Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIÓN 70985 DE 2016

(Octubre 21)

“Por la cual se delega al jefe de la oficina asesora jurídica la función de declarar la remisión de las obligaciones establecidas en el artículo 820 del estatuto tributario Nacional”

(Nota: Derogada por la Resolución 80520 de 2017 artículo 3° de la Superintendencia de Industria y Comercio)

El Superintendente de Industria y Comercio,

en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, Ley 489 de 1998, Ley 1066 de 2006, artículo 820 del estatuto tributario modificado por el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014 y Decreto 2452 del 17 de diciembre de 2015,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía y celeridad, entre otros, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política autorizó a las autoridades administrativas para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente le señalara la ley.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, autorizó expresamente a los superintendentes la delegación de funciones en los siguientes términos: “la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia 561 del 4 de agosto de 1999, declaró exequible el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, señalando que: “La delegación desde el punto de vista jurídico y administrativo es la modalidad de transferencia de funciones administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia”.

Que la Ley 1066 de 2006 facultó a las entidades públicas que tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas y que en virtud de estas funciones tengan que recaudar rentas o caudales públicos, hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor, por medio del procedimiento de cobro coactivo establecido en el estatuto tributario nacional.

Que el artículo 5º parágrafo 2º de la Ley 1066 de 2006, por remisión expresa consagra la posibilidad de que los representantes legales de las entidades que tienen a su cargo el cobro y/o recaudo de obligaciones a su favor, den por terminados los procesos de cobro coactivo, mediante la aplicación del artículo 820 del estatuto tributario nacional que consagra la figura de la remisibilidad.

Que el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014 modificó el artículo 820 del estatuto tributario, indicando, entre otros, que para poder hacer uso de la facultad de remisión los directores seccionales de impuestos y/o aduanas nacionales deberán dictar el acto administrativo por la cual se declara la remisibilidad de las deudas.

Que el Decreto 2452 de diciembre 17 de 2015 reglamentó el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014 y estableció los parámetros con los cuales se declara la remisión de las deudas.

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014, corresponde a los representantes legales de las entidades públicas o a quien este delegue, declarar la remisión de las deudas a través del correspondiente acto administrativo.

Que de acuerdo con la Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de Nación, “por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, las entidades contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables.

Que el Decreto 4886 de 2011, “por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, estableció en el artículo 7º numeral 9 como función de la oficina asesora jurídica adelantar los procesos de cobro por jurisdicción coactiva en virtud de los actos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que para efectos de garantizar la eficiencia, eficacia y celeridad en el proceso administrativo de cobro coactivo, se hace necesario delegar en el Jefe de la Oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio las funciones relativas a declarar la remisibilidad de las obligaciones a favor de la entidad y que se encuentren en el grupo de cobro coactivo.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Delegar en el jefe de oficina asesora jurídica la función de declarar la remisión de las obligaciones a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto en el artículo 820 del estatuto tributario, modificado por el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014, previo cumplimiento del procedimiento señalado en el Decreto 2452 de 2015.

(Nota: Derogada por la Resolución 80520 de 2017 artículo 3° de la Superintendencia de Industria y Comercio)

ART. 2º—El acto administrativo por medio del cual se declare la remisión de las obligaciones a que hace referencia el anterior artículo deberá ser comunicado a la dirección financiera para que esta dependencia suprima de los registros contables las deudas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(Nota: Derogada por la Resolución 80520 de 2017 artículo 3° de la Superintendencia de Industria y Comercio)

ART. 3º—La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 21 de octubre de 2016.

(Nota: Derogada por la Resolución 80520 de 2017 artículo 3° de la Superintendencia de Industria y Comercio)