RESOLUCIÓN 7 DE 1999 

(Julio 21)

“Por la cual se introducen modificaciones a la reglamentación de algunas actividades, montos y condiciones de operación del incentivo a la capitalización rural”.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario,

en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 21, 23 y 25 de la Ley 101 de 1993 y los artículos 1º, 2º, 9º, 10 y 15 del Decreto Reglamentario 626 de 1994,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el literal d) del artículo 1º de la Resolución 2 de 1999 expedida por la CNCA, el cual quedará como sigue:

Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento

Corresponde a proyectos de inversión orientados a la siembra o plantación de cultivos de tardío rendimiento, cuyos períodos vegetativos presenten etapas improductivas desde su siembra no menores a dos años. Estos proyectos deben formar parte de los programas de reconversión y modernización tecnológica, definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se podrá reconocer el ICR sobre:

— Los costos de preparación del terreno para la siembra: nivelación, trazado, ahoyado, construcción de curvas nivel, construcción de terrazas.

— Costo de las plántulas al momento de su transplante.

— Costo de los insumos requeridos para la siembra en sitio definitivo (fertilizantes, correctivos del suelo, otros agroquímicos y mano de obra).

— Construcción de vías y sus obras complementarias requeridas para el adecuado desarrollo productivo del proyecto de inversión.

— Siembra de cultivos de cobertura y sombrío (semillas o material vegetal y los insumos para su siembra).

— Para el cálculo del ICR en proyectos por este campo, se podrá incluir el capital de trabajo, entendido como los costos directos de mantenimiento en los años improductivos. Los costos de referencia para determinar el monto del ICR por hectárea, serán definidos por fondo el comité ICR, creado en el artículo 2º de la Resolución 2 de 1999 de la CNCA.

ART. 2º—Modificar el artículo 4º de la Resolución 2 de 1999 expedida por la CNCA, el cual quedará como sigue:

El valor del ICR podrá ser hasta el 40% del valor de las inversiones y costos admisibles, cuando los proyectos sean ejecutados por pequeños productores definidos conforme al Decreto 312 de 1991 y normas que le modifiquen. Igual reconocimiento tendrán los proyectos cuya ejecución proceda a través de alianzas estratégicas que por vía general defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para los demás beneficiarios, el ICR podrá ser de hasta el 30% del valor de las inversiones y costos admisibles. Sin embargo en proyectos enmarcados en el literal b) del artículo 1º de la Resolución 2 de marzo de 1999 de la CNCA que contemplen la adquisición de tractores, el porcentaje reconocible podrá ser de hasta el 30%, siempre y cuando se incluyan implementos complementarios para el manejo y la preparación adecuada del suelo y la preservación de su potencial productivo, en una proporción no inferior al 20% del valor de los tractores, en caso contrario el reconocimiento del incentivo podrá llegar hasta el 20% del valor de adquisición o precio máximo de referencia, según corresponda.

PAR. 1º—Facúltase al comité del lCR de que trata el artículo 2º de la presente resolución para determinar conforme a la política agropecuaria y las disponibilidades presupuestarias, los porcentajes específicos de reconocimiento del ICR, dentro de los topes definidos en el presente artículo.

PAR. 2º—Los porcentajes establecidos de acuerdo con este artículo se aplicarán respecto de los costos de las inversiones elegibles, más los intereses causados durante el período programado para su ejecución, sobre el crédito Finagro aplicado al financiamiento de los componentes y/o actividades objeto del ICR.

En todo caso, el reconocimiento del incentivo sobre intereses causados no podrá exceder a noventa (90) días, y no serán tenidos en cuenta tratándose de proyectos desarrollados bajo el literal b) del artículo 1º de la Resolución 2 de marzo de 1999.

PAR. 3º—El monto máximo del incentivo que se podrá otorgar a una persona individual o colectiva respecto de un proyecto o actividades de inversión específicos, no podrá exceder de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud de inscripción.

No obstante, para proyectos en actividades productivas altamente competitivas, desarrollados conforme al artículo 1º de la presente resolución, el monto máximo del incentivo podrá ser de hasta cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000 smlmv) a la fecha de la presentación de la correspondiente solicitud de la inscripción, cuando de su ejecución se esperen mejoramientos significativos en el funcionamiento e integración de las cadenas productivas y un impacto regional en el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades rurales. En estos casos, la iniciativa y organización de los proyectos habrá de adelantarse previa concertación con las comunidades de las regiones donde se desarrollarán, y su ejecución proceder a través de alianzas estratégicas entre pequeños productores con personas y/o empresas de reconocida experiencia, presencia y conocimientos en las actividades propias a la cadena productiva.

Se entenderá por alianzas estratégicas aquellas que por vía general defina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con referencia a las participaciones en los beneficios y financiación de los proyectos.

PAR. 4º—Igual tratamiento al señalado en el inciso segundo del parágrafo anterior, en cuanto al límite máximo de reconocimiento del incentivo, se dará a proyectos de inversión ejecutados por colectivos de pequeños productores o beneficiarios de programas de reforma agraria, de sustitución de cultivos ilícitos, reinsertados y programas de paz que defina el Gobierno Nacional, siempre que su número no sea inferior a veinte (20).

Así mismo, cuando los proyectos de inversión sean ejecutados sobre predios negociados de conformidad con la Ley 160 de 1994, cuya posesión y usufructo no esté en poder de los beneficiados de la reforma agraria, siempre que medie acuerdo sobre tales proyectos entre el Incora y los adjudicatarios del predio, su ejecución podrá ser llevada a cabo por el propietario o por un ejecutor independiente.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 21 julio de 1999.

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