RESOLUCIÓN 654 DE 2001

 

RESOLUCIÓN 654 DE 2001 

(Abril 11)

"Por medio de la cual se precisan los alcances del artículo 3º del Decreto 694 de 2000 relativo a la autorización que imparte el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto a los actos y operaciones a realizarse en un proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999".

La Directora General de la Dirección de Apoyo Fiscal,

en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los decretos 1133 de 1999 y 694 de 2000 y la Resolución 395 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 86 de la Constitución Política establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

“La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

“Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

“La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”;

Que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 frente al cumplimiento de los fallos de tutela determinó que: “Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.

“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

“Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.

“En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”;

Que el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 frente a la impugnación del fallo de las tutelas determinó que: “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano, correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

“Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”;

Que el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 establece que corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la respectiva entidad territorial, determinar las operaciones que puede realizar la entidad territorial a partir del inicio de la negociación y que sean estrictamente necesarias para evitar la parálisis de servicios y puedan afectar derechos fundamentales;

Que el artículo tercero del Decreto 694 de 2000 establece que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la entidad territorial o del nivel territorial a partir de la fecha de la negociación determinarán las operaciones que éstas podrán realizar y cuáles requieren autorización previa y escrita del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que el incumplimiento en el pago de tutelas supone, de un lado, la violación de la Constitución Política y del otro la violación de la Ley 550 de 1999 ya que los fallos reconocen precisamente la existencia de la violación de un derecho fundamental, situación que encuadra dentro de la norma permisiva contemplada en el numeral 10 del artículo 58 de la misma ley;

Que la lectura integral de las normas transcritas indica que para el cumplimiento de los fallos de tutela no es necesaria la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que para efectos del cumplimiento de los fallos de tutela debe respetarse el principio presupuestal de la especialización y en tal sentido los pagos originados en los mismos deben afectar la sección presupuestal correspondiente en aplicación de la autonomía administrativa y presupuestal de que trata la ley orgánica del presupuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Señalar que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 es obligatorio.

ART. 2º—Señalar que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 no requiere autorización previa y escrita del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni del promotor ni del nominador del promotor.

ART. 3º—Señalar que los gastos que demanden el cumplimiento de los fallos de tutela deben ser registrados en la contabilidad presupuestal de la correspondiente entidad territorial, de acuerdo con la sección presupuestal que generó la obligación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de abril de 2001.

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