RESOLUCIÓN 658 DE 2005 

(Agosto 5)

“Por el cual se autoriza el registro inicial de los vehículos buses articulados requeridos para la operación del sistema Transmilenio”.

El Secretario de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.,

en uso de las facultades legales y en especial de las conferidas en la leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, en concordancia con lo previsto en el Decreto 3109 de 1997 y la Resolución 266 de 1999 y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artículo 3º numeral 1º literal A, de la Ley 105 de 1993, “El usuario puede transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad”;

Que de acuerdo con el artículo 3º numeral 1º literal C, de la Ley 105 de 1993, “las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo”;

Que el artículo 3º numeral 2º de la Ley 105 de 1993 establece que “la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad”;

Que el artículo 3º de la Ley 336 de 1996, señala que “para los efectos pertinentes, en la regulación del transportepúblico las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo”;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 336 de 1996, “el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo”;

Que según el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, “Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal”;

Que acorde con lo establecido en el Decreto 265 del 9 de mayo de 1991 la autoridad única del sector vías, tránsito y transporte en la ciudad, es la Secretaria de Tránsito y Transporte del Distrito;

Que según el Decreto 3109 de 1997, el sistema masivo es aquel que cubre un alto volumen de pasajeros y da repuesta a un porcentaje significativo de necesidades de movilización;

Que el artículo 11 del Decreto 831 de 1999 establece que “le corresponde a Transmilenio S.A. como responsable del control y vigilancia de las empresas habilitadas para explotar económicamente la actividad de transporte público en el sistema Transmilenio, imponer las sanciones y multas contractuales, cuando quiera que estas se omitan o violen las reglas y condiciones establecidas en los contratos de concesión”;

Que el artículo 3º del Decreto 170 de 2001 define la actividad transportadora, como “un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional”;

Que a su vez el artículo 10 del Decreto 170 de 2001, establece como autoridades de transporte competente en la jurisdicción distrital y municipal: Los alcaldes municipales y/o distritales o en los que estos deleguen tal atribución;

Que la Resolución 1192 de 2000, estableció el proceso de desintegración física total, para efectos de reposición de los vehículos de servicio público de transporte colectivo y de transporte masivo de pasajeros en el Distrito Capital;

Que la Resolución 1193 del 3 de noviembre del 2000, determina el procedimiento para el registro inicial de los vehículos tipo bus requerido para la opresión del sistema transmilenio;

Que al 1º de Agosto de 2005 los operadores del sistema Transmilenio no han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo segundo de la Resolución 1192 de 2000 poniendo en grave riesgo de desplazamiento de los ciudadanos que utilizan el tramo de la troncal NQS razón por la cual y sin perjuicio de las acciones que deba tomar la empresa Transmilenio S.A., La Secretaría de Tránsito y Transporte, como autoridad del sector, tiene el deber y la obligación legal de garantizar la efectiva prestación del servicio de transporte, en la ciudad, bajo los principios de seguridad, eficiencia, comodidad y accesibilidad;

Que si bien la empresa Transmilenio S.A. tiene celebrados contratos con diferentes operadores, la determinación administrativa prevista en esta resolución, se hace en procura de satisfacer el interés general de los asociados, de un servicio público básico para los habitantes de la ciudad y sin perjuicio de las eventuales sanciones y multas que por razones de competencia le corresponde iniciar a la entidad antes citada.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Autorizar a las empresas concesionarias operadoras del sistema Transmilenio, a partir de la fecha de publicación de esta resolución y hasta por el termino de sesenta (60) días calendario, el registro inicial de los vehículos articulados requeridos por el sistema de transporte masivo, sin el cumplimiento de los siguientes requisitos: Cancelación de la tarjeta de operación, cancelación de la matrícula y certificado de desintegración física total de los vehículos a sustituir.

PAR.—Para acceder a lo establecido en el presente artículo, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

— Presentar un escrito dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte solicitando la matrícula inicial de los vehículos en las condiciones establecidas en la presente resolución.

— Mantener los vehículos a sustituir fuera de circulación, hasta tanto cumplan el trámite de desintegración física total. Para efecto del cumplimiento de este requisito, cada operador deberá indicar en su solicitud la dirección del parqueadero o sitio donde se encuentran los vehículos.

— Constituir a favor del Distrito Capital - Secretaría de Tránsito y Transporte una póliza que ampare el cumplimiento de las obligaciones en las condiciones y plazos aquí establecidos. Cada operador deberá adjuntar a la solicitud y por vehículo a matricular, una póliza de cumplimiento cuyo valor asegurado ascienda a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes y una vigencia de tres meses contados a partir de la fecha de su expedición.

ART. 2º—Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, los operadores del sistema deberán proceder a la cancelación de la tarjeta de operación, de la matrícula y además presentar el certificado de desintegración física total de los vehículos dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente, a la fecha de la matrícula inicial del vehículo articulado.

Si dentro del plazo fijado en el presente artículo no se acredita el cumplimiento de cualquiera de los requisitos aquí previstos, la Secretaría de Tránsito y Transporte procederá a hacer efectiva la garantía constituida, cancelar la tarjeta de operación y en tal consideración los vehículos matriculados no podrán seguir prestando el servicio público de transporte.

ART. 3º—La determinación adoptada en el presente acto administrativo se hace sin perjuicio de las acciones que por razón de su competencia y en virtud de los contratos celebrados con las empresas concesionarias le corresponde iniciar en materia sancionatoria y de multas a la empresa Transmilenio S.A.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a cinco de agosto de dos mil cinco.

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