RESOLUCIÓN 773 DE 2003

 

RESOLUCIÓN 773 DE 2003 

(Octubre 3)

Recurso de reconsideración interpuesto por la República del Perú contra la Resolución 724 de la secretaría general, que calificó como restricción al comercio la exigencia de licencias previas para la importación de productos de la cadena de oleaginosas, originarios de los países miembros de la Comunidad Andina.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: El artículo 30, literal a), y el capítulo VI sobre el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; la Resolución 724 de la secretaría general; y,

CONSIDERANDO: Que el 7 de mayo de 2003 la secretaría general de la Comunidad Andina expidió la Resolución 724, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 927 el 8 de mayo de 2003, mediante la cual calificó como restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena (actual art. 73), la exigencia por parte de la República de Colombia de licencias previas para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarios de los Países miembros de la Comunidad Andina. Así mismo, concedió a la República de Colombia un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para el levantamiento de dicha restricción a las importaciones originarias de los demás Países miembros;

Que el Gobierno del Perú, mediante comunicación 487-2003-MINCETUR/VMCE/ DNINCI de 12 de junio de 2003, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 724 de la secretaría general, por cuanto en la parte resolutiva se omitió calificar como restricción al comercio el contingente de 1 105 971 litros mensuales establecido en el artículo 2º del Decreto 446 de 2003;

Que la secretaría general, a través de la comunicación SG-F/0.5/979/2003 de 13 de junio de 2003, admitió a trámite el recurso de reconsideración de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general;

Que, mediante comunicación SG-X/0.5/744/2003 de fecha 13 de junio de 2003, la secretaría general informó a los países miembros del recurso de reconsideración presentado por el Gobierno del Perú;

Que el Gobierno de Bolivia, en comunicación VREI-DGIN-DIS-273/2003/6565 de fecha 18 de julio de 2003, señaló que si bien la medida denunciada había dejado de tener vigencia ya que estaba prevista para tres meses, la denuncia se refería al Decreto 446 en su integridad, y comprendía tanto las licencias previas como el contingente fijado por el mismo. Agregó que “si bien en el momento actual, una nueva resolución podría resultar aparentemente innecesaria, considera imperativo que quede un precedente normativo, a objeto que no vuelva a intentarse medidas de esta naturaleza y menos aún sobre el mismo tema”;

Que la secretaría general considera necesario precisar que en los considerandos de la Resolución 724 se analizó el Decreto 446 de forma integral, tanto en lo relativo al régimen de licencia previa así como al establecimiento de un contingente de 1 105 971 litros mensuales, para la importación de aceites refinados (correspondientes a las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00) provenientes de los Países miembros de la Comunidad Andina. Sin embargo, omitió la calificación del establecimiento del contingente, y solo calificó como restricción a la exigencia por parte de la República de Colombia de licencias previas;

Que la secretaría general considera que aun cuando el Decreto 446 de 2003 formalmente no se encuentra vigente, mantiene interés determinar si el contingente aplicado por la República de Colombia constituye o no una restricción al comercio, toda vez que este órgano comunitario ha tomado conocimiento que el Gobierno de Colombia mediante el Decreto 2130 de 30 de julio de 2003 estaría aplicando medidas de efecto equivalente a las contenidas en el Decreto 446, y sobre el particular se ha iniciado un procedimiento con el fin de verificar el estado de cumplimiento de obligaciones derivadas del ordenamiento comunitario;

Que el programa de liberación contenido en el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena es automático e irrevocable, y tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País miembro;

Que según el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, “se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral”;

Que el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena establece que “...la secretaría general, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida adoptada unilateralmente por un País miembro constituye “gravamen” o “restricción””;

Que como se indicó en la Resolución 724, sobre las medidas restrictivas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial emitida el 22 de julio de 1994 (proceso 5 IP-90) que:

“Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que tengan por objeto y como resultado imposibilitar las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del tratado sobre restricciones de todo orden. Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”;

Que de acuerdo con la definición contenida en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y con la precisión del tribunal de justicia sobre el alcance del término “restricción”, el contingente de importación establecido en el Decreto 446 de 2003 tiene por objeto y efecto limitar las importaciones originarias de los Países miembros a un volumen de 1 105 971 litros mensuales. Esta característica, por lo tanto, corresponde a lo que el artículo 73 califica como “restricción”;

Que el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena establece la obligación de los países miembros de abstenerse de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la subregión;

Que como se señaló en la Resolución 724, la imposición de restricciones al comercio subregional contraviene las reglas del programa de liberación contenidas en el capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, así como el propósito expresado por los Países miembros de conformar un mercado común basado en el principio fundamental de libre circulación de mercancías;

Que, al no estar justificado por alguna de las excepciones de carácter no económico previstas en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, el referido contingente se encuentra comprendido dentro del concepto de “restricción de todo orden”;

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la República del Perú contra la Resolución 724 de la secretaría general. En consecuencia, se sustituye el artículo 1º de la Resolución 724 por el siguiente:

“Determinar que el establecimiento por parte de la República de Colombia de un contingente para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00.90, 1512.19.00.00 y 1517.90.00.00 originarios de los Países miembros de la Comunidad Andina, así como la exigencia de licencias previas para la administración de dicho contingente, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios de los Países miembros de la Comunidad Andina, y por lo tanto vulnera el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena”.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, comuníquese a los Países miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 37 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se informa que contra la presente resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración, dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del ejercicio de la acción de nulidad dentro de los dos años siguientes a su entrada en vigencia.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dos días del mes de octubre del año dos mil tres.

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