Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas

RESOLUCIÓN 603 DE 2013 

(Junio 17)

“Por la cual se adopta el reglamento interno de recaudo de cartera y procedimiento administrativo de cobro coactivo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas”.

La Directora General de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011; en el artículo 112 de la Ley 6ªde 1992, reglamentado por el Decreto 2174 de 1992; el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006; artículo 168 de la Ley 1448 de 2011; el artículo 54 de la Ley 975 de 2005, y el artículo 17 de su Decreto Reglamentario 4760 de 2005; el artículo 5º del Acuerdo 23 de 2007; y artículo 35 del Decreto 4155 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 209 establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones;

Que el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, reglamentado por el Decreto 2174 de 1992 otorga la facultad de cobro coactivo a las entidades públicas del orden nacional;

Que para hacer efectivas las obligaciones exigibles en favor de las entidades públicas, el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 ordena acatar el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario Nacional;

Que el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, señaló la obligación que tienen las entidades públicas con cartera a su favor, la de establecer un reglamento interno de recaudo de cartera, el cual debe ser expedido mediante normatividad de carácter general por la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública;

Que el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 reglamentario de la Ley 1066 de 2006, reiteró la obligatoriedad del reglamento interno de recaudo de cartera, y estipuló el contenido mínimo del mismo;

Que en virtud de los artículos 46, 177 y 198 de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, y el artículo 295 del Decreto 4800 de 2011, se establece una serie de acreencias y obligaciones en favor de la reparación a las víctimas, frente a las cuales la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas deberá gestionar su recaudo efectivo;

Que para el cumplimiento de los fines estatales, y en especial el de lograr que la gestión del recaudo de las obligaciones y acreencias en favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas se haga de forma ágil, eficaz, eficiente y oportuno, se requiere adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera y procedimiento administrativo de cobro coactivo de la Unidad para las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, con base en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional;

Que el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 crea el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica adscrita a la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional;

Que mediante el Acuerdo 23 de 2007 se adopta el reglamento interno del Fondo para la Reparación a las Víctimas, y en el artículo 5º se estableció que el Fondo para la Reparación de las Víctimas se administrará por parte de Acción Social como un sistema separado de cuentas, con una contabilidad integral exclusiva;

Que en virtud del artículo 168 de la Ley 1448 de 2011, se dispuso que “esta Unidad tendría a su cargo la función de administrar el Fondo para la Reparación a las Víctimas y pagar las indemnizaciones judiciales ordenadas en el marco de la Ley 975 de 2005”;

Que de conformidad con el Decreto 4802 de 2011, se estableció que “el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ejercería las funciones propias de la Unidad de Atención y Reparación integral Víctimas hasta el 1º de enero de 2012, fecha a partir de la cual entraría en funcionamiento la Unidad”;

Que el parágrafo 1º del artículo 35 del Decreto 4155 de 2011, señala que “la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a partir del 1º de enero de 2012, asume todos los procesos judiciales nuevos que se interpongan y versen sobre sus competencias, como lo es la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas”;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera y procedimiento administrativo de cobro coactivo para la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, de conformidad con la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, y el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional y en los términos de la presente resolución.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 2º—Obligatoriedad. Las disposiciones previstas en el presente Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos, contratistas y deudores por conceptos administrativos, judiciales o cualquier otro que represente una obligación pecuniaria a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas.

ART. 3º—Principios orientadores. Las actuaciones desplegadas en el procedimiento administrativo de cobro persuasivo y coactivo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradicción y se fundamentarán en las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa.

ART. 4º—Definición. El Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo para la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, es el acto administrativo mediante el cual se regula lo concerniente al ejercicio de las gestiones de cobro persuasivo y coactivo para recaudar las obligaciones en favor de la Unidad Administrativa Especial - Fondo para la Reparación de las Víctimas, según lo previsto en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional.

ART. 5º—Naturaleza y objeto. Los procedimientos que se reglamentan mediante esta resolución son de carácter administrativo. Las actuaciones que se produzcan en el ejercicio del cobro persuasivo y del cobro coactivo son de trámite y tienden a la recuperación de las obligaciones y acreencias a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, que consten en títulos que presten mérito ejecutivo, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la normatividad procesal vigente y el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 6º—Ámbito de aplicación. Los procedimientos que se establecen en la presente resolución se aplicarán a las personas naturales y/o jurídicas que tengan obligaciones o acreencias con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, por cualquier concepto cuya naturaleza jurídica implique su cobro por medio del procedimiento administrativo coactivo.

ART. 7º—Atribuciones y competencia. La competencia para adelantar el trámite de cobro persuasivo, coactivo y el otorgamiento de las facilidades de pago previstas en esta resolución, se encuentra en cabeza de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las funciones derivadas de dicha competencia, pueden ser objeto de delegación.

Para el ejercicio de las facultades que se consagran en la presente resolución, el funcionario competente tendrá todas las atribuciones necesarias establecidas en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico vigente, y en especial aquellas establecidas en la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, y el procedimiento administrativo de cobro del Estatuto Tributario Nacional.

ART. 8º—Funcionario competente. Se designa al jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como funcionario competente para llevar a cabo las funciones de cobro persuasivo y los procesos administrativos de cobro por jurisdicción coactiva, y el otorgamiento de las facilidades de pago conforme a las previsiones de la presente resolución.

ART. 9º—Actuación y representación del deudor. Se seguirán las reglas generales de capacidad y representación previstas en el artículo 555 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional y las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 10.—Conformación del expediente. Para el desarrollo eficaz de las funciones de cobro persuasivo y coactivo de la unidad para las víctimas, los documentos deberán organizarse en forma de expedientes con su debida radicación, siguiendo las reglas que se describen a continuación:

1. Recibidos los documentos, se procederá a radicarlos en medios físicos (libros), como magnéticos (sistemas de información) que se establecerán para tal efecto, en los cuales se dejará constancia de:

a) Fecha de radicación;

b) Nombre del deudor;

c) Número de identificación;

d) Oficina de origen;

e) Número de folios;

f) Nombre y firma del funcionario asignado (firma en libro).

2. El funcionario asignado deberá analizar los documentos para determinar si reúnen los requisitos necesarios para constituir título ejecutivo y si están acompañados de los soportes necesarios que garanticen el debido proceso conforme los artículos 115 y 394 del Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

Si no se cuenta con los soportes respectivos, el funcionario asignado deberá adelantar los trámites necesarios para obtener la documentación faltante.

3. Como documento inicial deberá obrar siempre un informe general que indique al sujeto pasivo de la obligación, número de identificación, dirección de notificación, ciudad de domicilio, la cuantía de la obligación, la fecha exacta de prescripción de la deuda, y si es el caso, el año de conversión.

Este trámite deberá adelantarse de manera escrita para obrar en el expediente y en medio magnético para su debido control y registro.

4. En la carátula deberá obrar como mínimo: número de expediente, nombre e identificación del deudor, oficina de origen, clase y valor de la obligación, fecha de providencia, de ejecutoria y de prescripción.

5. La actualización de la información electrónica que se determine para el seguimiento de los expedientes deberá ser actualizada diariamente o en la medida en que se produzca una actuación. Dicho trámite será responsabilidad del funcionario asignado.

ART. 11.—Título ejecutivo. Es el documento que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que sirve como base para la ejecución de las acreencias en favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, de acuerdo con la normatividad vigente que resulte aplicable.

El título ejecutivo podrá corresponder a una o varias obligaciones siempre que se configure unidad jurídica y de materia. El documento puede provenir de una dependencia de la Unidad para las Víctimas o de otra entidad pública, del deudor principal o de su causante.

ART. 12.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:

1. Las resoluciones o demás actos administrativos por medio de los cuales la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fije el pago de sumas líquidas de dinero a su favor y a cargo de un sujeto pasivo, los cuales deberán estar debidamente ejecutoriados.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que decidan sobre la imposición o cobro de las multas y condenas a que se refieren los literales a), e) y f) del inciso 2º del artículo 177 de la Ley 1448 de 2011 y/o aludan la obligación de pagar sumas líquidas de dinero a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas.

3. Las actas de conciliación; los contratos con sus respectivas pólizas y liquidaciones; los actos administrativos que otorgan facilidades, el acuerdo de pago y acto que declara su incumplimiento y demás documentos que presten mérito ejecutivo en los cuales consten obligaciones expresas, claras y actualmente exigibles a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas.

CAPÍTULO II

Del cobro persuasivo

ART. 13.—Recaudo persuasivo - objeto. El cobro persuasivo es la etapa dentro del recaudo de cartera de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, que pretende lograr el pago voluntario de las acreencias pendientes a su favor, evitando así los costos y las implicaciones de un proceso de cobro coactivo y de esta manera obtener la recuperación total e inmediata de las acreencias.

Esta etapa se inicia con la cartera asignada para cobro persuasivo representada en un título ejecutivo en firme y termina con el pago total o incumplimiento de las obligaciones y acreencias a favor de la Unidad para las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas.

ART. 14.—Gestión persuasiva. Adelantarán los procedimientos de cobro persuasivo los funcionarios del grupo de jurisdicción coactiva de la Unidad para las Víctimas que se designen para tal fin; además podrán acordar las facilidades pago, conforme a las reglas previstas en el presente reglamento.

ART. 15.—Etapas del cobro persuasivo. Para cumplir con los objetivos de la etapa del cobro persuasivo se podrán utilizar todos los medios necesarios para procurar un acercamiento con el deudor, tales como:

1. Localización del deudor: Se realizará inicialmente por medio de las referencias obrantes en el expediente para efectos de comunicaciones y notificaciones. Si no es posible contactar al deudor se podrá acudir a otros medios como directorios telefónicos y cruces de información con entidades oficiales y/o privadas, con el fin de establecer su domicilio, lugar de trabajo, direcciones de residencia y/o electrónica y teléfonos principales y secundarios.

2. Realización de comunicaciones telefónicas y escritas: Con el objeto de recordar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto administrativo o documento que constituye el título ejecutivo.

Las comunicaciones escritas deberán enviarse por correo certificado o ser entregadas directamente por un funcionario delegado para tal función. Mediante estas comunicaciones se invita al deudor a pagar voluntariamente la obligación a su cargo, dando un término de quince (15) días para que se acerque a la unidad para las víctimas a pagar la deuda o a suscribir un acuerdo de pago conforme a lo establecido en el presente reglamento, informando el nombre del funcionario encargado del proceso y el horario de atención.

Sin perjuicio de lo anterior, se intentará la comunicación telefónica, en donde se requiera al deudor para que realice el pago de la obligación.

Las comunicaciones realizadas durante los primeros 30 días calendario del cobro persuasivo, tendrán por objeto informar y recordar al deudor el vencimiento del primer plazo que se le otorga para realizar el pago.

La comunicación que se envía en caso de renuencia en el pago, entre los días 30 y 60 tiene por objeto informar al deudor que tiene un último plazo de 10 días calendario, improrrogable, para realizar el pago, so pena de que se inicie en su contra el proceso de cobro coactivo.

3. Identificación de bienes del deudor: Dentro de esta etapa se pretende identificar los bienes del deudor, tales como: muebles, inmuebles, vehículos, salarios, cuentas bancarias y demás bienes del deudor evaluando la conveniencia de decretar medidas de embargo y secuestro, para garantizar el pago de las obligaciones.

Si durante la investigación de bienes adelantada, se encuentra que el deudor no tiene bienes que puedan ser embargados para garantizar el pago de la obligación, en la comunicación escrita que se envía entre los días 30 y 60 se deberá invitar nuevamente al deudor a que realice el pago o en su defecto suscribir acuerdo de pago.

PAR.—Todas las actividades del proceso de investigación de bienes se podrán desarrollar de manera paralela a las actuaciones principales del cobro persuasivo.

ART. 16.—Medidas cautelares preventivas. En atención a lo dispuesto en el artículo 837 del Estatuto Tributario Nacional, en la etapa de cobro persuasivo el funcionario competente podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, de conformidad con la normatividad procesal vigente.

ART. 17.—Término. La etapa de cobro persuasivo no podrá tener una duración mayor a sesenta (60) días a partir de la conformación del expediente, no obstante, podrá prescindirse de esta etapa cuando se esté frente a obligaciones próximas a prescribir, o cuando el funcionario competente lo considere necesario.

ART. 18.—Agotamiento de la etapa. En cualquier momento que el deudor o aportante manifieste de manera inequívoca que no tiene intención de realizar el pago, se dará por terminado el cobro persuasivo y se procederá a realizar el cobro coactivo. Esta manifestación debe quedar registrada en el expediente de cobro.

Se procederá de igual forma cuando no sea posible contactar al deudor o aportante en el término establecido para el cobro persuasivo.

CAPÍTULO III

De las facilidades de pago y las garantías

ART. 19.—Competencia. El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, estará facultado para acordar las facilidades de pago al deudor o a un tercero en su nombre, tanto en la etapa persuasiva como en la etapa coactiva respecto del pago de las acreencias a favor de la Unidad, contenidas en títulos que presten mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva.

ART. 20.—Otorgamiento. En cualquier etapa del recaudo de la cartera, el funcionario competente podrá mediante acto administrativo, otorgar facilidades para el pago de las obligaciones a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, siempre y cuando el deudor o un tercero en su nombre ofrezca las garantías adecuadas que respalden la deuda a satisfacción de la administración, o la denuncia de bienes, tal y como lo dispone el artículo 814 del Estatuto Tributario o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 21.—Plazos. El plazo máximo para la financiación de las obligaciones a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, será de hasta cinco (5) años dependiendo de la clase de obligación y el monto, teniendo en cuenta los plazos y condiciones que se señalan a continuación:

a) Para las obligaciones de mínima cuantía inferiores a 40 SMMLV, hasta doce (12) meses de plazo, deben acreditar el pago inicial del 30% del monto total de las obligaciones así como el de los intereses moratorios causados y los proyectados a la fecha del mismo;

b) Obligaciones de menor cuantía desde 40 a 150 SMMLV, hasta veinticuatro (24) meses de plazo deben acreditar el pago inicial del 20% del monto total de las obligaciones así como el de los intereses moratorios causados y los proyectados a la fecha del mismo;

c) Obligaciones de mayor cuantía superiores a 150 SMMLV, hasta sesenta y seis (60) meses de plazo deben acreditar el pago inicial del 10% del monto total de las obligaciones así como el de los intereses moratorios causados y los proyectados a la fecha del mismo.

ART. 22.—Requisitos. Para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago el deudor deberá presentar solicitud escrita dirigida al jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, indicando según el caso, el lleno de los siguientes requisitos:

1. Ciudad y fecha.

2. Nombre o razón social del deudor y NIT.

3. Calidad en que actúa.

4. Plazo solicitado.

5. Periodicidad de las cuotas.

6. Modalidad de las cuotas.

7. Descripción de las garantías ofrecidas, o la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero con su respectiva documentación legal.

8. Manifestación de la existencia de otro proceso de cobro en su contra.

9. Los motivos para solicitar el determinado plazo.

10. Dirección y teléfono del solicitante.

11. Firma y cédula del solicitante.

ART. 23.—Estudios previos. La oficina asesora jurídica de la unidad, de manera previa al otorgamiento de la facilidad de pago, deberá adelantar un estudio técnico de las garantías ofrecidas y de la capacidad de pago del deudor, que le permita establecer la conveniencia o no de aceptar el acuerdo. La capacidad de pago podrá evaluarse dependiendo de la naturaleza jurídica del deudor y teniendo en cuenta los siguientes documentos:

1. En el caso de entidades públicas con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, o con la autorización de vigencias futuras.

2. Para personas jurídicas de derecho privado, con base en los estados financieros legalmente soportados, los cuales deberán ser aportados por el interesado.

3. Las personas naturales podrán presentar el certificado de ingresos y retenciones, carta laboral o los certificados de propiedad y demás documentación que demuestre solvencia económica.

4. Para entidades que se encuentren en proceso de reorganización y liquidación judicial deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, esto es el régimen de insolvencia o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 24.—Plazo para modificar la solicitud. En caso de que los requisitos señalados no se encuentren debidamente cumplidos, se concederá al peticionario un plazo no mayor a quince (15) días para que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud.

Vencido el término anterior sin que hubiere respuesta por parte del interesado, se considerará que ha desistido y se podrá iniciar el proceso administrativo coactivo si el cobro se encuentra en etapa persuasiva, o continuarlo si ya se encuentra en cobro coactivo.

PAR.—Si una vez continuado el trámite coactivo llegare a presentar nueva solicitud, esta será nuevamente admitida y se le dará el mismo trámite de la inicial; pero en caso de silencio ante los plazos otorgados para aclarar, modificar o complementar la solicitud, quedará impedido para otorgársele cualquier facilidad de pago incluyendo acogerse a alguna que por ley se otorgue. De no aprobarse la solicitud, se invitará al deudor a que pague las obligaciones de manera inmediata, advirtiéndole que de no hacerlo se iniciará o continuará el proceso de cobro administrativo coactivo.

ART. 25.—Facilidades de pago. Si el deudor cumple con los requisitos señalados, la facilidad para el pago se otorgará mediante acuerdo de pago motivado y suscrito por el jefe de la oficina asesora jurídica de la unidad, el cual se comunicará al peticionario, y deberá contener como mínimo la siguiente información:

a) La motivación correspondiente;

b) Identificación clara del deudor con su número de identificación, domicilio, teléfono y cualquier otro medio de contacto directo;

c) Número del acto administrativo o jurisdiccional que presta mérito ejecutivo y que impuso la obligación;

d) Valor del capital adeudado más los intereses que se adeudan a la fecha del acuerdo de pago;

e) Tasa del interés vigente a la fecha del acuerdo de pago;

f) Lugar y datos donde debe realizarse el pago, identificando las entidades financieras y el procedimiento para el pago;

g) Plazo para realizar el pago, y la periodicidad del mismo;

h) Descripción de la garantía, de acuerdo a lo previsto en los artículos 30 y siguientes del presente reglamento o la descripción de la denuncia de bienes de propiedad del deudor, si fuere el caso;

i) Señalar que el deudor deberá remitir al funcionario encargado del grupo de cobro coactivo de la unidad para las víctimas, copia de cada uno de los pagos que efectúe en cumplimiento de la obligación.

ART. 26.—Pago total de la obligación. Si el deudor acuerda realizar el pago de la totalidad de la deuda sin que ello implique la suscripción de acuerdo de pago, el funcionario competente deberá indicar las gestiones que debe realizar y la forma de cuantificar la obligación, la cual deberá ser igual al capital más los intereses de mora en la fecha prevista para el pago, y la liquidación de la indexación según el caso.

De esta situación se dejará constancia en el expediente, anotando el valor de la liquidación y fecha máxima para el pago.

Una vez se reciba el reporte de pago, se ordenará el archivo del expediente y su correspondiente desanotación.

ART. 27.—Deudores reportados por incumplimiento. La unidad para las víctimas deberá abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación y/o que medie autorización escrita de la Dirección General de la Unidad.

ART. 28.—Garantías. Las garantías para el otorgamiento de facilidades o acuerdos de pago se exigirán con base en reglas previstas en el artículo 814 del Estatuto Tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

PAR.—Los costos que represente el otorgamiento de la garantía para la facilidad o acuerdo de pago deben ser cubiertos por el deudor o un tercero en su nombre.

ART. 29.—Concesión de plazos de acuerdo de pago sin garantía. Podrán concederse plazos sin garantía cuando el plazo máximo del acuerdo no sea mayor a 12 meses, siempre y cuando el o los deudores denuncien bienes de su propiedad, o de un tercero, para su posterior embargo y secuestro.

El deudor deberá tener un patrimonio líquido por lo menos dos (2) veces superior a la deuda garantizada, deberá presentar además relación detallada de los bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañado de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en la resolución que concede la facilidad de pago.

En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo a la Unidad, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes enunciados y su avalúo catastral, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no se coloca en estado de insolvencia.

La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos. También se podrán conceder plazos de pago sin garantía, cuando no se levanten las medidas cautelares, hasta terminar el pago total de la obligación con la facilidad de pago otorgada.

ART. 30.—Concesión de plazos con garantías. Para que sea procedente la facilidad de pago por un plazo superior a un año, el interesado o su representante deberá constituir y allegar previamente la garantía conforme se establece en la presente resolución, la cual debe constituirse a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas y perfeccionarse antes del otorgamiento de la facilidad de pago.

La suscripción de los contratos para la constitución de garantías reales estará a cargo de la directora general de la unidad, o de la persona que mediante delegación expresa reciba dichas competencias. Para el caso de las garantías personales, se considerarán satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la obligación principal, más los intereses calculados para el plazo, entendiendo por obligación principal la correspondiente al capital, intereses de mora, indexaciones, hasta la fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad.

ART. 31.—Clases de garantías. Según el monto de la obligación así como el de los intereses moratorios causados y los proyectados durante el plazo que se va a conceder, las garantías de respaldo de una obligación a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, podrán ser:

1. Fideicomiso en garantía: Es un contrato en virtud del cual se transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fiducia mercantil, para garantizar con ellos, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del propietario de los bienes o de terceros, designando como beneficiario al acreedor (Unidad para las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas), quien puede solicitar a la entidad fiduciaria la venta de los mismos, para que con el producto de esta, se cancelen las cuotas de la obligación o el saldo insoluto de la acreencia.

Cuando se concede una facilidad de pago garantizada por un contrato de fideicomiso en garantía, debe exigirse que el encargo fiduciario sea irrevocable hasta el pago total de la obligación pendiente.

2. Fideicomiso en administración: Es un contrato por medio del cual se entregan bienes diferentes a dinero, con o sin transferencia de la propiedad, para que la sociedad fiduciaria los administre, desarrolle la gestión encomendada por el constituyente y destine los rendimientos al cumplimiento de la finalidad señalada en el acuerdo o contrato. Cuando se constituya el fideicomiso en administración, con la finalidad de garantizar la facilidad de pago otorgada por la unidad, el deudor debe obligarse a cancelar la cuota o saldo de la cuota, cuando los rendimientos del fideicomiso sean insuficientes, por lo cual tal situación deberá quedar contemplada en la resolución que concedió la facilidad de pago.

Adicionalmente, como por la naturaleza del contrato no se asegura realmente la cancelación del total de la deuda, podrá ser necesaria la constitución de garantías adicionales.

3. Hipoteca: La hipoteca es un contrato real accesorio, que garantiza con bienes inmuebles el cumplimiento de una prestación, para expedir la resolución que concede la facilidad de pago, debe presentarse el certificado de tradición y propiedad del bien con el registro de la escritura de hipoteca a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, y el certificado del avalúo catastral.

4. Prenda: La prenda es un contrato real accesorio, que garantiza con bienes muebles el cumplimiento de una prestación. Es de la naturaleza de la prenda, la tenencia material del bien otorgado como garantía; sin embargo, puede otorgarse en algunos casos prenda sin tenencia. Si la prenda ofrecida es de esta clase, deberá otorgarse póliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, endosada a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas. Para expedir la resolución que concede la facilidad de pago, deberá suscribirse previamente el contrato de prenda a favor de la entidad y constituirse la póliza respectiva; esto último si se trata de bienes muebles no sujetos a registro. Si la prenda se hace sobre bien mueble sujeto a registro (vehículos), deberá previamente a expedirse la resolución de facilidad de pago, presentar el registro de pignoración a favor de la Unidad para las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, con la póliza de seguro respectiva.

5. Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguro o instituciones financieras: El aval bancario, o la póliza de una compañía de seguros, es una garantía ofrecida por una entidad autorizada por el Gobierno Nacional, para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la garantía debe indicar claramente el monto y el concepto de la obligación garantizada y el tiempo de vigencia, mediante la expedición de una póliza de seguros o de un aval bancario. El funcionario ejecutor deberá verificar, que quien firmó la póliza en representación de la entidad aseguradora tenga la facultad para ello mediante la certificación de representación legal expedida por la Superintendencia Financiera. Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguros, el monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal, más un porcentaje de los intereses de plazo, que garantice el total de la obligación más los intereses, en caso de incumplimiento de la facilidad de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas. En ningún caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podrá ser inferior al 20% de los mismos.

Para plazos mayores de un año y a criterio del funcionario ejecutor, se podrá permitir la renovación de las garantías, con por lo menos tres meses de anticipación al vencimiento de las inicialmente otorgadas.

6. Garantías personales: Consiste en la manifestación expresa, en virtud de la cual una persona (natural o jurídica) se compromete para con el acreedor a cumplir en todo o en parte con la obligación ajena.

Solo se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda sea de mínima cuantía y no sea superior a 3.000 UVT, de conformidad con lo previsto en el artículo 814 del Estatuto Tributario Nacional.

PAR.—En el caso de garantías que versen sobre bienes inmuebles, el deudor deberá anexar su respectivo avalúo catastral, certificado de tradición y libertad no mayor de 30 días, y copia de los recibos de pago de los impuestos. Tratándose de persona jurídica deberá presentar el certificado de existencia y representación legal, con el fin de verificar en la calidad que actúa y las facultades que se le otorgan en el mismo.

ART. 32.—Garantías no admisibles. Por considerarse de alto riesgo para el efectivo, oportuno y eficaz recaudo de las obligaciones a favor de la Unidad - Fondo para la Reparación de las Víctimas, no se aceptan como garantías:

a) Prenda sobre activo circulante;

b) Acciones u aportes;

c) Cartera y créditos;

d) Títulos valores;

e) Y aquellas que no tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos que sean suficientes para cubrir el monto de la deuda que se pretende garantizar (intangibles, equipos de cómputo, muebles y enseres).

ART. 33.—Efectos. El acto administrativo que concede las facilidades de pago y aprueba las garantías ofrecidas, suspende el proceso de cobro e interrumpe la prescripción.

Así mismo, en dicho acto administrativo se ordenará levantar las medidas cautelares, siempre que las garantías respalden suficientemente la obligación, de lo contrario las medidas se mantendrán hasta el pago total de la obligación.

ART. 34.—Incumplimiento. En caso de que el deudor no pague alguna de las cuotas de la facilidad o acuerdo de pago, el incumplimiento se declarará mediante resolución que deja sin vigencia el plazo concedido, según lo dispuesto en el artículo 814-3 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

En el evento en que se hayan otorgado garantías, en dicho acto administrativo se ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto, o para el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en denuncia de bienes, se ordenará su embargo, secuestro y avalúo, para su posterior remate.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Si la garantía o los bienes del deudor no fueren suficientes para cubrir la obligación se continuará con el proceso de cobro.

En todo caso, se deberá reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004 o las normas que la sustituyan, adicionen o modifiquen, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pago, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

ART. 35.—Cláusula aceleratoria. El funcionario competente debe establecer cláusula aceleratoria en las facilidades de pago que otorgue la oficina asesora jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 4473 de 2006 o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 36.—Sanción. Cuando el deudor ha incumplido un acuerdo de pago, no podrá suscribir un nuevo acuerdo por la misma obligación.

CAPÍTULO IV

Del cobro coactivo

ART. 37.—Jurisdicción coactiva. El cobro coactivo es la etapa dentro del recaudo de cartera de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, cuyo objeto es cobrar directamente las acreencias y obligaciones a su favor, utilizando para ello los medios coercitivos establecidos para todos los efectos, en la normatividad vigente.

ART. 38.—Procedimiento aplicable. Para el cobro coactivo de las obligaciones se utilizará el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario Nacional, según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 reglamentada por el Decreto 4473 de 2006.

ART. 39.—Competencia funcional. Para exigir el cobro coactivo de las obligaciones y acreencias a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, será competente la oficina asesora jurídica de la unidad, en cabeza de quien ejerza su respectiva jefatura.

ART. 40.—Cobro coactivo. Si surtida la etapa de cobro persuasivo, el deudor no cancela o no suscribe un acuerdo de pago que respalde sus obligaciones o acreencias con la entidad, se iniciará por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas el proceso de cobro coactivo, en virtud de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

ART. 41.—Procedencia del cobro coactivo. Las obligaciones o acreencias causadas a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, serán cobradas a través del procedimiento del cobro coactivo, en los siguientes eventos:

1. Dentro de los tres (3) últimos meses anteriores a la fecha en que esté por prescribir la acción de cobro de conformidad con los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario Nacional. Para el efecto, no se requiere agotar previamente la etapa de cobro persuasivo.

2. Cuando a pesar de haberse iniciado la etapa del cobro persuasivo, esta no tenga posibilidades de culminar satisfactoriamente por las razones descritas en el capítulo II del presente reglamento.

3. En los demás casos en que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, haya lugar a iniciar el cobro por Jurisdicción Coactiva de dichas obligaciones o acreencias.

ART. 42.—Capacidad y representación. En el proceso por jurisdicción coactiva el ejecutado podrá intervenir personalmente a través de su representante legal o por conducto de abogado en ejercicio, acreditando la calidad en la que actúa de conformidad con la normatividad procesal vigente.

ART. 43.—Título ejecutivo. Constituye título ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva, el documento en el cual conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 del presente reglamento, concordante con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y lo señalado por la normatividad procesal vigente.

PAR.—Los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entenderán ejecutoriados en los términos del artículo 829 del Estatuto Tributario Nacional y la normatividad contenciosa administrativa vigente.

ART. 44.—Mandamiento de pago. Para exigir por jurisdicción coactiva el cumplimiento de una obligación contenida en un título ejecutivo, el funcionario competente emitirá, mediante resolución que no admite recurso alguno, mandamiento de pago en el cual se ordenará el pago de las obligaciones, así como de los intereses e indexaciones respectivas, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

PAR.—El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor.

ART. 45.—Requisitos y contenido del mandamiento de pago. La resolución por la cual se libra el mandamiento de pago requiere del cumplimiento mínimo de los siguientes requisitos:

1. Nombre de la entidad y dependencia ejecutora.

2. Ciudad y fecha en letras y números.

3. Competencia con la cual se actúa.

4. Descripción del título ejecutivo en el que conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, con la constancia de ejecutoria del acto administrativo que conforma el título, indicando su número y fecha.

5. Identificar plenamente el deudor, indicando nombre o razón social y documento de identidad o NIT, según el caso.

6. Establecer con precisión, tanto en letras como en números la cuantía de la obligación o acreencia, especificando el pago de los intereses causados y/o la indexación a que haya lugar.

7. El término con el que cuenta el deudor para el pago de la obligación es de quince (15) días contados a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago. Se debe advertir que en este mismo término podrán proponerse las excepciones a que haya lugar.

8. El procedimiento y forma de realizar el pago a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas.

9. El fundamento legal en el que se sustenta la actuación.

10. El nombre y firma del jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad para las Víctimas facultado para ejercer la jurisdicción coactiva.

ART. 46.—Vinculación de deudores solidarios. Tal y como lo dispone el artículo 828-1 del Estatuto Tributario Nacional, la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que sustituya, adicione o modifique.

Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios sin que se requiera la constitución de títulos individuales o adicionales.

ART. 47.—Notificación. De conformidad con los términos del artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, el mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento se notificará por correo; en la misma forma se notificará el mandamiento de pago a los deudores solidarios.

Cuando la notificación se haga por correo certificado se entenderá surtida para todos los efectos legales.

Las actuaciones notificadas por correo certificado que por cualquier razón sean devueltas, serán notificadas mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional. La notificación se entenderá surtida, para efectos de la unidad, en la primera fecha de introducción al correo, y para el deudor desde la fecha de publicación del aviso.

Notificado el mandamiento de pago, el deudor podrá pagar o interponer las excepciones pertinentes, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

ART. 48.—Revocatoria directa - efectos. En el procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa o antes de encontrarse en firme el título.

La interposición de la revocatoria directa no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se podrá realizar hasta que exista pronunciamiento definitivo de conformidad con lo previsto en el artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que sustituya, adicione o modifique.

ART. 49.—Excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, o aquel que lo sustituya, adicione o modifique, las cuales se tramitarán de conformidad con lo previsto en dicho estatuto.

Contra el acto que rechace las excepciones procederá el recurso de reposición, y en el mismo se ordenará continuar con la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, tal y como lo ordena el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 50.—Excepciones probadas. Si se llegaren a encontrar probadas las excepciones propuestas por el deudor, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del proceso si fuere el caso, y el levantamiento de las medidas cautelares preventivas si las hubiere decretado. En igual forma procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepción sea probada respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.

ART. 51.—Pago de la obligación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor podrá pagar la obligación cobrada, o solicitar el otorgamiento de facilidades o acuerdos de pago.

Cuando se verifique el pago total de la obligación se ordenará mediante acto administrativo la terminación del proceso y el archivo del expediente.

ART. 52.—Recurso contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que adelanta el proceso de cobro coactivo dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá un mes para resolver, contado a partir de la interposición en debida forma, de conformidad con lo previsto en el artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 53.—Orden de ejecución. Vencido el término de quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, sin que el deudor hubiere propuesto escrito de excepciones o pagado la deuda, el funcionario competente deberá seguir con el procedimiento, ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados, en los términos del artículo 836 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique. Contra este acto no procede recurso alguno.

Si no se hubieren decretado medidas cautelares preventivas, en la orden de ejecución se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estos estuvieren identificados.

En caso de que se desconozca la existencia de bienes, se ordenará su investigación, para que una vez identificados se embarguen y secuestren, y se prosiga con el remate de los mismos.

ART. 54.—Liquidación del crédito. En la liquidación del crédito se deberá incluir no sólo el capital y los intereses de la obligación adeudada, sino también los gastos procesales en que incurrió la Unidad para las Víctimas para su cobro. Lo anterior al tenor del artículo 836-1 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 55.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro coactivo sólo serán demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos que fallan las excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución. La admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción; lo anterior de conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 56.—Recursos. Las actuaciones administrativas proferidas en la etapa de cobro coactivo son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en el Estatuto Tributario Nacional y en el presente reglamento.

ART. 57.—Suspensión de los procesos. Procedencia. La suspensión del proceso procede en los casos en que ha sido demandado el título ejecutivo ante el Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de Estado, y en tal evento ha de suspenderse el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva mediante auto, siempre y cuando se presente copia de la demanda con el auto admisorio de la misma, o certificación de la corporación en que conste tal hecho.

PAR.—En cualquier etapa del procedimiento de cobro coactivo, el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y excepcionalmente se podrán levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.

ART. 58.—Terminación del proceso administrativo de cobro. El funcionario ejecutor dará por terminado el proceso administrativo de cobro y ordenará el archivo del expediente cuando se establezca plenamente la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:

1. Pago total de la obligación.

2. Prescripción de la acción de cobro.

3. Cuando los recursos y/o las excepciones hayan sido resueltos a favor del ejecutado.

4. Por revocatoria del acto administrativo que preste mérito ejecutivo.

En el mismo auto que ordene la terminación del proceso se decretará el levantamiento de las medidas cautelares y se comunicará esta decisión a las entidades a quienes se les ordenó la imposición de estas medidas.

En el evento en que la obligación conste en un título valor, se ordenará en el auto de terminación del proceso su desglose y devolución al ejecutado. De lo anterior el funcionario competente deberá dejar constancia en el expediente.

Este auto se notificará por correo y contra él no procede recurso alguno.

CAPÍTULO V

De las medidas cautelares

ART. 59.—Medidas cautelares. El decreto de las medidas cautelares previstas para el recaudo de cartera de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas, se efectuará mediante auto proferido por el jefe de la oficina asesora jurídica quien es el funcionario competente.

ART. 60.—Clases. Las medidas cautelares, según la oportunidad en que se decreten pueden ser:

1. Medidas cautelares preventivas: aquellas que se adoptan previo o simultáneamente a la expedición o notificación del mandamiento de pago al deudor.

2. Medidas cautelares dentro del proceso: son las que se adoptan en cualquier etapa del proceso de cobro coactivo, después de notificado el mandamiento de pago.

ART. 61.—Límite y reducción del embargo. El valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda más los intereses. Si efectuado el avalúo de bienes estos excedieren la suma indicada, se deberá reducir el embargo hasta dicho valor si ello fuere posible, oficiosamente o a solicitud del interesado. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 62.—Procedimiento. El procedimiento a seguir para practicar las medidas cautelares previstas en este capítulo será el establecido en los artículos 837 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, así como el Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

PAR.—Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ordenará levantarlas.

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, siempre y cuando se preste garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.

ART. 63.—Secuestro de bienes. Por remisión expresa del artículo 839-2 del Estatuto Tributario Nacional, para la práctica del secuestro de los bienes embargados se deberá seguir el procedimiento contemplado en los artículos 682 y siguientes del Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 64.—Oposición al secuestro. En el evento en que se presente oposición al secuestro de bienes, se procederá conforme lo establece el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.

ART. 65.—Avalúo de bienes. En firme el secuestro de los bienes, se procederá a realizar el avalúo de los mismos, conforme lo establece el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil; si se presentare objeción contra el avalúo, se procederá según lo estipulado en el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 66.—Remate de bienes. En firme el avalúo de los bienes, la unidad para las víctimas procederá a fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de remate, siguiendo el procedimiento estipulado en los artículos 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 33 de la Ley 1395 de 2010 o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 67.—Levantamiento de las medidas cautelares. El jefe de la oficina asesora jurídica levantará los embargos y secuestros decretados, en los siguientes casos:

1. Si se ordena la terminación del proceso coactivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prosperaron las excepciones presentadas por el deudor.

2. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registro aparezca que la parte contra la cual se profirió, no es la titular del derecho de dominio del respectivo bien.

3. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita el levantamiento de la medida dentro de los veinte (20) días siguientes, para que se declare que tenía posesión material del bien en el momento en que aquella se practicó y obtiene decisión favorable.

4. Si se presta caución de conformidad con el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

5. Cuando se efectúe el pago total de la obligación más los intereses, la indexación si fuere el caso y las costas del proceso o se garantice su pago en debida forma.

6. En los demás eventos señalados por la normatividad procesal vigente.

ART. 68.—Cobro ante la jurisdicción ordinaria. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Fondo para la Reparación de las Víctimas podrá demandar el pago de las deudas por la vía ejecutiva ante los jueces civiles del circuito. Para este efecto, el jefe de la oficina jurídica podrá otorgar poderes a funcionarios abogados de la unidad para las víctimas o contratar apoderados externos.

ART. 69.—Auxiliares. Para el nombramiento de auxiliares, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá:

1. Elaborar listas propias.

2. Contratar expertos.

3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia.

PAR.—La designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se regirá por las normas vigentes del Código de Procedimiento Civil o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

Los honorarios se fijarán por el funcionario ejecutor de acuerdo con las tarifas vigentes para el efecto.

CAPÍTULO VI

Del comité de normalización de la cartera

ART. 70.—Creación y conformación. Créase el comité de normalización de cartera de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que se conformará por:

a) El secretario general o su delegado;

b) El jefe de la oficina asesora jurídica o su delegado;

c) El director, jefe o coordinador de la dependencia a la cual correspondan, en cada caso, las obligaciones a normalizar;

d) El coordinador del grupo de cobro coactivo actuará como secretario técnico;

e) El jefe de la oficina de control interno o su delegado será invitado a todas las sesiones y participará con voz pero sin voto.

El comité de normalización de cartera se dará su propio reglamento.

ART. 71.—Funciones. El comité de normalización de cartera tendrá como funciones, entre otras:

1. Estudiar y aprobar el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago y las garantías ofrecidas por los deudores de las obligaciones, cuyo plazo sea superior a doce (12) meses.

2. Estudiar y recomendar a la directora general la prescripción de oficio de las obligaciones objeto del cobro persuasivo o coactivo, en los términos del artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

3. Estudiar y recomendar a la directora general la remisibilidad de las obligaciones de conformidad con el capítulo VIII del presente reglamento y el Estatuto Tributario Nacional o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

4. Hacer recomendaciones para la clasificación de la cartera de la unidad, en los términos del capítulo VII de la presente resolución y con base en la información suministrada por las dependencias a la cual correspondan.

5. Las demás que por su naturaleza le correspondan.

ART. 72.—Reuniones y sesiones. El comité de normalización de cartera se reunirá cada vez que las circunstancias lo exijan, previa citación del secretario técnico. Sesionará con un mínimo de tres (3) miembros dentro de los cuales deberá estar el secretario general o su delegado, y adoptará las decisiones por mayoría simple.

CAPÍTULO VII

De la clasificación de la cartera

ART. 73.—Clasificación. Con el fin de orientar la gestión de recaudo y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, se podrá clasificar la cartera de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en obligaciones recaudables o de difícil recaudo, en atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor, para este efecto se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Clasificación por cuantía. Permite identificar la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a saber:

a) Mínima cuantía: inferiores a 40 SMMLV;

b) Menor cuantía: desde 40 SMMLV hasta 150 SMMLV;

c) Mayor cuantía: superior a 150 SMMLV.

2. Criterio de antigüedad. Se aplicará en consideración al término de prescripción de la acción de cobro para las obligaciones, dándole prioridad a la más cercana a la prescripción.

3. Criterio en cuanto a la naturaleza de la obligación:

a) Disciplinaria;

b) Costas;

c) Multas y sanciones;

d) Sentencias y conciliaciones,

e) Cuotas partes pensionales;

f) Otros actos administrativos que cumplan con las condiciones del artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

4. Condiciones particulares del deudor. Estos criterios están referidos a la naturaleza jurídica del deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligación.

a) En razón de su naturaleza jurídica:

— Persona jurídica de derecho público.

— Persona jurídica de derecho privado.

— Persona natural;

b) En razón del comportamiento del deudor:

— Voluntad de pago. Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago.

— Reincidente. Es el deudor que en el transcurso de dos (2) años mantiene un comportamiento reiterado en el incumplimiento de la obligación en más de tres (3) oportunidades.

— Renuente. Deudor que además de omitir el cumplimiento voluntario de la obligación durante un término superior a cuatro (4) años, en forma reiterada no responde a las acciones persuasivas o de cobro. No tiene voluntad de pago.

CAPÍTULO VIII

Remisibilidad

ART. 74.—Competencia. El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá en cualquier tiempo, previo estudio y recomendación del comité de normalización de cartera de la unidad, al que hace referencia el capítulo VI del presente reglamento, declarar mediante resolución motivada la remisibilidad de las obligaciones a cargo de personas que hubieren muerto sin dejar bienes, o de obligaciones con más de cinco (5) años de antigüedad sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor, según lo dispuesto en el artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que lo sustituya, adicione o modifique.

ART. 75.—Requisitos. Para que pueda declararse la remisibilidad de las obligaciones se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 328 de 1995, por el cual se reglamentan los artículos 804 y 820 del Estatuto Tributario Nacional, o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 76.—Efectos. El acto administrativo que declare la remisibilidad de obligaciones ordenará suprimir de la contabilidad y demás registros de la entidad las deudas, e igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional, o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.

ART. 77.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 17 de junio de 2013.