RESOLUCIÓN 61 DE 2001 

(Enero 18)

“Por la cual se aprueba y adopta el Manual de Contratación para la Enajenación de Sustancias Controladas a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes”.

El Director Nacional de Estupefacientes,

en uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 1575 de 1997; artículo 209 de la Constitución Nacional, artículo 80 de la Ley 80 de 1993; Ley 87 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional estableció como principios básicos de la política de modernización del Estado y administración pública, los criterios de eficiencia y eficacia; lo que significa que las entidades públicas deben lograr el mayor desarrollo de su objeto social con la menor cantidad posible de recursos (humanos, tecnológicos, físicos y financieros) entendiendo que las entidades del Estado están obligadas a obtener la máxima productividad de los recursos que la Nación les ha confiado;

Que el artículo 209 de la Constitución Nacional impone a las autoridades administrativas la obligación de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, queriendo significar con ello, entre otras cosas, que la administración pública debe dotar a todos los funcionarios implicados en los procesos que lleve a cabo, de una herramienta que facilite y defina los procedimientos a seguir para el cumplimiento de las funciones;

Que el artículo 80 de la Ley 80 de 1993 le confiere la facultad a las entidades sujetas a dicho régimen, de adoptar las medidas necesarias para adecuar los estatutos de las entidades estatales a lo dispuesto en la mencionada ley;

Que el Estado colombiano a través de la Dirección Nacional de Estupefacientes controla las sustancias del cuadro II de la Convención de Viena de 1988 y otras más que han sido incorporadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, para un total de 23 sustancias y 5 en zonas especiales;

Que la restricción al uso de estas sustancias se fundamenta en el alto riesgo que representa para la sociedad la producción de drogas ilícitas, por el daño que causa al tejido social conocido en el mundo entero;

Que las autoridades encargadas del control de las sustancias que pueden ser objeto de incautación, desde el año 1994 hasta finales del año 2000 han decomisado 12.091 toneladas de insumos sólidos y 11.767.400 galones de insumos líquidos, superando ampliamente las necesidades de las entidades oficiales que podrían obtener su destinación para la inmediata utilización, generando dificultades para su almacenamiento, conservación y manejo;

Que la Dirección Nacional de Estupefacientes expide el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, el cual es el único control administrativo, de carácter previo y preventivo, reconocido en Colombia contra el desvío de sustancias hacia la industria ilícita y por lo mismo cuenta con toda la información de las empresas que lo poseen, así como del manejo que le han dado a las sustancias y puede seleccionar a las empresas a las cuales se les puede vender asegurando su uso lícito en la industria nacional;

Que ante la imposibilidad del Estado de garantizar el adecuado almacenamiento de las sustancias incautadas, se están generando problemas que han ocasionado la contaminación, evaporación, descomposición, deterioro o pérdida por derrame de las mismas, y que indisponen a las comunidades que habitan los sitios aledaños a los lugares de depósito de los precursores obligándolas a interponer en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes acciones legales;

Que la Dirección Nacional de Estupefacientes debe propender por la conservación del medio ambiente, y el almacenamiento prolongado de sustancias incautadas representa un potencial riesgo de contaminación por evaporación, derrame o explosión y su disposición final debe hacerse implementando la tecnología adecuada, de la cual no dispone el Estado en todos los lugares de depósito ni para todas las sustancias;

Que es deber de la Dirección Nacional de Estupefacientes salvaguardar de posibles hurtos las sustancias puestas a su disposición ya que éstas son indispensables para los narcotraficantes para el procesamiento de la heroína y cocaína y por tanto existen graves riesgos en su seguridad, evidenciados;

Que el transporte de grandes cantidades de sustancias de una ciudad a otra implica dificultades logísticas;

Por lo anterior, se hace necesario adoptar todos los procedimientos necesarios que tiendan a facilitar la enajenación de las sustancias químicas incautadas en las condiciones normales del mercado y que desarrollen el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, el cual faculta a la Dirección Nacional de Estupefacientes para ejecutar el procedimiento en mención;

Que en cumplimiento de las anteriores normas, y en concordancia con el concepto de la subdirección jurídica, la secretaría general de la Dirección Nacional de Estupefacientes en ejercicio de las funciones asignadas en el artículo 8º del Decreto 1575 de 1997, dirigió la elaboración del Manual de Procedimiento de Contratación para la Enajenación de Sustancias Controladas a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes;

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Aprobar y adoptar para la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Manual de Contratación para la Enajenación de Sustancias Controladas, el cual hace parte integral de la presente resolución.

ART. 2º—Reproducir las copias necesarias del manual adoptado, para cada una de las dependencias involucradas en procesos de contratación.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de enero de 2001.

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