Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

RESOLUCIÓN 653 DE 2012 

(Septiembre 7)

“Por medio de la cual se adoptan las medidas de administración, manejo y ordenación necesarias que permitan la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano Pacífico Oriental –OPO–, en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la Comisión Interamericana para el Atún Tropical, en cumplimiento de la convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical, aprobada mediante la Ley 579 del 8 de mayo de 2000 por el Congreso de la República de Colombia”

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial las contempladas en la Ley 13 de 1990, el Decreto 2256 de 1991 y el Decreto 4181 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo II de la convención de 1949 de la Comisión Interamericana del Atún Tropical , CIAT, estableció que dentro de las funciones y obligaciones de la convención, está la de recomendar en su oportunidad, a base de investigaciones científicas, la acción conjunta necesaria de las altas partes contratantes con los fines de mantener las poblaciones de peces que abarca esta convención en el nivel de abundancia que permita la pesca máxima constante.

Que en el artículo III de la convención de 1949 se determinó que las altas partes contratantes convienen en promulgar las leyes que sean necesarias para lograr las finalidades de esta convención.

Que la Ley 579 del 8 de mayo de 2000, aprobó la “convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, CIAT, cuyo objeto central corresponde al mantenimiento de las poblaciones de atunes de aleta amarilla, bonitos y otras especies de peces que pescan las embarcaciones atuneras en el Océano Pacífico Oriental, OPO.

Que la Corte Constitucional, mediante la sentencia de constitucionalidad C-1710 del 12 de diciembre de 2000, declaró exequible la Ley 579 del 8 de mayo de 2000 y la “convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, CIAT, adoptada en Washington, D.C., el 31 de mayo de 1949, providencia judicial en la cual expresó que “[l]a adhesión de Colombia a la convención celebrada en 1949 entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical, permite la realización de los fines esenciales del Estado consignados en la Carta Política de 1991, específicamente de los preceptos de la misma que se refieren a la protección del medio ambiente a través de mecanismos de cooperación internacional”.

Que según el máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional en la providencia anteriormente citada “[l]a conservación del medio ambiente, pasa por la protección de los recursos naturales y del elemento en el que estos se producen, de ahí que un instrumento de carácter internacional como el que se revisa, que propende por mantener la población de atunes de aletas amarillas (sic) y bonitos del pacífico oriental, constituya una herramienta eficaz que contribuye a realizar un objeto plenamente armónico con nuestro ordenamiento superior”.

Que la Corte Constitucional considera al artículo II de la convención como un instrumento que permite “dar prioridad a la preservación del medio ambiente, a través de estrategias concertadas por la comunidad internacional”.

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece que “[e]s deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia determinó que “[e]l Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados, cooperando con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Que el Gobierno Nacional depositó ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América el instrumento de adhesión a la convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica, para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, CIAT, el 10 de octubre de 2007, manifestando que “El Gobierno de la República de Colombia declara que, ninguna de las disposiciones de la convención sobre la definición del área del Océano Pacífico Oriental (OPO), la incorporación o exclusión de naves del registro regional de buques y la asignación de capacidades de acarreo, puede ser interpretada como una modificación de la posición de la República de Colombia frente a dicha convención o al derecho internacional del mar, en particular sobre sus áreas marítimas respecto de las cuales tiene soberanía o derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su legislación interna y el derecho internacional, incluidos los tratados internacionales aplicables, o como aceptación expresa o tácita de las disposiciones adoptadas en relación con esta convención que limiten o tengan por efecto limitar el pleno ejercicio de cualquier derecho del cual es titular la República de Colombia”.

Que a través del Decreto 4764 del 3 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional promulgó la “convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, hecha en Washington el 31 de mayo de 1949.

Que en el año 2011, el Gobierno de la República de Colombia, mediante nota DM/ DVAM/DIESA/GAE número 63897, comunicó al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América su decisión de modificar la precitada declaración interpretativa manifestando que “[e]l Gobierno de la República de Colombia declara que, las disposiciones de la convención sobre la definición del área del Océano Pacífico Oriental (OPO), no pueden ser interpretadas como una modificación de la posición de la República de Colombia frente a dicha convención o al derecho internacional del mar, en particular sobre sus áreas marítimas respecto de las cuales tiene soberanía o derechos soberanos o jurisdicción de conformidad con su legislación interna y el derecho internacional, incluidos los tratados internacionales aplicables, o como aceptación expresa o tácita de las disposiciones adoptadas en relación con esta convención que limiten o tengan por efecto limitar el pleno ejercicio de cualquier derecho del cual es titular la República de Colombia”.

Que el 1º de marzo de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 444, por medio del cual promulgó la anterior declaración interpretativa formulada por la República de Colombia en la “convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, adoptada en Washington, D.C., el 31 de mayo 1949.

Que la Ley 13 de 1990 “por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca” tiene por objeto “regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido”.

Que el artículo 2º de la Ley 13 de 1990 determinó que “compete al Estado administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera” y el artículo 3º ibídem declaró “la actividad pesquera [como] de utilidad pública e interés social”.

Que el artículo 11 de la Ley 13 de 1990 creó el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, como un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente adscrito al Ministerio de Agricultura.

Que los numerales 2º y 5º del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, asignaron como competencias funcionales del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, las de contribuir en la formulación de la política pesquera nacional; administrar, fomentar y controlar la actividad pesquera y acuícola, así como la atribución para expedir las normas para su ejercicio y establecer los trámites y requisitos para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos.

Que los numerales 6º y 12 del artículo 13 de la Ley 13 de 1990, le asignaron al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, la competencia para otorgar autorizaciones, permisos, patentes, concesiones y salvoconductos para la investigación, extracción, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros, así como para el ejercicio de la acuicultura; además de fijar periódicamente el número, tamaño y tipo de embarcaciones pesqueras con el fin de no exceder la captura permisible.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 25 del Decreto 2256 de 1991, reglamentario de la Ley 13 de 1990, consagra que la extracción de los recursos pesqueros cuando se efectúa en aguas marinas jurisdiccionales colombianas o en aguas marinas no jurisdiccionales, donde se empleen embarcaciones autorizadas por el Instituto Nacional de Pesca, INPA, estarán sujetas a las disposiciones de la mencionada Ley 13 de 1990.

Que en desarrollo de la Ley 1444 de 2011, “por medio de la cual se escinden unos ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública y ... se dictan otras disposiciones”, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011 a través del cual se creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, y se escindieron con esta nueva unidad administrativa especial las funciones de la subgerencia de pesca y acuicultura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, establecimiento público que desde 2003 se encontraba ejerciendo las competencias del otrora Instituto Nacional de Pesca, INPA.

Que el artículo 21 del Decreto 4181 de 2011, determinó además que “los bienes, derechos y obligaciones relacionados con las funciones que en la actualidad cumple el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en relación con las funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, deberán ser transferidos a la autoridad, a título gratuito [y] por ministerio de la ley”.

Que el artículo 3º del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, en concordancia con lo consagrado en el artículo 1º de la Ley 13 de 1990.

Que el artículo 26 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 contiene el principio de obligatoriedad de los tratados internacionales con fundamento en el postulado pacta sunt servanda, conminando a los Estados firmantes a observar y cumplir los tratados de buena fe.

Que el artículo 26 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986 también consagra el principio pacta sunt servanda, postulado de origen consuetudinario que debe ser respetado por el Estado Colombiano.

Que en virtud de lo anterior, se procederá a adoptar las medidas de administración, manejo y ordenación necesarias que permitirán la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano Pacífico Oriental, OPO, en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la Comisión Interamericana para el Atún Tropical.

Que el numeral 4º del artículo 5º del Decreto 4181 de 2011 estableció como funciones generales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, entre otras, la de “realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio nacional”.

Que el parágrafo del artículo 23 del Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, estableció que el director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, deberá adelantar las medidas administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas en el mismo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adóptense las medidas de administración, manejo, y ordenación necesarias que permitan la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano Pacífico Oriental, OPO, en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la Comisión Interamericana para el Atún Tropical, CIAT, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ART. 2º—Prohíbase la descarga en puerto colombiano de atunes y especies afines capturadas en contravención con lo dispuesto en la presente resolución.

ART. 3º—La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, implementará las medidas de control y vigilancia que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.

ART. 4º—El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución generará las sanciones establecidas en las normas legales y reglamentarias correspondientes.

ART. 5º—La presente resolución rige a partir de su publicación y contra esta no procede recurso alguno por ser de carácter general de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deberá publicarse en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 7 de septiembre de 2012.