Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

RESOLUCIÓN 705 DE 2013

(Junio 28)

“Por medio de la cual se establecen unas reservas de recursos naturales de manera temporal como zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y se dictan otras disposiciones”.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

en ejercicio de sus facultades en especial las atribuidas por el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1374 de 2013,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 8º de la Constitución Política es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que por su parte el artículo 79 ibídem, señala que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que así mismo, el inciso primero del artículo 80 ibídem determina que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental así como imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados.

Que la Ley 99 de 1993 consagró entre los principios generales que la biodiversidad del país por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

Que el Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994, tiene como uno de sus objetivos la conservación de la diversidad. Que como acciones de conservación in situ, dispone que cada parte contratante, en la medida de lo posible, deben promover la protección de ecosistemas de hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y establecer la legislación necesaria para la protección de especies y poblaciones amenazadas, entre otras acciones.

Que la Ley 99 de 1993, consagró dentro de los principios generales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de precaución, artículo 1º numeral 6º, conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-293 de 2002 declaró constitucional el principio de precaución contenido en la Ley 99 de 1993 y señaló que con su aplicación no se violan los artículos constitucionales relacionados con trabajo, propiedad, derechos adquiridos, “si, como consecuencia de una decisión de una autoridad ambiental que, acudiendo al principio de precaución, con los límites que la propia norma legal consagra, procede a la suspensión de la obra o actividad que desarrolla el particular, mediante el acto administrativo motivado, si de tal actividad se deriva daño o peligro para los recursos naturales o la salud humana, así no exista la certeza científica absoluta. Una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución, al reconocer la primacía del interés general, bajo las condiciones del artículo.

Que posteriormente en la Sentencia T-299 de 2008 la Corte Constitucional realizó un resumen completo de la jurisprudencia constitucional acerca de la relevancia, alcance y aplicación en nuestro ordenamiento jurídico del mencionado principio concluyendo que:

“(i) El Estado colombiano manifestó su interés por aplicar el principio de precaución al suscribir la declaración de río sobre el medio ambiente y el desarrollo; (ii) el principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de la expedición de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisión del legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es consistente con el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los deberes del Estado relativos a la protección del medio ambiente; (iv) el Estado ha suscrito otros instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias químicas en los que se incluye el principio de precaución como una obligación que debe ser cumplida de conformidad con el principio de buena fe del derecho internacional; (v) ... el principio de precaución se encuentra constitucionalizado pues se desprende de la internacionalización de las relaciones ecológicas (C.P., art. 266) y de los deberes de protección y prevención contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta”.

Que la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-293 de 2002 concretó la aplicación del principio de precaución a los siguientes elementos “(1) que exista el peligro de la ocurrencia de un daño; (2) que este sea irreversible; (3) que exista un principio de certeza sobre el peligro, así no exista una prueba absoluta del mismo; (4) que la decisión que la autoridad adopte se encamine a impedir la degradación del medio ambiente; y (5) que el acto sea motivado”.

Que de acuerdo con la “Guía de buenas prácticas para la minería y la biodiversidad”, del Consejo Internacional de Minería, 2006, las actividades mineras pueden generar impactos sobre la biodiversidad, y por lo tanto, sobre los servicios ecosistémicos de soporte, provisión, regulación y culturales, puesto que potencialmente genera impactos en la biodiversidad terrestre y acuática, sobre la biodiversidad relacionados con la calidad del aire e Interfaces sociales con la biodiversidad.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002 al respecto de la aplicación del principio de precaución en el establecimiento de zonas de exclusión minera, a que hace alusión la Ley 685 de 2001 en su artículo 34, incisos 3º y 4º, se pronunció en los siguientes términos: “para el asunto que nos ocupa, esto quiere decir que en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba una grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias” (negrilla fuera de texto).

Que la protección del medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, ya que la constitucionalización del concepto de desarrollo sostenible obliga a pensar en los derechos de las generaciones futuras, la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales y de áreas de especial importancia ecológica, las cuales prestan servicios ecosistémicos relevantes para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, tales como la regulación del clima regional e incluso mundial, la regulación del ciclo hidrológico y la captura de gases efecto invernadero. En la actualidad se vienen adelantando procesos de identificación de zonas de especial importancia ecológica por parte de las autoridades ambientales las cuales serán posteriormente objeto de declaración y delimitación como áreas protegidas u otras estrategias de conservación in situ de diversidad biológica procesos que se encuentran en peligro frente a la posibilidad de realizarse actividades mineras cuyos efectos pueden conllevar a daños irreversibles en dichos ecosistemas.

Que al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, señala:

“Dentro de este contexto es necesario conciliar el grave impacto ambiental de la minería con la protección de la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se vean sacrificados. Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que” satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”(7).

(...).

“La Constitución Política de Colombia, con base en un avanzado y actualizado marco normativo en materia ecológica, es armónica con la necesidad mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues no solo obliga al Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales sino que además, al establecer el llamado tríptico económico determinó en él una función social, a la que le es inherente una función ecológica, encaminada a la primacía del interés general y del bienestar comunitario. Del contenido de las disposiciones constitucionales citadas se puede concluir que el Constituyente patrocinó la idea de hacer siempre compatibles el desarrollo económico y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio ecológico”(8).

Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación de los valores históricos y culturales “(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente””.

Que el artículo 34 del Código de Minas, establece que: “no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002 analizó la exequibilidad del citado artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y declaró su constitucionalidad condicionada. En esta sentencia la Corte precisó “que además de las zonas de exclusión previstas en esta ley, pueden existir otras, ya declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro por la autoridad ambiental”. Añade la Corte que una legislación minera enmarcada en la protección del ambiente y la conservación de la biodiversidad no puede desconocer “la gran cantidad de ecosistemas del país, y el amparo legal por normas vigentes o que eventualmente podría producir el legislador hacia el futuro”.

Que en la Ley 1450 de 2012, se establecieron como zonas de exclusión de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, los ecosistemas de páramo, las áreas de reserva forestal protectora, los arrecifes de Coral, los Manglares y los humedales Ramsar; igualmente señala que en los ecosistemas de humedales y praderas de pastos marinos se podrá restringir parcial o totalmente el desarrollo de dichas actividades de exploración y explotación.

Que con fundamento en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial delimitó y declaró mediante resoluciones 107 y 676 de 2005, dos áreas marinas protegidas en las cuales no se encuentra permitido el desarrollo de actividades mineras.

Que igualmente el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal y ordenó la delimitación de las zonas compatibles con la minería, lo que impide el desarrollo de actividades mineras por fuera de dichas áreas.

Que mediante Decreto-Ley 1989 de 1989 se delimitaron y declararon los distritos de manejo integrado que conforman el área de manejo especial de la Macarena, en cuyas zonas de preservación no está permitido el desarrollo de actividades mineras.

Que igualmente, las corporaciones autónomas regionales, en virtud de lo previsto por la Ley 99 de 1993, han declarado distritos de manejo integrado, distritos de conservación de suelos y áreas de recreación, las cuales, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2372 de 2010, no permiten el desarrollo de actividades mineras en sus zonas de preservación.

Que la Ley 99 de 1993, creó la figura de las reservas naturales de la sociedad civil, reglamentadas por el Decreto 1996 de 1999, definiendo esta norma los usos sostenibles a los cuales se puede destinar un área protegida de dicha categoría, dentro de los cuales no se encuentra previsto el desarrollo de actividades mineras.

Que no obstante lo anterior, con base en la información disponible se han identificado otras zonas que deben ser destinadas a la conservación en las cuales se deben adelantar los procedimientos para su declaración y delimitación definitivas. Dentro de las mismas se encuentran los sitios identificados como prioritarios para la conservación, adoptados mediante documento Conpes 3680 de 2010.

Que el plan nacional de desarrollo 2010–2014, en el capítulo VI sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, contempla dentro de las acciones estratégicas en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos, consolidar el sistema nacional de áreas protegidas a través de la implementación del documento Conpes 3680 de 2010, donde se establecen los sitios prioritarios para la conservación.

Que la Ley 99 de 1993 establece que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. Igualmente declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

Que adicionalmente en materia de protección de estas áreas de importancia estratégica, recientemente el Gobierno Nacional expidió el Decreto 953 del 17 de mayo de 2013 que busca regular lo relacionado con la compra de predios ubicados en estas áreas y el financiamiento de esquemas de pago por servicios ambientales.

Que la implementación de estos mecanismos de conservación contribuirá a una mayor regulación hídrica que permitirá a su vez que las comunidades cuenten con agua permanentemente; de igual forma la conservación de las áreas estratégicas contribuirá a la disminución de la carga de sedimentos que llega a los cuerpos de agua, con lo cual se disminuye la incidencia de avalanchas e inundaciones y se mejora la calidad del agua, traduciéndose en menores costos de tratamiento que se reflejan en las tarifas que pagarán los usuarios.

Que por su parte, los humedales han sido reconocidos por la Corte Constitucional en Sentencia T-666 de 2002 como áreas de especial importancia ecológica, de lo cual se deriva un deber especial de protección. Al respecto ha señalado la Corte: “Las áreas de especial importancia ecológica, en este orden de ideas, están sometidas a un régimen de protección más intenso que el resto del medio ambiente. Dicha protección tiene enormes consecuencias normativas, en la medida en que (i) se convierte en principio interpretativo de obligatoria observancia cuando se está frente a la aplicación e interpretación de normas que afecten dichas áreas de especial importancia ecológica y (ii) otorga a los individuos el derecho a disfrutar ¿pasivamente de tales áreas, así como a que su integridad no se menoscabe”(sic).

Que sin duda todas estas son zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y del ambiente y por tanto surten los efectos previstos en el artículo 34 del Código de Minas como zonas de exclusión, para lo cual el Gobierno Nacional puede hacer uso del instrumento legal previsto en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, que establece la figura de reservas de recursos naturales renovables.

Que el citado artículo 47 señala: “Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este código, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Mientras la reserva esté vigente, los bienes afectados quedarán excluidos de concesión de uso a particulares”.

Que el Decreto 1374 del 27 de julio de 2013 dispuso que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fundamento en estudios disponibles, señalará mediante acto administrativo debidamente motivado y dentro del mes siguiente a la expedición del decreto, las áreas que se reservarán temporalmente; las cuales podrán culminar con la declaración definitiva de áreas excluibles de la minería, según lo determinan el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y la Ley 1450 de 2011.

Que en el artículo 1º del citado decreto, la autoridad minera no podrá otorgar nuevos títulos respecto de estas reservas temporales, medida administrativa que es el resultado de los ejercicios coordinados entre el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en aras de hacer efectivo el mandato constitucional de planificar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservación.

Que no obstante, el deber de colaboración persiste en las áreas de interés minero y deberá hacerse efectivo en la delimitación y declaración definitiva que deberán adelantar las autoridades ambientales dentro de las áreas de reserva que temporalmente se establecen en la presente resolución, conforme lo establezca la normatividad vigente y en los casos a que haya lugar.

Que con base en el principio de precaución y ante la apertura de la ventana para la recepción y otorgamiento de nuevas solicitudes de títulos mineros, se hace necesario establecer de manera temporal una reserva de recursos naturales sobre aquellas zonas que han sido identificadas por las autoridades ambientales con estudios disponibles y en las cuales se deberán adelantar delimitaciones o declaraciones definitivas que las excluyan definitivamente de las actividades mineras, o imponer restricciones parciales o totales para el desarrollo de la actividad minera.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Reservas. Establecer temporalmente como reservas de recursos naturales, las áreas que se identifican a continuación:

1. Sitios prioritarios para la conservación. La delimitación de estas zonas corresponde a la cartografía generada por parques nacionales naturales de Colombia, incluyendo los identificados en el Conpes 3680 de 2010, así como el área de ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete cuya delimitación está contenida en el documento “Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete propuesta de ampliación”.

2. Áreas de especial importancia ecológica para la conservación de recursos hídricos. Su delimitación corresponde a la cartografía generada por el Ministerio de Ambiente e incluye la Estrella Fluvial del Inírida.

3. Ecosistemas de Praderas de pastos marinos presentes en las zonas marino costeras. La delimitación de estos sitios corresponde a la definida por el “Atlas las praderas de pastos marinos en Colombia: estructura y distribución de un ecosistema estratégico”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”.

4. Ecosistemas de bosque seco tropical. La delimitación de estas áreas corresponde a la cartografía de bosque seco a escala 1:100.000 elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexánder Von Humboldt.

ART. 2º—Efectos de la reserva de recursos naturales. Los bienes afectados por esta reserva quedarán excluidos solamente de nuevas concesiones o autorización de actividades mineras. Las zonas declaradas y delimitadas en el presente artículo son zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales y por tanto surten los efectos establecidos en el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 y su información cartográfica deberá ser debidamente incorporada en el catastro minero nacional.

(Nota: Modificado el presente inciso por la Resolución 761 de 2013 artículo 2° del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)

(Nota: Modificado en lo pertinente por la Resolución 1150 de 2014 artículo 2° del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)

PAR. 1º—Estas reservas de recursos naturales operan sin perjuicio del establecimiento de áreas protegidas u otras estrategias de conservación in situ de diversidad biológica que en el futuro hagan las autoridades ambientales por fuera de los sitios aquí delimitados, con el cumplimiento de los requisitos legales.

ART. 3º—El término de duración de las reservas de recursos naturales de manera temporal será de un (1) año contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Este ministerio con la colaboración del Ministerio de Minas y Energía y con fundamento en los resultados y estado de avance de los procesos de delimitación y declaración definitivos, podrá prorrogar hasta por año (1) el término anteriormente señalado.

ART. 4º—Zonas ya declaradas y excluibles de la minería. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dentro de los cinco (5) días contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, remitirá la información cartográfica sobre las zonas ya declaradas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y por tanto excluibles de la minería, a la autoridad minera nacional con el fin de que sea incorporada en el catastro minero nacional. Igualmente deberá remitir a la autoridad minera nacional los resultados de los procesos de mejora cartográfica que se adelanten en las áreas que se relacionan en la presente resolución.

ART. 5º—Desarrollo de actividades mineras por fuera de zonas excluibles. En todo caso, el desarrollo de actividades mineras por fuera de las zonas delimitadas y declaradas como de protección y desarrollo de los recursos naturales, así como las zonas reservadas por esta resolución, excluibles de la actividad minera a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias, deberá obtener las autorizaciones minero ambientales previstas en la normatividad vigente.

ART. 6º—Comunicar la presente resolución al Ministerio de Minas y Energía, al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), al Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC) y a la Agencia Nacional Minera (ANM).

ART. 7º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 28 de junio de 2013.