RESOLUCIÓN 710 DE 2003 

(Marzo 21)

"Calificación de la aplicación por parte de la República de Colombia de precios estimados como mecanismo de control de los valores declarados en la importación de calzado originario de la subregión, como restricción para efectos del programa de liberación”.

Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS:

El artículo 30 y el capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre programa de liberación, y el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, contenido en la Decisión 425 del consejo andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de fecha 26 de agosto de 2002, las empresas Plasticaucho Industrial S.A. PISA (en adelante Plasticaucho), constituida de acuerdo con las leyes del Ecuador, y Venus S.A. (en adelante Venus), constituida de acuerdo con las leyes de Colombia, por intermedio de apoderado, solicitaron que la secretaría general dictaminara que la aplicación, a productos originarios y provenientes del Ecuador, de la Resolución 7010 del 19 de julio de 2002, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) y publicada en el Diario Oficial 44.79 del 26 de julio de 2002, por la cual se fijaron los “precios estimados” para ser utilizados como mecanismo de control de los precios declarados en la importación de varias clases de calzado, constituye un incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y, en especial, de los artículos 72, 74 y 84 del Acuerdo de Cartagena;

Que, con fecha 28 de agosto de 2002, la secretaría general recibió el fax 379 DININ, mediante el cual el Gobierno del Ecuador solicitó que la secretaría general adelantara una investigación sobre la aplicación por parte de la República de Colombia de restricciones a la importación de calzado y botas que exporta la empresa Plasticaucho, al haber fijado precios estimados, en términos FOB, con márgenes superior e inferior, en contravención a lo establecido en la Resolución 316 de la secretaría general;

Que el 4 de septiembre de 2002, el apoderado de las empresas Plasticaucho y Venus presentó ante la secretaría general copia del tipo de información que estaría exigiendo la administración aduanera de Ipiales-Colombia, como consecuencia de la aplicación del sistema de los precios estimados para el calzado;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del reglamento de procedimientos administrativos contenido en la Decisión 425, mediante comunicación SG-F/4.2.1/1617/2002, del 26 de septiembre de 2002, dirigida al Gobierno de Colombia, la secretaría general dio inicio a la investigación por los hechos denunciados y formuló la respectiva nota de observaciones, con el fin de determinar si la medida reclamada constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario, en especial de la Decisión 378 sobre valoración aduanera. Dicha comunicación fue puesta en conocimiento de los gobiernos de los demás países miembros, así como de las empresas reclamantes;

Que el 16 de octubre de 2002, el apoderado de las empresas Plasticaucho y Venus informó a la secretaría general acerca de la expedición por parte del Gobierno de Colombia de la Resolución 9517 del 26 de septiembre de 2002, que habría reemplazado la Resolución 7010 de 2002, materia del reclamo. Presentó, además, copia de la comunicación 61-00-046-1280, de 10 de octubre de 2002, en la que la DIAN, en razón del carácter confidencial de los datos suministrados por los distintos proveedores, rechazó la solicitud presentada por el apoderado de las empresas reclamantes en la presente investigación, para que se le suministrara información de los estudios que habrían llevado a la DIAN a la fijación de los precios estimados. El apoderado de las empresas adjuntó también copia de la Circular 161 de la DIAN, de 30 de septiembre de 2002, sobre la aplicación de los “precios estimados”. Solicitó, por último, que la secretaría general le concediera una audiencia para explicar personalmente los efectos de la medida denunciada y precisar aspectos técnicos jurídicos;

Que el 17 de octubre de 2002, el Gobierno de Colombia respondió la nota de observaciones y solicitó que la secretaría general declarara que la República de Colombia no se encuentra en situación de incumplimiento, en razón de que la Resolución 7010 de la DIAN se ajusta a lo establecido en la Decisión 378 y a las resoluciones 244 y 316 de la secretaría general;

Que el 5 de noviembre de 2002 se llevó a cabo, en la sede de la secretaría general, una audiencia con el fin de que las empresas reclamantes expusieran sus argumentos sobre los aspectos técnicos y jurídicos de la medida denunciada. Un resumen por escrito de la exposición fue presentado por las empresas reclamantes el 6 de noviembre de 2002;

Que, mediante comunicación SG-F/2.15.19/ 2107/02, de fecha 26 de noviembre de 2002, la secretaría general solicitó al Gobierno de Colombia que proporcionara información acerca de la metodología de las bandas (márgenes superior e inferior) para la determinación de los precios estimados;

Que el 10 de diciembre de 2002, el Gobierno de Colombia dio respuesta a la solicitud de información de la secretaría general sobre la metodología de fijación de los precios estimados;

Que, mediante comunicación SG-F/2.15.19/2080/02, de 29 de noviembre de 2002, dirigida al Gobierno de Colombia, la secretaría general inició una investigación acerca de los reclamos presentados por el Gobierno del Ecuador y por las empresas Plasticaucho y Venus, con el fin de determinar si los hechos denunciados constituyen una restricción al comercio a los efectos del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. En dicha comunicación se precisó que esta nueva investigación sería independiente de la iniciada por el posible incumplimiento de la Decisión 378 sobre valoración aduanera. Este nuevo inicio de investigación fue puesto en conocimiento de los gobiernos de los demás países miembros, así como del apoderado de las empresas reclamantes;

Que el 13 de diciembre de 2002, el Gobierno de Colombia presentó sus consideraciones respecto del inicio de la investigación por la aplicación de posibles restricciones a la importación del calzado, precisando que en su opinión el mecanismo de precios estimados no constituye una restricción al comercio, pues, según afirma, se ajusta a las disposiciones comunitarias sobre valoración aduanera. Una copia de la respuesta del Gobierno de Colombia fue puesta en conocimiento de los demás países miembros;

Que la regulación de los precios estimados objeto del presente reclamo fue adoptada por el Gobierno de Colombia mediante el Decreto 1161 de 31 de mayo de 2002, por el cual se modificó parcialmente el Decreto 2685 de 1999, que contiene el estatuto aduanero de ese país. Dicho Decreto 1161 fue reglamentado por la Resolución 5973 de la DIAN, del 25 de junio de 2002. Los precios estimados, en términos FOB, país de origen, para calzado, clasificado en las subpartidas 6401.10.00.00, 6401.92.00.00, 6401.99.00.00, 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.30.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.30.00.00, 6403.40.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.00.00, 6405.20.00.00 y 6405.90.00.00 fueron establecidos originalmente mediante la Resolución 7010 del director de aduanas de 19 de julio de 2002, la cual fue sustituida por la Resolución 9517 del 26 de septiembre de 2002;

Que la medida objeto del reclamo consiste en la fijación de un margen o rango superior y otro inferior de precios estimados de calzados, que se utilizarían como mecanismo de control de los precios FOB declarados, tanto en la etapa de inspección realizada en el proceso de importación así como en el control posterior que ejerce la administración aduanera colombiana;

Que, durante la diligencia de inspección aduanera, los precios estimados establecidos por el ordenamiento colombiano sirven para dirimir las controversias de valor que se generen entre la administración y el importador, en dos situaciones:

a) Cuando el valor FOB declarado por el importador, a pesar de estar dentro del rango de los precios estimados, se encuentra por debajo del margen superior, la administración aduanera puede autorizar el levante de la mercancía, siempre que el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la inspección, presente los documentos que acrediten que el valor declarado se ajusta a las normas de valoración, o, en su defecto, constituya garantía bancaria o de compañía de seguros; y,

b) Cuando el valor FOB declarado está por debajo del margen inferior de los precios estimados, se puede autorizar el levante de la mercancía siempre que el importador constituya garantía bancaria o de compañía de seguros o corrija la declaración de conformidad con los parámetros indicados por la administración aduanera;

Que, en el control posterior, los precios estimados establecidos por la normativa colombiana también pueden ser utilizados con distintas finalidades:

a) El margen superior de los precios estimados puede servir como punto de partida para determinar la base gravable, en aplicación del método del “último recurso”, esto es cuando se hayan agotado todos los métodos previstos en los artículos 1º a 6º del acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (acuerdo de valoración en aduana de la Organización Mundial del Comercio, OMC);

b) Si la mercancía consignada en la declaración de importación fue declarada a precios menores que el margen inferior del rango de precios estimados, la administración debe adoptar, en todo caso, medidas cautelares, incluidas la inmovilización o aprehensión de las mercancías, las cuales se mantienen hasta que culmine el procedimiento administrativo sancionatorio para la expedición de liquidaciones oficiales. Los costos de bodegajes de las mercancías inmovilizadas deben ser asumidos por el usuario aduanero, desde la fecha del ingreso de la mercancía al depósito, hasta su retiro definitivo; y,

c) Cuando la mercancía que procede de zonas de régimen aduanero especial es declarada a un precio por debajo del margen inferior de los precios estimados, procede la aprehensión y decomiso de la mercancía, sin que el importador tenga opción de corregir la factura de nacionalización o legalizar la mercancía;

Que, según se desprende de la Circular 161 de la DIAN de 30 de septiembre de 2002, la República de Colombia ha establecido precios estimados “para aquellos productos con alta sensibilidad a prácticas desleales del valor. Actualmente, se han fijado para calzado y electrodomésticos procedentes de cualquier país de origen sin exclusión alguna”;

Que en relación con la metodología utilizada para la fijación de los precios estimados, se conoce que la DIAN tomaría en consideración la información suministrada directamente por proveedores de mercancías en el exterior, a través de los importadores o representantes de la marca en Colombia, antecedentes y otras fuentes especializadas, tales como bases de datos de importación, internet u otras que no han sido identificadas por el Gobierno de Colombia. Esta información, de carácter confidencial —según informó la DIAN al apoderado de las empresas reclamantes—, sería evaluada y luego agrupada en un conjunto de productos que reunirían características similares, pero que debido a su composición y otros aspectos de naturaleza comercial presentan pequeñas diferencias de precio. El margen inferior del rango correspondería, en general, al costo internacional del producto más un margen de utilidad del productor, considerando las características básicas en cuanto a naturaleza y clase de los que allí se identifican. El margen superior correspondería al artículo con mayor grado de proceso, aditamentos, compuestos o calidad de los del grupo. Estos precios se aplicarían sin distinguir el país de origen o procedencia de la mercancía importada (véase la Circular 161 de la DIAN de 20 de septiembre de 2002 y el informe sobre la metodología para la determinación y aplicación de precios estimados presentado por el Gobierno de Colombia);

Que el Gobierno del Ecuador considera que la aplicación del régimen de precios estimados para efectos del control de la declaración del valor de los productos importados, contraviene lo establecido en la Resolución 316 de la secretaría general, por lo que corresponde analizar, previamente, si los hechos denunciados en el presente procedimiento constituyen una reiteración del incumplimiento al que se refiere el Dictamen 47-99, contenido en la Resolución 316;

Que, al respecto, la secretaría general observa que, mediante la Resolución 316 del 10 de noviembre de 1999, este órgano comunitario dictaminó que “con el establecimiento de precios mínimos a las importaciones de calzado, en el presente caso mediante la expedición de la Resolución 4885 de la DIAN, en idénticos términos que la Resolución 2288 expedida por esa dirección…”, el Gobierno de Colombia había incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, “…en particular de la Resolución 244 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 453 de fecha 25 de junio de 1999, por medio de la cual la secretaría general calificó como restricción al comercio la imposición de precios mínimos a las importaciones de calzado originario del Ecuador, comprendido en las subpartidas arancelarias contenidas en la Resolución 2288 de 1999 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN”. Así mismo se dictaminó que dicho gobierno había incurrido en “…incumplimiento del artículo 4º del tratado de creación del tribunal de justicia de la Comunidad Andina y del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena”;

Que, por su parte, la Resolución 244 de la secretaría general, del 24 de junio de 1999, confirmada por la Resolución 281 de 8 de septiembre de 1999, determinó que “la imposición de precios mínimos a la importación de calzado originario del Ecuador comprendido en las subpartidas arancelarias dispuestas por la Resolución 2288 de 1999 de la DIAN de Colombia, constituye una restricción al comercio”;

Que, a diferencia de los “precios estimados” a los que se refiere el reclamo que motivó el inicio del presente procedimiento, los “precios oficiales” que fueron objeto de la investigación que culminó con la expedición de las resoluciones 244, 281 y 316 de la secretaría general tenían la característica de ser obligatorios y constituían, en todo caso, la base mínima gravable para la importación de calzado. En cambio, los “precios estimados”, en términos generales, no serían obligatorios para establecer la base gravable, sino que aparentemente tendrían un carácter indicativo o referencial para controlar durante el proceso de inspección y para ejercer un control posterior de los valores declarados;

Que, dadas las particulares características de los “precios estimados”, la secretaría general considera que el análisis de la conformidad de esta medida con el Acuerdo de Cartagena y las normas que lo ejecutan no resulta procedente realizarlo como una prolongación, reiteración o reapertura de una investigación que se efectuó con la finalidad de determinar la legalidad de otra medida —la aplicación de “precios mínimos oficiales”— de naturaleza distinta, aun cuando, en la práctica y en ciertos casos, ambas medidas pudieran producir efectos equivalentes, según lo afirman el gobierno y las empresas reclamantes;

Que, por lo tanto, a la luz de los argumentos expuestos por los reclamantes y por el Gobierno de Colombia, así como de la información que obra en el expediente, procede examinar si la medida objeto del reclamo constituye una distinta restricción al comercio y, en su caso, si se encuentra justificada por alguna de las excepciones previstas en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena o en otra disposición comunitaria;

Que los reclamantes sostienen que la aplicación del régimen de precios estimados, en el caso de que el precio declarado se encuentre dentro de los márgenes inferior y superior, constituye un desconocimiento a priori y sistemático del valor probatorio de la factura comercial, que supone el sometimiento a un procedimiento en el que se deben presentar garantías y una serie de documentos que, en definitiva, encarecen el producto y hacen más demoradas las importaciones. Afirman, además, que en el caso de que se declare por debajo del margen inferior de los precios estimados, se produce un efecto idéntico a los precios mínimos oficiales, en razón de que, salvo que se constituyan garantías o se corrija la declaración, la administración aduanera debe inmovilizar y aprehender la mercancía, mientras culmina el procedimiento administrativo sancionatorio;

Que, por su parte, el Gobierno de Colombia afirma que “[e]n la actualidad no se encuentra vigente en la legislación nacional colombiana ninguna norma que establezca ‘precios mínimos oficiales’ a las importaciones de productos correspondientes a las subpartidas arancelarias 6401.92 y 6404.11, puesto que su vigencia expiró el 30 de abril [de 2002], de acuerdo con las disposiciones de la OMC, convertidas en legislación andina mediante la Decisión 378”. Concluye que “[n]o es posible… determinar la imposición de restricciones al comercio por parte de Colombia al aplicar la Resolución 7010 de la DIAN, puesto que las aduanas de los países miembros están explícitamente facultadas por la… Decisión 378, para exigir información adicional que permita aclarar las dudas sobre la declaración de valor de las mercancías presentada por un importador y en caso de que la información suministrada no le satisfaga, exijan igualmente la constitución de garantías suficientes para asegurar el pago de lo dejado de declarar”;

Que, en consideración de la secretaría general, el régimen de precios estimados que se encuentra aplicando Colombia establecería una presunción de que los valores declarados por encima del rango superior son ciertos, salvo que la aduana, en casos puntuales, tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración. En cambio, cuando los valores declarados se encontraren dentro del rango de precios estimados, pero por debajo del margen superior, se presumiría, de modo general, que existen dudas acerca de la veracidad del valor declarado, por lo que el declarante, dentro de los cinco (5) días hábiles a la práctica de la diligencia de inspección, deberá constituir una garantía o presentar los documentos complementarios que acrediten la veracidad de la cantidad total efectivamente pagada o por pagar. Por último, en caso de que el valor declarado se encuentre por debajo del margen inferior, se presumiría que existen serias dudas acerca de la veracidad de la declaración, por lo que el declarante, dentro de los cinco (5) días hábiles a la práctica de la diligencia de inspección, deberá constituir garantía o corregir la declaración de importación, determinando la base gravable a partir del precio del nivel superior del rango al cual corresponda el producto;

Que, en virtud de la Decisión 324, a partir del 30 de septiembre de 1992 los intercambios comerciales de productos entre la República de Colombia y la República del Ecuador quedaron totalmente libres de cualquier arancel, gravamen o restricción que pudieran haberse encontrado vigentes antes de esa fecha, con las excepciones que se encuentren justificadas al amparo del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. En tal sentido, la importación de productos no podría constituir un hecho generador del pago de otras obligaciones tributarias que no sean aquellas que forman parte del régimen general de tributos interiores y siempre que estos se apliquen sin discriminación entre los productos de origen subregional y los de origen nacional;

Que, en consecuencia, en las relaciones intracomunitarias, el recurso a la normativa andina y a la legislación nacional sobre valoración aduanera solo se justificaría como un instrumento para evitar la defraudación fiscal por concepto de tributos interiores, en la medida que su aplicación no suponga la imposición de reglas más severas en la importación que en el plano interno;

Que la Decisión 378 sobre valoración aduanera resulta aplicable, tanto en las relaciones intracomunitarias, como en las relaciones con terceros países. No obstante, en el comercio entre los países de la Comunidad Andina, conforme lo expresa la Resolución 244 de la secretaría general del 24 de junio de 1999, la posibilidad de aplicar lo dispuesto en la Decisión 378 y en el Acuerdo de Valoración en Aduana de la OMC no autoriza “… la imposición de restricciones al comercio, por lo que la medida adoptada debe responder a criterios de razonabilidad y debe ser apreciada en cuanto a su objeto y finalidad, así como en cuanto a su forma y necesidad de aplicación, a fin de que su utilización no signifique una exigencia que se aplique más allá de lo estrictamente necesario”;

Que, por tanto, la compatibilidad del sistema de precios estimados con las reglas de libre circulación de mercancías que rigen al interior de la comunidad debe ser analizada de conformidad con el capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre el programa de liberación, sin que ello implique un prejuzgamiento de la conformidad de dicho sistema con la normativa comunitaria sobre valoración aduanera;

Que, conforme se ha expuesto, en el estado actual del derecho comunitario andino, el control del valor declarado de las mercancías solo podría justificarse como instrumento que permitiría garantizar el justo pago de los tributos previstos en el régimen interno de los países miembros, siempre que éste no establezca para los productos originarios de la subregión un trato menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales, en los términos exigidos por el principio de trato nacional consagrado en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que, en este sentido, la secretaría general en su Resolución 244 del 24 de junio de 1999, en el contexto de la imposición de precios mínimos oficiales advirtió que “… es oportuno señalar que la medida impuesta por el Gobierno de Colombia podría suponer una afectación del principio de trato nacional consagrado en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena si dichos precios mínimos… se emplearan para la determinación de la base imponible del impuesto al valor agregado, en el caso que la base imponible de los productos nacionales se determinara conforme al precio ex-fábrica declarado por estos, en tanto que la de los productos importados se determinara no por el precio FOB declarado por el importador, sino por el precio FOB imputado por la autoridad”;

Que en el curso del presente procedimiento se ha puesto de relieve que en el comercio intracomunitario el sistema de precios estimados sería utilizado, en la fase de inspección y de control aduanero posterior, para la determinación de la base gravable del impuesto a las ventas o al valor añadido, la cual sería, en general, la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduanas. Al respecto, las empresas reclamantes señalan que “cuando hay precios estimados, si se quisiera evitar la obligación de constituir garantías y no afrontar requerimientos aduaneros por valoración en todos los casos, habría que pagar el IVA sobre cuatro dólares con setenta y cuatro centavos en el caso del calzado de plástico y sobre once dólares en el caso de calzado de lona, lo cual incrementa en tres veces aproximadamente el valor del impuesto efectivo a pagar”;

Que la percepción del impuesto sobre las ventas, como se lo designa en Colombia y comúnmente conocido como IVA, forma parte del sistema de tributos internos de los países miembros, que grava tanto operaciones efectuadas al interior del Estado como operaciones de importación y, en tal sentido, las condiciones de su aplicación se encuentran sometidas a la regla general de no discriminación entre productos nacionales y productos de origen subregional, a la que se refiere el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que del examen de la legislación interna colombiana relativa a los sistemas de fiscalización e investigación para asegurar la correcta declaración del impuesto sobre las ventas, aplicables a la comercialización interior de productos, y del análisis del mecanismo de control que supone la aplicación de “precios estimados” para la importación de calzado, la secretaría general aprecia la existencia de un tratamiento menos favorable para las importaciones intrasubregionales de calzado que aquel que se otorga a las ventas que se realizan al interior de la República de Colombia para el mismo tipo de producto. Dicho tratamiento discriminatorio se evidencia en el hecho de que las presunciones de inexactitud de la declaración del valor que se derivan de la circunstancia de que el precio declarado esté dentro de los rangos de los “precios estimados” o por debajo del margen inferior únicamente se aplican cuando se trata de declaraciones que se realizan por concepto de la importación, sin que se presenten condiciones similares en los casos de declaraciones por motivo de las ventas al interior del Estado;

Que, en consideración de la secretaría general, la fiscalización que la administración aduanera debe realizar para controlar la correcta declaración del valor de las importaciones es comparable con la fiscalización que debe efectuar la administración fiscal para verificar la veracidad y exactitud de los valores declarados en las ventas nacionales, para efectos del pago del IVA, por lo que al establecer un manejo diferente de situaciones similares, la medida cae dentro de la noción de discriminación desarrollada por la jurisprudencia andina (véase la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 18 de noviembre de 1997, dentro del proceso 4-AI-96, recogida, entre otras y para el caso de restricciones, por la sentencia emitida el 8 de diciembre de 1998, dentro del proceso 3-AI-97);

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena “[s]e entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral…”. Así mismo, el artículo 84 del Acuerdo de Cartagena prescribe que “[l]os países miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la subregión, de modo que signifique una situación menos favorable a la existente a la entrada en vigor del acuerdo”;

Que los mecanismos de control impuestos por la República de Colombia como consecuencia de la aplicación de “precios estimados” tienen por efecto dificultar las importaciones de productos originarios de la comunidad, en la medida que, en ciertas condiciones, exigen el sometimiento a procedimientos en el curso de los cuales, aparte de la necesaria asistencia legal calificada, deben presentarse garantías y una serie de documentos que no serían requeridos de no existir la medida en cuestión. Tales procedimientos pueden derivar, además, en la inmovilización y aprehensión de las mercancías así como en la imposición de sanciones que pueden lesionar el principio de la libre circulación de mercancías;

Que la República de Colombia no ha justificado que la regulación del sistema de “precios estimados” tenga por finalidad precautelar alguno de los intereses dignos de protección taxativamente recogidos en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena;

Que, de acuerdo con la jurisprudencia andina, “[l]a legitimidad de cualquier control, procedimiento o formalidad que un país miembro pudiere exigir, como consecuencia del hecho de la importación procedente de otro país miembro, solo podría ser apreciada dentro del marco del derecho comunitario. En este sentido, la exigencia de formalidades en los intercambios entre los países miembros no se justifica más que en la medida necesaria para establecer si la mercancía importada está comprendida en alguna de las excepciones de carácter no económico previstas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena como la moralidad, el orden y la seguridad públicas, la vida y salud de las personas, animales o plantas, los patrimonios nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico, las armas, los materiales nucleares; o para aplicar el régimen de cláusulas de salvaguardia establecido en el capítulo IX del Acuerdo de Cartagena. La toma de datos estadísticos en las fronteras internas o la recaudación de impuestos estatales no son razones suficientes para justificar los controles sistemáticos y las formalidades excesivas que imponga un país miembro a las importaciones ” (énfasis añadido) (sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 2 de junio de 2000, emitida dentro del proceso 2-AN- 98);

Que, así mismo, resulta aplicable al presente caso la declaración del tribunal andino en el sentido de que “[u]na medida adoptada por un país puede constituir una restricción al comercio pero también puede ser una discriminación” (sentencia emitida el 8 de diciembre de 1998, dentro del proceso 3-AI-97);

Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, corresponde a este órgano comunitario resolver si la medida adoptada por la República de Colombia constituye una restricción al comercio intrasubregional;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

RESUELVE:

ART. 1º—Determinar que la aplicación por parte de la República de Colombia de “precios estimados”, en la forma actualmente contenida en el Decreto 1161 de 31 de mayo de 2002, así como en las resoluciones 5973 de la DIAN del 25 de junio de 2002 y 9517 del 26 de septiembre de 2002, como mecanismo de control de los valores declarados en la importación de calzado originario de la subregión, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los países miembros y les otorga un tratamiento menos favorable que al concedido a productos similares de origen nacional.

ART. 2º—De conformidad con el literal e) del artículo 55 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se concede a la República de Colombia un plazo máximo de quince (15) días calendario para el levantamiento de la restricción determinada en el artículo anterior para las importaciones originarias de los demás países miembros.

ART. 3º—Comuníquese a los países miembros y notifíquese a las empresas denunciantes la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil tres.

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