RESOLUCIÓN 704 DE 2003 

(Marzo 14)

"Solicitud de aplicación de medidas correctivas por parte del Gobierno de Colombia a las importaciones de arroz clasificadas en las subpartidas Nandina 1006.10.90, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00, originarias de países miembros de la Comunidad Andina, bajo lo dispuesto en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena".

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS:

El artículo 109 del Acuerdo de Cartagena, el reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, las resoluciones 564, 588, 617, 634, 660 y 663 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación de fecha 28 de febrero de 2003, el Gobierno de Colombia informó la aplicación de medidas correctivas a las importaciones de arroz originarias de los países miembros de la Comunidad Andina, bajo lo dispuesto en el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena, adoptadas a través del Decreto 3211 del 27 de diciembre de 2002, publicado en el Diario Oficial 45.049 del 30 de diciembre de 2002;

Que dichas medidas se aplicarían a los productos correspondientes a las clasificaciones arancelarias siguientes: 1006.10.90.00 (arroz paddy seco); 1006.20.00.00 (arroz descascarillado); 1006.30.00.00 (arroz blanqueado); y, 1006.40.00.00 (arroz partido);

Que según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3211 de 2002, la medida aplicada por el Gobierno de Colombia consistiría en un contingente de 150.000 toneladas de arroz en términos de paddy seco, equivalente a 85.500 toneladas de arroz blanco clasificado en las subpartidas 1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.00.00 y 1006.40.00.00; y tendría una duración de un año;

Que el Gobierno de Colombia acompañó en la misma comunicación el informe técnico de evaluación de la subdirección de prácticas comerciales.

Dicho informe fue preparado a solicitud del Ministerio de Agricultura de ese país miembro, con el objeto de prorrogar la salvaguardia establecida por el Decreto 200 de 2002 que venció el 30 de noviembre del mismo año.

Este informe, de 4 páginas y 8 gráficos en anexo, contiene en esencia las mismas consideraciones del informe técnico que la República de Colombia presentó a la secretaría general con fecha 8 de abril de 2002, como fundamento al Decreto 200 del 4 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero del mismo año;

Que el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena dispone que:

“Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la subregión, en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de productos específicos de un país miembro, éste podrá aplicar medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior pronunciamiento de la secretaría general.

El país miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de sesenta días, deberá comunicarlas a la secretaría general y presentar un informe sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. La secretaría general, dentro de un plazo de sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado informe, verificará la perturbación y el origen de las importaciones causantes de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las que solamente podrán aplicarse a los productos del país miembro donde se hubiere originado la perturbación.

Las medidas correctivas que se apliquen deberán garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años”;

Que el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena no autoriza la aplicación de medidas preventivas, sino sólo la imposición de medidas correctivas, cuando el país miembro importador acredite que importaciones comunitarias de productos específicos han causado perturbaciones en su producción nacional. El artículo 109 tampoco contempla la prórroga de medidas correctivas, toda vez que éstas son por su naturaleza medidas de excepción. Como señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia del 10 de junio de 1987 (proceso 1-N-86) “…la aplicación de tales medidas exceptivas, siempre temporales o transitorias, deben ceñirse rígidamente a los procedimientos previamente señalados en las normas exceptivas pertinentes que son, por lo mismo, imperativas, estrictas…”;

Que el Gobierno de Colombia reconoce en su informe que “el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena no prevé prórrogas para las medidas impuestas, por lo cual el documento se analizó como una nueva solicitud” y además señala que “... el fundamento del Ministerio de Agricultura busca la aplicación de medidas preventivas, mientras que el artículo 109 del Acuerdo de Cartagena prevé la utilización de este tipo de medidas con propósitos correctivos”;

Que, mediante Resolución 617 de 22 de abril de 2002, la Secretaría General declaró improcedente in limine la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia, al amparo del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena, para la aprobación de medidas correctivas previstas en el Decreto 200 de 2002, a importaciones de arroz originario de los países miembros correspondientes a las subpartidas arancelarias 1006.10.90.00; 1006.20.00.00; 1006.30.00.00 y 1006.40.00.00. En tal sentido, la secretaría general ordenó el levantamiento inmediato de las restricciones cuantitativas impuestas por el Gobierno de Colombia a las importaciones de arroz originario de los países miembros;

Que, mediante Resolución 634 del 11 de julio de 2002, la secretaría general determinó que las reiteradas medidas aplicadas por el Gobierno de Colombia orientadas a obstaculizar las importaciones de arroz originarias de los países miembros, incluso a través de instrumentos formalmente distintos, constituyen una restricción al comercio subregional. En esa misma resolución, concedió al Gobierno de Colombia un plazo máximo de veinte días calendario para que levantara cualquier medida que constituyera una restricción de acuerdo al artículo anterior a las importaciones intracomunitarias de arroz;

Que, a través de la Resolución 663, del 25 de octubre de 2002, la secretaría general dictaminó que la República de Colombia, al continuar aplicando diversas medidas que tienen como efecto obstaculizar las importaciones de arroz, incluso a través de instrumentos formalmente distintos, ha incurrido en incumplimiento de normas emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los artículos 71 y 72 del Acuerdo de Cartagena y de las resoluciones 564, 588, 617, 634 y 660 de la secretaría general.

En esa misma resolución, la secretaría general concedió a la República de Colombia un plazo máximo de cinco días, para que dejara sin efecto cualquier medida de carácter restrictivo a las importaciones de arroz originarias de los países miembros;

Que la nueva solicitud presentada por el Gobierno de Colombia se refiere a medidas que resultan en sustancia idénticas a otras que ya han sido denegadas por esta secretaría general, constituyéndose realmente en una prórroga y en una ampliación de las medidas dispuestas en el Decreto 200 que, al margen de la normativa andina, estuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2002, extendiéndose la aplicación de este tipo de medida con el Decreto 3211 del 27 de diciembre de 2002;

Que, por lo indicado, en opinión de esta secretaría general no es procedente en este caso iniciar una investigación para determinar la procedencia de la invocación de la cláusula de salvaguardia del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena hecha por el Gobierno de Colombia, toda vez que se trata del mismo tipo de medida que fuera ya objeto de rechazo por este mismo organismo y por cuyo medio se estaría pretendiendo su prórroga;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución cabe recurso de reconsideración, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como la acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

Que por lo expuesto, la secretaría general,

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar improcedente in limine la solicitud presentada por el Gobierno de Colombia, al amparo del artículo 109 del Acuerdo de Cartagena, para la aprobación de medidas correctivas previstas en el Decreto 3211 de 2002, a las importaciones de arroz originario de los países miembros cuyas subpartidas se listan a continuación: 1006.10.90.00; 1006.20.00.00; 1006.30.00.00; y, 1006.40.00.00.

ART. 2º—Disponer el levantamiento inmediato de las restricciones impuestas por el Gobierno de Colombia a importaciones de arroz originario de los países miembros.

ART. 3º—En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, comuníquese la presente resolución a los países miembros.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil tres.

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