RESOLUCIÓN 670 DE 2001 

(Noviembre 14)

“Por la cual se fijan las sumas máximas que pueden invertir en la campaña electoral del año 2002, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que aspiren a ser elegidos para el período constitucional 2002 a 2006”.

El Consejo Nacional Electoral,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 14 de la Ley 130 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso segundo del artículo 14 de la Ley 130 de 1994 establece que “ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia, o de contribuciones de particulares”;

Que el mismo inciso dispone que “el Consejo Nacional Electoral fijará esta suma seis (6) meses antes de la elección”;

Que el inciso tercero del mismo artículo dispone que las normas que adopte el Consejo Nacional Electoral para fijar la suma máxima que pueden invertir los candidatos en las respectivas campañas tendrán en cuenta “los costos de las campañas, el censo electoral de las circunscripciones y la apropiación que el Estado haga para reponer parcialmente los gastos efectuados durante ellas”;

Que de acuerdo con el artículo 207 del Decreto 2241 de 1986, las elecciones de Presidente de la República habrán de realizarse el domingo 26 de mayo de 2002;

Que el artículo 202 de la Constitución Política dispone en su inciso primero, que el Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República;

Que de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política, si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos en la fecha de la elección, “se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones”;

Que el artículo 202 de la Constitución Política establece en su inciso segundo que, “los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada fórmula quienes la integraron en la primera”;

Que las campañas electorales a la Presidencia y Vicepresidencia de la República adelantadas en el año de 1998 que participaron en dos debates electorales, reportaron como gastos totales de las mismas, las siguientes cuantías, así:

– Fórmula integrada por Horacio Serpa Uribe, candidato a la Presidencia, y María Emma Mejía Vélez, candidata a la Vicepresidencia: Trece mil seiscientos un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ($13.601.655.000.00 m/l) de pesos, moneda legal.

– Fórmula integrada por Andrés Pastrana Arango, candidato a la Presidencia, y Gustavo Bell Lemus, candidato a la Vicepresidencia: Doce mil ochocientos cincuenta millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ($12.850.488.000.00 m/l) de pesos, moneda legal;

Que de acuerdo con los datos consignados en los informes de gastos de ambas campañas, el costo de las mismas se incrementó notoriamente durante la segunda vuelta electoral;

Que la variación anual del índice de precios al consumidor desde el año de 1998, según certificaciones expedidas por el DANE de fechas 4 de septiembre de 2001 y 12 de octubre del mismo año, fueron las siguientes: Durante el año de 1998 hubo un aumento del 16.70% en relación con el año de 1997; Durante el año de 1999, del 9.23%; Durante el año 2000, del 8.75%; y durante el año 2001, el aumento del IPC acumulado al 30 de septiembre, fue del 6.96%;

Que la dirección de censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con fecha 2 de noviembre de 2001, certificó los censos electorales que sirvieron para la realización de las elecciones de los años 1994, 1998 y 2000;

Que el censo electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del año de 1998 fue de veinte millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos un (20.857.801) ciudadanos;

Que el censo electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del año de 1994 fue de diecisiete millones ciento cuarenta y seis mil quinientos noventa y siete (17.146.597) ciudadanos;

Que el incremento porcentual del censo entre unas y otras elecciones fue del 21.64%;

Que para las últimas elecciones de autoridades locales del año 2000, el censo era de veintidós millones novecientos diecinueve mil doscientos cuarenta y dos ciudadanos (22.919.242), lo cual refleja un incremento porcentual del 9.88% en aproximadamente 28 meses;

Que las anteriores consideraciones, basadas en la tendencia de crecimiento que muestra el comportamiento histórico, permiten prever para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del año 2002, un incremento del censo electoral por lo menos del 19% con respecto al censo electoral de 1998;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Fijar en catorce mil millones de pesos moneda legal ($14.000.000.000 m/l) la suma máxima que, bien sea del propio peculio, del de su familia, o de contribuciones de particulares, podrá invertir cada candidato a la Presidencia de la República en conjunto con el candidato a la Vicepresidencia de la respectiva fórmula, en la campaña electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidencia de la República que se realizarán el 26 de mayo del año 2002.

ART. 2º—Fijar, si se diere el evento previsto en la última parte del inciso primero del artículo 190 de la Constitución Política, en siete mil millones de pesos moneda legal ($7.000.000.000 m/l), la suma máxima que en la campaña electoral para las elecciones que se realizarían tres semanas después, podrán invertir cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República en conjunto con el respectivo candidato a la Vicepresidencia, que conformen las dos fórmulas que hubieren obtenido las más altas votaciones en la anterior elección, bien sea del propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares.

ART. 3º—Para los efectos de la presente resolución, se contabilizarán como inversiones en las campañas, todos aquellos gastos de que trata el artículo 21 de la Ley 130 de 1994, y en general cualquier gasto o inversión en que se incurra con motivo de la respectiva campaña.

ART. 4º—Las inversiones de campaña sufragadas por medio de operaciones de crédito de cualquier clase, incluidas las líneas especiales de crédito con garantía de la pignoración del derecho resultante de la reposición de gastos que haga el Estado, de las que trata el artículo 17 de la Ley 130 de 1994, serán contabilizadas como inversiones de campaña efectuadas con recursos provenientes, bien del propio peculio de los candidatos o de sus familiares, o bien de contribuciones de particulares, según quienes sean las personas que aparezcan en los respectivos títulos de deuda como deudores principales o avalistas.

ART. 5º—Así mismo, también serán contabilizadas como inversiones de campaña efectuadas con recursos del propio peculio del candidato y sus familiares, o con recursos provenientes de contribuciones económicas de particulares, según sea el caso, las siguientes:

a) Las inversiones que se hicieren con recursos provenientes de la reposición de gastos de campañas electorales anteriores, junto con los intereses de que trata el parágrafo del artículo 17 de la Ley 130 de 1994, o con el producto de la cesión de los créditos causados por dichos conceptos;

b) Las inversiones que se hicieren durante la segunda vuelta electoral con recursos provenientes de la reposición de gastos correspondiente a la primera vuelta, junto con los intereses de que trata el parágrafo del artículo 17 de la Ley 130 de 1994, o con el producto de la cesión de los créditos causados por dichos conceptos;

c) Las inversiones que se hicieren con recursos provenientes de contribuciones de los partidos y movimientos, incluso aquellas provenientes de la cesión total o parcial de los aportes estatales causados a favor de los partidos y movimientos, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 130 de 1994;

d) Las inversiones consistentes en pagos hechos por cualesquiera personas o entidades a favor de terceros, para cancelar obligaciones contraídas por causa de las actividades de las campañas;

e) Las inversiones que se hicieren con recursos provenientes de las categorías de ingresos a los que aluden los literales a), b), c), d) y e), del artículo 20 de la Ley 130 de 1994;

f) Las inversiones que se hicieren con el producto de la enajenación de los bienes recibidos como ayudas en especie de acuerdo al literal f) del artículo 20 de la Ley 130 de 1994;

g) El valor comercial de las ayudas en especie recibidas y utilizadas directamente en la campaña electoral, de acuerdo al literal f) del artículo 20 de la Ley 130 de 1994;

h) Todos los gastos o inversiones demostrados, respecto de los cuales se eche de menos la prueba o soporte contable que permita establecer el origen de los recursos que permitieron efectuarlos. En tales casos, se reputarán como inversiones del propio peculio de los candidatos.

ART. 6º—La violación de los topes máximos establecidos en la presente resolución, será causal de pérdida del derecho a la reposición de gastos, sin perjuicio de las demás sanciones legales, según se dispone en el último inciso del artículo 14 de la Ley 130 de 1994.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 14 de noviembre de 2001.

_______________________