Ministerio de Salud y Protección Social

RESOLUCIÓN 652 DE 2016 

(Marzo 1º)

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1346 de 1997”.

El Ministro de Salud y Protección Social,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren las leyes 9ª de 1979, 23 de 1981, 10 de 1990, 100 de 1993 y el Decreto 1171 de 1997,

CONSIDERANDO:

Que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-355 de 2006 declaró exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no es punible la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos: “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.

Que, adicionalmente, esa misma corporación, en las sentencias T- 171 de 2007, T-988 de 2007, T-209 de 2008, T-946 de 2008, T-009 de 2009, T-388 de 2009, T-585 de 2010, T-636 de 2011, T-841 de 2011 y C-754 de 2015 ha reiterado que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las mujeres que debe ser garantizado por el sistema de seguridad social en salud.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, como ente regulador del sistema de seguridad social en salud, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional debe ejercer acciones para asegurar que todas las mujeres en todo el territorio nacional tengan un lib1·e (sic) y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales establecidas.

Que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-388 de 2009, estableció que “las personas profesionales de la salud y, en general, el personal de salud que atienda la solicitud de las mujeres relativa a la interrupción voluntaria de su embarazo están obligados a ofrecer plena garantía de confidencialidad y, en consecuencia, a respetar el derecho de las mujeres a la intimidad y a la dignidad” y puntualizó que está prohibido elevar obstáculos, exigencias o barreras adicionales a lo establecido en la Sentencia C-355 de 2006.

Que por lo anterior, la Corte determinó que en esos casos “guardar el secreto profesional se convierte en una obligación de primer orden para los prestadores de servicios de salud”.

Que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-841 de 2011, estableció que la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo en las condiciones de la Sentencia C-355 de 2006 pertenece a la esfera íntima o privada lo cual obliga a proteger la confidencialidad de las mujeres que lo soliciten y a no ser sometida a una revictimización, culpa o estigma al caracterizar esa decisión como una muerte fetal aun cuando se limite a una contabilización estadística.

Que el Ministerio de Salud, mediante la Resolución 3374 de 2000, reglamentó los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados (RIPS), dentro de los cuales se incluyen todos los servicios de salud, sean estos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, que se presten como parte de un plan de beneficios del SGSSS, o por fuera de este, y por lo tanto, incluye el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, lo cual implica que los análisis estadísticos que se requieran alrededor del servicio de interrupción voluntaria del embarazo deben basarse en la información recogida a través de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), y que, en consecuencia, duplicar el registro puede incrementar el riesgo de vulnerar la confidencialidad de la mujer.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adiciónese al artículo 2º de la Resolución 1346 de 1997 el siguiente parágrafo:

PAR.—Las interrupciones voluntarias del embarazo contempladas dentro de las causales establecidas por la Sentencia C-355 de 2006, no deberán ser reportadas al sistema de registro civil y estadísticas vitales mediante el certificado de defunción fetal (forma DANE D-630). Dicha información estadística se suministrará única y exclusivamente mediante el sistema de información de los RIPS adoptado por la Resolución 3374 de 2000, así como por los lineamientos sobre interrupción voluntaria de embarazo (IVE) dictados por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta excepción también aplicará para los productos de los embarazos anembrionados o molares.

Los anexos técnicos que se adoptan en esta resolución no deberán, en ningún caso, interpretarse de manera que dejen sin efecto lo previsto en este parágrafo.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de marzo de 2016.