Agencia Nacional de Tierras

RESOLUCIÓN 740 DE 2017

(Junio 13)

“Por la cual se expide el reglamento operativo de los planes de ordenamiento social de la propiedad, el proceso único de ordenamiento social de la propiedad y se dictan otras disposiciones”.

El director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT),

en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren los artículos 7º, 11, 45, 60, 63, 68 y 69 del Decreto-Ley 902 del 29 de mayo de 2017 y los numerales 1º, 2º, 5º, 14 y 18 del artículo 11 del Decreto-Ley 2363 de 7 de diciembre de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida.

Que el artículo 22 de la Constitución Política consagra que la paz es un derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Que, en la búsqueda de una paz estable y duradera y la terminación definitiva del conflicto armado, el Gobierno nacional suscribió con el grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc-EP), el 24 de noviembre de 2016, un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que el Acuerdo Final desarrolla seis ejes temáticos relacionados con: i) Reforma Rural Integral; ii) Participación Política: Apertura democrática para construir la paz; iii) Fin del conflicto; iv) Solución al problema de las drogas ilícitas; v) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto; vi) Mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento del acuerdo.

Que la reforma rural integral, sienta las bases para la transformación estructural del campo y el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y bienestar de la población rural, como aspectos fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera.

Que la incorporación del enfoque territorial y el reconocimiento de las realidades locales, junto con la participación de las comunidades, resultan requisitos indispensables para implementar el acuerdo sobre reforma rural integral.

Que para garantizar el cumplimiento de lo expuesto debe ejecutarse una política de ordenamiento social de la propiedad rural que permita: i) dar acceso a la tierra, ii) brindar seguridad jurídica en las diversas relaciones con ella, y iii) velar por el cumplimiento de la función social de la propiedad rural.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”, la formalización de tierras de naturaleza privada reviste una especial importancia como parte de la política pública en materia de ordenamiento social de la propiedad por brindar seguridad jurídica en las relaciones sobre la tierra de los campesinos colombianos, fundamento para el desarrollo rural.

Que para la ejecución de la política de ordenamiento social de la propiedad rural se creó la Agencia Nacional de Tierras, mediante el Decreto 2363 de 2015, y se estableció la necesidad de actuar por oferta a través de metodologías que logren llegar al territorio de manera planeada, articulada, participativa y expedita para ir barriéndolo y solucionando los conflictos sobre la tierra predio a predio, con el fin de regularizar, de forma integral, masiva y progresiva, las situaciones indeseadas de tenencia y uso de la tierra.

Que a través del Decreto-Ley 902 del 29 de mayo de 2017 se ratificó lo dispuesto en el Decreto-Ley 2363 de 2015 y se ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y la ejecución del Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, con el fin de intervenir el territorio rural para gestionar y solucionar los conflictos y situaciones indeseadas frente al acceso, uso y tenencia de la tierra aprovechando los barridos prediales para identificar y solucionar tales situaciones.

Que esta aproximación a la gestión y solución de dichos conflictos en torno al acceso, uso y tenencia de la tierra, predio por predio y conocida como barrido predial, ha sido usada en otros países en escenarios de posconflicto, ya que es un mecanismo rápido y eficaz para precaver el surgimiento de nuevas violaciones asociadas a la incertidumbre jurídica de los derechos sobre la tierra, siendo por tanto fundamental en el desarrollo del proceso único de ordenamiento social de la propiedad.

Que el barrido predial permitirá a la Agencia Nacional de Tierras adelantar la formalización masiva de la propiedad rural y dar acceso a tierras a trabajadores y a trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, de acuerdo con lo definido por la reforma rural integral.

Que conforme al Decreto-Ley 902 de 2017 y 2363 de 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá localizar las zonas para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, sumado a la obligación de ejecutar dicha política en el marco del barrido predial realizado con ocasión de la construcción del catastro multipropósito.

Que, para el cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en la reforma rural integral, la Agencia Nacional de Tierras deberá adelantar el barrido predial en términos aún más ágiles distintos a los tradicionalmente empleados, procurando no tardar más de un año por municipio focalizado, para lo cual deberá contar con herramientas jurídicas y administrativas que lo permitan.

Que el artículo 69 del Decreto-Ley 902 de 2017, establece en cabeza del director general de la Agencia Nacional de Tierras la facultad de expedir los reglamentos operativos necesarios para desarrollar el procedimiento ya contemplado en el referido decreto en lo atinente a los planes y el proceso único de ordenamiento social de la propiedad.

Que es necesario conforme a las razones anteriormente expuestas dictar las reglas operativas que permitan a la Agencia Nacional de Tierras iniciar la ejecución de los planes y el proceso único de ordenamiento social de la propiedad de manera coherente y en desarrollo de las disposiciones que sobre la materia contempló el Decreto-Ley 902 de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO 1

Asuntos objeto de reglamento operativo

ART. 1º—Objeto. Establézcase el reglamento operativo que determinará los instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para desarrollar las funciones asignadas a la Agencia Nacional de Tierras, en adelante ANT, en los siguientes asuntos:

1. Los planes de ordenamiento social de la propiedad teniendo en cuenta lo señalado en los artículos 40, 41, 43, 44, 45 del Decreto-Ley 902 de 2017.

2. La ejecución de la primera parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad Rural, el cual incluye reglas atinentes a la formación de expedientes, barrido predial masivo, corrección administrativa de área y linderos, actas de colindancia, informe técnico jurídico preliminar y registro de sujetos de ordenamiento, social de la propiedad en adelante RESO. Todo lo anterior conforme a los artículos 65, 66, 63, 67, 11, 12, 14, 15 y 7º del Decreto-Ley 902 de 2017, respectivamente.

3. La actualización posbarrido de los planes de ordenamiento social de la Propiedad, previo al inicio de la ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad.

4. La ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural, el cual incluye reglas atinentes a la apertura y desarrollo de los trámites administrativos, bien sea para asignación y reconocimiento de derechos, formalización y administración de derechos, decreto de pruebas, exposición pública de resultados, decisiones y cierre administrativo. Todo lo anterior conforme a los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 del Decreto-Ley 902 del 2017, respectivamente.

5. Las reglas a aplicar fuera de las zonas focalizadas para ordenamiento social de la propiedad rural.

6. El registro de inmuebles rurales (RIR), conforme al numeral 2º del artículo 32 del Decreto-Ley 902 de 2017.

7. La autorización de venta de los inmuebles adjudicados antes de que haya finalizado el plazo de limitaciones al dominio conforme al numeral 2º del artículo 8º del Decreto-Ley 902 de 2017.

8. La asignación de funciones para algunos de los aspectos concernientes a los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y el procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad.

TÍTULO 2

Planes de ordenamiento social de la propiedad

ART. 2º—Definición y alcance de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural son un instrumento de planificación mediante el cual la ANT organiza su actuación institucional por oferta, en zonas localizadas, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a fomentar la distribución equitativa, el acceso a la tierra y la seguridad de la propiedad rural, promoviendo su uso en cumplimiento de la función social y ecológica.

Dichos planes se desarrollarán a través de procesos de participación comunitaria e institucional para garantizar una intervención eficiente y eficaz, en función de las necesidades territoriales.

ART. 3º—Fases del plan de ordenamiento social de la propiedad rural. Los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, contemplan las siguientes fases:

1. Formulación. Comprende el proceso de alistamiento de la ANT y del territorio, la caracterización de la tenencia, la definición de actividades estratégicas tendientes a identificar situaciones de inseguridad jurídica, distribución inequitativa de la tierra e informalidad de la propiedad rural, y la elaboración y aprobación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural, atendiendo a los aspectos señalados en el artículo 44 del Decreto-Ley 902 de 2017.

2. Implementación. Esta fase consiste en la puesta en marcha del Plan a través de la realización del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, el cual implica realizar el barrido predial para posterior y paulatinamente ir dando inicio a actuaciones administrativas encaminadas a ejecutar los asuntos señalados en el artículo 58 del Decreto-ley 902 de 2017, y de esa forma tomar las decisiones por parte de la ANT en materia de ordenamiento social de la propiedad rural a que haya lugar, según las competencias y procedimientos previstos en las normas vigentes.

Los procedimientos administrativos especiales agrarios o de titulación de baldíos ya en curso que se encuentren en la zona localizada y objeto de barrido, se tramitarán conforme a las reglas procesales de la Ley 160 de 1994, teniendo en cuenta las reglas definidas en el régimen de transición del Decreto-Ley 902 de 2017.

3. Evaluación y mantenimiento. Esta fase comprende las estrategias de seguimiento y evaluación a las actuaciones de la ANT en las zonas localizadas tendientes a la consecución de los objetivos definidos en los respectivos planes de ordenamiento social de la propiedad rural

ART. 4º—Fase de formulación. Durante esta fase se realizarán las siguientes actividades, además de las previstas en el artículo 44 del Decreto-Ley 902 de 2017:

1. Adelantar acciones de coordinación institucional y planeación estratégica en el orden nacional; recolectar y analizar información pertinente tanto en las dependencias de la ANT, como en otras entidades administrativas relacionadas con la administración de la tierra, sobre los predios ubicados en las zonas de intervención rural.

2. Recolectar y analizar la información pertinente para el ordenamiento social de la propiedad de las zonas de intervención, utilizando, entre otras, el cruce de las bases de datos de catastro y registro, así como la metodología de cartografía social.

3. Generar espacios de participación institucional y comunitaria que contribuyan a la caracterización territorial, a la planeación operativa del barrido predial y a la coordinación de acciones conjuntas en el territorio.

4. Difundir masivamente información clara y pertinente sobre el proceso.

5. Identificar y analizar los expedientes de procesos en curso que se hayan iniciado bajo la vigencia de la normatividad anterior en las zonas localizadas.

6. Analizar las limitantes y potencialidades territoriales para el barrido predial.

7. Elaborar la ruta de intervención territorial.

8. Recopilar la información que contribuya a la conformación de expedientes, a la elaboración del diagnóstico jurídico preliminar a nivel municipal y al documento preliminar de análisis predial.

9. Elaborar una propuesta de financiación y una estimación de los recursos requeridos para su implementación, la cual atenderá a una lógica de distribución, de acuerdo con las unidades de intervención definidas en el plan de ordenamiento social de la propiedad rural, sin perjuicio de que dicha distribución sea modificada según los resultados del barrido predial. Lo anterior con miras a garantizar la atención de los casos no previstos durante la fase de formulación.

PAR.—Finalizadas estas actividades y elaborado el plan de ordenamiento social de la propiedad rural este deberá ser aprobado por el Director General de la ANT.

ART. 5º—Fase de implementación. Durante esta fase se desarrollarán las etapas previstas en el Título 3 de la presente resolución, que comprende entre otras las siguientes actividades:

1. Barrido predial. Consiste en la visita a la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará atendiendo la metodología de catastro multipropósito.

El barrido predial se hará de manera conjunta con la operación del catastro multipropósito o directamente por la ANT atendiendo los estándares definidos por la autoridad catastral, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 62 del Decreto-Ley 902 de 2017.

En aquellos eventos en que la focalización para los planes de ordenamiento social de la propiedad rural se haga de manera posterior a la operación del catastro multipropósito, los resultados del catastro servirán de insumo para la formulación e implementación del respectivo Plan, en aquellos aspectos de competencia de la ANT.

La información recaudada en desarrollo del barrido predial, para todos los efectos, tendrá valor probatorio dentro del procedimiento único.

Durante el desarrollo del periodo probatorio de la fase administrativa del procedimiento único, la ANT, cuando encuentre mérito, adelantará visitas adicionales a los predios en los que se requiera constatar situaciones particulares o específicas atendiendo los criterios del artículo 71 del Decreto-Ley 902 de 2017.

2. Actualización del plan. Los resultados del barrido predial, que se vayan obteniendo en las veredas definidas como parte de una unidad de intervención según lo definido en el plan de ordenamiento social de la propiedad rural, lo complementarán para efectos de su actualización y harán parte integral del mismo para efectos de su implementación, seguimiento, evaluación y mantenimiento.

3. Ejecución de actuaciones administrativas. Con la información recolectada en el barrido predial se conformarán o complementarán los expedientes correspondientes de cada predio, y se ejecutarán las actuaciones administrativas, bien sea en el marco de la Ley 160 de 1994 o del procedimiento único contemplado en el Decreto-Ley 902 de 2017, según sea el caso.

Con relación a los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto-Ley 902 de 2017, se podrán adelantar actuaciones administrativas durante la etapa de formulación del plan.

Para los procesos nuevos, las actuaciones administrativas regidas bajo el procedimiento único podrán iniciarse una vez se haya ejecutado la totalidad del barrido predial en las veredas definidas como parte de una unidad de intervención, según lo definido en el Plan a la que pertenezca el predio correspondiente.

ART. 6º—Necesidad de barrer la totalidad del municipio para adjudicaciones directas. Para aquellos procesos de acceso a tierras en los cuales sea necesario adelantar acciones de priorización de beneficiarios, será necesario haber realizado el barrido predial en todo el municipio con el fin de consolidar el RESO y seleccionar, de acuerdo con los recursos disponibles y los puntajes del registro, a los destinatarios de dicha oferta.

ART. 7º—Fase de evaluación y mantenimiento. La Subdirección de Planeación Operativa, de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, elaborará los indicadores y desarrollará los instrumentos de seguimiento y evaluación a los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Así mismo, y como parte de las acciones de involucramiento institucional y comunitario, promoverá el desarrollo de competencias en lo local que contribuyan al mantenimiento del ordenamiento social de la propiedad rural.

ART. 8º—Actividades a través de terceros. Aquellas actividades cuyo desarrollo supere la capacidad de la ANT podrán ser contratadas para que un tercero las desarrolle bajo los lineamientos, estándares y directrices de la ANT.

Dichas actividades no incluyen la decisión de procedimientos misionales a cargo de la ANT.

CAPÍTULO 2

Criterios de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural (POSPR)

ART. 9º—Criterios de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Los criterios mínimos para la formulación, implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de ordenamiento social de la propiedad rural, en concordancia con el artículo 43 del Decreto-Ley 902 de 2017 son: participación, enfoque territorial, enfoque diferencial y articulación territorial.

ART. 10.—Participación. La participación es el conjunto de mecanismos e instancias en donde se involucran a los actores identificados en la caracterización territorial, instituciones locales y comunidad en general de la zona intervenida, que permite mejorar los diseños, propuestas y contribuir en la formulación, implementación y mantenimiento en el territorio de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural.

ART. 11.—Objetivos de la participación en los planes. Son objetivos principales de la participación comunitaria en todas las etapas de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural:

a) Identificar en el territorio potenciales sujetos de ordenamiento y las posibles solicitudes de inscripción de personas en el RESO y de predios en el RIR;

b) Mejorar y enriquecer la caracterización y el diagnóstico territorial;

c) Aportar insumos a partir de la recolección y sistematización de la información comunitaria para la elaboración de la caracterización predial, identificación de los propietarios, ocupantes y poseedores, entre otros;

d) Establecer con las diferentes formas de organización reconocidas en el territorio mecanismos de transmisión de información clara y oportuna de los objetivos de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural;

e) Realizar una planeación efectiva a partir del conocimiento comunitario del territorio;

f) Facilitar y promover la incorporación del enfoque diferencial en el ordenamiento social de la propiedad, en adelante OSPR;

g) Promover la incorporación del OSPR en los instrumentos e instancias de planeación territorial;

h) Proponer estrategias para la evaluación y mantenimiento del plan de ordenamiento social de la propiedad rural;

i) Fortalecer las relaciones de confianza entre las comunidades rurales y el Estado para promover espacios de gobernanza de la tierra.

ART. 12.—La participación en los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. La ANT garantizará la participación efectiva de los actores territoriales identificados en las etapas de formulación, implementación, evaluación y mantenimiento de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, a través de los mecanismos e instancias de participación diseñados, con el fin de responder a las necesidades del territorio y garantizar la transparencia y eficacia de la intervención, en los términos del artículo 43 del Decreto-Ley 902 de 2017.

ART. 13.—Mecanismos e instancias de participación. Son mecanismos e instancias de participación en la formulación, implementación y evaluación y mantenimiento en el territorio de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, entre otros y sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que regulan la materia, las siguientes:

a) Espacios de acercamiento, diálogo y/o encuentro institucional y comunitario relacionados con el OSPR;

b) Conformación de semilleros de la tierra y el territorio o redes comunitarias;

c) Ejercicios de cartografía social y recolección de información comunitaria;

d) Audiencias públicas para exposición de resultados;

e) Aquellos que existan o surjan de conformidad con las diversas dinámicas territoriales y de articulación con otras estrategias institucionales o comunitarias;

f) Espacios e instancias de diálogo definidos y adelantados con los pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto-Ley 902 de 2017.

ART. 14.—Semilleros de la tierra y el territorio. Mediante esta estrategia la ANT vinculará a la comunidad para apoyar, promover y dinamizar el desarrollo de las actividades contempladas en las distintas fases del plan de ordenamiento social de la propiedad rural desde las bases sociales como voceros y multiplicadores, considerando el enfoque diferencial y de acción sin daño.

El funcionamiento de esta estrategia será definido por la subdirección de planeación operativa de la ANT en la respectiva guía operativa que permita su cabal desarrollo.

PAR.—Cuando se identifique la existencia de organizaciones, colectivos, redes comunitarias o espacios sectoriales de participación que conozcan, trabajen, estudien, y promuevan temas relacionados con la tierra y el territorio, estos se podrán vincular o considerarse como un Semillero, reconociendo sus capacidades organizacionales, sus conocimientos y trayectoria en el territorio.

ART. 15.—Funcionamiento de los semilleros de la tierra y el territorio. Para el funcionamiento de los semilleros se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Diseño e implementación de estrategias de capacitación que fortalezcan las capacidades y conocimientos individuales y colectivos de los miembros que conforman el semillero de la tierra y el territorio, de tal manera que en el proceso de los Planes se cuente con un acompañamiento cualificado que apoye la facilitación y mediación para el trámite pacífico de conflictos y la extracción de lecciones aprendidas;

b) Definición de esquemas de difusión de mensajes clave que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades contempladas en el plan de ordenamiento social de la propiedad rural, animen a la vinculación de otras personas y actores del territorio e informen sobre el avance y novedades de las distintas fases y actividades del proceso;

c) Planeación y difusión de los cronogramas para el desarrollo de los ejercicios de recolección de información comunitaria, cartografía social y las visitas predio a predio;

d) Diseño de una estrategia comunitaria de evaluación a la implementación de los planes.

ART. 16.—Ejercicios de cartografía social y recolección de información comunitaria. En la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural se utilizarán métodos; cualitativos de recolección de información comunitaria que permitan reconocer las percepciones, conocimientos, expectativas y necesidades de los diferentes actores presentes en el territorio y la relación de estos con la tierra, identificar las conflictividades territoriales, comprender la historia de los predios, usos del suelo y reconocer los derechos de propiedad, posesión y/u ocupación.

Las actividades y particularidades relacionadas con el desarrollo de estos ejercicios serán definidas por la subdirección de planeación operativa en la respectiva guía operativa.

ART. 17.—Garantías de los mecanismos e instancias de participación. A efectos de superar las barreras y conflictos que surjan en los ejercicios de participación de los grupos poblacionales y de promover y garantizar la participación activa en el ordenamiento social de la propiedad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Presencia de actores claves. Inclusión de diferentes sectores de la sociedad y actores, institucionales y comunitarios identificados en el mapa de actores;

b) Presencia de grupos poblacionales sujetos de especial protección constitucional;

c) Promoción de nuevos liderazgos territoriales y apoyo a los relevos generacionales organizativos;

d) Respeto a autoridades y derechos colectivos de los grupos étnicos;

e) Logística participativa e incluyente;

(sic)Desarrollo de mensajes claves, acordes a las particularidades regionales y poblacionales, para informar a la comunidad sobre los objetivos y alcances de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural;

g) Calidad y fortalecimiento de la coordinación institucional.

ART. 18.—Diseño e implementación de estrategia de comunicación. Desde la fase de formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural se deben difundir, mensajes claves que alisten el territorio para la operación, inviten a la participación activa de los actores, promuevan la comprensión y transmisión de conceptos, alcances, instancias y roles necesarios para el OSPR y que coadyuven al posicionamiento de la ANT. Como mínimo se deberá:

1. Identificar los medios y formas de comunicación existentes en el territorio a intervenir. Al respecto, es importante el reconocimiento de las expresiones, palabras y lenguaje más adecuados, según las regiones y la forma en que en la zona se divulga información de interés. Lo anterior permitirá una comunicación acorde a las dinámicas sociales y culturales de la región.

2. Elaborar mensajes claros, efectivos y oportunos, especificando los objetivos, alcances, beneficios y acciones que se desarrollarán durante las distintas fases del plan de ordenamiento social de la propiedad rural.

ART. 19.—Transversalización del enfoque diferencial. En todas las fases de los planes se incluirán medidas, acciones y actividades específicas que reconozcan la diferencia, promuevan la protección de las poblaciones vulnerables, favorezcan la disminución de las desigualdades y en términos concretos garanticen su participación y disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los derechos a la tierra en el territorio. A efectos de transversalizar el enfoque diferencial en las etapas de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: participación, comunicación, atención diferencial y preferencial, personal calificado, interpretación de los casos desde una perspectiva de enfoque diferencial y seguimiento y monitoreo diferencial.

ART. 20.—Articulación territorial. Además de las acciones de articulación sectorial y estatal consagradas en el numeral 4º del artículo 43 del Decreto-Ley 902 de 2017, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural deberán estar armonizados con los demás instrumentos de planeación territorial y sectorial que tienen incidencia en los territorios de las zonas focalizadas.

ART. 21.—Verificación previa de presencia de comunidades étnicas. Previo al inicio del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad y con el fin de prever posibles afectaciones a comunidades étnicas, conflictos interculturales o necesidad de consulta previa, la subdirección de planeación operativa solicitará a la dirección de asuntos étnicos certificación sobre la existencia o no, en el área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, así como medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas, para que se pronuncien sobre la existencia o no de comunidades indígenas en el área pretendida, la cual será remitida al Ministerio del Interior para su respectiva validación.

TÍTULO 3

Procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad

CAPÍTULO 1

Fase administrativa-primera parte

Formación de expedientes, barrido predial, informe técnico jurídico preliminar

ART. 22.—Formación de expedientes. Teniendo en cuenta la información recabada en la fase de formulación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural, y una vez identificados catastral y registralmente los inmuebles rurales existentes en una determinada zona localizada, la unidad de gestión territorial más cercana, con la supervisión y apoyo de las subdirecciones pertinentes a nivel nacional, darán apertura a un expediente por cada inmueble objeto de barrido.

ART. 23.—Contenido mínimo del expediente. El expediente contendrá los soportes documentales de todos los actos administrativos, pruebas y comunicaciones oficiales que se expidan en desarrollo de cada una de las fases procesales de que consta el procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, pero contendrá como mínimo y para efectos de su apertura, un documento preliminar de análisis predial, que consigne la información catastral y registral del respectivo inmueble junto con sus soportes documentales, como son los registros 1 y 2 de catastro o sus equivalentes y el certificado de libertad y tradición para efectos de lograr identificar el inmueble.

En aquellos casos en que en la zona localizada ya haya finalizado la intervención del catastro multipropósito, en lugar de los registros 1 y 2 de catastro y los certificados de libertad y tradición, se anexará el respectivo certificado plano predial o el documento que haga sus veces según proceda.

Cuando no se obtenga información catastral y/o registral sobre el inmueble, se dejará constancia de esa situación que servirá de insumo para la construcción del documento preliminar de análisis predial.

ART. 24.—Documento preliminar de análisis predial para dar apertura al expediente. El documento preliminar de análisis predial señalado en el artículo anterior con el cual se dará apertura a cada expediente, determinará de manera tentativa cuál es la situación física, jurídica y de tenencia del inmueble, con el fin de que dicha información sea posteriormente verificada o corregida al momento de hacer la visita al inmueble.

Particularmente la ANT se pronunciará frente a la naturaleza jurídica del inmueble, la existencia o no de informalidad sobre el mismo y la licitud en su adquisición, todo lo anterior, a partir de cruces de información de fuentes secundarias obtenidos en la fase de formulación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural, y la información recibida de las comunidades mismas y diversos actores a nivel territorial.

ART. 25.—Normas técnicas aplicables a los expedientes. Los expedientes del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad se sujetarán en su conformación, alimentación, archivo y demás elementos a las normas técnicas plasmadas en la Ley 594 de 2000, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo 02 de 2014, expedido por el Archivo General de la Nación.

ART. 26.—Tránsito hacia expedientes digitales. La ANT a través de la secretaría general, implementará mecanismos para que la información y los expedientes ligados al procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, reposen en un sistema de gestión electrónico de archivo y que, con apoyo en las tecnologías de la información, los expedientes físicos sean sustituidos por expedientes digitales, en lo que tiene que ver con la creación de nuevos expedientes.

ART. 27.—Barrido predial masivo para efectos de ordenamiento social de la propiedad. Es una actuación institucional coordinada para desplazarse físicamente a cada uno de los predios rurales que componen una determinada zona focalizada, con equipos interdisciplinarios para validar su información física, jurídica, social y recoger información respecto a la existencia de sujetos potenciales beneficiarios de acceso a tierra, uso, tipo de tenencia, licitud y formalidad en las relaciones con la tierra.

Implica la realización de un esquema operativo, que genera economías de escala en el proceso de levantamiento físico y jurídico de los predios que ocupan la totalidad del territorio de una zona delimitada, de forma continua en espacio y tiempo, atendiendo los estándares definidos y adoptados por las autoridades competentes.

ART. 28.—Planeación del barrido predial. Conforme a los resultados de la fase de formulación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural, la ANT o los terceros contratados para el efecto, programarán las visitas predio a predio definiendo con precisión el número de inmuebles que serán visitados diariamente y qué inmuebles se esperan visitar, definiendo para el efecto un cronograma de barrido que en la medida de lo posible procure no exceder de cinco (5) meses para haber finalizado la última visita.

Al finalizar ese término, si aún existen inmuebles que no hayan sido visitados, se podrá actualizar el plan de ordenamiento social de la propiedad frente a los inmuebles ya visitados, para dar inicio a la fase de ejecución sobre ellos, sin perjuicio de que continúe el barrido de los restantes.

ART. 29.—Barrido predial escalonado a nivel veredal. Aunque los planes de ordenamiento social de la propiedad rural tienen cobertura municipal, una vez haya finalizado el barrido a nivel veredal, según la escala de intervención definida en el plan, se procederá a su actualización para dar inicio a la segunda parte del procedimiento único en su fase de ejecución para la misma vereda, al tiempo que avanza el barrido en el resto del municipio, y así sucesivamente hasta completar el área rural del mismo.

ART. 30.—Información del inicio de barrido predial. En la medida en que se encuentren conformados los expedientes y la ANT se encuentre lista para iniciar las visitas predio a predio directamente o a través de terceros, informará a los propietarios y posibles poseedores, tenedores u ocupantes de los predios a ser visitados, el inicio del barrido predial, conminándolos a estar atentos a la llegada de las personas designadas por la ANT para permitir su ingreso al inmueble y colaborar con el desarrollo de la visita. Solo si es posible desarrollar la comunicación vía telefónica o individualmente se hará de esa manera, sin perjuicio en todo caso de la comunicación por medios de amplia circulación que determine la ANT como más idóneos para el efecto.

Las comunicaciones generales dirigidas a los interesados se deben realizar con una antelación no inferior a 5 días hábiles al inicio del barrido predial, y las comunicaciones individuales con una antelación de 5 días hábiles al desarrollo de la visita particular. En ambos casos las comunicaciones deberán hacer claridad frente a los propósitos de la ANT, que no implican aumento en el cobro de impuestos ni desconocimiento de derechos adquiridos, posesiones u ocupaciones de buena fe.

ART. 31.—Elementos a recoger en las visitas predio a predio. En las visitas que se realicen en el marco del barrido predial masivo, el equipo interdisciplinario designado por la ANT deberá observar y recoger información frente a los siguientes elementos:

1. Documentos que acrediten dominio o soporten el derecho que aducen tener sobre el inmueble.

2. Posible existencia de poseedores.

3. Posible existencia de ocupantes.

4. Posible existencia de tenedores.

5. Posible existencia de potenciales beneficiarios de acceso a tierra.

6. Intención de inscribir el inmueble en el registro de inmuebles rurales (RIR), a que se refiere el título 5 la presente resolución.

7. Si el predio presenta condiciones técnicas y ambientales para el desarrollo de actividades agropecuarias y lo forestales, entre otras con los mismos fines de conformación del RIR.

8. La procedencia de aplicar el deslinde de tierras de la Nación.

9. Cumplimiento de la función social de la propiedad, verificando grado de explotación económica.

La identificación de la tenencia tiene por objeto aclarar la situación jurídica de los sujetos con el inmueble que al momento de la visita estaban siendo explotados por personas distintas al propietario, e inscribirlo en el RESO con fines de acceso a tierra, si hay lugar a ello. Las personas que ejerzan relación de tenencia y no ingresen al RESO como aspirantes de acceso a tierra serán ingresadas al módulo “Otros”.

En caso de realizar la visita sin el acompañamiento del catastro multipropósito o en predios que no han sido catastrados por él, se recogerá la misma información señalada y adicionalmente:

1. El levantamiento topográfico o planímetro del inmueble conforme a los estándares impartidos por la autoridad catastral.

2. La demás información catastral pertinente cuando se opere como Gestor Catastral.

PAR.—Cuando el levantamiento topográfico o planímetro del inmueble arroje un área o linderos diferentes a los que reposen en catastro y/o el registro público de la propiedad se procederá a desarrollar el procedimiento señalado en el capítulo 2 del presente título.

ART. 32.—Equipos encargados del barrido predial. La ANT podrá vincular a terceros que estén en la capacidad y cuenten con la idoneidad para realizar los barridos prediales e identificar las circunstancias previstas en el artículo anterior disponiendo del personal necesario para el efecto, no obstante, dichos terceros actuarán bajo la coordinación y lineamientos de la subdirección de planeación operativa, conformando para esos fines equipos base que, en la medida de lo posible tendrán, como centro de operaciones la unidad de gestión territorial respectiva.

ART. 33.—Informe técnico jurídico preliminar. La información obtenida en los barridos prediales a nivel veredal ya ordenada, depurada y clasificada será remitida paulatinamente y conforme a los avances obtenidos, al nivel central. Aunque se debe conformar un sólo expediente por predio rural, la información recogida de cada uno debe concluir en el análisis de la existencia de problemas de acceso a tierra, inseguridad jurídica o incumplimiento a la función social de la propiedad, de forma que debe ser remitido en lo de su competencia a la subdirección pertinente.

Para cada caso, tras un análisis de la información aportada, la o las subdirecciones pertinentes elaborarán un documento denominado “informe técnico jurídico preliminar”, que contendrá la información detallada del inmueble, recabada a lo largo del proceso junto con un análisis de dicha información que permita sugerir cuál o cuáles de los asuntos enlistados en el artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017 es necesario iniciar y ejecutar para la respectiva vereda a través de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad.

Cuando se realice la intervención de barrido predial del catastro multipropósito, los informes técnicos jurídicos preliminares podrán provenir de los anexos contenidos en los estándares del catastro multipropósito.

Tratándose del informe técnico jurídico preliminar que recomiende la adjudicación de tierras baldías bajo el régimen de transición o las circunstancias especiales conforme a los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 902 de 2017, este deberá contener toda la información señalada en el artículo 72 de la presente resolución. Si no fuere posible con la información del barrido predial obtener toda la información requerida, así expresamente lo hará constar el informe técnico jurídico y solicitará terminar de recoger la información faltante en desarrollo de la segunda parte de la fase administrativa.

En lo referente a las pretensiones de clarificación de la propiedad y deslinde, recuperación de baldío indebidamente ocupado, reversión y extinción de dominio el informe técnico jurídico preliminar consignará los aspectos sustanciales enunciados en el Decreto 1071 de 2015 en lo concerniente a cada materia.

Igualmente, dicho informe podrá concluir la inexistencia de los supuestos de hecho o de derecho para poder dar inicio a alguno de esos asuntos o sugerir recopilar más información, aclarar alguna prueba o archivar el expediente.

CAPÍTULO 2

Fase administrativa-primera parte

Corrección administrativa de área y linderos, actas de colindancia

ART. 34.—Corrección administrativa de área y linderos. En las zonas donde se adelante el barrido predial, la ANT podrá solicitar la corrección administrativa de linderos y/o área de los predios mediante el levantamiento o suscripción de actas de colindancia, cuando se adviertan diferencias o inconsistencias en los mismos.

ART. 35.—Acta de colindancia para la corrección administrativa de área y linderos. Entiéndase por tal para efectos de la corrección administrativa de área y linderos, el documento que recoge los acuerdos realizados entre los titulares del derecho real de dominio, respecto a los linderos y puntos que conforman cada predio, en relación a sus colindantes.

ART. 36.—Acta de Colindancia para el procedimiento de formalización de la propiedad privada. Entiéndase por tal el documento que recoge los acuerdos realizados entre los poseedores, respecto a los linderos que conforman cada predio, en relación a sus colindantes.

ART. 37.—Elaboración del acta de colindancia para la corrección administrativa de área y linderos. Efectuada la visita de campo con la presencia de los titulares del derecho de dominio, que sean parte del conflicto de linderos, se pondrá a su disposición el acta de colindancia para su suscripción y aprobación, con base en el levantamiento planimétrico predial y el informe de colindancia realizado.

ART. 38.—Contenido del acta de colindancia. El acta de colindancia deberá contener, como mínimo la siguiente información:

a) Lugar y fecha de realización;

b) Nombre o razón social, tipo y número de identificación, domicilio y residencia de los titulares del derecho de dominio del inmueble que deben firmar el acta de colindancia. En los casos en los que se actúe a través de apoderado y/o representante legal, debe acreditarse tal condición mediante los procedimientos legales establecidos;

c) Hechos que describan las diferencias entre los linderos identificados y definidos en los levantamientos planimétricos prediales y/o área de los predios, con la información jurídica, especialmente la del registro público de la propiedad a cargo de la Superintendencia de Notariado y Registro, lo anterior en desarrollo del barrido predial masivo para la conformación del catastro multipropósito;

d) La consignación expresa del acuerdo al que llegan todos los titulares de derecho de dominio del inmueble y sus colindantes. Estos últimos deberán tener la calidad de titulares de derecho real principal de dominio;

e) Firma y huella dactilar del profesional, funcionario o contratista que realiza el acta, en quien se haya delegado esta labor por parte de la ANT;

(sic)Firmas y huella dactilar de las partes que intervienen o de sus representantes legales o apoderados debidamente constituidos;

g) Informe de colindancia, el cual debe ir anexo a la correspondiente acta y cuya información debe coincidir y ser coherente con el acuerdo estipulado en la respectiva acta de colindancia.

PAR. 1º—Los bienes inmuebles objeto del acta de colindancia, por ningún motivo deben colindar con bienes imprescriptibles o propiedad de entidades de derecho público, bienes de uso público, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o baldíos, o bienes cuya posesión, ocupación o transferencia estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales o legales, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 65 de la Ley 1579 de 2012, adicionado por el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015 y así debe ser manifestado en el acta de colindancia a excepción de los inmuebles colindantes con vías públicas.

PAR. 2º—El acta de colindancia de que trata el presente artículo, no puede afectar derechos de terceros o bienes cuya posesión, ocupación o transferencia, estén prohibidas o restringidas por normas constitucionales u otras disposiciones legales.

PAR. 3º—Una vez aprobada por las partes y finalizada el acta de colindancia, se surtirá el trámite establecido en el artículo 63 del Decreto-Ley 902 de 2017 enviándola a la autoridad catastral para la correspondiente rectificación de área y linderos y posterior registro con sus anexos.

ART. 39.—Informe de colindancia. Se entiende por tal, el documento donde se identifican por predio, cada uno de los linderos que lo constituyen y su correspondiente relación física y jurídica con los predios circundantes al mismo, en este se indicarán las relaciones formales o informales de tenencia identificadas físicamente.

El informe de colindancia, se constituye de dos actividades principales que son:

1. El levantamiento planimétrico predial que contendrá los datos generales y los datos del predio.

2. El levantamiento del componente físico-jurídico del predio comprendido por la naturaleza jurídica del predio, titulares de derecho de dominio y estado de colindancias por tramo.

ART. 40.—Contenido del informe de colindancia. La información que deberá constar en el informe de colindancia es:

Datos generales

• Lugar y fecha de la identificación física del predio.

• Fecha de la identificación jurídica del predio.

• Nombre y código del departamento.

• Nombre y código del municipio.

• Nombre del profesional, funcionario y/o contratista designado por la ANT para esta labor.

• Firma de las partes que intervienen en la definición de cada uno de los linderos del predio (con relaciones de tenencia formales o informales). Esta firma no sustituye la del acuerdo de las actas de colindancia para los propósitos de lo consagrado en el artículo 105 de la Ley 1753 de 2015.

• Del mismo modo, no es un requisito obligatorio (facultativa), salvo para la suscripción de las actas de colindancia.

Datos del predio

• Tipo de predio o relación de tenencia: formal o informal.

• Número de matrícula inmobiliaria, y número predial.

• Nombre completo del propietario, poseedor u ocupante o razón social.

• Número de identificación del propietario, poseedor u ocupante.

• Información de residencia, domicilio número de teléfono celular y correo electrónico si lo tuviere del propietario, poseedor u ocupante.

• Referencia del área y linderos consignada en el título antecedente.

Datos de la identificación física del predio

• Representación gráfica del predio con la identificación de los linderos.

• Identificador para cada lindero acorde con los representados en el plano predial.

• Número predial y número de folio de matrícula inmobiliaria del colindante para cada uno de los linderos identificados del predio.

• Descripción de la materialización de cada lindero identificador del predio (cerca natural, cerca artificial, muro, entre otros), que servirá como referencia de la fecha del levantamiento planimétrico predial. Si el lindero tiene diferentes tipos de materialización, cada tramo debe ser descrito.

• Cada tramo de lindero debe ser identificado con las coordenadas de cada uno de los puntos que lo componen en coordenadas geográficas, procesadas a partir de los datos levantados para cada uno de los puntos del levantamiento planimétrico predial.

• El punto final de un tramo debe coincidir en coordenadas con el punto de inicio del siguiente tramo.

Datos del estado de colindancia por lindero

• Linderos identificados.

• Número del predio.

• Número predial del colindante para cada uno de los linderos identificados del predio.

• Número de folio de matrícula inmobiliaria del colindante para cada uno de los linderos identificados.

• Nombre completo y número de identificación del propietario, poseedor u ocupante o razón social, del predio con el cual colinda.

CAPÍTULO 3

Fase administrativa-primera parte

Registro de sujetos de ordenamiento (RESO)

ART. 41.—Generalidades. El RESO, consigna públicamente a todos los individuos y comunidades cuyas relaciones con la tierra deban ser resueltas, tramitadas o gestionadas por la ANT. En consecuencia, subsume y sustituye el registro único de usuarios a que se refiere el Decreto-Ley 2363 de 2015.

Como parte del proceso para garantizar la calidad de la información recolectada sobre las personas aspirantes a ser inscritas en el RESO, la ANT atenderá a criterios de oportunidad, completitud, validez, consistencia, integralidad y precisión en la identificación y valoración de las diferentes fuentes utilizadas.

ART. 42.—Ingreso RESO general. Identificadas y verificadas formalmente las solicitudes para cualquiera de las acciones cuya competencia involucra actuaciones de la ANT, serán incorporadas al RESO para dar cumplimiento a los fines establecidos en los incisos 1º y 2º del artículo 11 del Decreto-Ley 902 de 2017.

La valoración para el ingreso a los módulos de acceso a tierras y formalización, se realizará valorando los supuestos de hecho establecidos para cada uno de ellos.

ART. 43.—Módulos. Al interior del RESO se clasificarán los sujetos según los programas o acciones a los que accedan, para lo cual contará por lo menos con los siguientes módulos:

1. Acceso a tierras. Incorporará los sujetos que pretenden acceder a cualquiera de los programas de dotación de tierras promovidos por la ANT. A su interior se distinguirán las categorías de título gratuito y parcialmente gratuito. El ingreso, categorización y exclusión se realizará conforme a las reglas que de manera especial se establecen dentro del presente texto normativo.

2. Étnico. Incorporará la información sobre los pueblos y comunidades étnicas que aspiran, u ostentan, la condición de beneficiarios de programas de acceso y reconocimiento de la propiedad étnica, señalando sus respectivos territorios, así como los individuos que integran la respectiva comunidad. El ingreso de sujetos y comunidades de sujetos se realizará por orden de los procedimientos administrativos y judiciales que se establecen de modo especial por la ley para cada uno de los tipos de comunidades étnicas.

La inscripción de las comunidades étnicas en el módulo étnico del RESO se efectuará de acuerdo con la información que para tales efectos suministren las autoridades de la respectiva comunidad étnica.

3. Formalización de la propiedad. Relacionará los sujetos que participan dentro de los programas de formalización de la propiedad a cargo de la ANT, y diferenciará los sujetos que lo integran en las categorías de título gratuito, título parcialmente gratuito y título oneroso. El ingreso, categorización y exclusión se realizará conforme a las reglas que de manera especial se establecen dentro del presente texto normativo.

4. Adjudicatarios. Conformado por los sujetos que en cualquier tiempo fueron beneficiarios de programas de dotación de tierras por parte del Estado. Su ingreso se realizará de manera progresiva a partir de la incorporación de los registros administrativos y bases de datos a disposición de la ANT, o por la conclusión del respectivo proceso de adjudicación y/o titulación.

5. Procesos o pretensiones agrarias. Concentrará los sujetos que participan en cualquier calidad dentro de los procesos o pretensiones agrarias que adelanta o promueve la ANT. Su ingreso se realizará de manera progresiva a partir de la incorporación de los registros administrativos y bases de datos a disposición de la ANT, o por solicitud de la dependencia misional encargada del adelantamiento o gestión del respectivo proceso agrario.

6. Administración. Conformado por los sujetos que participan de algún programa de administración de tierras a cargo de la ANT. Su ingreso se realizará de manera progresiva a partir de la incorporación de los registros administrativos y bases de datos a disposición de la ANT, o por solicitud de la dependencia misional encargada de la administración de un determinado predio.

7. Otros. Relacionará los sujetos que discuten las relaciones que mantienen con determinados predios y en cuya resolución participa la ANT, y que no son susceptibles de ser clasificados como propias de alguno de los módulos anteriormente señalados.

ART. 44.—Entradas. El RESO podrá conformarse a través de cualquiera de las siguientes entradas:

1. Registros administrativos. La ANT incorpora de manera progresiva la información sobre los sujetos que reposan en sus bases de datos, expedientes administrativos y, en general, de la documentación que tenga en su poder. La inscripción en el módulo de acceso a tierras procederá de oficio cuando de los archivos en custodia de la ANT se desprenda la condición de aspirantes en cualquiera de sus categorías. La información exigida por el RESO se diligenciará conforme a lo establecido en los expedientes administrativos y los cruces de bases de datos que pueda realizar la entidad. Estos registros permanecerán suspendidos hasta obtener la ratificación expresa de las personas inscritas, quienes deberán asegurar, bajo la gravedad de juramento, que los datos allí consignados son veraces y completos, su intención de permanecer en el RESO en el módulo de acceso a tierras o formalización y participar como aspirantes en dichos programas.

Las personas cuyas solicitudes de adjudicación se encuentren en trámite para el momento de la expedición del Decreto-Ley 902 de 2017, serán incorporadas progresivamente al RESO exclusivamente para los fines determinados en los incisos 1º y 2º del artículo 11 ibídem.

2. Solicitud de parte. Una vez sea conformado el RESO en un determinado municipio o región, según las reglas de transición establecidas en la presente resolución, los particulares por su iniciativa podrán solicitar la inscripción en el RESO en el módulo de acceso a tierras. Para dichos efectos deberán diligenciar el formulario de inscripción de sujetos de ordenamiento, en adelante FISO, suministrado por la ANT, en formato físico o digital.

3. Barrido predial. La conformación del RESO en las zonas focalizadas para los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, se alimentará de información de las personas aspirantes a ser sujetos de ordenamiento recopilado por la intervención propia de la ANT a través del FISO. También podrán incorporarse sujetos a partir de la información proporcionada por el catastro multipropósito en cuyo caso la ANT completará la información del FISO y mantendrá suspendida la inscripción hasta que se produzca la respectiva manifestación del beneficiario, sobre la veracidad y completitud de la información y su interés de permanecer en el módulo de acceso a tierras.

4. Decisiones judiciales. La ANT conformará la relación de los sujetos respecto de los cuales se haya ordenado efectuar un proceso de adjudicación, procedimiento o gestión a su cargo, incorporándolo en el respectivo módulo.

La ANT de manera directa o a través de terceros idóneos, recopilarán la información de cada uno de los casos anteriormente mencionados y sus respectivos soportes.

ART. 45.—Factores de calificación y asignación de puntajes. La calificación de la persona aspirante al módulo de acceso a tierras que cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 4º y 5º del Decreto-Ley 902 de 2017 se efectuará conforme a los siguientes factores y puntajes:

1. Patrimonio: La puntuación asignada por este criterio corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

 (700) - patrimonio
PA =————————————
 2

Donde “PA” corresponde al puntaje asignado, “patrimonio” corresponde al número de salarios mínimos legales vigentes que la persona aspirante tenga como patrimonio neto.

Las personas aspirantes manifestarán dentro del proceso de inscripción su situación patrimonial la cual se incorporará en virtud del principio de buena fe. La ANT hará uso de los medios que juzgue necesarios para corroborar dicha información.

2. Víctimas del conflicto: Se asignarán ciento cincuenta (150) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de víctimas del conflicto armado en calidad de población resistente en el territorio o como víctimas de desplazamiento forzado que no hayan sido beneficiarias de las políticas de atención y reparación integral a víctimas o del proceso de restitución.

3. Vinculación a una organización campesina: Se asignarán cien (100) puntos a la persona aspirante que pruebe pertenecer a una asociación campesina o de economía solidaria o cualquier otro instrumento de asociación, siempre que para todos los casos su objeto de dirija a la producción agropecuaria, forestal, acuícola o de servicios ambientales con fines productivos, o la promoción de la economía campesina y con presencia en el municipio o región de residencia de la persona aspirante.

La puntuación será duplicada siempre que se trate de mujeres aspirantes y triplicada si ellas pertenecen a las directivas de la respectiva organización. También será triplicada la puntuación, para todas sus integrantes, si la organización es compuesta solo por mujeres, en este último caso no se darán puntajes adicionales a sus directivas.

4. Permanencia dentro del registro: Se dará una calificación de un (1) punto por cada mes en el que la persona aspirante permanezca dentro del RESO en el módulo de acceso a tierras, sin haber accedido a alguna adjudicación.

Los puntos serán asignados directamente por la ANT, desde el mismo momento en el que la persona aspirante presente su solicitud para ingreso y siempre que hayan sido aceptada sus condiciones de elegibilidad. Para los casos en los que se realice la incorporación al RESO de manera oficiosa los tiempos serán computados desde el momento en el que la persona inscrita en el módulo manifieste expresamente su voluntad de permanecer en el registro.

5. Registro en el Sisbén: la asignación de puntos por este criterio será resultado de descontarle a la puntuación máxima de 100 puntos el índice Sisbén de la respectiva persona aspirante.

6. Personas a cargo: Se dará una calificación de diez (10) puntos por cada hijo menor de edad, hijo de crianza o persona del grupo familiar que por incapacidad permanente dependa económicamente del aspirante. La puntuación será duplicada si se acredita que las personas dependientes se encuentran en procesos de escolarización. Corresponde a las personas aspirantes demostrar el cumplimiento de las condiciones acá establecidas al momento del registro.

7. Beneficiarios de restitución: Se asignarán cincuenta (50) puntos a las personas aspirantes que tengan la condición de beneficiarias de la política de restitución, segundos ocupantes que hayan recibido compensación o alguna medida de atención o víctimas de desplazamiento que hayan recibido atención y reparación en forma de acceso a tierra. La puntación será duplicada cuando la atención recibida por dichas personas no haya implicado la entrega, adjudicación o reconocimiento de derechos de propiedad.

8. Ocupantes de territorios étnicos: Se asignarán cien (100) puntos a las personas aspirantes que para el momento de la expedición de la presente resolución ocupen reservas o resguardos indígenas que en desarrollo de procesos de resolución amistosa de conflictos hayan llegado a acuerdos con las comunidades indígenas, según conste en actas debidamente suscritas por las partes.

9. Experiencia: Se dará una calificación de un (1) punto por cada mes de experiencia en actividades agropecuarias, pecuarias, acuícolas o forestales y de economía del cuidado.

La puntuación será duplicada cuando la experiencia verse en servicios ecosistémicos que permitan la preservación y/o restauración de áreas y ecosistemas estratégicos. Para tales efectos las personas aspirantes deberán acreditar expresamente cada uno de los periodos que pretendan puntuar.

Para todos los casos la experiencia computada sólo será valorada desde el momento en el que el sujeto haya cumplido 16 años de edad.

Las personas aspirantes menores de veinticinco (25) años podrán convalidar su experiencia para efectos de la puntuación acá establecida a través de la acreditación de formación académica o en ciencias agropecuarias o para el trabajo, sin perjuicio de la asignación de puntos que por tal criterio se establece de manera independiente.

10. Vinculación rural al municipio o región: Se asignará un (1) punto por cada mes de residencia en el municipio o región. Las personas en condición de desplazamiento, e incluso las que ya la hubieren superado, podrán computar los periodos en los que se vieron en la necesidad de abandonar la respectiva región. Para tales efectos los aspirantes harán uso de todos los medios probatorios.

11. Reubicación y reasentamiento: Se asignarán cien (100) puntos a la persona aspirante que hubiese ejercido una ocupación irregular de terrenos baldíos o bienes fiscales patrimoniales y que voluntariamente hubiese regulado su ocupación con la respectiva entrega material, o la suscripción de acuerdos de aprovechamiento y/o reconversión del suelo. La misma regla aplicará para las personas aspirantes que realicen actividades de erradicación de cultivos ilícitos.

12. Educación y/o formación en ciencias agropecuarias, ambientales o afines a las mismas: Se evaluará la formación en educación para el trabajo y desarrollo humano asignando 10 puntos por cada seminario, curso o diplomado debidamente aprobado y relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas. Igualmente se asignarán 10 puntos por cada periodo debidamente aprobado dentro de los niveles pregrado (técnico profesional, tecnológico o profesional) y de posgrado (especializaciones maestrías o doctorados), relacionados a ciencias agropecuarias, forestales, ambientales o afines a las mismas.

En cualquiera de las modalidades establecidas la puntuación será duplicada tratándose de mujeres aspirantes y de personas en situación de discapacidad. Los aspirantes deberán allegar los soportes con los que acreditan los supuestos de hecho establecidos en el presente numeral.

ART. 46.—Procedimiento RESO General. Identificadas las solicitudes de los particulares que demanden la actuación de la ANT en asuntos de su competencia, estos serán examinados de manera formal, a fin de establecer su completitud y consistencia, verificado lo cual serán incorporados al RESO y remitidos a la dependencia encargada para su resolución. Si por el contrario la solicitud no permite la identificación plena del solicitante, o adolece de documentos para su valoración, dentro de los diez (10) días siguientes se requerirá al particular para que proceda a su corrección.

Se exceptuarán de dicho procedimiento las solicitudes que tengan por objeto la inclusión de las personas solicitantes a los módulos de acceso a tierras y formalización, las cuales serán tramitadas conforme a lo establecido en el siguiente artículo.

ART. 47.—Procedimiento RESO módulo de acceso a tierras y formalización. Diligenciado el FISO será incorporado en el RESO en calidad de solicitantes. Su ingreso al módulo de acceso a tierras se someterá a las reglas previstas en el título II de la primera parte de la Ley 1437 de 2011 y, en especial, agotando los siguientes pasos:

1. La información consignada en el FISO será verificada formalmente por la ANT, para corroborar que los datos solicitados en el formulario estén completos y permitan la inequívoca individualización del aspirante, y que los documentos de soporte requeridos hayan sido adjuntados. Cuando se identifiquen inconsistencias o que la documentación anexa se encuentra incompleta, se advertirá de manera inmediata a la persona solicitante para que proceda a su ajuste. Si la persona peticionaria insiste en radicar el formulario de dicha manera se dejará constancia sobre ello en el acto de radicación.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a radicación del FISO la ANT podrá requerir a la persona solicitante para que dentro de los treinta (30) días siguientes completen o corrijan las posibles inconsistencias detectadas en el proceso de verificación o, que adjunten los documentos faltantes que se juzguen necesarios para valorar y calificar su situación. Atendida la solicitud por el particular se reactivarán los términos para resolver. Por el contrario, si la persona solicitante no atiende el requerimiento la solicitud será resuelta decretando su desistimiento siempre que las inconsistencias impidan valorar las condiciones de elegibilidad previstas en los artículos 4º y 5º del Decreto-Ley 902 de 2017. Si por el contrario los defectos se refieren a la determinación de los supuestos de hecho propios de las condiciones de asignación de puntos, la solicitud será aceptada e incorporada al módulo de acceso a tierras, pero se prescindirá de la asignación de puntos según los criterios a los que se reproche las falencias o inconsistencias.

3. Verificadas la completitud y consistencia del FISO y que los documentos requeridos están completos, la ANT procederá a hacer la valoración de la solicitud y decidirá sobre la procedencia de la inscripción del aspirante en el módulo de acceso a tierras y formalización en las categorías previstas en los artículos 4º, 5º y 6º del Decreto-Ley 902 de 2017.

4. Establecida la categoría a la que pertenezca el aspirante al RESO, la ANT le asignará el puntaje correspondiente, según los criterios establecidos en el Decreto-Ley 902 de 2017 y lo dispuesto en la presente resolución. Dichas decisiones deberán ser tomadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación del FISO, prorrogables por una sola vez cuando pueda justificarse la imposibilidad de resolverlo dentro del término inicial.

Dicha circunstancia debe ser informada al particular previo el vencimiento de los primeros treinta (30) días.

5. Una vez valorada, categorizada y puntuada la solicitud, se hará la inscripción en el RESO, mediante acto administrativo que deberá especificar el módulo o módulos, la categoría y el puntaje asignados a la persona inscrita. Dicho acto administrativo será notificado según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y procederán exclusivamente el recurso de reposición.

PAR. 1º—Las personas inscritas podrán, de manera permanente, actualizar su información personal, y la relativa a las condiciones evaluadas para la asignación de puntos. Así mismo, podrán solicitar su exclusión de la condición de aspirantes y su decisión de no participar dentro de los procesos de acceso a tierras y formalización.

Las personas beneficiarias de adjudicación permanecerán en el RESO en el módulo de adjudicatarios a efectos de realizar el seguimiento a la adjudicación, para lo cual el registro relacionará las limitaciones al ejercicio de la propiedad, el proyecto productivo y las acciones de seguimiento efectuadas.

PAR. 2º—La ANT implementará mecanismos que le permitan a la población sorda, sorda- ciega e hipoacústica conocer la oferta institucional, y de manera especial el RESO. Igualmente tramitará de manera diferencial su proceso de inscripción y asignación de puntos.

ART. 48.—Novedades. En cualquiera de las etapas del proceso de inscripción en el RESO, se podrán hacer modificaciones a la información consignada en el FISO, como actualización, o que puedan derivar en cambios en el módulo atribuido, en la categoría asignada, o en el puntaje obtenido. A este tipo de solicitud se le llamará novedad y será tramitada a través del formulario de actualización y novedades del FISO.

ART. 49.—Exclusión o recategorización. Según lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 15 del Decreto-Ley 902 de 2017, la ANT podrá excluir a personas inscritas en el RESO, o efectuar su reclasificación en las categorías o módulos. Para tales efectos, identificada la variación en los supuestos de hecho, procederá a informar a la persona inscrita para que en el término de cinco (5) días se pronuncie al respecto. Recibido el pronunciamiento del particular o vencido el término, la ANT procederá a efectuar la exclusión o la reclasificación respectiva. Contra dicha decisión solo podrá formularse el recurso de reposición en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ART. 50.—Transición. Hasta tanto el RESO se implemente y estabilice desde el punto de vista tecnológico, las bases de datos de la ANT, seguirán siendo la fuente de información oficial para el desarrollo de sus funciones misionales.

Dentro del año siguiente a la vigencia del presente reglamento, el registro se limitará a relacionar a las personas aspirantes en cualquiera de las modalidades de adjudicación directa y de manera progresiva a los trámites de adjudicación y/o titulación en curso, así como los usuarios del programa de formalización de la propiedad.

Excepcionalmente y para la adjudicación de predios en procesos de selección, se dará apertura al RESO circunscribiéndolo a los municipios que se fije como zona de ubicación de los inmuebles. En tales eventos, la ANT garantizará la publicidad de la oferta institucional y múltiples jornadas de inscripción de las personas aspirantes por un periodo no inferior a un mes en la zona de adjudicación.

La Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad establecerá mediante cronograma la entrada en funcionamiento del RESO por demanda y por barrido, según la planificación de las zonas focalizadas.

Las decisiones sobre la inclusión y exclusión de aspirantes en los módulos de acceso a tierras y formalización serán tomadas por la ANT conforme a la asignación de competencias que realice para el efecto el director general.

ART. 51.—Transitorio del RESO para efectos de formalización. Desde la expedición de la presente resolución y hasta la entrada en funcionamiento del RESO, la ANT adelantará la formalización de los predios privados de que tratan los artículos 36 y 37 Decreto-Ley 902 de 2017, en consonancia con el principio de economía previsto en la Ley 1437, haciendo uso de la información que al momento del inicio del procedimiento se encuentre en el SIG-formalización.

CAPÍTULO 4

Actualización de los planes de ordenamiento social de la propiedad, para la ejecución de la segunda parte del procedimiento único

ART. 52.—Informes consolidados con los requerimientos de las direcciones técnicas para actualización de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Una vez se cuente con todos los informes técnicos jurídicos de los inmuebles objeto de barrido predial a nivel veredal o municipal según corresponda, la dirección respectiva resumirá y condensará la información en un solo documento dirigido a la dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad en el que informará cuántos inmuebles requieren continuar a la siguiente etapa del procedimiento único, cuántos predios están en informalidad, tienen títulos insuficientes para acreditar dominio ajeno, incumplen la función social de la propiedad sin justa causa, cuántos sujetos de ordenamiento no tienen tierra o se encuentran en alguna situación problemática que exija solución conforme a las competencias de la ANT, como también qué recursos se requerirían para atender todos esos casos.

ART. 53.—Actualización de la planeación de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de OSPR para titulación de baldíos, formalización privada y administración de derechos. En consonancia con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 5º de la presente resolución, una vez finalizado el barrido predial parcialmente a nivel veredal según la escala de intervención planificada, alimentado el RESO con la información de los aspirantes a titulación de baldíos o formalización privada y elaborados los informes consolidados con los requerimientos de cada dirección técnica, la dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad rural, actualizará el plan de ordenamiento social de la propiedad rural a nivel veredal, en asuntos distintos a los señalados en el artículo 54 de la presente resolución, para definir con mayor certeza los elementos necesarios para la ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de OSPR con base en las evidencias, pruebas y elementos recabados durante el barrido.

La actualización implicará, en caso de ser necesario, reformular metas, cronogramas, plazos y costos de la intervención.

ART. 54.—Actualización de la planeación de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de OSPR para asignación de derechos sobre la tierra a quienes no la tienen bajo ningún concepto. En consonancia con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 5º y el artículo 6º de la presente resolución, una vez finalizado el barrido predial, sobre la totalidad del área rural del municipio, una vez alimentado el RESO con la información de los aspirantes de acceso a tierra, y elaborados los informes consolidados con los requerimientos de la dirección de acceso a tierra, la dirección de gestión del ordenamiento social de la propiedad, procederá a actualizar la información de planes de ordenamiento social de la propiedad rural para efectos de asignación de derechos sobre la tierra a quienes no la tienen bajo ningún concepto, con base en las evidencias, pruebas y elementos recabados durante el barrido para definir con mayor certeza los elementos necesarios para la ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del procedimiento único de OSPR en lo que a estos temas respecta.

La actualización implicará, en caso de ser necesario, reformular metas, cronogramas, plazos y costos de la intervención en materia de acceso a tierra para quienes no la tienen bajo ningún concepto.

ART. 55.—Selección y priorización de los beneficiarios de acceso a tierra inscritos en el RESO. Para el caso de la asignación de derechos a las personas que no tienen tierra bajo ningún concepto principalmente, o la tienen de forma insuficiente, y que conforme a las reglas del RESO fueron inscritos y obtuvieron los puntajes más altos en atención a lo dispuesto en los artículos 4º, 5º y 20 del Decreto-Ley 902 de 2017, la ANT en el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad identificará con qué recursos y tierras cuenta para atender las necesidades de acceso a tierra de esas personas de forma decreciente hasta agotar todos los recursos disponibles y atender con ellos la mayor cantidad posible de beneficiarios. En estos casos, la ejecución del subsidio integral de tierras (SIAT) o la entrega de tierras del Fondo, deberá esperar la finalización del barrido de todo el Municipio para poder alimentar el RESO con todos los aspirantes y repartir los recursos o tierras de forma equitativa.

En caso de no existir aún tierras en el fondo para la reforma rural integral para la respectiva zona focalizada al momento de cuantificar los recursos, dicho ejercicio se hará únicamente teniendo en cuenta los recursos monetarios para entrega de subsidio de tierras y solo se señalarán como beneficiarios para efectos del trámite administrativo de asignación de derechos a quienes se les pueda garantizar los recursos u opciones de tierra.

Una vez comprometidos todos los recursos monetarios para el otorgamiento de subsidio de acceso a tierra a las personas que obtuvieron los mayores puntajes, quienes continúen en orden descendente en la lista del RESO quedarán pendientes de la asignación de derechos sobre la tierra y su acceso a ella dependerá del avance del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad en lo referido a acopio de tierras para el fondo, o la asignación de nuevos recursos para otorgamiento de SIAT en la zona.

Únicamente cuando ya se cuente con nuevos recursos o se haya finalizado por completo algún procedimiento encaminado a nutrir de tierras el fondo y se cuente materialmente con el inmueble, se podrá iniciar respecto de aquellos aspirantes, al trámite administrativo de asignación de derechos.

ART. 56.—Ratificación de la intención de venta y condiciones de los inmuebles del RIR. Previo a la apertura de los trámites administrativos de asignación de derechos sobre la tierra, y como elemento necesario para planificar la intervención en materia de acceso a tierra, la ANT antes de actualizar el plan de ordenamiento social de la propiedad, contactará a los potenciales vendedores cuyos inmuebles para ese momento se hallen inscritos en el registro de inmuebles rurales RIR para verificar su intención de venta por los valores preacordados en el momento del barrido predial.

Se contactará al propietario por vía telefónica o cualquier medio que evite nuevamente la visita predial, para ratificar su intención de venta. Adicionalmente se consultará un certificado de libertad y tradición para verificar que aún el inmueble se encuentre libre de gravámenes, limitaciones al dominio o anotaciones que den cuenta de actuaciones que en caso de prosperar amenacen la propiedad del inmueble.

CAPÍTULO 5

Fase administrativa-segunda parte

Procedimientos administrativos de asignación, reconocimiento de derechos sobre la tierra, formalización privada y demás pretensiones agrarias

ART. 57.—Elección de las fuentes de acceso a tierra. Existiendo recursos para otorgamiento de subsidio de tierras y tierras listas para ser adjudicadas del Fondo para la reforma rural integral, la ANT elegirá la fuente conforme a las elecciones individuales de los beneficiarios que obtuvieron los mayores puntajes y fueron preseleccionados por existir recursos o tierras disponibles para ellos.

ART. 58.—Apertura del trámite administrativo de asignación de derechos. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017, para el caso de personas que no tienen tierra bajo ningún concepto principalmente y secundariamente quienes la tienen de forma insuficiente, señalará con precisión al potencial beneficiario y ordenará:

1. Contactarlo nuevamente para obtener declaración juramentada de que las condiciones de elegibilidad que fueron identificadas al momento de la visita predial que sirvió de soporte para su ingreso al RESO e incluso las condiciones existentes al momento del ingreso a dicho registro, no hayan cambiado de tal forma que en caso de actualizarlas pierda la prelación o derecho a la asignación de Tierras.

En caso de que no haya transcurrido más de un (1) mes entre el momento de la última verificación para efectos de ingreso al RESO y el momento de dar apertura a la actuación administrativa de que trata el presente artículo no será necesario verificar si las condiciones posingreso al RESO han cambiado.

2. Verificar que persiste el interés del potencial beneficiario de recibir una solución de tierra a través de alguno de los instrumentos disponibles.

3. En caso de que existan inmuebles disponibles para compra en el RIR, solicitarle que seleccione tentativamente varias opciones asignándoles un orden de interés, si opta por el subsidio integral de acceso a tierra o si solo procede aquel.

4. En caso de que existan inmuebles del Fondo para la Reforma Rural Integral disponibles para adjudicación, solicitarle que seleccione tentativamente varias opciones asignándoles un orden de interés, si opta por esta opción.

5. Notificar el acto administrativo en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

PAR. 1º—Cuando al momento de iniciar el trámite administrativo de asignación de derechos conforme a lo identificado en el plan de ordenamiento social de la propiedad, no existan tierras en el Fondo para la Reforma Rural Integral disponibles para generar acceso a tierra, y sea entonces pertinente dar inicio a la actuación administrativa solo para otorgamiento del SIAT, no se ordenará lo dispuesto en el numeral 4º del presente artículo.

PAR. 2º—Se aprovechará la notificación personal del acto administrativo de apertura para al mismo tiempo cumplir las órdenes emitidas en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. En la comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, se podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la Unidad de Gestión Territorial, eligiendo un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

La comunicación que indique la obligación de comparecer a notificarse de ser posible será telefónica o a través de medios idóneos que garanticen comunicación con el potencial beneficiario y de ser posible eviten el envío de oficios.

ART. 59.—Jornada de notificación personal, verificación de los supuestos de hecho e indagaciones a los potenciales beneficiarios. En cumplimiento de lo ordenado en el acto administrativo de apertura de asignación de derechos sobre la tierra, la ANT realizará jornadas en las que de manera masiva y con la mayor cantidad de casos disponibles citará a los potenciales beneficiarios de acceso a tierra para:

1. Notificarlos del inicio del trámite administrativo de asignación de derechos.

2. Verificar que las condiciones de elegibilidad del potencial beneficiario no hayan cambiado desde el momento de su inscripción al RESO. Para este propósito previo a la jornada la ANT consultará fuentes de información institucionales como Sisbén, DIAN, y la Superintendencia de Notariado y Registro, no obstante, hará firmar en la jornada una declaración juramentada del futuro beneficiario.

3. Verificar su intención de recibir el subsidio integral de acceso a tierra o un inmueble del Fondo para la Reforma Rural Integral, aclarando para el primer caso el monto máximo del subsidio y las condiciones y obligaciones que de él se derivan, y para el segundo, la cantidad, características, ubicación y demás elementos de interés de los predios dispuestos a ser adjudicados.

De igual manera se aclarará, que en caso de optar por recibir un inmueble del fondo o del RIR, que la elección individual de ellos respetará el orden de puntuación del RESO, de forma que en caso de que dos o más personas elijan el mismo inmueble, se le asignará a aquel que mayor puntaje haya obtenido y así en orden decreciente, luego cada potencial beneficiario deberá elegir varias opciones de inmuebles que sean de su interés asignándoles un orden en atención a su grado de interés, pero solo se les asignará aquel que quede disponible tras cruzar las elecciones de los demás beneficiarios y sus puntajes del RESO.

4. Proceder a elegir sus múltiples opciones de predio en orden de interés una vez hechas las aclaraciones del caso e informado y documentado a los potenciales beneficiarios cuáles son los inmuebles disponibles.

Si del lisiado total de inmuebles disponibles para adjudicación, el potencial beneficiario no presenta múltiples opciones que los cubra a todos, y los inmuebles de su interés son asignados a aspirantes con mayores puntajes, se entenderá que desiste de continuar con trámite administrativo de asignación de derechos sobre la tierra.

Las personas que no asistan a la jornada de notificación personal, verificación de los supuestos de hecho e indagaciones a los potenciales beneficiarios, serán notificadas conforme a las reglas generales de la Ley 1437 de 2011, y para el cumplimiento de lo ordenado en los numerales 3º y 4º del presente artículo, deberán comparecer a la unidad de gestión territorial correspondiente.

ART. 60.—Asignación de inmuebles del fondo. Una vez finalizada la jornada de notificación personal, verificación de los supuestos de hecho e indagaciones a los potenciales beneficiarios, la ANT tendrá la información de cuáles son los inmuebles de interés de los potenciales beneficiarios y procederá a asignar los predios a adjudicar priorizando las elecciones de quienes tengan los mayores puntajes en el RESO.

Quienes hayan elegido en primer lugar un inmueble que haya sido asignado a otro aspirante con mayor puntaje, solo podrán recibir su segunda opción si esta a su vez tampoco fue elegida por otro aspirante con mayor puntaje, y así sucesivamente en orden decreciente.

ART. 61.—Elección del aspirante del procedimiento a seguir en caso de SIAT. En caso de que el potencial beneficiario elija o solo se le ofrezca el SIAT, y una vez verificados los supuestos de hecho contemplados en el artículo anterior, en el evento en que no hayan cambiado las condiciones de elegibilidad del potencial beneficiario, ratifique su interés de recibir el subsidio y si existen inmuebles dispuestos a ser enajenados por su propietario e inscritos en el RIR, se consultará la voluntad del interesado de recibir los recursos para continuar en la búsqueda de un predio rural, como lo establecen los numerales 1 y 5 del artículo 32 del Decreto-Ley 902 de 2017, o adquirir alguno de los inmuebles ofertados en ese momento para lo cual se aplicará el mismo procedimiento de selección señalado en el artículo anterior.

En adelante se surtirán los procedimientos y fases que en su momento se determinen en el decreto que reglamente el SIAT.

ART. 62.—Comunicación de la asignación del inmueble. Una vez asignado el inmueble respectivo se le informará al interesado, quien contará con un término de ocho (8) días calendario para conocer el inmueble y aceptar por escrito en el formato que la ANT disponga para el efecto. En caso de ser posible, la ANT acompañará al potencial beneficiario en su visita al inmueble y en el mismo acto obtener la aceptación.

Si dentro del término estipulado para conocer el inmueble el interesado no realiza la visita y no manifiesta su aceptación, se prorrogará el término según se acuerde con él, sin que en ningún caso se exceda de 30 días calendario. Si finalizado dicho término persiste su omisión sin justificación alguna, se entenderá que desiste de su intención frente al inmueble y será asignado a otro aspirante. En este último caso, solo podrá acceder a los inmuebles respecto a los cuales nadie haya manifestado interés.

ART. 63.—Procedimiento en caso de negativa del aspirante a recibir en adjudicación el inmueble asignado. Si una vez enterado el potencial beneficiario de cuál fue el inmueble que tras los cruces y priorizaciones del RESO le correspondió de su listado de opciones, se negare a aceptar el inmueble o si el rechazo se produce al momento de visitarlo, solo podrá sustituirlo por otro inmueble que no haya sido elegido por ningún otro aspirante. Si no se da el caso, y su calificación en el RESO y disponibilidad de recursos y cupos lo permite, se le podrá sustituir por un inmueble del RIR aún no elegido por nadie o como última instancia por los recursos para el subsidio integral de acceso a tierra.

ART. 64.—Socialización en exposición pública de resultados. Una vez ratificada la elección de los inmuebles que serán adjudicados, la ANT programará una jornada de exposición pública de resultados de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto-Ley 902 de 2017 en el cual informará a la comunidad que se presente, los resultados del proceso de acceso a tierras, indicando quiénes fueron los beneficiarios y qué inmuebles serán adjudicados.

Si en el desarrollo de la audiencia alguna persona se opone a la adjudicación de un inmueble a favor de un potencial beneficiario, únicamente podrá fundar su oposición en que este último haya engañado a la ANT para procurar la obtención de su puntaje e inscripción al RESO para lo cual deberá aportar prueba sumaria, lo cual obligará a suspender la adjudicación del respectivo predio, por un término no superior a 15 días calendario para verificar si las afirmaciones son ciertas o no.

ART. 65.—Informe técnico jurídico definitivo. Finalizada la exposición pública de resultados, y analizadas las eventuales oposiciones se expedirá el informe técnico jurídico definitivo señalado en el artículo 83 de la presente resolución.

ART. 66.—Cierre del procedimiento administrativo de acceso a tierra. En caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 5 días siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario el cual incluirá sus obligaciones y limitaciones al dominio en los términos del artículo 8º del Decreto-Ley 902 de 2017.

ART. 67.—Apertura del trámite administrativo de reconocimiento de derechos. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017, para el caso de personas que ocupan baldíos de la Nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del mismo decreto, señalará con precisión al potencial beneficiario y ordenará:

1. Verificar que las condiciones de elegibilidad que fueron identificadas al momento de la visita predial que sirvió de soporte para su ingreso al RESO e incluso las condiciones existentes al momento de ingreso a dicho registro, no hayan cambiado de tal forma que en caso de actualizarlas cambie de categoría o deba pagar contraprestaciones distintas.

En caso de que no haya transcurrido más de un (1) mes entre el momento de la última verificación para efectos de ingreso al RESO y el momento de dar apertura a la actuación administrativa de que trata el presente artículo no será necesario verificar si las condiciones posingreso al RESO han cambiado.

2. Realizar la notificación del acto administrativo en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

3. Dar publicidad a terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

4. Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación cuando el inmueble no lo tiene aún, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1858 de 2015.

5. La inscripción de la medida del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

6. Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-Ley 902 de 2017.

PAR.—La publicidad a terceros indeterminados contendrá la siguiente información:

a) El nombre del peticionario y su identificación;

b) El nombre del predio solicitado en adjudicación y su ubicación

c) La extensión superficiaria del predio;

d) Los linderos del predio y el nombre de las personas colindantes; y,

e) El término del que disponen para comparecer a hacer valer sus derechos para obligar a la realización del periodo probatorio y presentar sus pruebas para que sean debatidas en él.

ART. 68.—Notificación personal y cumplimiento de órdenes. Se aprovechará la notificación personal del acto administrativo de apertura para al mismo tiempo cumplir la orden emitida en el numeral 1º del artículo anterior. En la comunicación que indique al potencial beneficiario la obligación de comparecer a notificarse, se podrá indicar un punto de encuentro común para ese propósito, distinto al de ubicación de la unidad de gestión territorial eligiendo un punto de fácil acceso para los interesados en la zona.

La comunicación que indique la obligación de comparecer a notificarse de ser posible será telefónica o a través de medios idóneos que garanticen comunicación con el potencial beneficiario y de ser posible eviten el envío de oficios.

La notificación y la obtención de la declaración juramentada de que no han cambiado las condiciones de elegibilidad que permitieron el ingreso al RESO, se harán en jornadas como las señaladas en el artículo 59 y también aplicará lo ahí establecido frente a la ya señalada verificación de condiciones.

ART. 69.—Comparecencia de terceros indeterminados en el procedimiento de reconocimiento de derechos sobre baldíos o formalización de predios privados. Los terceros indeterminados que se crean con derechos sobre el terreno baldío pretendido en adjudicación por el potencial beneficiario o quien aduzca tener derechos reales sobre el predio de naturaleza privada, podrán comparecer y hacer valer sus oposiciones en cualquier momento hasta antes del cierre mediante acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

El opositor deberá aportar prueba sumaria en la que se funde su oposición, y será valorada por la ANT, dando apertura para el efecto a un periodo probatorio, cuando no exista ninguna otra circunstancia que ameritara ordenarlo, o en medio de él, cuando ya se hubiera decretado.

Si la oposición se realiza en la exposición pública de resultados, o hasta antes del cierre de la fase administrativa, la ANT resolverá su oposición en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento procediendo contra este acto los recursos y acciones previstas en el Decreto-Ley 902 de 2017.

Si dentro de los 10 días hábiles siguientes a la realización de las comunicaciones y publicaciones no comparece ningún opositor, se presumirá en principio que no existe oposición alguna y si no hay otra razón que lo amerite, se podrá obviar el periodo probatorio.

ART. 70.—Requisitos de ciertas oposiciones en el procedimiento de asignación de derechos sobre baldíos. Cuando el opositor alegare que el inmueble objeto de la solicitud de adjudicación es de propiedad privada, o reclame dominio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para el efecto exige el inciso 2º del ordinal 1º del artículo 48 de la Ley 160 de 1994. En caso de no aportar dicha prueba sumaria se dará por descartada la oposición, pero en caso de aportarla, obligará a la realización de una inspección ocular para verificar si el predio pedido en adjudicación se halla incluido dentro de los linderos de aquel cuya propiedad demanda el opositor, así como a establecer otros hechos o circunstancias de las que pueda deducirse su dominio.

Si de los documentos aportados por el opositor y demás pruebas practicadas no llegare a acreditarse dominio ajeno, conforme a lo exigido en la norma citada en el inciso anterior, se rechazará la oposición y se continuará el procedimiento.

Cuando la oposición se formule por haberse iniciado contra el peticionario acciones penales, de policía o civiles dirigidas a proteger la ocupación del opositor, previa comprobación de la vigencia de los procesos respectivos, la ANT ordenará suspender el procedimiento administrativo de titulación, hasta cuando se encuentre ejecutoriada la providencia que decida el proceso que motivó la suspensión y a requerimiento del interesado. En caso contrario, se dispondrá el archivo del expediente.

ART. 71.—Práctica de pruebas en el procedimiento de reconocimiento de derechos sobre baldíos. Cuando se presente oposición en los plazos señalados en el artículo 69, de quien alegue que el predio solicitado en adjudicación no es baldío, o aún no haya sido posible establecer con total certeza dicha condición, o se pongan en entredicho las calidades del potencial beneficiario para poder recibir la titulación, o se desconozca alguna de las situaciones contempladas en el siguiente artículo, mediante acto administrativo se ordenará la práctica de un periodo probatorio que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles.

En caso de que no se dé ninguna de las circunstancias previstas en el presente artículo, y si se estima innecesario, se podrá omitir el periodo probatorio y se podrá pasar directamente a la fase de exposición pública de resultados.

ART. 72.—Información necesaria para poder resolver la adjudicación del predio baldío. Cuando se pretenda el reconocimiento del derecho de propiedad en favor de personas que ocupan baldíos de la Nación y pueden recibir su adjudicación conforme al régimen de transición o las reglas excepcionales señaladas en los artículos 26 y 27 del Decreto-Ley 902 de 2017, se podrá omitir la práctica de una inspección ocular dentro del periodo probatorio, sin con la información obtenida en el barrido predial señalado en el artículo 66 del mismo decreto, la ANT ya tiene plenamente identificados:

a) Nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento municipio, inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre;

b) Los linderos del predio, con sujeción a los puntos cardinales, y el nombre e identificación de los colindantes suministrados por el peticionario, confrontándolos con el plano que para el efecto se haya elaborado o aportado con las especificaciones técnicas propias del catastro multipropósito y, en todo caso, verificándolos directamente en el curso de la diligencia;

c) La clase de explotación del predio, señalando si esta es adelantada directamente por el peticionario, con indicación de la porción ocupada o cultivada y la inculta, su grado de conservación, naturaleza de los cultivos, edificaciones, número y clase de ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás mejoras instaladas en el fundo;

d) La explotación adelantada en el inmueble, para determinar si corresponde a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la diligencia;

e) El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio se determinará teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el período vegetativo de los cultivos permanentes y semipermanente, la composición del hato ganadero, el registro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos mejorados, y otros medios de orden técnico que sean pertinentes;

f) La clase de bosques, señalando si pertenecen a especies maderables de valor comercial si las fuentes de corrientes de agua son objeto de la protección vegetal exigida por la ley; si es necesario repoblar o conservar los bosques existentes, o si estos pueden aprovecharse de conformidad con las disposiciones vigentes;

g) Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, así como las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales; determinar, además, si en el predio hay bosques de páramo, de galería, morichales, humedales, ciénagas, marismas y otros espacios bióticos;

h) Si el predio tiene márgenes o laderas con pendientes superiores a cuarenta y cinco grados (45º);

i) Si el predio está comprendido o no en una zona reservada por el instituto u otra entidad pública, o por la ley; o se hallan establecidas comunidades indígenas, o se hayan destinadas a la titulación colectiva en beneficio de las comunidades negras, según las prescripciones de la Ley 70 de 1993 y sus reglamentos;

j) Si el predio hace parte de playones y sabanas comunales, o playones nacionales, o madreviejas desecadas naturalmente de los ríos, lagos, lagunas y ciénagas de propiedad nacional, así como también si se halla dentro de las reservas territoriales del Estado, o comprende bienes de uso público;

k) Si el predio se halla situado dentro del radio de inadjudicabilidad alrededor de las zonas donde se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables;

l) Si el predio es aledaño a Parques Nacionales Naturales constituidos;

m) Si el predio se encuentra dentro de las zonas seleccionadas o reservadas por entidades públicas, para adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social para la región o el país;

n) Si se hallan establecidas en el fundo personas diferentes al peticionario, indicando a qué título y la extensión aproximada que ocupan;

o) Si existe presencia de comunidades indígenas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional sobre el territorio;

ART. 73.—Archivo o suspensión en la adjudicación del inmueble. Si dentro de las diligencias realizadas por la ANT, bien sea en desarrollo del barrido predial o en la etapa probatoria que eventualmente se desarrolle, se encuentra que la explotación económica adelantada sobre el terreno baldío no corresponda a la aptitud agropecuaria de los suelos que se establezca en la inspección ocular, se dejará constancia de ello en el expediente y se ordenará suspender el procedimiento, hasta cuando el peticionario adopte un plan gradual de reconversión.

Si existiere controversia o duda por parte de la ANT, relacionada con el cumplimiento de las normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales, se solicitará el concepto respectivo a la entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental en el nivel regional. Si el concepto de la entidad correspondiente del Sistema Nacional Ambiental fuere desfavorable, se archivará el expediente.

ART. 74.—Informe técnico jurídico definitivo. Finalizada la exposición pública de resultados, y analizadas las eventuales oposiciones se expedirá el informe técnico jurídico definitivo señalado en el artículo 83 de la presente resolución.

ART. 75.—Cierre del procedimiento administrativo de reconocimiento de derechos sobre tierras baldías. En caso de encontrar infundadas las oposiciones o en caso de no darse alguna, dentro de los 5 días siguientes a la exposición de resultados o del término para resolver las oposiciones según proceda, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación en favor del beneficiario el cual incluirá sus obligaciones y limitaciones al dominio en los términos del artículo 8º del Decreto-Ley 902 de 2017.

ART. 76.—Apertura del trámite administrativo para los asuntos de formalización privada y administración de derechos. El acto administrativo de apertura de que trata el artículo 68 del Decreto-Ley 902 de 2017, para los asuntos contemplados en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 58 ibídem, ordenará lo siguiente:

1. Notificar el acto administrativo al particular interesado o afectado en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Cuando la pretensión o una de las pretensiones del Procedimiento Único sea el deslinde, se entenderá como interesado los titulares de derechos reales principales que figuren en el registro de instrumentos públicos de los predios colindantes.

2. Comunicar al Ministerio Público para si lo estima procedente se constituya en parte conforme al artículo 48 del Decreto-Ley 902 de 2017.

3. Dar publicidad a terceros indeterminados en los términos señalados en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.

4. La inscripción de la medida del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, indicando el asunto específico, en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.

PAR. 1º—Cuando la pretensión del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, sea la formalización privada de que tata el numeral 3 del Decreto-Ley 902 de 2017, el acto administrativo de apertura también ordenará lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 67 referido a la verificación de las condiciones de elegibilidad de ingreso al RESO, aplicándole las mismas reglas en materia de notificación, que se hará en las mismas jornadas programadas para la notificación del acto de apertura de reconocimiento de derechos sobre baldíos.

PAR. 2º—Contra el acto administrativo de apertura no procede recurso alguno, por ser acto de trámite.

ART. 77.—Traslado del acto administrativo de apertura del trámite. Una vez realizada la notificación en los términos del artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, las partes tendrán un término de 5 días hábiles para solicitar o aportar las pruebas que consideren, las cuales deberán ser pertinentes, útiles y conducentes.

Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará en los casos de formalización de la propiedad privada de que trata el numeral tercero del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017.

ART. 78.—Carga de la prueba. Cuando las pretensiones del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad consistan en la extinción del derecho de dominio privado, clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la Nación y recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la carga de la prueba corresponde a los particulares, pero la ANT podrá de oficio decretar o practicar las pruebas que considere necesarias, que en su momento no se hayan recogido en el barrido predial, independientemente de que de ello se haya dejado constancia en el informe técnico jurídico preliminar.

Igualmente corresponde a los particulares probar la fuerza mayor y el caso fortuito cuando fueren alegados.

ART. 79.—Acto administrativo de pruebas. Agotado el término de cinco (5) días referido en el artículo 77 de la presente resolución, se decretarán las pruebas solicitadas por las partes que resulten pertinentes útiles y conducentes, así como las que de oficio considere la ANT mediante acto administrativo que será notificado por estado y comunicado a las partes vía electrónica o mensaje de texto, y será susceptible del recurso de reposición de acuerdo con lo indicado en la Ley 1437 de 2011.

ART. 80.—Reglas especiales para el procedimiento de formalización privada. Cuando el procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad tenga como única pretensión la formalización de tierras de naturaleza privada conforme al numeral 3 del artículo 58 del Decreto-Ley 902 de 2017, si dentro del término señalado en el artículo 69 no comparece ningún tercero indeterminado a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá omitir el periodo probatorio, si se estimare que con las pruebas recaudadas en el barrido predial y la fase de formulación del plan de ordenamiento social de la propiedad rural es suficiente para poder tomar la decisión.

ART. 81.—Periodo probatorio. El periodo dispuesto para práctica de pruebas no podrá exceder de treinta (30) días hábiles. La práctica de las pruebas decretadas a petición de parte correrá a cargo de quien las solicita, quien deberá sufragar los gastos completos que correspondan dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto administrativo que las decreta. De no pagarse el valor correspondiente a la práctica de pruebas dentro del término establecido, se entenderá que el solicitante desiste y se continuará con el proceso. Lo dispuesto en el presente artículo respecto del cobro de la prueba, no aplicará a las personas que hayan sido categorizadas en el RESO, bajo los criterios indicados en el artículo 4º del Decreto-Ley 902 de 2017 ley como sujetos de acceso a tierras y formalización a título gratuito.

PAR. 1º—Si ninguna parte solicita la práctica de una prueba que exija inspección ocular, teniendo en cuenta que la inspección se realizó en desarrollo del barrido predial, se podrá continuar con el procedimiento sin volver a realizar dicha inspección.

ART. 82.—Exposición pública de resultados sobre asuntos de formalización privada, reconocimiento de derechos sobre baldíos, o administración de derechos. En la exposición pública de resultados de que trata el artículo 72 del Decreto-Ley 902 de 2017 para los casos de: formalización privada, reconocimiento de derechos sobre baldíos y los demás asuntos contemplados en los numerales 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 58 del mismo decreto, se informará a los asistentes las decisiones tomadas por la ANT en esos asuntos.

En caso de que se presenten oposiciones en el marco de dicha exposición pública, se solicitará al opositor aportar las pruebas que considere pertinentes las cuales serán resueltas conforme a lo indicado en el informe técnico jurídico definitivo en el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, procediendo contra este acto los recursos y acciones previstas en el Decreto-Ley 902 de 2017.

Aquellas oposiciones susceptibles de ser resueltas en desarrollo de la misma exposición pública de resultados, se resolverán en ella sin que sea necesario esperar a la expedición del acto administrativo de cierre.

Se realizarán el número de jornadas de exposiciones públicas de resultados que sean necesarias dentro de los plazos establecidos por el Decreto-Ley 902 de 2017, para que la comunidad quede plenamente enterada de las actuaciones de la ANT, como garantía de transparencia y participación.

ART. 83.—Informe técnico jurídico definitivo. Una vez finalizada la fase de exposición pública de resultados, y recogidas las observaciones de la comunidad, se expedirá un informe técnico jurídico definitivo en el que se sugerirá la decisión final que debe adoptarse por parte de la ANT en el marco de cualquiera de las pretensiones del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, las razones por las que deben acogerse o desestimarse las objeciones formuladas en la etapa probatoria o en la exposición pública de resultados, para de esa forma expedir el acto administrativo que ponga fin al procedimiento de manera definitiva para los casos de asignación y reconocimiento de derechos, formalización privada sin oposición, y solo en la fase administrativa para dar paso a la fase judicial en el resto de asuntos.

ART. 84.—Decisiones de cierre del trámite administrativo. Expedido el informe técnico jurídico definitivo, el expediente entrará al despacho del director de la unidad de gestión territorial pertinente, o el funcionario de nivel directivo del orden nacional, según fuere del caso, por un término de quince (15) días, dentro de los cuales se proferirá la decisión de fondo que ponga fin a las actuaciones. En este acto administrativo se deberá adoptar la decisión que corresponda según las evidencias recabadas, se dará respuesta a las diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del trámite, se fundamentará la determinación tomada y se definirán las medidas que hagan efectiva la decisión, necesarias para que lo resuelto pueda ser acatado en un plazo de no más de veinte (20) días a partir de su ejecutoria.

En el caso de asuntos que deban ser decididos de fondo por el juez, ordenará la presentación de las demandas respectivas.

ART. 85.—División de inmuebles del fondo para acceso a tierra en extensiones de UAF. Con el objeto de dar acceso a tierra en extensiones de unidad agrícola familiar, los inmuebles del Fondo para la Reforma Rural Integral cuya extensión sea mínimo de 2 unidades agrícolas familiares, serán objeto de desenglobe y apertura de folios de matrícula inmobiliaria individuales para efectos de adjudicación a los sujetos señalados en los artículos 4º y 5º del Decreto-Ley 902 de 2017.

Dicho procedimiento será realizado por subdirección de administración de tierras de la Nación.

ART. 86.—Aplicabilidad de normas sustanciales. Habida cuenta de que las normas sustanciales en materia de clarificación de la propiedad y deslinde, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, extinción del derecho de dominio, expropiación, adjudicación de baldíos a entidades de derecho público no fueron derogadas de la Ley 160 de 1994, se aplicarán las normas de carácter estrictamente sustancial contempladas en el Decreto 1071 de 2015 que no hayan sido adoptadas en la presente resolución, cuando no generen contradicción con lo aquí regulado.

En ese sentido no aplicarán las disposiciones del referido decreto en lo concerniente a ritualidades procesales o etapas procesales de los procedimientos administrativos agrarios, o adjudicación de tierras baldías.

ART. 87.—Trámites de regularización de predios Fondo Nacional Agrario. Los trámites de regularización de la ocupación de predios del Fondo Nacional Agrario se resolverán conforme a los reglamentos que en virtud de la Ley 160 de 1994 se hubiesen expedido para tales propósitos.

Las ocupaciones que se hubiesen producido con posterioridad a la expedición del Decreto-Ley 902 de 2017 en ningún caso dará lugar a la adjudicación de los predios ocupados, sino exclusivamente en virtud de la aplicación de las reglas de selección previstas en el artículo 88 de la presente resolución.

TÍTULO 4

Reglas a aplicar fuera de las zonas focalizadas para ordenamiento social de la propiedad

ART. 88.—Asignación de derechos de propiedad fuera de zonas focalizadas. Para aquellos casos en los que se identifiquen predios aptos para ser adjudicados en procesos objetivos de selección; y ubicados fuera de las zonas focalizadas, o dentro de estas, una vez se hubieren culminado las actividades del plan de ordenamiento social de la propiedad rural, su trámite de adjudicación se adelantará conforme a las siguientes reglas:

1. Mediante acto administrativo se dará apertura a la adjudicación señalando las condiciones técnicas de los proyectos a los que se destina la adjudicación, el número de unidades prediales susceptibles de ser adjudicadas, la zona de circunscripción en la que se adelantará el proceso de selección, los medios ordinarios de los que se dispone para realizar inscripciones nuevas al registro o los procesos de actualización de aspirantes que ya figuren en él, la programación de jornadas dirigidas por la ANT para la inscripción, actualización y recepción de documentos, de aspirantes al RESO y la fecha de corte de la información contenida en el Registro para efectos de determinar el orden de adjudicación.

La determinación de las áreas de circunscripción se realizará por municipios. Para su definición la ANT preferirá los municipios de ubicación de los predios, o sus colindantes. La ANT justificará técnicamente la delimitación según el número de aspirantes que figuren en el Registro, las características homogéneas del territorio y las relaciones comerciales entre los diferentes municipios. Excepcionalmente se podrán incluir municipios de otras zonas del país cuando no se identifiquen suficientes aspirantes dentro de los municipios de ubicación de los predios. También de manera se podrán incluir personas aspirantes a quienes se les haya reconocido derechos de adjudicación directa aun cuando no residan en la zona de circunscripción.

2. El contenido de la resolución de apertura deberá ser publicitada a través de medios de comunicación de amplia circulación regional o local, sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación según la dinámica del municipio. Además, dicha resolución será publicada en la página web de la ANT, quien podrá solicitar a las entidades que considere pertinentes, la publicación del acto de apertura en sus carteleras informativas y páginas web.

3. Realizado el corte de la información del RESO, la ANT publicará los resultados. Allí se fijará el listado de aspirantes, las decisiones sobre su ingreso y puntajes asignados, las observaciones presentadas a los aspirantes y las respuestas a ellas dadas. La publicación de resultados se efectuará a través de acto administrativo no susceptible de recursos. En él se señalará los medios de recepción de observaciones a las condiciones y puntuaciones de los aspirantes y la forma en la que se resolverán. Resueltas las observaciones se expedirán los actos administrativos de adjudicación.

La ANT podrá publicar los resultados en una audiencia especial publicitada con las mismas formalidades de la resolución de inicio de proceso de adjudicación. Siempre que la presentación de resultados se haga de manera oral y en ella no se presente observaciones a la condición de las personas aspirantes, o al orden establecido para ellas, que no puedan ser resueltas de manera inmediata, las resoluciones de adjudicación se expedirán de forma inmediata. Si las observaciones requieren procesos de constatación adicionales, la ANT suspenderá por una única vez la audiencia fijando la fecha para su continuación, en la cual resolverá las observaciones formuladas y procederá a expedir las resoluciones de adjudicación. De la audiencia se suscribirá un acta en las que se recogerán los puntos abordados. Esta hará parte integral del procedimiento de adjudicación.

4. Expedidos los actos administrativos de adjudicación la ANT procederá a su notificación y resolución de los recursos en los términos de la Ley 1437 de 2011.

ART. 89.—Resolución de adjudicación. Definida la situación de la persona aspirante, la ANT, expedirá la resolución por medio de la cual se adjudican en propiedad los inmuebles. En la resolución se determinará e identificará el bien, su valor, las obligaciones y derechos del adjudicatario, las condiciones para la enajenación, las causales de incumplimiento, la referencia expresa a la potestad de la ANT para decretar la caducidad administrativa en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8º del Decreto-Ley 902 de 2017 y demás aspectos que sean propios de este régimen jurídico de propiedad rural.

ART. 90.—Renuncia a la adjudicación. Las personas aspirantes podrán renunciar a la adjudicación, mediante comunicación expresa y escrita dirigida a la ANT, hasta antes de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

La aceptación de la renuncia implica la pérdida de los derechos originados en el proceso de adjudicación, pero no su exclusión del RESO de la ANT en condición de aspirante en el módulo de acceso a tierras.

Emitido el acto administrativo de adjudicación, la renuncia solo podrá ser tramitada mediante la figura de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, exigiéndose la manifestación expresa y escrita de la persona adjudicataria.

ART. 91.—Enajenación. Hasta cuando se cumpla el plazo de siete (7) años, contados desde la inscripción en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la resolución de adjudicación, las personas adjudicatarias de que se trate deberán solicitar autorización previa y expresa de la ANT para transferir su dominio o la cesión total o parcial de los derechos que recaigan sobre ella.

ART. 92.—Procedimientos administrativos y pretensiones agrarias por fuera de zonas focalizadas. Cuando por fuera de las zonas focalizadas donde se implementen los planes de ordenamiento social de la propiedad se solicite a la ANT, o de oficio proceda, el adelantamiento de extinción del derecho de dominio por incumplimiento a la función social de la propiedad sin justa causa, la clarificación de la propiedad y deslinde, la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, la reversión de baldío, la condición resolutoria del subsidio de tierras, la caducidad o la revocatoria directa de acto administrativo, se adelantará la misma actuación administrativa señalada en el capítulo 5 del título 3 de la presente resolución, omitiendo lo dispuesto en cuanto a exposición pública de resultados y todo aquello que resultare incompatible.

En lo no regulado expresamente se aplicarán las reglas de la Ley 1437 de 2011.

ART. 93.—Ocupaciones irregulares de baldíos o bienes fiscales con posterioridad al 29 de mayo de 2017. Las ocupaciones que se realicen sobre baldíos de la Nación o bienes fiscales patrimoniales del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral con posterioridad al 29 de mayo de 2017, no generarán derecho alguno a su titulación o regularización, toda vez que quedarán desde esa fecha afectos a las reglas de adjudicación directa mediante el RESO. En su lugar se ordenará el desalojo de los ocupantes irregulares.

TÍTULO 5

Registro de inmuebles rurales (RIR)

ART. 94.—Objeto del registro de inmuebles rurales (RIR). El registro de inmuebles rurales (RIR) es el instrumento para la identificación, caracterización e ingreso de los predios que potencialmente pueden ser adquiridos mediante el subsidio integral de acceso a tierra y será administrado por la dependencia encargada de desarrollar el programa con el soporte técnico de la subdirección de sistema de información de tierras. La ANT expedirá el instructivo para el diseño, conformación y alimentación del RIR el cual regulará la operación del mismo de acuerdo con las siguientes reglas.

ART. 95.—Gradualidad del RIR. El registro de inmuebles rurales (RIR) se conformará de manera gradual atendiendo la focalización del barrido predial y catastro multipropósito. Para las zonas no focalizadas los predios a registrar podrán corresponder a los inmuebles identificados mediante invitación pública o postulados por los sujetos de acceso a tierras seleccionados para el SIAT.

ART. 96.—Interoperabilidad del RIR. El RIR será interoperable con los sistemas de información de catastro y registro que permitan determinar las condiciones jurídicas y físicas de los predios de forma actualizada. Se velará por la verificación periódica de la información ambiental que limite o condicione la explotación de los predios para ingreso y la permanencia en el RIR a través de la gestión con las autoridades ambientales competentes.

ART. 97.—Rogación. La inscripción en el RIR procederá a solicitud de los propietarios interesados en ofertar su predio de naturaleza privada para ser ingresado en RIR y potencialmente adquirido mediante el SIAT.

ART. 98.—No otorgamiento de derechos ni de expectativas legítimas. La inscripción en el RIR no otorga derechos ni expectativas legítimas a los propietarios para la adquisición de los predios de naturaleza privada mediante el SIAT. Tampoco otorga derechos ni expectativas legítimas a los sujetos del SIAT sobre el sostenimiento de la oferta del predio postulado y/o seleccionado por parte de sus propietarios.

ART. 99.—Vigencia del inmueble en el RIR. El ingreso de un predio en el RIR tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la expedición del certificado de ingreso. Una vez transcurrido el término de los 12 meses, deberán los propietarios de los predios ratificar su permanencia y actualizar la información a que haya lugar.

PAR.—En caso de que hayan transcurrido los 12 meses de vigencia de la inscripción del predio en el RIR y el propietario no haya ratificado y actualizado la información correspondiente, el predio continuará inscrito, pero en caso de que haya sido seleccionado para ser adquirido mediante el SIAT y el propietario esté de acuerdo con la negociación, deberá actualizar la información en el sistema.

ART. 100.—Promoción. La ANT adelantará acciones para promover la inscripción de predios de naturaleza privada en el RIR.

ART. 101.—Conformación del RIR. La ANT conformará el RIR, con aquellos predios que cumplen todos los requisitos necesarios para ser adquiridos con los recursos del subsidio. El RIR estará conformado por:

a) Predios privados identificados física, jurídica y técnicamente en el barrido predial integral bajo el catastro multipropósito cuyos propietarios manifiesten la intención ser inscritos;

b) Predios presentados por sus propietarios a través invitaciones públicas o convocatorias;

c) Predios postulados por los sujetos del RESO seleccionados para el SIAT.

PAR. 1º—En caso de que el sujeto del RESO seleccionado para el SIAT elija un predio que pertenezca al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, manifestará expresamente su voluntad de sustituir el subsidio por la adjudicación. En consecuencia, la ANT proferirá el acto administrativo de adjudicación. En caso de que el valor del subsidio se haya desembolsado en la cuenta para la compra de tierras, este deberá ser reintegrado a la ANT como condición para la adjudicación, con el fin de que pueda ser asignado nuevamente a otras personas beneficiarias.

PAR. 2º—El RIR deberá contener la información y variables mínimas de los atributos de los predios que lo integran, que le permitan y faciliten la elección de los mismos por parte de los sujetos RESO del SIAT y la generación de información estadística para el desarrollo de la política pública.

ART. 102.—Registro de inmuebles rurales RIR en zonas focalizadas para barrido predial y catastro multipropósito. La inscripción de los predios en zonas focalizadas cuyos propietarios manifiesten la intención de ser ingresados en el RIR, se realizará atendiendo los insumos y la información aportada en el marco de la operación de barrido predial y catastro multipropósito. Esta información será analizada y verificada por la ANT para determinar si es suficiente para el cumplimiento de las condiciones jurídicas, técnicas y ambientales que permitan su adquisición mediante subsidio.

ART. 103.—Registro de inmuebles rurales RIR en zonas no focalizadas. La inscripción de los predios en zonas no focalizadas cuyos propietarios manifiesten la intención de ser ingresados en el RIR por invitación pública o convocatoria o por postulación del sujeto seleccionado del RESO para el SIAT, deberá ser sometido a las siguientes etapas para determinar su viabilidad para ingresar en el RIR:

a) Presentación del predio al RIR;

b) Verificación de las condiciones jurídicas de los predios;

e)(sic) Verificación de las condiciones de uso del suelo y condiciones ambientales de los predios;

d) Visita técnica;

e) Viabilidad de ingreso al RIR;

f) Expedición certificado de ingreso o rechazo de la inscripción en el RIR.

Una vez inscritos los predios que han sido postulados por los sujetos seleccionados para el SIAT en el RIR, se adelantarán las etapas de levantamiento topográfico y de avalúo comercial conforme al procedimiento para la adquisición mediante subsidio integral de acceso a tierras. Los predios ingresados en el RIR de acuerdo con las etapas anteriores, que hayan sido ingresados por invitación pública o convocatoria, serán sometidos a levantamiento topográfico y avalúo comercial una vez hayan sido elegidos por un sujeto seleccionado para adquirir mediante el SIAT.

ART. 104.—Condiciones jurídicas de los predios. Los predios que se ingrese al RIR y que se pretendan adquirir con el SIAT deben reunir las siguientes condiciones:

a) Ser de propiedad privada conforme lo establece el artículo 48 de la Ley 160 de 1994. Los predios que hayan sido adjudicados, formalizados y/o adquiridos mediante subsidio a título gratuito o parcialmente gratuito podrán ser parte del RIR transcurridos 7 años contados a partir de la inscripción del acto administrativo o del negocio jurídico que asigne la propiedad en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos;

b) Ser plenamente identificable, con número de folio de matrícula inmobiliaria, código catastral, linderos, nombre del predio y demás criterios que permitan su individualización;

c) Ser susceptible de enajenación (se establecerá en el concepto del estudio de títulos);

d) No encontrarse inscrito en el registro único de predios y territorios abandonados por la violencia (Rupta) o reclamado en procesos de restitución y/o reparación;

e) No encontrarse en litigio, con medida cautelar inscrita en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, con limitación al dominio, afectación y/o cualquier gravamen que afecte los derechos de propiedad a transferir sobre el predio, o con ocupaciones de hecho y/o posesión alguna (esta última condición se verificará a través de la inspección y/o visita técnica).

f) No haber sido objeto de adjudicación como baldío dentro de los siete (7) años inmediatamente anteriores a la fecha del estudio de títulos.

ART. 105.—Condiciones de los propietarios de los predios del RIR. Los vendedores deberán acreditar las siguientes condiciones:

a) No haber sido condenado mediante sentencia judicial en firme por delitos contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra el orden económico social y contra el patrimonio económico;

b) No tener parentesco en primer grado de consanguinidad (padre e hijo) respecto de los adjudicatarios;

c) Si se trata de persona jurídica se requiere verificar facultades.

ART. 106.—Verificación de las condiciones de uso del suelo y condiciones ambienta/ es de los predios. Las condiciones mínimas técnicas y ambientales que deben cumplir los predios son las siguientes:

a) Debe(n) estar clasificado(s) en suelos rurales de los POT-PBOT de los municipios o en los EOT, en zonas que se puedan desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, agroforestales y/o forestales explotables;

b) No debe(n) ser bien(es) de uso público;

c) No debe(n) estar ubicado(s) en zonas con restricciones de protección ambiental que limiten la explotación, tales como planes de ordenamiento y manejo ambiental de cuencas hidrográficas;

d) No debe(n) estar ubicado(s) dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales definido por el artículo 11 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, ni dentro de los parques naturales regionales declarados, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

e) No debe(n) estar ubicado(s) en reservas forestales protectoras nacionales ni regionales que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 12 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

f) No debe(n) estar ubicado(s) en las reservas naturales de la sociedad civil que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 17 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

g) No debe(n) estar ubicado(s) en las áreas de recreación que hacen parte del Sinap definidas en el artículo 15 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo, establecida por el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

h) No debe(n) estar ubicado(s) en las zonas de los distritos de manejo integrado que hacen parte del Sinap definidos en el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría de zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo establecida por el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

i) No debe(n) estar ubicado(s) en las zonas de los distritos de conservación de suelos que hacen parte del Sinap definidos en el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, que dentro de su zonificación no se encuentre en la categoría de zona de uso sostenible, subzona para el desarrollo establecida por el artículo 34 del Decreto 2372 de 2010, o la norma que lo adicione, modifique o sustituya;

j) No debe(n) estar ubicado(s) en las zonas de reserva forestal establecidas en el marco de la Ley 2ª de 1959, o la norma que la adicione, modifique o sustituya;

k) No debe(n) estar ubicado(s) en los ecosistemas estratégicos de páramos, así mismo no deben estar ubicados en altitudes por encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar (3.000 m s. n. m.);

l) No debe(n) estar ubicado(s) en los ecosistemas estratégicos de humedales declarados por las autoridades ambientales competentes, en los cuales se restrinja el desarrollo parcial o total de actividades agropecuarias;

m) No debe(n) ser bien(es) de propiedad colectiva, ni encontrarse en colindancia total con títulos colectivos otorgados a comunidades indígenas o negras, de conformidad con la Ley 70 de 1993, Ley 160 de 1994 y Decreto 2164 de 1995, respectivamente, o la norma que las adicione, modifique o sustituya.

ART. 107.—Retiro de la inscripción en el RIR. Los predios que ingresen en el RIR saldrán del Registro si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a) En el caso de los predios ofertados para compra mediante subsidio por voluntad expresa de los propietarios de no continuar haciendo parte del RIR;

b) La compra efectiva del predio por parte de los beneficiarios en el marco del SIAT;

c) Hechos naturales que modifiquen las condiciones de uso del suelo y condiciones ambientales de los predios;

d) Actos jurídicos posteriores que impidan la adquisición del predio con el SIAT.

TÍTULO 6

Autorización de venta de inmuebles del fondo

ART. 108.—Autorización para enajenación. Las autorizaciones relacionadas con la enajenación de los predios objeto del Decreto-Ley 902 de 2017 antes de finalizado el plazo de obligaciones y limitaciones al dominio, serán otorgadas cuando:

1. El predio se requiera para actividades consideradas como de utilidad pública e interés social.

2. Cuando la persona adjudicataria acredite que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito está en imposibilidad de adelantar directamente la explotación del predio.

3. Cuando la persona adjudicataria o un integrante de su grupo familiar deba cambiar su lugar de residencia por estrictas recomendaciones médicas, o deba ser sometido a un tratamiento médico cuyo suministro no se oferta en la zona de ubicación del predio.

4. Cuando las transferencias se dispongan en virtud de acuerdos conciliatorios para disolver y liquidar sociedades conyugales o sociedades entre compañeros permanentes. La misma causal se aplicará para la disolución de sociedades de hecho y en general en los trabajos de partición ordenados por autoridades judiciales.

5. Cuando por graves alteraciones del orden público en la zona de ubicación del predio, el adjudicatario afirme su imposibilidad de adelantar la explotación económica de la UAF, o cuando por razones de seguridad el adjudicatario o su núcleo familiar encuentren amenazada su integridad personal.

En los casos de enajenación autorizada de la propiedad sobre una UAF, la persona adquirente se subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante a favor de la ANT por el término de subsistencia del régimen de propiedad parcelaria.

Las notarías y las oficinas de registro se abstendrán de autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio de UAF en las que no se protocolice la autorización expresa y escrita de la ANT para llevar a cabo la enajenación o la constancia o prueba de su rechazo expreso o tácito.

En todos los casos serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención a lo dispuesto en este artículo.

TÍTULO 7

Asignación de funciones

1. Administración Fondo Nacional de Tierras

ART. 109.—Administración del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Asígnese la función de administrar el Fondo de Tierras para la Reforma Rural a la Subdirección de Administración de Tierras la Nación, acorde con lo previsto en los numerales 1º y 10 del artículo 25 del Decreto-Ley 2363 de 2015.

2. Subsidio integral de acceso a tierras

ART. 110.—Funciones en materia de subsidio integral de acceso a tierras. Asígnese las funciones relacionadas con el subsidio integral de acceso a tierras, cuando se trate de zona focalizadas, a la subdirección de acceso a tierras en zonas focalizadas y, en los casos de zonas no focalizadas, corresponderá a la subdirección de acceso a tierras por demanda y descongestión; lo anterior acorde con lo previsto en los numerales 1º y 7º artículo 23 y numerales 1º y 5º, artículo 24 del Decreto-Ley 2363 de 2015.

3. Formalización de predios privados

ART. 111.—Formalización de predios privados. Asígnese la función de emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 36 y 37 del Decreto-Ley 902 de 2017, a la subdirección de gestión jurídica.

4. Rectificación administrativa de área y linderos

ART. 112. Rectificación administrativa de área y linderos. Asígnese la función de adelantar el procedimiento de rectificación administrativa de área y linderos de que trata el artículo 63 del Decreto-Ley 902 de 2017, a la subdirección de seguridad jurídica.

(Nota: Adicionado el título 8 por la Resolución 2562 de 2018 artículo 1° de la Agencia Nacional de Tierras)

ART. 113.—Vigencias y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 13 de junio de 2017.