RESOLUCIÓN 676 DE 2007 

(Febrero 15)

“Por la cual se expide el reglamento interno del recaudo de cartera de las obligaciones a favor del Ministerio de Educación Nacional”.

La Ministra de Educación Nacional,

en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006 y los artículos 1º y 2º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 116, establece que excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas;

Que la expedición de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante la cual el se dictaron normas para la normalización de la cartera pública, en su artículo 5º estableció la obligatoriedad para las entidades públicas que tienen a su cargo la facultad de cobro coactivo, la aplicación del procedimiento descrito en el estatuto tributario;

Que el numeral 1º del artículo 2º de la precitada ley señaló, para las entidades públicas que tengan cartera a su cargo, la obligación de establecer el reglamento interno del recaudo de cartera;

Que dicho reglamento debe ser expedido por las entidades públicas dentro de los dos (2) meses siguientes a la promulgación de las condiciones mínimas y máximas a las que deben acogerse los mencionados reglamentos internos de recaudo de cartera de conformidad como lo disponen los parágrafos 2º y 3º del numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006;

Que mediante el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, se reglamentó la citada Ley 1066, estableciendo las mencionadas condiciones y en su artículo 6º reitere la obligatoriedad de las entidades públicas de expedir su propio reglamento interno;

Que el Decreto 4675 de 2006, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones en su artículo 7º otorga a la oficina asesora jurídica la función de ejercer la jurisdicción coactiva; igualmente, en el artículo 32 designa a la subdirección de gestión financiera la función de administrar, fiscalizar y realizar el cobro administrativo de los recursos provenientes de aporte de Ley 21 de 1982 e igualmente los demás cobros que le corresponde efectuar al ministerio;

Que para el manejo efectivo del cobro coactivo, es necesario adoptar el reglamento de recaudo de cartera a través del procedimiento administrativo coactivo, de conformidad con el procedimiento del estatuto tributario, tal como lo establece … citada…

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera del Ministerio de Educación Nacional, en los términos del procedimiento descrito en el estatuto tributario, tal como lo ordena el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 6º del Decreto número 4473 del 15 de diciembre de 2006, el cual estará compuesto por los siguientes capítulos:

CAPITULO I

Aspectos generales

1.1. Objetivo del reglamento interno. Este reglamento interno se expide en cumplimiento a la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006 y tiene como finalidad implantar el trámite de las actuaciones administrativas y procesales que deben seguirse para el cobro por jurisdicción coactiva en el Ministerio de Educación Nacional, responsable del recaudo de las obligaciones a su favor, aplicando las disposiciones del estatuto tributario, Código Contencioso Administrativo y Código de Procedimiento Civil.

1.2. Definición - jurisdicción coactiva. Es una función que por disposición organizacional, conforme a la ley, asume o debe asumir un organismo estatal y por asignación específica un servidor público administrativo suyo, con la finalidad de cobrar directamente sin que medie intervención judicial, las obligaciones expresas, claras y exigibles a su favor.

1.3. Naturaleza jurídica del cargo. Quien ejerza la jurisdicción coactiva es un servidor público administrativo que no por ello pertenece a la rama judicial del poder público.

Las decisiones que se adopten dentro del proceso coactivo tienen el carácter de actos administrativos. De conformidad con lo establecido en el artículo 8331 del estatuto tributario la única providencia susceptible de ser controvertida a través del recurso de reposición es la resolución mediante la cual se rechazan las excepciones y ordena seguir adelante la ejecución.

1.4. Marco legal. El fundamento y desarrollo de la jurisdicción coactiva , está basado en la siguiente normatividad: los artículos 2º, 95, 116, 150, 209, 362 de la Constitución Política; Ley 1066 de 29 de julio 2006; Decreto 4473 de diciembre 15 de 2006; estatuto tributario; Código Contencioso-Administrativo Código de Procedimiento Civil.

1.5. Principios aplicables al cobro coactivo. Igualdad, moralidad, eficacia, economía procesal, celeridad, imparcialidad y publicidad.

1.6. Funcionario competente. Es el servidor público investido de la autoridad requerida para ejercer la jurisdicción coactiva, en el caso del Ministerio de Educación Nacional se le confirió esta facultad por delegación, a un profesional de la oficina asesora jurídica y en la parte persuasiva a la subdirección de gestión financiera.

1.7. Etapas. El proceso de cobro tiene dos etapas: persuasiva y coactiva.

CAPITULO II

El título ejecutivo

2.1. Definición. Es el documento público o privado en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible a cargo de un deudor y a favor del Ministerio de Educación Nacional, generalmente emanado por voluntad directa de las partes o por decisión ejecutoriada de la administración o de un juez, en virtud del cual procede un proceso ejecutivo,

2.2. Documentos que prestan mérito ejecutivo. Conforme al artículo 68 del Código Contencioso Administrativo prestan mérito ejecutivo los siguientes:

• Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor del Ministerio de Educación Nacional, la obligación de pagar una suma líquida de dinero en los casos previstos en la ley; para el caso del ministerio serán, entre otros, los aportes parafiscales ordenados en la Ley 21 de 1982.

• Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del Ministerio de Educación Nacional la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

• Las demás garantías que a favor del Ministerio de Educación Nacional se presenten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo que declare la obligación.

• Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

2.3. Firmeza y pérdida de ejecutoria de los actos administrativos. De conformidad con el artículo 829 del estatuto tributario, los actos administrativos quedarán ejecutoriados y en firme:

• Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

• Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

• Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.

• Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

Una vez el acto administrativo haya quedado en firme, se puede iniciar el procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva.

CAPITULO III

Cobro persuasivo

3.1. Definición. Es la oportunidad en la cual el Ministerio de Educación Nacional en su condición de acreedor, invita al deudor a cancelar sus obligaciones previamente al inicio del proceso de cobro por jurisdicción coactiva, con el fin de evitar dicho trámite y los costos que conlleva el ejercicio de tal acción.

3.2. Medios. La etapa persuasiva puede realizarse a través de los siguientes mecanismos:

3.2.1. Llamado a prevención. Es el requerimiento escrito, en medio físico o por correo electrónico, que hace el servidor público competente en el Ministerio de Educación Nacional, dirigido al deudor para recordarle la existencia de la obligación a su cargo. En esta comunicación se le debe informar al deudor la dependencia a cuyo cargo se encuentra el cobro, sitio en donde se le puede atender, plazo límite para efectuar el pago de la obligación, número de cuenta y entidad bancaria donde puede hacer el depósito correspondiente y la salvedad de que si no efectúa el pago, la entidad se verá en la obligación de iniciar proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva.

3.2.2. Entrevista y negociación. El funcionario de la subdirección financiera debe prepararse para exponer la situación concreta y tener claro el origen de la acreencia, valor adeudado, intereses y demás aspectos que se consideren necesarios. De esta entrevista se deberá elaborar un acta en la que conste la presentación personal del deudor, su representante autorizado o apoderado y dejando las constancias respectivas del trámite y las conclusiones.

Es de anotar, que cuando se inicie el cobro persuasivo ya debe existir un título ejecutivo debidamente expedido que cumpla con los tres (3) requisitos, es decir, que contenga una obligación clara, expresa y exigible.

3.3. Alternativas de pago. El deudor puede proponer las siguientes alternativas:

3.3.1. Pago total. Para este efecto se le indicarán al deudor las gestiones que debe realizar, las cuales básicamente consisten en consignar el valor adeudado a favor del Ministerio de Educación Nacional. Este dinero deberá ingresar a la cuenta especial abierta para estos rubros, y el recibo de consignación deberá anexarse al expediente. Al liquidar la obligación, la cuantificación debe ser igual al capital más los intereses moratorios liquidados hasta la fecha que se acuerde para el pago.

Cumplidos estos trámites, y satisfecha en su totalidad la obligación, se ordenará el archivo del expediente.

3.3.2. Pago a plazos. Si el deudor solicita plazo para pagar la obligación, podrá concedérsele mediante resolución que le será notificada personalmente y contra la cual no procede recurso alguno, en la cual se tendrá en cuenta la cuantía de la obligación, las garantías que ofrezca y otras garantías que la administración determine.

3.3.3. Renuencia al pago. Si el deudor no muestra interés en el pago de su obligación, no quiere comprometerse o manifiesta su imposibilidad material de hacerlo, se deja constancia escrita de estas circunstancias; de inmediato se procede a enviar el título a la oficina de cobro coactivo.

3.4. Término. El desarrollo de esta etapa deberá tener un término de hasta dos (2) meses, contados a partir de la fecha del primer día hábil siguiente a la fecha de exigibilidad del título.

3.5. Funcionario competente. El funcionario encargado de realizar las gestiones de cobro persuasivo es la Subdirectora de Gestión Financiera o quien haga sus veces.

3.6. Cumplimiento parcial. Fallido el pago oportuno de la obligación o de una de sus cuotas, si tuviere tal modalidad, así se declarará en el acto administrativo y se remitirá para el cobro coactivo de la parte insoluta de la obligación.

3.7. Investigación de bienes. Agotada la etapa persuasiva, sin que el ejecutado haya cancelado la obligación la subdirectora de gestión financiera efectuará una indagación de bienes del deudor, que debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los mismos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos; igualmente deben especificarse las cuentas bancarias de las entidades deudoras y demás bienes que posean.

CAPITULO IV

Cobro coactivo

4.1. Definición. Esta etapa se caracteriza por el deber del funcionario ejecutor de iniciar el proceso, siguiendo los lineamientos contemplados en el presente reglamento, cuando el deudor se muestre renuente al pago de la obligación, manifestándolo por escrito o verbalmente, dentro del término de los dos (2) meses previstos para la etapa persuasiva, o cuando ha transcurrido dicho término sin que el deudor se manifieste al respecto.

Puede suceder que en el transcurso del proceso coactivo el deudor proceda al pago total de su obligación, por lo que el funcionario ejecutor debe proceder a ordenar la terminación del proceso.

4.2. De la competencia. Es la facultad que la ley otorga a un funcionario público para el conocimiento o resolución de un asunto. En relación con el procedimiento coactivo, la competencia está determinada por dos factores: el funcional y el territorial.

4.2.1. Competencia funcional. La tiene el servidor público ejecutor, de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, asignado para ejercer la función propia de la jurisdicción coactiva. La competencia para el cobro persuasivo la tiene la subdirección de gestión financiera.

4.2.2. Competencia territorial. La competencia por razón del territorio en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva se determina por el domicilio del servidor público ejecutor.

4.3. La resolución de mandamiento de pago. El mandamiento de pago es un acto de trámite establecido por el artículo 826 del estatuto tributario, mediante el cual el funcionario ejecutor para exigir el cobro ordena l a cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos.

Debe contener:

• La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón social, cédula de ciudadanía o NIT, según el caso.

• Identificación de las obligaciones, por cuantía, concepto, período y el documento que la contiene.

• La orden expresa de pagar las obligaciones pendientes con los intereses a que haya lugar y las costas procesales en que se haya incurrido dentro de los 15 días siguientes a la notificación.

• La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo término para pagar (artículo 830 y 831 del estatuto tributario).

4.4. Notificaciones. Las providencias se darán a conocer a las partes y demás interesados por medio de notificaciones que se realizarán con las formalidades establecidas por el estatuto tributario en el artículo 826, es decir, estas se harán personalmente, por correo o por aviso.

4.4.1. Notificación personal. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días y se le hará entrega de copia de dicho auto.

4.4.2. Notificación por correo. Si vencido el término no comparece dentro del término señalado, el mandamiento de pago se notificará por correo mediante la entrega de una copia del acto correspondiente en la dirección registrada en la entidad.

4.4.3. Notificación por aviso. Cuando se devuelve el correo o no existe la dirección la notificación se efectuará a través de un periódico de amplia circulación nacional (568 del E.T.).

4.4.4. Notificación por conducta concluyente. Este tipo de notificación la establece el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y 48 del Código Contencioso Administrativo para los actos administrativos. En consecuencia es válida la notificación del mandamiento de pago por este medio; esto es, cuando el deudor manifiesta que conoce la orden de pago o lo menciona en escrito que lleva su firma o proponga excepciones. En este caso se tendrá notificado personalmente el deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo.

4.4.5. Corrección de la notificación. Según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, la falta de notificación o la efectuada en forma defectuosa, impide que el acto administrativo produzca efectos legales, lo que en este caso significaría que todas las actuaciones posteriores al mandamiento de pago sean nulas.

Para subsanar tales irregularidades, el artículo 849-1 del estatuto tributario autoriza hacerlo en cualquier momento y hasta antes de aprobar el remate, obviamente la corrección de la notificación deberá subsanarse antes de que se produzca la prescripción.

4.5. Actuaciones a seguir por el ejecutado. De conformidad con el artículo 830 del estatuto tributario, una vez notificado el mandamiento de pago, el deudor tiene quince (15) días para cancelar las obligaciones plasmadas en la orden de pago, o proponer excepciones. Es decir, el ejecutado, después de la notificación, puede asumir básicamente tres (3) tipos de conductas: Pagar, proponer excepciones y guardar silencio.

4.5.1. Pago total. Cuando se pagan las obligaciones, se procederá a verificar la efectividad de la misma, mediante confrontaciones del recibo de pago, luego de lo cual se da por terminado el proceso mediante auto en ese sentido, en el que además se ordena el levantamiento de las medidas cautelares que eventualmente se hubieren decretado el archivo del expediente y se resolverá cualquier otra situación pendiente dentro del proceso.

4.5.2. Silencio. Cuando el ejecutado guarda silencio, el Ministerio de Educación Nacional a través del funcionario ejecutor procederá a continuar con la ejecución, para lo cual dictará una resolución en tal sentido, esto es, ordenando seguir adelante la ejecución, conforme lo ordena el artículo 836 del estatuto tributario. Dicha providencia de dictará dentro del mes siguiente al vencimiento del término para pagar, en ella se ordenará avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o de los que posteriormente lleguen a serlo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra esta resolución no procede ningún recurso.

4.5.3. Excepciones. Se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 831 del estatuto tributario, así:

• El pago efectivo

• La existencia de acuerdo de pago

• La de falta de ejecutoria del título

• La pérdida de ejecutoría de título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.

• La interposición de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

• La prescripción de la acción de cobro

• La falta de título o incompetencia del funcionario que lo profirió.

4.5.3.1. Término para pagar o presentar excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones mencionadas en el numeral anterior, expresando los hechos en que se funden, documentos que relacione y las pruebas que pretenda hacer valer.

4.5.3.2. Trámite de excepciones. Dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá sobre ellas ordenando previamente la práctica de las pruebas cuando sean del caso, según lo contempla el artículo 830 del estatuto tributario.

En el evento de que se encuentren probadas las excepciones, el juez así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma procederá en cualquier etapa del procedimiento si el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes correspondientes.

4.5.3.3. Resolución que resuelve excepciones u ordena seguir adelante la ejecución. Cuando el deudor propusiere excepciones contra el mandamiento de pago, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que le fue notificado el mismo, de conformidad con el artículo 830 del estatuto tributario, si es pertinente se procede a decretar las pruebas por él solicitadas o las que el funcionario ejecutor decrete de oficio. Acto seguido se dispone de un (1) mes para proferir la resolución que resuelve las excepciones tal como lo señala el artículo 832 ibídem.

En este punto se pueden presentar las siguientes situaciones:

• Que se encuentren probadas las excepciones respecto de todas las obligaciones; en este caso así lo declarará la resolución y en la misma providencia se dará por terminado el proceso y se levantarán las medidas cautelares.

• Que prosperen parcialmente las excepciones, evento en el que la ejecución continuará respecto de las obligaciones o valores no afectados por las excepciones.

• Que se declare no probada ninguna excepción, en cuyo caso se ordenará en la misma resolución seguir adelante la ejecución.

4.6. Liquidación del crédito. Ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, se procederá a liquidar el crédito y las costas, la que consistirá en sumar los valores correspondientes a cada uno de los conceptos, con el fin de saber con certeza el monto de la cuantía que se pretende recuperar en el remate.

En el auto respectivo, es procedente contabilizar por separado los valores del crédito y de las costas, así:

Crédito. El crédito involucra el capital correspondiente a la obligación más los intereses moratorios.

Costas. Involucra todos los gastos en que haya incurrido el Ministerio dentro del proceso coactivo, tales como honorarios del secuestre, peritos, gastos de transporte, etc.

Contra el auto de liquidación no procede recurso alguno, por tratarse de un “auto de trámite”. No obstante de ella se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3) días para que formule las objeciones que a bien tenga y aporte las pruebas que estime necesarias. Para tal efecto dicha providencia se notificará por correo. Posteriormente mediante auto que no admite recurso se aprobará la liquidación y si hubo objeciones que resultaron viables, se harán las modificaciones y ajustes a que haya lugar dando curso a la aprobación.

CAPITULO V

Medidas cautelares

5.1. Finalidad. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago el funcionario ejecutor podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se haya comprobado que son de propiedad, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 837 del estatuto tributario.

Para este efecto, el juez tendrá como bienes del deudor los presentados por la subdirección de la gestión financiera al cierre de la etapa de cobro persuasivo.

5.2. Definición de medida cautelar. Es la medida que impide la libre disposición de los bienes por parte de su titular.

5.2.1. El embargo. Las disposiciones legales sobre este tema se encuentran reglamentadas en los artículos 513 al 542 del Código de Procedimiento Civil.

Igualmente, aplican las disposiciones señaladas en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 837-1, 828, 838 y 867 del estatuto tributario; estas facultades son privativas del juez.

5.2.2. Perfeccionamiento del embargo. La medida cautelar de embargo se perfecciona de acuerdo con lo determinado en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 28, 1441 y 1908 del Código de Comercio y 839, 839.1 del estatuto tributario.

5.2.3. Concurrencia de embargos. La concurrencia de embargos es una situación procesal consistente en que, sobre un mismo bien o derecho, recaen dos o más embargos (artículos 839-1 del estatuto tributario y 542 del Código de Procedimiento Civil).

5.2.4. Bienes y derechos inembargables. Por regla general todos los bienes y derechos del deudor son embargables, pero en algunos casos específicos la ley ha prohibido el embargo en razón a la naturaleza de los bienes y derechos.

Todo lo referente a los bienes e ingresos inembargables está reglamentado por el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 682 y 794 ibídem, 1677 del Código Civil, los artículos 3º y 4º de la Ley 11 de 1984, y los artículos 154, 155, 156 y 157 del Código Sustantivo del Trabajo.

5.3. El secuestro. El secuestro es un acto procesal por medio del cual el juez quita o sustrae a su legítimo propietario y/o poseedor la tenencia y disfrute y goce de un bien mueble o inmueble, con el fin de impedir que por obra del ejecutado se oculten o menoscaben los bienes, se les deteriore o destruya, o se disponga del bien o derecho, de sus frutos, productos y rendimientos.

En el momento de la diligencia el juez deposita el bien en manos de un tercero, llamado secuestre, quien adquiere todas las obligaciones y los deberes señalados para los depositarios (artículos 2273 a 2281 del Código Civil, y 682 y 683 del Código de Procedimiento Civil).

5.3.1. Oposición a la diligencia de secuestro. En desarrollo de la diligencia de secuestro de bienes de cualquier naturaleza, se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia (artículo 839-3 del estatuto tributario).

5.3.2. Disposición del dinero embargado. Ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante la ejecución y en firme la liquidación del crédito y las costas, se aplicará a la deuda el dinero embargado, hasta concurrencia del valor liquidado, debiéndose devolver el remanente si sobre él no pesa otro embargo (artículo 522 del Código de Procedimiento Civil)

5.3.3. Avalúo y remate de bienes. Una vez practicado el embargo y secuestro, y en firme la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, debe procederse a la práctica del avalúo, conforme a lo dispuesto en el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil; igualmente, se aplica lo dispuesto en los artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 521 al 536, del Código de Procedimiento Civil y 839-3 del estatuto tributario y demás normas concordantes.

5.4. Levantamiento de medidas cautelares. El juez podrá, privativamente, levantar el embargo y secuestro en todos los casos señalados en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil e igualmente podrá cancelar y levantar las medidas cautelares al tenor de lo dispuesto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, previo el otorgamiento de caución en dinero efectivo o garantías bancarias o de compañías de seguros.

De igual manera conforme al artículo 841 del estatuto tributario, en cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo podrá celebrar un acuerdo de pago con la administración, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda.

Igualmente, se suspenderá el proceso en los términos y por las causas dispuestas en Ley 550 de 1999, artículo 55.

CAPITULO VI

Interrupción y suspensión del proceso

6.1. Causales de suspensión. Están específicamente señaladas en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; igualmente, el estatuto tributario dispone en sus artículos 814, 841, 827, 829.1 y 845 otras causales adicionales de suspensión, como lo es el artículo 55 de la Ley 550 de 1999.

El decreto de la suspensión del proceso, sus efectos, la reanudación del proceso y la suspensión de una determinada providencia están señalados en los artículos 171, 172 y 173 del Código de Procedimiento Civil.

6.2. Causales de interrupción. La interrupción del proceso está contemplada en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.

6.3. Acumulación de obligaciones. El parágrafo único del artículo 826 del estatuto Tributario consagra la acumulación de obligaciones, que consiste en involucrar en un mismo mandamiento de pago todas las obligaciones del deudor.

6.4. Acumulación de procesos. Esta figura la contempla el estatuto tributario en el artículo 825, consiste en tramitar como un solo proceso varios procesos administrativos coactivos que se adelantan simultáneamente contra un mismo deudor; para el trámite se le aplican las normas dispuestas para el efecto en el Código de Procedimiento Civil.

CAPITULO VII

De los recursos

Contra las providencias que se surten dentro del proceso administrativo coactivo, no proceden recursos, por considerarse de trámite, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto tributario, así:

La resolución que rechaza las excepciones propuestas y que ordena seguir adelante la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados, contra la cual procede únicamente el recurso de reposición ante el funcionario que lo expidió, dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver el recurso igualmente un mes, contado a partir de la interposición (artículo 834 del estatuto tributario).

La resolución que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica como lo disponen los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, y contra ella procede el Recurso de Reposición ante el mismo funcionario que la profirió dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (artículo 814.3), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición y se notifica tal como lo dispone el inciso 2 del artículo 565 del estatuto tributario.

CAPITULO VIII

Intervención de la jurisdicción contencioso administrativa

El artículo 835 del estatuto tributario establece que la única providencia del proceso administrativo coactivo susceptible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, cuando ha declarado “no probadas las excepciones propuestas” por el ejecutado; esto significa que, cuando el ejecutado no propone excepciones y en la citada resolución solamente se ordena seguir adelante la ejecución, la providencia no puede ser demandada ante dicha jurisdicción, esto es cuando el ejecutado guarda silencio.

El efecto jurídico dentro del procedimiento administrativo coactivo, respecto de la demanda contra la resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, es de continuar con el proceso coactivo, teniendo en cuenta que la admisión de dicha demanda no suspende el cobro, pero la diligencia de remate no se realizará, hasta cuando exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción, esto es sentencia ejecutoriada, por tal razón la diligencia de remate deberá suspenderse.

La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones será una copia autenticada del auto admisorio de la demanda, o en su defecto, una certificación sobre el hecho de haberse proferido dicha providencia de admisión de la demanda, siendo obligación del ejecutado el aportarla al proceso.

CAPITULO IX

Terminación del proceso

8.1. Pago de la obligación. Es la satisfacción de la obligación establecida a favor del Ministerio de Educación Nacional y objeto del cobro coactivo.

8.2. Remisión. La remisión es una forma de extinguir las obligaciones a cargo del deudor, con el lleno de los requisitos legales establecidos en el artículo 820 del estatuto tributario y el artículo 12 de la Ley 174 de 1994. La remisión consiste en la facultad que tienen las administraciones para suprimir de sus registros contables, las deudas a cargo de personas que hubiesen muerto sin dejar bienes, previa aportación de las pruebas que acrediten la circunstancia de no haber dejado bienes y de la partida de defunción.

Igualmente, los administradores tienen la facultad de suprimir las deudas que, no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, se encuentran sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una anterioridad de más de 5 años.

La remisión deberá ser autorizada previamente por la subdirección de gestión financiera, mediante Memorando dirigido al juez de jurisdicción coactiva , para que este último mediante resolución declare la remisión de la obligación que fuera autorizada por la citada Subdirección y proceda a terminar el proceso de cobro respectivo.

8.3. Prescripción. La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo, sin que el acreedor consiga el pago de la misma por parte del deudor.

El término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones a favor del Ministerio de Educación Nacional es de cinco (5) años.

Estos términos se cuentan a partir de las correspondientes ejecutorias de los actos administrativos que contienen las obligaciones legalmente exigibles.

8.3.1. Causales de interrupción de la prescripción. El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe en los siguientes casos:

• Por la notificación del mandamiento de pago.

• Por el otorgamiento de facilidad de pago.

• Por la admisión del deudor a un acuerdo de reestructuración (Ley 550 de 1999).

8.3.2. Causales de suspensión de la prescripción. El término de prescripción de la acción de cobro se suspenderá desde que se dicte el auto que suspende la diligencia de remate y hasta:

• La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria directa.

• La ejecutoria de la providencia que resuelve la restitución de términos.

• El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa, cuando se demande la resolución que falló en contra las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución.

8.4. Terminación del proceso y archivo del expediente de cobro. Una vez verificado el pago, u otra cualquiera forma de terminación del proceso, es necesario archivar el expediente de cobro y terminar el proceso de la siguiente manera:

• Si el pago se realizó en etapa persuasiva, bien sea por pago inmediato o por facilidad de pago otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, se revisará previamente el estado de cuenta del deudor, con el fin de verificar que se encuentra a paz y salvo y se procederá a concluir la gestión de cobro, profiriendo auto de archivo del expediente, el cual se comunicará al deudor en los términos del artículo 566 del estatuto tributario.

• Si existe proceso coactivo-administrativo, según el artículo 833 del estatuto tributario, este se termina por una de las siguientes razones:

• Por prosperar una excepción, caso en el cual la terminación del proceso se ordenará en la misma resolución que resuelve las excepciones.

• Por el pago de la totalidad de la obligación en cualquier etapa del proceso, hasta antes del remate, caso en el cual se dicta un auto de terminación, que ordenará además el levantamiento de las medidas cautelares, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes.

• Por pago total de la obligación, mediante facilidad de pago otorgada dentro del proceso administrativo coactivo, caso en el cual también se dictará auto de terminación, que ordenará además el levantamiento de las medidas cautelares, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes respecto de la liberación de los respaldos y garantías que se hubieren constituido a favor del Ministerio de Educación Nacional por el deudor.

• Por el pago de la obligación cuando se ha agotado el procedimiento del remate y se ha adjudicado al acreedor el bien embargo o el producto del mismo hasta el monto ordenado por en la liquidación del crédito.

8.5. Terminación del proceso por prescripción o remisión. La resolución que ordene la remisión de obligaciones o su prescripción, ordenará igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.

CAPITULO IX

Acuerdos de pago

9.1. Definición. El acuerdo de pago es una figura mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional concede plazos hasta por cinco (5) años para cancelar las obligaciones dinerarias a su favor (artículo 814 estatuto tributario).

9.2. Solicitud y trámite. La facilidad de pago se concederá a solicitud del deudor y a voluntad del Ministerio de Educación Nacional, como facultad potestativa de este.

La facilidad de pago puede concederse en cualquier momento, aún estando en trámite un proceso administrativo coactivo contra el deudor. En este caso debe suspenderse el proceso de cobro y, si es pertinente, levantar las medidas cautelares, siempre que las garantías ofrecidas respalden suficientemente la obligación; de lo contrario las medidas se mantendrán hasta el pago total de la obligación.

El interesado en suscribir un acuerdo deberá presentar una solicitud por escrito que debe contener por lo menos los siguientes datos: Valor de la obligación; concepto; plazo solicitado; calidad con la que actúa el peticionario.

De no aprobarse la solicitud de facilidad de pago, la decisión deberá comunicarse al peticionario mediante escrito, en el que se le invitará a cancelar sus obligaciones de manera inmediata, advirtiéndole que de lo contrario se continuará con el proceso.

9.3. Competencia. Las solicitudes de acuerdos de pagos deben ser estudiadas por la subdirección de gestión financiera y ser aprobadas mediante resolución motivada.

9.4. Respaldo y garantías. Los acuerdos de pago se deben respaldar según las siguientes reglas:

• A un año sin garantía, previa cancelación de un porcentaje del total de la deuda más los intereses moratorios, pagaderos hasta en 6 cuotas.

• A dos años con garantía, previa cancelación de un porcentaje del total de la deuda más los intereses de mora, pagaderos hasta en 12 cuotas.

• A tres años, previa constitución de garantía, hasta en 18 cuotas.

• También se podrán conceder plazos sin garantía, cuando no se levanten las medidas cautelares, hasta terminar el pago total de la obligación con la facilidad de pago otorgada.

9.4.1. Clases de garantías. Para la constitución de acuerdos de pago, las entidades públicas deudoras deberán expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal cuando los pagos se pacten en efectivos dentro de la vigencia y adicionalmente la autorización de vigencias futuras en el evento en que se acojan a las alternativas 2 ó 3 de las facilidades para el pago de las obligaciones a favor del ministerio.

Las garantías pueden constituirse en: en dinero (consignación a órdenes del Ministerio de Educación Nacional), pólizas de compañías de seguros, garantía bancaria, títulos de deuda pública, bonos, certificados de depósito a término, fideicomiso en garantía, fideicomiso en administración, hipoteca, prenda, garantías personales o reales otorgadas por terceros distintos del deudor principal.

9.4.1.1. Oportunidad para prestar caución. En los procesos de jurisdicción coactiva, por no existir demanda, procede la caución desde el momento en que se radica en la oficina de cobro coactivo el documento que constituye el título ejecutivo.

Todo lo concerniente a las cauciones está reglamentado por los artículos 508, 513, 519, 679, 680, 687, 690 del Código de Procedimiento Civil y normas concordantes.

9.5. Incumplimiento de los acuerdos de pago. Podrá declararse el incumplimiento del acuerdo de pago y dejar sin vigencia el plazo concedido, cuando el deudor incumpla el pago de alguna cuota por no cancelar en las respectivas fechas de vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad a la suscripción del acuerdo de pago.

El incumplimiento se declara mediante resolución, la cual deja sin vigencia el plazo concedido y, en el evento en que se hayan otorgado garantías, ordenará hacerlas efectivas hasta concurrencia del saldo insoluto.

Igualmente en dicha resolución deberá dejarse constancia, cuando se constituyeron garantías personales, que el Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho de perseguir al garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la deuda.

La resolución que declara incumplido el acuerdo de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, y contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (artículo 814-3), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición.

9.6. Cláusulas aceleratorias. En todo acuerdo de pago se deberá incluir la cláusula de que si el deudor incumple el pago de alguna cuota por no cancelar en la respectiva fecha de vencimiento las obligaciones acordadas, se declarará mediante acto administrativo el incumplimiento del mismo y se enviará para el trámite correspondiente a cobro ejecutivo por vía coactiva.

CAPITULO X

Disposiciones finales

10.1. Clasificación de la cartera morosa. Con el objeto de garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, la subdirección de gestión financiera podrá clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no prioritaria a partir de aspectos tales como cuantía de la obligación y antigüedad de la deuda.

Clasificación por cuantía. Permite identificar la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a saber:

a) Mínima cuantía: inferiores a 15 smmlv;

b) Menor cuantía: desde 15 smmlv hasta 90 smmlv;

c) Mayor cuantía: superior a 90 smmlv.

Criterio de antigüedad. Se aplicará en consideración al término de prescripción de la acción de cobro para las obligaciones, dándole prioridad a la más cercana a la prescripción.

Condiciones particulares del deudor. En razón del comportamiento del deudor así:

Voluntad de pago. Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago.

Reportados. Corresponde al deudor que se encuentra reportado en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación.

10.2. Tasa de interés moratorio. Para las obligaciones con vencimiento anterior al 1º de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la dispuesta en el artículo 9º de la ley 68 de 1923. Para aquellas cuyo vencimiento sea a partir del 1º de enero de 2006, se aplicará la tasa efectiva de usura que corresponde a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendecia Financiera más el 50%.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, revoca las normas internas que le sean contrarias y modifica en lo pertinente el manual de jurisdicción coactiva de la entidad.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de febrero de 2007.

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