Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

RESOLUCIÓN 7172 DE 2015

(Septiembre 16)

“Por la cual se modifica y corrige la Resolución 1100 del 10 de marzo de 2015, “por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga la Resolución 3146 de 2014”.

La Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras,

en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 2112 de la Constitución Política de Colombia, Ley 73ª de 1979, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones;

Que la actividad contractual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe regirse por lo establecido Ley 7ª de 1979, los artículos 2.4.3.2.1 y siguientes del Decreto 1084 de 2015, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones que regulan el Régimen General de Contratación Pública y el Régimen Especial de Aporte;

Que teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 “todas las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”, el ICBF mediante Resolución 1100 del 10 de marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2015, la Directora General del ICBF adoptó el Manual de Contratación de la Entidad;

Que a través de la Resolución 1313 del 19 de marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2015, se modificó lo dispuesto en el numeral 4.3 Régimen de transición - Régimen de aporte de dicho manual;

Que si bien el Decreto 1082 de 2015 derogó el Decreto 1510 de 2013, el artículo 2.2.1.2.5.3 de la nueva disposición señala “Las entidades estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”;

Que mediante Resolución 5460 del 31 de julio de 2015, publicada en el Diario Oficial el 3 de agosto de 2015, se modificaron varios apartes del manual de contratación del ICBF, entre otros, el numeral 4.1.4 Vigencia del Banco Nacional de Oferentes del ICBF, aclarando que el término de la habilitación es sin perjuicio de lo previsto en la Resolución 3899 de 2010;

Que en el marco de la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de vincular a los niños, niñas y adolescentes a programas de atención especializada de protección, como lo establece el artículo 60 de la Ley 1098 de 2006, se hace necesario poder contar con personas jurídicas que presten el servicio público de bienestar familiar acorde con los lineamientos técnico administrativos definidos, dentro de lo cual se encuentra el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios de atención, entre estos, condiciones de infraestructura, espacios físicos acorde con la población a atender, talento humano capacitado para desarrollar el programa y garantizar atención especializada a los niños, niñas y adolescentes y sus familias de acuerdo a la situación particular de ingreso al proceso administrativo de restablecimiento de derecho;

Que actualmente, las regionales Bogotá y Cundinamarca cuentan con una amplia y continua demanda de cupos para los diferentes programas especializados, situación que genera en ocasiones, que los cupos habilitados en cada una de las jurisdicciones de las regionales no sean suficientes para atender la demanda y se deban realizar contrataciones entre jurisdicciones;

Que al Proceso administrativo de restablecimiento de derechos, le son aplicables, entre otros, los principios de eficacia, economía y celeridad(1), los cuales deben redundar en la materialización oportuna de los principios de protección integral, interés superior y prevalencia de derechos de los niños, las niñas y adolescentes;

Que de lo descrito en precedencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006(2), se hace necesario modificar el numeral 1.7.1 del manual de contratación vigente, a efectos de contemplar la situación de ubicación de niños, niñas y adolescentes en modalidades de atención entre las regionales Cundinamarca y Bogotá, toda vez que como “región capital” se genera una estrecha relación social, cultural, política, económica y ecológica, por ende, la ubicación permite materializar los principios de eficacia, economía, celeridad e inmediatez en el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes;

Que de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 906 de 2004 la competencia territorial en los procesos penales que está definida por el lugar de comisión de la conducta punible, lo que implica que las autoridades administrativas y judiciales competentes son aquellas que se encuentran en dicha jurisdicción;

Que actualmente existen direcciones regionales en cuya jurisdicción territorial no cuentan con infraestructura suficiente para atender a los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y por lo tanto, deben ser ubicados en unidades de servicio en municipios diferentes al del trámite del proceso penal;

Que dado lo anterior, para el caso del sistema de responsabilidad para adolescentes la competencia del defensor de familia continua ligada a la dirección regional en cuya jurisdicción se adelanta el proceso penal;

Que teniendo en cuenta la delegación para contratar de los directores regionales, en caso de no contar con cupos en su jurisdicción deberán con las direcciones regionales que cuenten con unidades de servicios y cupos la contratación de aquellos que se requieran;

Que el plan indicativo del ICBF, definido en el marco de las responsabilidades, compromisos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, estableció retos en materia de atención con calidad para los niños, niñas y adolescentes;

Que entre las acciones adoptadas para contribuir con dichos propósitos, se contempló en el manual de contratación del ICBF el mecanismo del Banco Nacional de Oferentes para la habilitación por el término de dos (2) años de entidades con capacidad para prestar el servicio público de bienestar;

Que teniendo en cuenta que la prestación de los servicios de bienestar familiar se deben garantizar con oportunidad y eficiencia, así como generar procesos administrativos eficientes que contribuyan con la calidad en los servicios, se considera necesario que la vigencia de la habilitación de las entidades en el Banco Nacional de Oferentes sea de tres (3) años para armonizar los procesos de selección y contratación de los habilitados a las metas del plan indicativo del ICBF y por ende del Plan Nacional de Desarrollo;

Que a la fecha existen una serie de metas y acciones encaminadas hacia la mayor calidad en la atención que brindan las entidades administradoras del servicio, en ese orden contar con un Banco de Oferentes para las vigencias 2016, 2017 y 2018, permitirá enfocar esfuerzos de acciones de fortalecimiento de dichas organizaciones sin ánimo de lucro, coordinar sinergias y esfuerzos hacia la cualificación de agentes educativos, que es otra de las metas y acciones hacia la calidad en la atención y generar condiciones de estabilidad en el servicio para las apuestas de cobertura y de calidad del actual Plan Nacional de Desarrollo;

Que la ampliación de la vigencia de la habilitación en el Banco Nacional de Oferentes contribuirá a una planeación financiera acorde al marco estratégico planteado, vía la utilización óptima del mecanismo de vigencias futuras, garantizando mayor continuidad en la prestación del servicio y mejorando la calidad del mismo;

Que por un error mecanográfico se consignó en el “Anexo 1 Delegación ordenación de gasto” que el proyecto de inversión denominado “Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Informático y Tecnológico del ICBF” se identificaba con el rubro C-221-300-1, cuando lo correcto era C-223-300-1;

Que visto lo anterior y con fundamento en lo previsto en el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011 es procedente corregir el error formal evidenciado;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Adicionar el siguiente parágrafo al numeral 1.4.4 , del manual de contratación relacionado con la delegación de funciones en materia contractual a cargo de los (a) directores (as) regionales:

“PAR.—“Para la contratación de los servicios de protección de las Regionales Bogotá y Cundinamarca, en relación con las delegaciones en materia contractual, el (la) director (a) regional de Bogotá podrá dirigir y adelantar procesos de contratación en los municipios de Cundinamarca y a su turno, el (la) director (a) regional de Cundinamarca, podrá dirigir y adelantar procesos de contratación en Bogotá, de acuerdo con las necesidades del servicio y la oferta institucional”.

PAR.—“Para la contratación de los servicios en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los directores regionales deberán solicitar al director regional que cuente con unidades de servicio y cupos disponibles, la contratación de aquellos que sean requeridos en cumplimiento de medidas y sanciones cuando no se cuente con los mismo en su propia regional o por orden judicial. Lo anterior, no implica el traslado del proceso de restablecimiento de derechos ni del proceso penal el cual está determinado por la competencia de la autoridad judicial”.

ART. 2º—Modificar el numeral 4.1.4. Vigencia del Banco Nacional de Oferentes del ICBF del manual de contratación, el cual quedará así:

“La vigencia de la habilitación otorgada para hacer parte del Banco Nacional de Oferentes del ICBF, será de hasta 32 meses, contados a partir de la publicación de la lista de oferentes habilitados. Sin perjuicio de lo previsto en la Resolución 3899 de 2010 o el acto que la modifique o derogue, respecto a la vigencia de las licencias de funcionamiento.

Una vez cumplidos los 32 meses de la habilitación, los oferentes que se encontraban habilitados quedarán automáticamente excluidos del Banco Nacional de Oferentes del ICBF, hasta que se realice una nueva invitación pública para ingresar al banco, caso en el cual los oferentes interesados deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en el respectivo acto de apertura que se publique.

En todo caso, antes de los 32 meses, el ICBF podrá realizar convocatorias públicas para adicionar nuevos integrantes al Banco Nacional de Oferentes”.

ART. 3º—Modificar el numeral 4.1.7. Exclusión del Banco de Oferentes del ICBF del manual de contratación, el cual quedará así:

“Serán causales de exclusión del Banco Nacional de Oferentes del ICBF, las siguientes:

a) Cuando el oferente habilitado incurra en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés sobreviniente prevista en la Constitución y la ley;

b) Cuando el oferente habilitado incurra en causal de disolución o liquidación;

c) Cuando el ICBF detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los habilitados en el banco de oferentes mediante pruebas que aclaren la información acreditada;

d) Cuando el oferente habilitado manifieste su intención escrita y voluntaria de retirarse del registro;

e) Cuanto el oferente habilitado se le haya suspendido o cancelado la personería o la licencia otorgada por el ICBF o no la haya renovado a tiempo;

f) Cuando el oferente incumpla con la remisión en oportunidad de la información relacionada en el numeral 4.1.5 del presente documento;

g) Cuando el oferente habilitado, al ser invitado a suscribir el contrato, no cumpla con la obligación de disponer de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos para la modalidad, en el término establecido en la invitación pública”.

ART. 4º—Corregir el “Anexo 1 Delegación ordenación de gasto” del manual de contratación en el sentido de indicar que el rubro denominado C-221-300-1 Implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Informático y Tecnológico del ICBF, hace referencia al C-223-300-1 con la misma denominación.

ART. 5º—Las demás disposiciones de la Resolución 1100 del 10 de marzo de 2015 que no fueron modificadas o corregidas por el presente acto administrativo continúan vigentes.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 16 de septiembre de 2015.

(1) Sentencia T-768 de 2013.

(2) Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente.