RESOLUCIÓN 66 DE 1996 

(Junio 12)

“Por la cual se reglamenta el procedimiento breve y sumario a seguir por la corporación para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas en la elección de autoridades locales”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los artículos 265 de la Constitución Política y 4º de la Ley 163 de 1994 (1), y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 316 de la Constitución Política prescribe “que en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”;

2. Que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 por la cual se expidieron algunas disposiciones en materia electoral ordena que “para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Nacional, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral.

Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio.

Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción...”;

3. Que las disposiciones electorales persiguen perfeccionar el proceso y aseguran a través de la organización electoral que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean el reflejo exacto de los resultados de la voluntad popular expresada en las urnas;

4. Que el Consejo Nacional Electoral ejerce la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral y vela por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, acorde a lo prescrito por el numeral 5º del artículo 265 de la Constitución Política,

(Nota: Derogada por la Resolución 61 de 1997 artículo 2º del Consejo Nacional Electoral). 

RESUELVE:

ART. 1º—Señalar el siguiente procedimiento breve y sumario para declarar sin efecto la inscripción de cédulas en la elección de autoridades locales o para la decisión de asuntos del mismo carácter:

1. Formulación de la petición. Toda persona podrá formular petición escrita ante la organización electoral, en el sentido de declarar sin efecto la inscripción de cédulas realizadas en contravención de lo prescrito por el artículo 316 de la Constitución Política.

Dichas peticiones deberán contener:

a) Los nombres y apellidos completos del solicitante o de su apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y su dirección;

b) El objeto de la petición;

c) Las razones en que se apoya;

d) La relación de pruebas que pretenda hacer valer o de las que solicite se practiquen, y

e) La firma del peticionario.

2. Plazo de presentación. Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de inscripción de cédulas fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se recepcionarán las denuncias sobre inscripción de cédulas de no residentes.

3. Conocimiento. Los registradores municipales mediante auto de trámite avocarán el conocimiento de las denuncias, dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación o la denegarán en el mismo término, informando al interesado los motivos del rechazo.

Frente a la denegación proceden los recursos contemplados en el Código Contencioso Administrativo.

4. Formación y examen de expedientes. Cuando con posterioridad al recibo de la petición lleguen documentos relacionados con la misma actuación, se formará con todos un solo expediente al cual se acumularán, de oficio, o a petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten y tengan relación íntima con él, para evitar decisiones contradictorias.

Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, y a obtener a su costa, copias y certificaciones sobre los mismos, que se entregarán en plazo no mayor de tres (3) días.

5. Garantía de imparcialidad. A los consejeros y funcionarios de la organización electoral que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, por lo que en el momento de recibir el reparto o la comisión, deberán informarlo en el acto al interesado, para realizar un nuevo reparto, o comisionar a otra persona.

6. Pruebas. Avocado el conocimiento, el registrador municipal mediante auto decretará las pruebas que considere necesarias por el término de diez (10) días las que serán practicadas en el mismo término, elaborando de las mismas una recomendación o concepto sobre la veracidad de la denuncia, a fin de que el Consejo Nacional Electoral tome determinación al respecto.

Igualmente, una vez avoque el conocimiento, fijará en la secretaría de su despacho un edicto emplazatorio en el que ordene a los ciudadanos inscritos acreditar mediante cualquier medio de prueba idóneo.

7. Resolución. Vencido el término probatorio, el funcionario de conocimiento deberá remitir el expediente al Consejo Nacional Electoral, el cual dentro de los cinco días (5) siguientes a su recibo, dictará resolución motivada, decidiendo en ellas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.

Si se encontraren probadas las pretensiones del denunciante, se dictará resolución en donde se ordene dejar sin efecto las inscripciones realizadas, exceptuando las de los nacidos y los cedulados en el municipio que se hubieren inscrito.

8. Desatención de las peticiones. La falta de atención a las peticiones de que trata este procedimiento y la inobservancia de los términos para resolverlas, constituirán causal de mala conducta para el funcionario electoral y dará lugar a las sanciones correspondientes.

9. Desistimiento. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pero el Consejo Nacional Electoral podrá continuar de oficio la actuación si la considera necesaria para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos o para el interés público, expidiendo en igual caso resolución motivada.

(Nota: Derogada por la Resolución 61 de 1997 artículo 2º del Consejo Nacional Electoral). 

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 12 de junio de 1996.

(Nota: Derogada por la Resolución 61 de 1997 artículo 2º del Consejo Nacional Electoral). 

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