RESOLUCIÓN 629 DE 2007 

(Febrero 14)

“Por la cual se establece el reglamento interno de recaudo de cartera de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil”.

El Director General,

en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 y los artículos 1º, 2º y 6º del Decreto 4473 de diciembre 15 de 2006, y artículo 5º, numeral 17 del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que conforme con los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna;

Que el numeral 17 del artículo 5º del Decreto 260 del 28 de enero de 2004 consagra como funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil “Fijar, recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial”;

Que la Ley 1066 de 2006, dictó normas para la normalización de la cartera pública ordenando al Gobierno Nacional establecer las condiciones mínimas y máximas a las que se deben acoger los reglamentos internos de recaudo de cartera de cada entidad, siguiendo siempre el procedimiento establecido en el estatuto tributario, con el fin de hacer efectiva la obligación exigible;

Que el Decreto 4473 de 2006, reglamentario de la Ley 1066 de 2006, ordenó a los representantes legales o máxima autoridad de las entidades expedir el reglamento interno de recaudo de cartera;

Que se hace necesario establecer el reglamento interno de recaudo de cartera;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

Generalidades

CAPÍTULO I

ART. 1º—Establecer el reglamento interno del recaudo de cartera con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1066 del 29 de julio de 2006 y el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 2º—Definición. La jurisdicción coactiva es la facultad de la administración de cobrar directamente las obligaciones o deudas a su favor, representadas en títulos ejecutivos, sin que medie intervención judicial.

ART. 3º—Título ejecutivo. Documento público o privado, emanado de las partes o por decisión judicial, en el cual debe constar una obligación de manera clara, expresa y exigible a cargo del deudor y a favor de la administración.

ART. 4º—Naturaleza. El proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza administrativa, por cuanto su objetivo es hacer efectiva la orden emanada de la administración para el cobro de una obligación.

ART. 5º—Funcionario competente. Es competente para adelantar el trámite del recaudo de cartera en las etapas persuasiva y coactiva, el representante legal de la entidad o el jefe del grupo de cartera, el jefe del grupo de jurisdicción coactiva y el jefe del grupo de representación judicial, de acuerdo con la instancia en que se encuentre el proceso y las funciones establecidas en la Resolución 840 del 10 de marzo de 2004.

TÍTULO II

Etapas del proceso de cobro

CAPÍTULO II

Cobro persuasivo

ART. 6º—Definición. Constituye el periodo en el cual la unidad como acreedora, conmina al deudor a cancelar sus obligaciones previamente al inicio del proceso de cobro por jurisdicción coactiva o por representación judicial, con el fin de evitar el trámite judicial, los costos que conlleva esta acción y en general, solucionar el conflicto de una manera consensual y benéfica para las partes.

ART. 7º—Medios usados. El cobro persuasivo se realiza de acuerdo con el procedimiento establecido y aprobado por la entidad y que ha sido estandarizado por la norma de calidad vigente.

ART. 8º—Término. El término para desarrollar la etapa de cobro persuasivo deberá oscilar entre los 7 primeros días calendario a 2 meses, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de exigibilidad del título.

ART. 9º—Oficina competente. La etapa de cobro persuasivo estará en cabeza del grupo de cartera de la entidad o la dependencia que haga sus veces.

TÍTULO III

Otras disposiciones

CAPÍTULO III

Facilidades de pago

ART. 10.—Delegar en el director financiero de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la facultad de otorgar facilidades de pago a los deudores de la unidad o a un tercero que quiera pagar a su nombre, siempre y cuando las obligaciones no superen dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales vigentes.

PAR.—La aprobación de las facilidades de pago para obligaciones superiores a los (2.500 smlv), serán de facultad del director general de la Aeronáutica Civil.

ART. 11.—Las facilidades de pago a que se refiere el artículo inmediatamente anterior, deberán otorgarse a través de acuerdo de pago suscrito por el director general o director financiero y el deudor, previa solicitud de este último.

PAR. 1º—El acuerdo de pago deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Señalar el origen de las obligaciones pendientes a favor de la entidad y a cargo del deudor;

b) Determinar de manera clara, expresa y con fundamento el estado de cuenta expedido por el grupo de cartera, el monto de las obligaciones, estableciendo capital e intereses por mora causados o la liquidación efectuada por el juzgado de jurisdicción coactiva o el grupo de representación judicial;

c) Contener el cuadro de amortización de la deuda, los intereses de financiación, el número de cuotas, el valor de cada cuota y fecha de pago en aquellos casos en que se apruebe el acuerdo bajo este esquema;

d) Constituir las garantías que avalen como mínimo el cumplimiento integral del acuerdo y que serán las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y estatuto tributario y deberán cubrir suficientemente tanto el valor de la obligación principal como el de los intereses y sanciones en los casos a que haya lugar;

e) Presentar los documentos que acrediten tanto al deudor como al representante legal y/o codeudores y los que consagren las facultades y las cuantías hasta donde pueden comprometerse.

PAR. 2º—El plazo máximo para el pago total de la obligación que podrá otorgar el director financiero, no podrá ser superior a 24 meses.

PAR. 3º—Los plazos superiores a 24 meses sin exceder los cinco (5) años, serán de competencia del director general.

PAR. 4º—En caso de incumplimiento de cualquiera de los términos del acuerdo de pago, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, podrá declarar insubsistentes los plazos de las obligaciones y de las cuotas que constituyen el saldo, exigir su pago inmediato y hacer efectiva las garantías constituidas.

PAR. 5º—Las obligaciones en mora de los conceptos de tasa aeroportuaria e impuesto de timbre nacional no son financiables y quedan excluidos dentro de las disposiciones de la presente resolución.

PAR. 6º—No se aprobarán acuerdos de pago a deudores que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.

PAR. 7º—Cuando se trate de acuerdos de pago de obligaciones a cargo de la entidad con otras entidades del sector público, deberá contarse con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización de vigencias futuras.

PAR. 8º—La unidad reportará a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pago para que sean incorporados en el boletín de deudores morosos del Estado.

ART. 12.—A. Intereses por mora:

1. Los clientes y usuarios de la entidad que no cancelen oportunamente la facturación y demás obligaciones liquidadas en pesos colombianos, deberán pagar intereses moratorios equivalentes a una y media veces del bancario corriente certificado mensualmente por la Superintendencia Financiera, intereses calculados por cada día en mora y liquidados a la fecha de pago.

2. Para el caso de obligaciones y facturación liquidada en dólares americanos deberán pagar intereses moratorios equivalentes a la Prime Rate (anual) más seis (6) puntos calculados por cada día en mora y liquidados a la fecha de pago.

3. La liquidación de intereses por mora cuando los procesos se encuentren en jurisdicción coactiva o en representación judicial serán liquidados por estos grupos de acuerdo con las normas establecidas según sea el caso.

B. Intereses de financiación:

En los acuerdos de pago deberá fijarse una tasa de intereses corriente o de financiación variable que como mínimo garantice la no pérdida del poder adquisitivo del capital y deberá de liquidarse al momento del pago de cada cuota.

TÍTULO IV

Etapas del proceso de cobro

CAPÍTULO IV

Cobro coactivo

ART. 13.—Definición. Constituye la oportunidad en la cual la entidad acreedora utiliza los medios coercitivos para satisfacer las obligaciones a su favor, agotada la etapa persuasiva siempre y cuando el título ejecutivo reúna los requisitos para ser exigible.

ART. 14.—Funcionario competente. Es competente para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa coactiva, el representante legal de la entidad, quien delegó en el jefe del grupo de jurisdicción coactiva adscrito a la oficina asesora jurídica de conformidad con la Resolución 840 del 10 de marzo de 2004.

Procedimiento administrativo coactivo

ART. 15.—Inicio del proceso. Una vez el grupo de cartera de la dirección financiera haya agotado la etapa de cobro persuasivo, enviará al grupo de jurisdicción coactiva el correspondiente acto administrativo, debidamente ejecutoriado.

ART. 16.—Avocar conocimiento. Revisado el título que constituya una obligación clara, expresa y exigible y se encuentre debidamente ejecutoriado, se procede a avocar conocimiento e iniciar investigación formal de bienes.

ART. 17.—Investigación de bienes. Si el ejecutado no ha efectuado el pago de la obligación, el funcionario del grupo de jurisdicción coactiva a quien se le haya asignado el proceso, en aras de establecer la ubicación y solvencia del deudor, oficiará a las entidades que considere pertinentes, a fin de que informen los bienes que posea el ejecutado.

ART. 18.—Mandamiento de pago. Ubicados los bienes del deudor, se libra el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes, compuestas por el capital más los intereses respectivos.

ART. 19.—Notificaciones. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo certificado, de conformidad con el artículo 826 del estatuto tributario.

ART. 20.—Término para pagar o presentar excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la obligación. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del estatuto tributario.

ART. 21.—Trámite de las excepciones. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea el caso.

ART. 22.—Recursos en el procedimiento administrativo de cobro. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto las que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas.

ART. 23.—Recurso contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario competente que falló las excepciones, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un (1) mes, contado a partir de su interposición en debida forma.

ART. 24.—Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados.

Contra esta resolución no procede recurso alguno.

PAR.—Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos.

ART. 25.—Medidas preventivas. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones suministradas por las diferentes entidades.

ART. 26.—Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses.

ART. 27.—Levantamiento de medidas cautelares. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción administrativa se ordenará levantarlas.

Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción administrativa contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado.

CAPÍTULO V

Remisibilidad

ART. 28.—Competencia. El representante legal de la entidad podrá en cualquier tiempo, previo estudio y recomendación del comité de depuración contable, declarar mediante resolución motivada, la remisibilidad de las obligaciones sin respaldo económico, bien sea a cargo de personas fallecidas o de obligaciones sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor.

ART. 29.—Requisitos. Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos para ser declarada la remisibilidad:

A. Obligaciones a cargo de personas fallecidas. Son remisibles, en cualquier tiempo, las obligaciones a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar bienes, siempre y cuando obren dentro del expediente copia de la partida de defunción o la certificación que en tal sentido expida la Registraduría Nacional del Estado Civil y las pruebas de la investigación realizada que permita derivar la inexistencia de bienes a la fecha de la remisión.

B. Obligaciones con antigüedad de cinco años o más, sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor. Son remisibles, las obligaciones que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su recaudo, estén sin respaldo económico alguno, bien sea por no existir bienes embargados o garantía alguna que respalde su pago, porque se haya realizado la investigación de bienes con resultados negativos que demuestren la no existencia de los mismos, porque no se tenga noticia del deudor y no haya sido posible su ubicación y cuando la deuda tenga una anterioridad, a partir de su exigibilidad, mayor o igual a cinco años.

Se entenderá que no se tiene noticia del deudor cuando no haya sido posible su localización en la dirección que figura en el registro único tributario, ni en las que obren en el expediente. Tratándose de personas jurídicas, además de lo anterior, el no localizarlas en la dirección del domicilio principal, de sus sucursales y agencias, o cuando en los últimos tres años no haya renovado su matrícula mercantil, cuando haya vencido el término de duración de la sociedad o cuando se tenga constancia sobre su liquidación. También procederá la remisibilidad del saldo insoluto de la obligación que no quedare cubierto con el producto de los bienes embargados, siempre y cuando exista prueba en el expediente de que el deudor no cuenta con más bienes que puedan ser objeto de embargo.

ART. 30.—Efectos. El acto administrativo que declare la remisión de obligaciones, ordenará suprimir de la contabilidad y demás registros de la entidad las deudas e igualmente la terminación y archivo del proceso.

ART. 31.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 1778 del 13 de mayo de 2004 y las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 14 de febrero de 2007.

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