RESOLUCIÓN 6618 DE 2008 

(Octubre 27)

“Por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad para los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley, en el marco de las leyes 782 de 2002 y 975 de 2005 y se adicionan las Resoluciones 0-6657 y 0-6658 de diciembre 30 de 2004”.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

El Fiscal General de la Nación,

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 938 de 2004 y en el artículo 330 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 250 de la Constitución Política, modificado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, establece que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.

La Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, al desarrollar el anterior mandato constitucional y el derecho a la justicia, en su artículo 6º, establece que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley.

Como excepción al principio de legalidad, la Constitución Política dispone la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.

La Ley 975 de 2005 en su artículo 62 establece que para todo lo no dispuesto en ella se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal que, según criterios jurisprudenciales, corresponde al establecido en la Ley 906 de 2004.

En efecto, la honorable Corte Constitucional en Fallo T-049 de enero 24 de 2008, al revisar las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre la presunta violación de la Fiscalía General de la Nación a los derechos fundamentales de acceso a la justicia, a la publicidad de la administración de justicia, igualdad, a la verdad, justicia, reparación y a la libertad de expresión de las víctimas dentro del proceso que rige la Ley 975 de 2005, señaló que el proceso penal especial que rige la mencionada ley está incurso en el sistema procesal penal acusatorio y al respecto puntualizó:

“Este principio de separación de funciones de investigación y juzgamiento, que constituye un principio estructural del sistema penal acusatorio, se mantiene en el proceso penal especial que la Ley 975 de 2005 diseñó para los procesos que se adelantan en contra de los desmovilizados de los grupos al margen de la ley. Así, el artículo 16 de esa normativa señala que la investigación de los hechos delictivos cometidos por personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, que hubieren decidido desmovilizarse, corresponde a la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de la etapa del juzgamiento corresponde a las partes ante los tribunales superiores de distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere esa ley. La indagación sobre las condiciones de ocurrencia del hecho delictivo y sobre la responsabilidad del autor o partícipe tendrá como punto de partida la diligencia de versión libre que fue regulada en el artículo 17 de esa misma normativa...” (negrillas no originales).

Más adelante señala:

“Así las cosas, para la Sala es claro que la diligencia de versión libre no está destinada a adelantar el contradictorio entre las partes afectadas por el delito, ni a iniciar el debate probatorio, ni a discutir sobre la veracidad de lo afirmado, pues con esa diligencia simplemente se trata de iniciar la investigación de los hechos sucedidos y de los autores de los delitos confesados para que, una vez verificada la información, la realidad y seriedad de lo afirmado por el desmovilizado, se presente el caso ante el juez competente para su valoración y juzgamiento. Entonces, como bien lo afirmaron los jueces de instancia, permitir la intervención directa de las víctimas en la audiencia de versión libre confundiría las etapas de investigación y juzgamiento, cuya separación es propia del sistema procesal penal acusatorio en el que está incurso el proceso penal especial que regula la Ley 975 de 2005” (negrillas no originales).

También la honorable Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el particular dentro del Radicado 28492 con ponencia del magistrado Yesid Ramírez Bastidas, al precisar:

“3. La ley ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley’, como ocurre con todos los estatutos especiales, contiene una disposición de ‘complementariedad’ o remisión normativa de acuerdo con la cual ‘para todo lo no dispuesto (en ella)... se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal’” (art. 62).

“4. La citada remisión al ‘Código de Procedimiento Penal’ resulta confusa pues para la fecha de expedición de la Ley 975 de 2005, en el territorio nacional estaban vigentes dos estatutos procesales diferentes, el más antiguo con tendencia mixta (L. de 2004) y el más reciente acorde con la sistemática acusatoria (L. 906/2004), situación que impone la tarea de dilucidar cuál de dichos códigos es al que se hace referencia en el artículo citado.

“5. Para cumplir tal cometido primero hay que advertir que la mayoría de delitos atribuibles a los desmovilizados pertenecientes a los grupos paramilitares ocurrieron en vigencia de la Ley 600 de 2000, y en los precisos términos del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, la nueva normatividad solamente será aplicable a los delitos cometidos por los miembros de tal organización ilegal de acuerdo con las reglas de gradualidad, de donde se sigue que inicialmente la remisión se debe hacer al estatuto procesal de 2000, pero por la filosofía y acato que se debe tener respecto del Acto Legislativo 03 de 2002, unido a la similitud de algunas instituciones de la nueva codificación procesal de 2004 con las consagradas en la ley de transición, también resulta imperativo examinar las nueves instituciones.

“6. Además de lo anterior no se debe desconocer que en situaciones de sucesión o coexistencia de leyes ha de ser tenido en cuenta el principio de favorabilidad.

“7. En estas condiciones, si se trata de un asunto ocurrido en época anterior al 1º de enero de 2005, la regla general para efectos de la remisión normativa será la de acudir a la Ley 600 de 2000, salvo que se trate de instituciones que solamente pueden tener identidad con las consagradas en la Ley 906 de 2004, caso en el cual la integración normativa se debe hacer con el estatuto procesal de estirpe acusatoria” (negrillas no originales).

El Código de Procedimiento Penal adoptado mediante Ley 906 de 2004, en su título V desarrolla el instituto jurídico del principio de oportunidad y establece en el Fiscal General de la Nación la obligación de expedir el reglamento que determine de manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y la ley.

El parágrafo 2º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 establece que tratándose de delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis (6) años, la aplicación del principio de oportunidad corresponde al Fiscal General de la Nación o al delegado especial que designe para tal efecto.

Por unidad de materia, economía procesal, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, resulta procedente que la unidad nacional de fiscalías para la justicia y la paz conozca de los procedimientos relacionados con la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley.

Mediante Resolución 0-0648 de marzo 15 de 2006 se conformó en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz una secretaría judicial administrativa como apoyo al desarrollo de los procesos penales iniciados con ocasión de la desmovilización colectiva de grupos armados organizados al margen de la ley, de acuerdo con la Ley 782 de 2002 y sus Decretos Reglamentarios 128 y 3360 de 2003,

RESUELVE:

ART. 1º—Designar como delegados especiales del Fiscal General de la Nación para la aplicación del principio de oportunidad, a los fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz que conozcan de investigaciones relacionadas con desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 2º—El delegado especial podrá aplicar el principio de oportunidad en los casos determinados en la ley, cuando exista un mínimo de elementos probatorios que permita inferir que el presunto beneficiario de esa determinación es autor o partícipe de una conducta delictiva, lo cual aducirá, en su momento, ante la autoridad judicial correspondiente.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 3º—De acuerdo con el parágrafo del artículo 325 de la Ley 906 de 2004 y teniendo en cuenta los propósitos de los procesos que adelanta el Gobierno Nacional para la reincorporación de los desmovilizados a la sociedad cuando contribuyan efectivamente a la consecución de la paz, resulta procedente suspender el procedimiento a prueba por el término de tres (3) años, lapso durante el cual el beneficiado deberá cumplir las obligaciones previstas en la misma ley.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 4º—El fiscal adscrito a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz que adelante una investigación en la cual surjan los requisitos y condiciones para aplicar el principio de oportunidad con suspensión del procedimiento a prueba, de inmediato presentará un informe motivado al jefe de la respectiva unidad, en el formato diseñado para el efecto y por conducto de la secretaría judicial administrativa conformada mediante Resolución 0-0648 de marzo 15 de 2006.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 5º—El delegado especial del Fiscal General de la Nación, en los términos y para los efectos del presente acto administrativo, será quien intervenga en el control judicial a la aplicación del principio de oportunidad. Sobre los resultados de la respectiva audiencia informará a la secretaría administrativa dentro de los cinco (5) días siguientes a su realización.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 6º—La secretaría judicial administrativa suministrará apoyo a los fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, cuando funjan como delegados especiales del Fiscal General de la Nación para la aplicación del principio de oportunidad en los términos del presente acto administrativo, la cual cumplirá las funciones señaladas en el artículo 9º de la Resolución 0-6657 de diciembre 30 de

2004 y las demás que señale el jefe de la referida unidad.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 7º—Se aplicará, en lo pertinente, la Resolución 6657 de diciembre 30 de 2004, en especial el trámite previsto en su artículo 11.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 8º—La presente resolución rige a partir del momento de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 27 de octubre de 2008.

(Nota: Derogada por la Resolución 2370 de 2016 artículo 43 de la Fiscalía General de la Nación)

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