RESOLUCIÓN 694 DE 2006 

(Agosto 23)

“Por la cual se establece la tarifa aplicable para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado a los Bienes Inmuebles en donde funcionan Salones Comunales”.

El Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, - ESP,

en ejercicio de sus estatutarias en especial las conferidas el literal a) del artículo 15 del Acuerdo 1 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2º de la Ley 743 de 2002, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Que en el artículo 230 del Decreto Distrital 190 de 2004, “por medio del cual se compilan las disposiciones con tenidas en los decretos distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”, se establece “que el sistema de equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional de ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores costos en las otras.

Que de conformidad con lo anterior, en el artículo 233 del decreto antes citado, dentro del subgrupo de los equipamientos de bienestar social, identifica las edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos, como familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales, entre los cuales se encuentran los salones comunales.

Que teniendo en cuenta que, en los salones comunales se desarrollan diferentes actividades de protección, integración, educación aprovechamiento del tiempo, capacitación, reuniones de organizaciones sociales, actividades culturales en beneficio de sus comunidades, éstos se constituyen en el centro de reuniones para efectos de integración de la misma, en beneficio de los sectores vulnerables de su vecindario.

Que la Ley 142 de 1994, se ocupó de la estratificación de los usuarios residenciales, sin entrar a definir los usos de los distintos bienes inmuebles, como el comercial e industrial. En tal sentido, el desarrollo de algunas precisiones sobre la materia, se han dado por vía reglamentaria, mediante la regulación de cada uno de los servicios públicos domiciliarios y en los contra tos de condiciones uniformes de cada empresa.

Que en consecuencia, en el Decreto 229 de 2002, por el cual se modifica el Decreto 302 de 2000, reglamentario de la Ley 142 de 1994, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, adoptó las siguientes definiciones.

“ART. 1º—El artículo 3º del Decreto 302 de 2000, quedará así:

“ART. 3º—Glosario. Para la aplicación del presente decreto se definen los siguientes conceptos:

3.35. Servicio comercial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales, en los términos del Código de Comercio.

3.36. Servicio residencial. Es el servicio que se presta para el cubrimiento de las necesidades relacionadas con la vivienda de las personas.

3.37. Servicio especial. Es el que se presta a entidades sin ánimo de lucro, previa solicitud a la empresa y que requiere la expedición de una resolución interna por parte de la entidad prestadora, autorizando dicho servicio.

3.38. Servicio industrial. Es el servicio que se presta a predios o inmuebles en los cuales se desarrollen actividades industriales que corresponden a procesos de transformación o de otro orden”.

Que de acuerdo con estas definiciones, en todo uso diferente del cubrimiento de necesidades relacionadas con la vivienda de las personas (num. 3.35) se tendrá el tratamiento de comercial o industrial.

Que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 675 de 2001, los bienes comunes son partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en pro-indiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular.

Que de otra parte, la propiedad horizontal concurre al pago de las expensas comunes conforme lo ordenado por el artículo 29 de la citada norma:

“Los propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto estarán obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de pro piedad horizontal”.

Que por virtud del principio de conexidad o subsidiaridad, según el cual, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y en razón a que las áreas comunes de un inmueble, incluidos los salones comunales construidos sobre predios privados, pertenecen en pro-indiviso a todos los propietarios de los bienes privados, y por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular, para efectos del cobro de los servicios públicos se han clasificado en el uso o estrato al que pertenezcan los bienes privados.

Que uno de los criterios del régimen tarifado, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Ley 142 de 1994, es el de “neutralidad”, entendiendo por éste, como el derecho de cada consumidor de “obtener el mismo tratamiento tarifario de cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales”.

Que por su parte, los servicios públicos de los salones comunales destinados a las actividades propias de la comunidad, a la fecha han sido clasificados como no residenciales y se les aplica tarifa industrial o comercial para efectos de la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Que el inmueble destinado exclusivamente a actividades comunales sin ánimo de lucro, para un grupo urbano residencial es funcionalmente equiparable al que con igual destino se encuentra en los edificios, con juntos residenciales; lo que, por virtud del citado principio de neutralidad y de unidad de solución jurídica respecto de hechos iguales, debe recibir el mismo tratamiento tarifario.

Que, adicionalmente, de acuerdo con el desarrollo de la ciudad en las últimas décadas, en donde el área disponible por unidad familiar se ha disminuido con el fin de optimizar el uso del suelo al punto de tener viviendas de escasos 50 metros cuadrados, las comunidades y sus familias enfrentan hacinamientos, por lo cual los salones comunales se han constituido como una extensión del domicilio de cada familia que hace parte de la comunidad en donde tiene influencia el salón comunal, por lo tanto se justifica darles a éstos un tratamiento en los servicios públicos como tal.

Que igualmente existe un importante número de salones comunales construidos sobre bienes inmuebles de propiedad pública, sea ésta de naturaleza fiscal o de uso público, del sector central o descentralizado del Distrito Capital de Bogotá, los cuales asimismo, por la actividad que en ellos se desarrolla y en virtud del citado principio de neutralidad y de unidad de solución jurídica respecto de hechos iguales, deben recibir el mismo tratamiento tarifario.

Que en tal sentido, la acreditación sobre los inmuebles donde funcionan salones comunales destinados a las actividades comunitarias, sirve de soporte a la solicitud del tratamiento tarifario aquí considerado.

Que por lo anterior, el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, DAACD, y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, en cumplimiento de las funciones que a cada entidad le compete en relación con el tema aquí desarrollado, acordaron que colaborarían con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB ESP., para que se dé plena aplicación a las previsiones aquí contenidas.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—A partir de la vigencia de la presente resolución, para efectos de la facturación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a los bienes inmuebles en donde funcionan los salones comunales que estén destinados de manera exclusiva al desarrollo de actividades de carácter comunitario, sin animo de lucro, se les aplicará la tarifa residencial correspondiente al estrato asignado a las viviendas del barrio en el cual estén situados.

PAR.—En el evento en que el barrio en donde esté situado el salón comunal, tenga asignado más de un estrato, se le aplicará la tarifa del estrato al que pertenezcan el mayor número de viviendas del barrio.

ART. 2º—Para obtener el tratamiento aquí establecido, la persona encargada del manejo del salón comunal, deberá comparecer ante el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, DAACD, según su competencia o el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, cuando se trate de salones comunales que funcionen en bienes de propiedad del Distrito, o a las autoridades que hagan sus veces en las otras entidades territoriales donde la empresa presta los servicios de acueducto y alcantarillado, y manifestar mediante escrito, que se entiende presentado bajo la gravedad de juramento con la suscripción del mismo, que en el inmueble se desarrollan actividades exclusivamente comunitarias. Igualmente, deberá indicar el estrato al que pertenece el barrio donde el salón se encuentra ubicado y, cumplir con los requisitos que exija cada una de estas entidades, de conformidad con sus competencias.

ART. 3º—Una vez se haya dado aplicación a la previsión contemplada en el artículo precedente, el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital, DAACD, así como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, del Distrito Capital, o las autoridades que hagan sus veces en las otras entidades territoriales donde la empresa presta los servicios de acueducto y alcantarillado, presentarán a la EAAB, ESP., al 30 de enero de cada año, el listado de los salones comunales que adelanten actividades exclusivamente comunitarias, junto con su estrato.

PAR.—El listado de los salones comunales antes enunciado, será actualizado periódicamente por las entidades enunciadas, a fin de que el beneficio aquí con templado, les sea aplicado a los salones comunales que posteriormente se hayan puesto en conocimiento ante dichas entidades, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2º de la presente resolución.

ART. 4º—En el evento en que se determine que un bien inmueble en donde funciona un salón comunal ha dejado de ser usado para el desarrollo de actividades de carácter comunal, la empresa cobrará por el servicio de acueducto y alcantarillado según las tarifas que correspondan de conformidad el destino que se esté dando a tales inmuebles.

ART. 5º—Quien esté encargado del manejo del salón comunal, al que se le ha dado el beneficio aquí contemplado, estará en la obligación de informar a la empresa, cuando se haya dejado de utilizar el inmueble para el desarrollo de actividades de carácter comunitario y pagará la diferencia entre el valor facturado y el valor de la tarifa comercial, durante el tiempo transcurrido desde el momento en que se dejó de utilizar el inmueble para labores exclusivamente comunales y el momento en que dio aviso o de haber dejado de desarrollar el objeto aquí previsto.

PAR.—Sin perjuicio de la anterior previsión, la empresa en todo momento podrá verificar la actividad que se desarrolla en el salón comunal al cual se le ha dado el tratamiento contemplado en la presente resolución, y de comprobar que en el mismo se llevan a cabo actividades lucrativas y/o de carácter comercial, de conformidad con la normatividad que regula la materia, procederá a facturarlo como usuario comercial y hará los cobros de los valores dejados de pagar, si los hubiere.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución 938 del 5 de diciembre de 2005.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C., a 23 de agosto de 2006.

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