RESOLUCIÓN 73 DE 2003 

(Junio 5)

“Por la cual se modifica la Resolución 18 de 2003, por la cual se reglamentó el proceso de recaudo de la cartera hipotecaria del Fondo Nacional de Ahorro”.

El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro,

en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Ley 432 de enero 29 de 1998 transformó el Fondo Nacional de Ahorro en una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, cuyo objetivo es “administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y educación de los afiliados”, otorgando, para lograr esto último, créditos hipotecarios, los cuales deberán constar en títulos que presten mérito ejecutivo, garantizados con hipoteca en primer grado y pignoración de futuras cesantías.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 literal s) del Decreto Reglamentario 1453 de 1998, corresponde a la junta directiva del Fondo Nacional de Ahorro determinar la estructura interna de la entidad, lo cual hizo mediante Acuerdo 942 de julio 31 de 1998.

3. Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 71 de 2000 modificada por la Resolución 166 de 2001, corresponde a la división de cartera dirigir y controlar las acciones referentes a la recuperación de la cartera hipotecaria de la entidad bien sea a través de sus funcionarios o mediante la contratación de abogados externos o personas jurídicas. Contratación esta que corresponde a la oficina jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 3º de la Resolución 4 de enero 12 de 1999.

4. Que para reglamentar el proceso de recaudo de cartera el presidente de la entidad expidió la Resolución 18 de febrero 11 de 2003, posteriormente modificada por la Resolución 51 de abril 21 de 2003.

5. Que en el citado acto administrativo se estableció que el recaudo de los créditos con mora superior a 120 días se haría por vía judicial.

6. Que algunos créditos con mora superior a 120 días no superan uno y medio (1.5) salario mínimo mensual legal vigente, y efectuado un análisis de costo beneficio se ha determinado que debe intentarse el pago de manera prejudicial.

7. Que de igual forma se han encontrado créditos con mora superior a 120 días que han celebrado acuerdos de pago con la entidad están tramitando refinanciación o sustitución del deudor o seguros o se encuentren pendientes de aplicar pagos o cesantías, no resultando conveniente enviarlos a cobro judicial, hasta que se defina, el trámite.

8. Que por lo anterior se hace necesario efectuar algunas modificaciones a la Resolución 18 de 2003, tendientes a contemplar los aspectos antes mencionados.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Modificar el artículo 1º de la Resolución 18 de 2003, el cual quedará así:

ART. 1º—Adoptar el proceso de recaudo de la cartera morosa del crédito hipotecario del Fondo Nacional de Ahorro el cual comprende tres etapas: prejudicial, judicial y extrajudicial.

• Será prejudicial aquella que recaiga sobre cartera que posea hasta cuatro cuotas en mora correspondientes a ciento veinte (120) días, mediante el proceso de conciliación y por gestión directa del contratista, o aquella cartera en la cual no se ha iniciado proceso judicial.

• Será judicial, aquella en la cual se inicia la acción judicial a través de los abogados externos o personas jurídicas contratados para el efecto.

• Será extrajudicial aquella que recae sobre la cartera en la cual se ha iniciado acción judicial y se logra un acuerdo con el deudor que permite la normalización de la obligación.

Cuando los créditos tengan una mora superior a 120 días, pero el monto en mora no sea superior a uno y medio (1.5) salario mínimo mensual legal vigente no se iniciará proceso ejecutivo y se intentará el cobro prejudicial utilizando cualquier mecanismo, incluida, la conciliación.

De igual forma, los créditos con mora superior a 120 días que hayan celebrado acuerdo de pago con la entidad, estén tramitando refinanciación o sustitución de deudor o seguros o se encuentren pendientes de aplicar pagos o cesantías, no se enviarán a cobro judicial, hasta que se defina el trámite.

ART. 2º—Modificar el artículo 2º de la Resolución 18 de 2003, el cual quedará así:

ART. 2º—Etapa de cobro prejudicial. El cobro prejudicial de la cartera, se efectuará por parte de la división de cartera o la dependencia que haga sus veces de forma directa o a través de la contratación de personas naturales o jurídicas, de la siguiente manera:

a) Cobro preventivo será aquel que tenga créditos hipotecarios de 1 a 30 días en mora;

b) Cobro administrativo a los créditos hipotecarios en mora de 31 a 60 días;

e) (sic) Prejudicial propiamente dicho a los créditos hipotecarios en mora de 61 a 120 días o hasta antes de la admisión de la demanda. En este caso se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos subsiguientes de la presente reglamentación.

PAR. 1º—Esta etapa de cobro no genera honorarios a cargo de los deudores de conformidad con la normatividad vigente.

PAR. 2º—Vencidos los 90 días sin que se haya obtenido el pago de las cuotas en mora por parte del afiliado, el cobro del crédito podrá hacerse a través del mecanismo de la conciliación dispuesto en la Resolución 197 de 2002 y las demás normas que la modifiquen o adicionen.

PAR. 3º—Vencidos los 120 días sin que se haya obtenido el pago de las cuotas en mora por parte del afiliado, el cobro del crédito se pasará, a la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídicas contratadas para su recaudo por vía de conciliación y judicial, conforme a las normas desarrolladas en esta resolución.

No obstante lo anterior cuando los créditos tengan una mora superior a 120 días pero el monto en mora no sea superior a uno y medio (1.5) salario mínimo mensual legal vigente, no se iniciará proceso ejecutivo y se intentará el cobro prejudicial utilizando cualquier mecanismo, incluida la conciliación.

De igual forma, los créditos con mora superior a 120 días que hayan celebrado acuerdo de pago con la entidad, estén tramitando refinanciación o sustitución de deudor o seguros o se encuentren pendientes de aplicar pagos o cesantías, no se enviarán a cobro judicial, hasta que no se defina el trámite.

ART. 3º—Modificar el artículo 19 de la Resolución 18 de 2003, el cual quedará así:

ART. 19.—Reparto. La suscripción del contrato no obliga al Fondo Nacional de Ahorro a encomendar en forma exclusiva al contratista, un número de asuntos en los cuales haya necesidad de los servicios de un abogado externo o persona jurídica; en consecuencia, la entidad podrá confiarlos también a otros profesionales en aquellos casos en que sea necesario, reservándose el derecho de sustituir los procesos asignados a un determinado abogado externo o persona jurídica.

En desarrollo del citado contrato, la división de cartera de la entidad, o la dependencia que haga sus veces, repartirá entre los abogados externos o personas jurídicas contratadas los asuntos o negocios en los que se requiera sus servicios para cobro jurídico, en consideración a los siguientes criterios:

Para el reparto de créditos, se tendrá en cuenta la eficacia y eficiencia de la actuación judicial de cada contratista, así como la valoración de su gestión y desempeño.

PAR. 1º—De acuerdo con la evaluación de la gestión que haga la vicepresidencia financiera, el Fondo Nacional de Ahorro podrá suspender el reparto de los asuntos a los abogados externos o personas jurídicas contratadas que hayan obtenido en su consideración un resultado deficiente.

ART. 4º—Las demás disposiciones de la Resolución 18 de 2003 continuarán vigentes.

ART. 5º—Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 5 de junio de 2003.

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