RESOLUCIÓN 7479 DE 2008 

(Diciembre 18)

“Por la cual se crean y/o conforman estructuras de apoyo en las unidades de fiscalía para asuntos humanitarios”.

(Nota: Revocada por la Resolución 2643 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)

El Fiscal General de la Nación,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 600 de 2000, 906 y 938 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 251-3 de la Constitución Política indica que son funciones especiales del Fiscal General de la Nación asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley;

Que los artículos 113, 114, 115, 117, 118 y 119 de la Ley 600 de 2000 desarrollan algunas de las atribuciones o facultades que en la Constitución Política se establecieron y otorgaron a la Fiscalía General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y a sus fiscales delegados;

Que los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 200 de la Ley 906 de 2004 desarrollan algunas de las atribuciones o facultades que en la Constitución Política se establecieron y otorgaron a la Fiscalía General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y a sus fiscales delegados;

Que el artículo 5º de la Ley 938 de 2004 establece como función del Fiscal General de la Nación: “determinar la conformación y localización de las direcciones seccionales y las unidades nacionales y seccionales, de acuerdo con las necesidades del servicio y con sujeción a la ley estatutaria de la administración de justicia”;

Que mediante Resolución 1430 de 18 de junio de 1997, emitida por este despacho, se establecieron las denominadas estructuras de apoyo para asumir el conocimiento de investigaciones en averiguación de responsables, utilizando para ello herramientas tecnológicas modernas que les permitan adelantar el análisis o investigación de esos hechos delictivos, con el objetivo de lograr con la mayor brevedad posible la identificación o individualización de los autores o partícipes;

Que nuestra Constitución Política e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tales como Carta de la ONU; Estatuto de Corte Penal Internacional; Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos; Declaración universal contra la tortura, el tratamiento cruel, inhumano o degradante; Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Declaración de los derechos del niño; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Carta de la OEA; Declaración americana de los derechos y deberes del hombre; Convención americana sobre Derechos Humanos; Convención americana para prevenir y sancionar la tortura; Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas; Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demandan del Estado colombiano y sus autoridades pronta, expedita y eficaz investigación de los actos tendientes a vulnerar o poner en peligro los derechos humanos de sus habitantes o residentes; así como la acusación ante los jueces competentes y sanción ejemplar, adecuada y proporcional a la falta o infracción cometida por quienes los han vulnerado o puesto en peligro; además la de propiciar políticas que permitan alcanzar u obtener verdad, justicia y reparación e impedir actos de repetición, entre otras;

Que los actuales reportes estadísticos de indagaciones en averiguación de responsables, por [I] homicidios en los que presuntamente se encuentren comprometidos agentes del Estado, en especial cuando la víctima es colocada en situación de inferioridad, conducta que se identifica con lo que en el derecho internacional de los Derechos Humanos se denomina ejecución extrajudicial; [II] homicidios cometidos en perjuicio de indígenas; [III] homicidios cometidos en perjuicio de sindicalistas, [IV] tortura; [V] desaparición forzada; [VI] desplazamiento forzado; [VII] reclutamiento ilícito de menores en desarrollo del conflicto armado; [VIII] violencia sexual en desarrollo del conflicto armado; y [IX] amenazas contra defensores o defensoras de Derechos Humanos o contra organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, resultan bastante significativos dentro del grueso de investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación;

Que el creciente interés que la comunidad nacional e internacional ha mostrado, por dichas investigaciones, al igual que las reclamaciones que constantemente vienen realizando sus víctimas a nuestra institución, al Gobierno colombiano y a organismos internacionales como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Penal Internacional, entre otros, para que dichas investigaciones se realicen de manera oportuna, concentrada, sistemática, y con apego a los estándares o protocolos internacionales, demandan una respuesta expedita y pronta, diseñando, creando o señalando estrategias que por un lado posibiliten un acercamiento, abordaje o atención adecuados a las víctimas, y por el otro maximizar nuestros recursos humanos y logísticos, en aras de mayores y mejores resultados a los que hasta el momento se han logrado;

Que por lo anterior, se hace necesario crear o conformar estructuras de apoyo al interior de las unidades de fiscalía para asuntos humanitarios, para que servidores de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de manera especial y con dedicación exclusiva, bajo la coordinación y dirección de fiscales delegados, se encarguen de los casos en averiguación de responsables de tales comportamientos punibles, excepto aquellos que sean asignados o reasignados a fiscales de la unidad nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario;

Que igualmente se torna pertinente y necesario fijar, señalar o precisar el área de influencia de las estructuras de apoyo mencionadas atrás y los actos de investigación, resoluciones, y/o audiencias preliminares que a los fiscales que las conforman, les compete coordinar, emitir, disponer, solicitar o asistir, sin perjuicio de su autonomía e independencia y en consecuencia,

RESUELVE:

ART. 1º—Crear y/o conformar estructuras de apoyo al interior de las unidades de fiscalía para asuntos humanitarios de las siguientes direcciones seccionales de fiscalías: Santa Marta, Cartagena, Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Pereira, Santa Rosa de Viterbo, Cundinamarca, Villavicencio, Ibagué, Florencia, Cali, y Pasto, para que se encarguen de casos en averiguación de responsables de las conductas punibles de por [I] homicidios en los que presuntamente se encuentren comprometidos agentes del Estado, en especial cuando la víctima es colocada en situación de inferioridad, conducta que se identifica con lo que en el derecho internacional de los Derechos Humanos se denomina ejecución extrajudicial; [II] homicidios cometidos en perjuicio de indígenas; [III] homicidios cometidos en perjuicio de sindicalistas, [IV] tortura; [V] desaparición forzada; [VI] desplazamiento forzado; [VII] reclutamiento ilícito de menores en desarrollo del conflicto armado; [VIII] violencia sexual en desarrollo del conflicto armado; y [IX] amenazas contra defensores o defensoras de derechos humanos o contra organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, excepto aquellos que sean asignados o reasignados a fiscales de la unidad nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

PAR. 1º—Las investigaciones que se deban tramitar bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, las adelantarán los fiscales delegados que integran estas EDA hasta cuando se obtengan elementos de juicio que permitan emitir resolución de apertura de instrucción contra autores o partícipes de las conductas punibles objeto de indagación o resolución inhibitoria. Frente al primer evento adoptarán tal determinación, librando las comunicaciones que se requieran para evacuar las actividades u órdenes que se impartan en la respectiva resolución, y remitirán inmediatamente lo actuado al fiscal jefe de la unidad para asuntos humanitarios a la cual pertenecen, para que se haga el reparto correspondiente, entre los demás fiscales, y prosigan con su trámite legal, y en lo que respecta a resoluciones inhibitorias, las adoptarán y en caso de que posteriormente, por orden del superior funcional, en virtud de recurso de apelación o por cualquier otra causa legal, haya lugar a la emisión de resolución de apertura de instrucción, se procederá en la forma que atrás se indicó.

PAR. 2º—Las investigaciones que se deban tramitar bajo los parámetros de la Ley 906 de 2004, estarán a cargo de los fiscales delegados que integran estas EDA, hasta cuando evacuen las diligencias preliminares necesarias para solicitar orden de captura; legalizar captura, formular imputación, solicitar la imposición de medidas de aseguramiento y/o cualquiera otra que de manera urgente sea necesario realizar o tramitar, caso en el cual remitirán la carpeta correspondiente, junto con un informe en el que se condense todas y cada una de las actividades ordenadas a los servidores de policía judicial o las audiencias solicitadas o llevadas a cabo ante los jueces de control de garantías, sus resultados y los recursos interpuestos o pendientes de trámite, al fiscal jefe de la unidad para asuntos humanitarios a la cual pertenecen, para que se haga el reparto correspondiente, entre los demás fiscales, y prosigan con su trámite legal; y en los eventos en que haya lugar a disponer su archivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, o solicitar preclusión, emitirán la respectiva orden de archivo o solicitarán al juez competente la preclusión correspondiente.

(Nota: Revocada por la Resolución 2643 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 2º—Delegar en los directores nacionales de fiscalías y del Cuerpo Técnico de Investigación para que, en su orden, destaquen y/o señalen los fiscales delegados y asistentes de fiscal; y servidores de policía judicial de la respectiva unidad para asuntos humanitarios que estarán a cargo de las EDA que a través de esta resolución se han creado y/o conformado.

PAR.—El número de fiscales, asistentes de fiscal y servidores de policía judicial que se requiera para integrar o conformar estas EDA, dentro de la respectiva unidad para asuntos humanitarios, se determinará teniendo en cuenta la cantidad de casos que les corresponde asumir, por asignación o reasignación, su complejidad, el número de víctimas, la gravedad de los punibles objeto de indagación o investigación y su lugar de ocurrencia, entre otros aspectos.

(Nota: Revocada por la Resolución 2643 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 3º—Disponer que los nuevos casos en averiguación de responsables de los delitos referidos en el artículo 1º de esta resolución, excepto aquellos que sean asignados, reasignados a fiscales de la unidad nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se remitan a dichas EDA, teniendo en cuenta el lugar de ocurrencia y su área de influencia, siguiendo el sistema de gradualidad que a continuación se precisa:

EDA de las:A partir de:
Unidades de fiscalía para asuntos humanitarios de Bucaramanga, Cúcuta, y Santa Rosa de Viterbo16 de marzo de 2009
Unidades de fiscalía para asuntos humanitarios de Cartagena, Montería, Quibdó, y Santa Marta.18 de mayo de 2009
Unidades de fiscalía para asuntos humanitarios de Florencia, Ibagué, Pasto, y Pereira.13 de julio de 2009
Unidades de fiscalía para asuntos humanitarios de Cali, Cundinamarca, Medellín y Villavicencio.14 de septiembre de 2009

(Nota: Revocada por la Resolución 2643 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 4º—Comunicar esta resolución a las direcciones nacionales y seccionales de fiscalías del Cuerpo Técnico de Investigación, y administrativa y financiera; a la secretaría general de la Fiscalía General de la Nación; a las jefaturas de las unidades de fiscalías para asuntos humanitarios, y a la jefatura de la unidad nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para su conocimiento y demás fines legales pertinentes, particularmente para que, desde la órbita de sus respectivas competencias, adopten las decisiones que se requieran para colocar en funcionamiento las EDA que mediante este acto administrativo se han creado y/o conformado.

(Nota: Revocada por la Resolución 2643 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)

ART. 5º—Advertir que la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, con la salvedad dispuesta en el artículo 3º, respecto al sistema de gradualidad allí establecido.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 18 de diciembre de 2008.

(Nota: Revocada por la Resolución 2643 de 2010 artículo 2° de la Fiscalía General de la Nación)

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