió las siguientes directrices para determinar el incremento salarial de los empleados públicos distritales:

1. “En el marco de lo establecido en el Decreto 137 de 2004, el incremento salarial que se aplicará a los empleados públicos de la administración central para el año 2005, será discutido y acordado en mesa de concertación, con la participación de representantes de la administración distrital y representantes de los empleados públicos. La coordinación de dicho proceso estará a cargo de la secretaría general de la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Hacienda Distrital y el Departamento Administrativo del Servicio Civil”.

2. “Las personas que a nombre de la administración distrital participen en la mesa de concertación donde se definirá el ajuste salarial 2005, deberán tener en cuenta lo siguiente:

• Tomar como referencia los principios, parámetros y límites establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-017 de 2003.

• Tomar como base de negociación, porcentajes de incremento salarial que, además de dar cumplimiento a los límites máximos y mínimos salariales señalados en la sentencia, sean consistentes con la apropiación aprobada para tal fin en el presupuesto anual del Distrito Capital”.

3. “Las juntas directivas de los establecimiento públicos y empresas distritales, deberán aplicar a sus empleados públicos, los mismos porcentajes de incremento que se fijen para los empleados públicos de la administración central”.

“Para el caso de trabajadores oficiales las juntas directivas correspondientes deberán aplicar los porcentajes de incremento acordados en los respectivos pactos o convenciones colectivas”.

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1017 de octubre de 2003, estableció los parámetros a ser tenidos en cuenta para la fijación del incremento salarial de los servidores públicos y al respecto, señaló:

“6.1. Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, a mantener el poder adquisitivo de sus salarios (art. 53 y concordantes, C.P.) y, por ende, a que se realicen ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, al aumento del IPC en el año inmediatamente anterior, sin que este sea el único parámetro que pueda ser tenido en cuenta. En consecuencia, no puede haber una política permanente del Estado que permita la disminución del poder adquisitivo del salario.

(...) 6.3. El derecho de los servidores públicos que perciban salarios iguales o inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales a mantener el poder adquisitivo de su salario, no podrá ser objeto de limitaciones dado que según los criterios específicos analizados en la presente sentencia para la vigencia fiscal del 2003, tales servidores se encuentran en las escalas salariales bajas definidas por el Congreso de la República a iniciativa del gobierno. Por lo tanto, estos servidores deberán recibir el pleno reajuste de sus salarios de conformidad con el nivel de inflación, es decir, la variación del IPC registrada para el año inmediatamente anterior, parámetro también señalado en la Ley 796 de 2003.

6.4. Las limitaciones que se impongan al derecho constitucional de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del salario solo puede afectar a aquellos que tengan un salario superior a los dos (2) salarios mínimos legales mensuales. El derecho de tales servidores públicos, puede ser objeto de limitaciones, es decir, su salario podrá ser objeto de ajustes en una proporción menor a la de la inflación causada el año anterior, siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes parámetros normativos:

6.4.1. Las limitaciones de los ajustes salariales anuales deben respetar el principio de progresividad por escalas salariales, de tal manera que quienes perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones y los servidores ubicados en la escala salarial más alta definida por el gobierno sean quienes estén sometidos al grado más alto de limitación.

6.4.2. En todo caso, para respetar el principio de proporcionalidad, las diferencias en los ajustes entre escalas salariales deberán ser mínimas, y a ninguno de los servidores públicos se le podrá afectar el núcleo esencial de ese derecho.

6.4.3. Para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos señalados, el ajuste en la última escala superior no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la inflación causada el año inmediatamente anterior, es decir, a la mitad del aumento en el IPC de 2002.

6.4.4. A los servidores públicos a quienes se les limite el derecho, el Estado les debe garantizar que, dentro de la vigencia del plan de desarrollo de cada cuatrienio, progresivamente se avance en los incrementos salariales que les corresponden, en forma tal que se les permita a estos servidores alcanzar la actualización plena de su salario, de conformidad con las variaciones en el IPC (...)”.

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 941 del 30 de marzo de 2005, estableció el límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2005, así.

Nivel jerárquicoLímite salarial
Directivo6.069.736
Asesor5.655.556
Ejecutivo3.950.858
Profesional3.467.532
Técnico1.464.606
Administrativo1.450.073
Operativo1.450.073

Que mediante Decreto 102 del 12 de abril de 2005, el Gobierno Distrital fijó el incremento salarial para los empleados públicos de la administración central del Distrito Capital, para la vigencia 2005.

Que en consonancia con lo antes enunciado, y bajo el entendido que “el incremento salarial aplicable a las entidades descentralizadas del orden distrital, será adoptado por sus juntas directivas y tendrá como límite máximo el aprobado por la administración central”, la Secretaría de Hacienda Distrital mediante Circular 4 del 14 de abril de 2005, recomendó atender los lineamientos emanados del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, Confis, el Decreto 102 de 2005, y tomar como base los siguientes porcentajes de incremento salarial acordados para los servidores públicos del Distrito Capital, en el seno del comité de diálogo y concertación laboral en su reunión del 12 de abril de 2005, así:

Numero smmlvValor smlvPorcentaje de incrementos
2763.0007.26%
31.144.5006.95%
41.526.0006.65%
51.907.5006.34%
62.289.0006.04%
72.670.5005.73%
83.052.0005.42%
93.433.5005.12%
103.815.0004.81%
114.196.5004.51%
12Mayores4.20%

Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, la junta directiva para la expedición del presente acto administrativo aplicará los parámetros definidos por el Consejo Distrital de Política y Fiscal, Confis, el pronunciamiento de la Corte Constitucional para el ajuste salarial de los servidores públicos, el Decreto Nacional 941 de 2005 y el Decreto Distrital 102 de 2005.

Que el parágrafo 1º del artículo 18 del Decreto 427 del 28 de diciembre de 2004, exceptúa a las entidades que conforman el presupuesto anual del distrito, del requisito de certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda —Dirección distrital de presupuesto— y del concepto previo de viabilidad técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuando se trate de aumento en las asignaciones salariales y prestacional por efecto del incremento salarial que determine el Gobierno Distrital para la vigencia fiscal de 2005.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Incrementar los emolumentos percibidos para el año 2005, por los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, así:

NivelGrado salarialAsignación básica 2004Porcentaje de incrementoAsignación básica 2005
Directivo013.351.4625.123.523.057
Directivo023.565.7264.813.737.238
Directivo034.504.4514.204.693.638
Directivo045.140.4274.205.356.325
Directivo055.188.2984.205.406.207
Directivo065.710.4864.205.950.327
Asesor012.967.4375.423.128.273
Asesor023.565.7264.813.737.238
Asesor034.279.6564.204.459.402
Profesional011.673.1476.341.779.225
Profesional021.796.1736.341.910.051
Profesional031.956.9316.042.075.130
Profesional042.014.4256.042.136.097
Profesional052.267.5686.042.404.530
Profesional062.547.9275.732.693.924
Técnico011.120.2006.951.198.054
Técnico021.286.9506.651.372.533
Técnico031.388.2525.501.464.606
Administrativo011.286.9506.651.372.533
Operativo01949.9336.951.015.954
Operativo03995.7326.951.064.936

PAR.—El incremento para el año 2005 de los empleados públicos del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, cuyos cargos han sido suprimidos y su retiro efectivo no se ha producido por gozar de la especial protección de fuero sindical, se efectuará de conformidad con los siguientes rangos:

NúmeroValor smlv smmlvPorcentaje de incremento
2763.0007.26%
31.144.5006.95%
41.526.0006.65%
51.907.5006.34%
62.289.0006.04%
72.670.5005.73%
83.052.0005.42%
93.433.5005.12%
103.815.0004.81%
114.196.5004.51%
12Mayores4.20%

ART. 2º—Bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados del instituto será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica y los gastos de representación, que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a novecientos siete mil seiscientos setenta y siete pesos ($ 907.677) moneda corriente.

Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los dos factores de salario señalados en el inciso anterior.

ART. 3º—Subsidio de alimentación. El subsidio de alimentación a que tienen derecho los empleados del instituto que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a novecientos cinco mil quinientos veintisiete pesos ($ 905.527) moneda corriente, será de treinta y dos mil trescientos sesenta y tres pesos ($ 32.363) moneda corriente mensuales o proporcional al tiempo servido, pagaderos por la respectiva entidad.

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio.

ART. 4º—Auxilio de transporte. El auxilio de transporte se reconocerá a favor de los empleados cuya remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo legal mensual vigente. Para el año 2005 la cuantía del auxilio de transporte establecido por el Gobierno Nacional asciende a la suma de cuarenta y cuatro mil quinientos pesos ($ 44.500) moneda corriente mensuales o proporcional al tiempo servido. No se tendrá derecho a este auxilio, cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el servicio.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en las resoluciones 6 y 16 de 2004, y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2005.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de abril de 2005.

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