RESOLUCIÓN 776 DE 2003 

(Octubre 16)

Recurso de reconsideración interpuesto por la República del Ecuador contra la Resolución 754 de la secretaría general, que declaró inadmisible la solicitud de salvaguardia para importaciones de productos de la cadena de las oleaginosas.

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

VISTOS: Los artículos 1º, 30, literal a), y 97 del Acuerdo de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión 563; los artículos 1º y 4º del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y, la Resolución 754 de la secretaría general; y,

CONSIDERANDO: Que el Gobierno del Ecuador, mediante fax 2003-079 DOC-MICIP, de fecha 17 de julio de 2003, comunicó a la secretaría general que el consejo de comercio exterior e inversiones, Comexi, a través de la Resolución 189 del 25 de abril de 2003, publicada en el registro oficial del Ecuador el 16 de mayo de 2003, aplicó una medida de salvaguardia provisional, por un período de seis meses, a las importaciones procedentes y originarias de los Países miembros de la Comunidad Andina, consistente en un gravamen arancelario equivalente al arancel total (AEC + DVA) del sistema andino de franjas de precios, SAFP, cobrado a países distintos de la Comunidad Andina, a los productos clasificados en las subpartidas arancelarias Nandina 1507.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00, 1517.10.00 y 1517.90.00;

Que, con fecha 19 de agosto de 2003, la secretaría general emitió la Resolución 754, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 969 del 20 de agosto de 2003, mediante la cual declaró inadmisible por extemporánea la solicitud presentada por el Gobierno del Ecuador, al amparo del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, para la autorización de las medidas correctivas previstas en la Resolución 189 del Comexi. En consecuencia, se dispuso la suspensión de las medidas correctivas aplicadas por el Gobierno del Ecuador y la devolución de las garantías que hubieran sido impuestas por la aplicación de las medidas provisionales a que se refiere la Resolución 189 del Comexi;

Que el Gobierno del Ecuador, mediante oficio 030556 de fecha 15 de septiembre de 2003, recibido por la secretaría general en la misma fecha, interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 754 de la secretaría general. Acompañó a su recurso la comunicación 2003-079 DOC de 17 de julio de 2003, a través de la cual informó la aplicación de la medida de salvaguardia y el informe que la sustentaba; el fax 2003-111 DOC-MICIP respecto a la solicitud de prórroga; el fax de la secretaría general SG/F/2.14.17/1264/2003, en el que se comunicó que se procedería a evaluar la solicitud de salvaguardia con base en la normativa andina; y adjuntó también un resumen ejecutivo sobre el “Informe técnico para sustento de medida de salvaguardia”, referido a los productos de la cadena de oleaginosas;

Que el 18 de septiembre de 2003, la secretaría general recibió nuevamente el oficio 030556 de fecha 15 de septiembre de 2003, con anexos de las comunicaciones citadas en el párrafo anterior, y adicionalmente un nuevo informe técnico de más de 100 páginas, como sustento de la medida de salvaguardia titulado “Solicitud a la Comunidad Andina de prórroga de la salvaguardia para el sector de oleaginosas y sus productos”;

Que en su recurso de reconsideración el Gobierno del Ecuador argumentó que, mediante oficio 2003-111 DOC-MICIP del 17 de julio de 2003, habría solicitado una prórroga del plazo establecido para la presentación de pruebas que servirían para la elaboración de un informe que sustentaría los motivos por los cuales dicho país adoptó la medida correctiva, con base en el artículo 29 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general. Agregó que su solicitud de prórroga para la presentación del informe la habría realizado “...en razón de que la consolidación del mismo se retrasó debido a la elevada dispersión de los distintos entes productivos, así como por la falta de esquemas homogéneos en el manejo de costos de producción”. Adicionalmente, destacó que la secretaría general habría indicado en la comunicación SG/F/2.14.17/1264/2003 de 4 de agosto de 2003 “...que evaluaría la solicitud conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena y en el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general de la Comunidad Andina (Decis. 425), y que a la brevedad posible se pronunciaría sobre el tema”, respuesta que según el gobierno ecuatoriano no habría ocurrido contradiciendo lo dispuesto en los artículos 4º y 42 de Decisión 425. Concluye el recurso de reconsideración que la secretaría general habría incurrido en vicios de forma al declarar inadmisible por extemporánea la solicitud presentada, considerando que el plazo de notificación es un elemento indispensable para continuar con el proceso de calificación de la medida y no contemplar en su criterio resolutivo la solicitud de prórroga para la presentación del informe técnico referido en el oficio 2003-111 DOC-MICIP. Por último, el Gobierno del Ecuador solicitó que se “disponga mediante auto la suspensión de las medidas cautelares contempladas en los artículos 2º y 3º de dicha Resolución [754], debido a que limitan nuestro derecho a ejecutar acciones orientadas a proteger el sector agroindustrial ecuatoriano vinculado al cultivo de productos oleaginosos de las afecciones (sic) que le generan las importaciones de procedencia andina”;

Que el Gobierno de Colombia, mediante comunicación de 15 de octubre de 2003, señaló que coincidía con lo resuelto por la secretaría general al declarar inadmisible por extemporánea la solicitud de autorización de la medida de salvaguardia a las importaciones de los productos clasificados en las subpartidas Nandina 1507.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00, 1517.10.00 y 1517.90.00 originarias de Países miembros de la Comunidad Andina. Sostuvo que “...teniendo en cuenta que los plazos establecidos en el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general y en el artículo 97 del mencionado acuerdo, son de carácter obligatorio, y el Gobierno de Ecuador no remitió de forma oportuna a la secretaría general el informe sobre los motivos en que se fundamenta la aplicación de la medida”;

Que, con carácter previo, corresponde pronunciarse acerca de la solicitud de suspensión de los artículos 2º y 3º de la Resolución 754 de la secretaría general, a través de los cuales se dispuso la suspensión de las medidas correctivas aplicadas por el Gobierno del Ecuador y la devolución de las garantías que hubieran sido impuestas por la aplicación de las medidas provisionales a que se refiere la Resolución 189 del Comexi. De los términos de la petición planteada por el Gobierno del Ecuador se desprende que su pretensión va dirigida a que este órgano comunitario suspenda provisionalmente la eficacia de los artículos 2º y 3º de la Resolución 754, hasta que se adopte un pronunciamiento definitivo acerca del recurso de reconsideración;

Que, al respecto, el segundo párrafo del artículo 41 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general prevé que “de oficio o a petición del interesado, el secretario general podrá disponer mediante auto la suspensión de los efectos del acto recurrido, mientras dure el procedimiento, cuando su ejecución pueda causar un perjuicio irreparable o de difícil reparación al interesado, no subsanable por la resolución definitiva o si el recurso se fundamenta en la nulidad de pleno derecho del acto”;

Que la República del Ecuador no ha demostrado que la ejecución pueda causarle a dicho País miembro un perjuicio irreparable o de difícil reparación y que el supuesto perjuicio no pudiera ser subsanado con la resolución definitiva del recurso. Tampoco se ha alegado ni demostrado que el acto recurrido adolezca de un vicio que lo afecte de nulidad de pleno derecho;

Que, en consecuencia, debe desestimarse la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los artículos 2º y 3º de la Resolución 754;

Que en relación con los argumentos relacionados con los supuestos vicios de forma en los que habría incurrido la Resolución 754 al declarar inadmisible por extemporánea la solicitud presentada por el gobierno ecuatoriano, la secretaría general confirma su criterio expresado en el acto recurrido, en el sentido de que la presentación del informe en el caso de la invocación de la cláusula de salvaguardia del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena es un elemento “esencial y básico” para la continuación del procedimiento, así como para la legitimación misma de las medidas restrictivas aplicadas por el País miembro solicitante de manera provisional. El informe presentado por el País miembro solicitante debe incluir toda la justificación necesaria para respaldar su petición, así como la evidencia de los hechos alegados. El pronunciamiento que la secretaría general debe emitir dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la recepción del informe se basa en gran medida en la información aportada en ese documento;

Que en anteriores oportunidades la secretaría general se ha pronunciado respecto a la oportunidad de presentación del informe que sustenta la medida de salvaguardia. Así, en la Resolución 300 del 5 de junio de 1991, la junta del Acuerdo de Cartagena (hoy secretaría general) señaló con relación al artículo 79 A del Acuerdo de Cartagena (actual art. 97) que “la presentación extemporánea de la comunicación y del informe sobre los motivos en que se fundamenta la aplicación de la cláusula de salvaguardia, significa un incumplimiento del Gobierno de Colombia del plazo fijado por el acuerdo para comunicar este tipo de situaciones al órgano encargado de verificar la perturbación y emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de las medidas”, considerando en consecuencia que no era procedente autorizar las medidas correctivas solicitadas. De igual forma, en la Resolución 717 de 26 de abril de 2003, la secretaría general señaló que la presentación del informe en el caso de la salvaguardia del artículo 109 (actual art. 97) del Acuerdo de Cartagena “es un elemento esencial y básico para la continuación del procedimiento”, y a su vez sostuvo que “si se admitiera que un País miembro puede presentar extemporáneamente una solicitud de autorización de medidas de salvaguardia bajo el artículo 109, mientras mantiene vigentes restricciones comerciales a productos comunitarios, y luego se pueda esperar que la secretaría general legitime ex post la aplicación de tales restricciones, se abriría la puerta para que bajo el artículo 109 se puedan aplicar restricciones al comercio intracomunitario por tiempo indefinido”;

Que, el plazo previsto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena para que el País miembro que aplicó medidas provisionales solicite la autorización de la secretaría general, es un plazo preclusivo, por lo que transcurridos los sesenta días, se pierde la posibilidad legal de amparar la restricción comercial impuesta en la cláusula de excepción del Acuerdo de Cartagena;

Que lo anterior se deriva no sólo del tenor literal de la propia norma comunitaria, sino también de la naturaleza jurídica de las salvaguardias como mecanismos que exceptúan la aplicación de compromisos básicos emanados del Acuerdo de Cartagena, y específicamente de su programa de liberación. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su sentencia de 10 de junio de 1987 (proceso 1-N-86) precisó que las cláusulas de salvaguardia “constituyen remedio extremo que sólo se permite por vía de excepción, como defensa necesaria, aunque transitoria, de los países comprometidos en el proceso de integración, ante trastornos graves e imprevistos”. En tal sentido, el Tribunal Andino afirmó que “una primera consecuencia de estos principios generales es la obvia de que, mientras el proceso de liberación es automático e irrevocable, la defensa excepcional que se autoriza, en aparente detrimento de tal proceso, no puede ser en ningún caso unilateral, automática ni irrevocable. Muy por el contrario, tiene establecido el derecho comunitario que la aplicación de tales medidas exceptivas, siempre temporales o transitorias, debe ceñirse rígidamente a los procedimientos previamente señalados en las normas exceptivas pertinentes que son, por lo mismo, imperativas, estrictas y que excluyen, por definición, actuaciones ex oficio, unilaterales o puramente potestativas y que, jurídicamente, están sujetas a una interpretación restrictiva, como normas de excepción” (énfasis añadido);

Que, por lo expuesto, el artículo 29 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Decis. 425), que establece la posibilidad excepcional de prorrogar los plazos establecidos para presentar pruebas o rendir informes u opiniones, no resulta aplicable al plazo preclusivo de 60 días previsto en el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena para que el País miembro que aplique medidas correctivas presente un informe sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. Además de las consideraciones expuestas sobre la naturaleza de las medidas de salvaguardia y las consecuencias que podrían derivarse si se abriera la posibilidad de que los Países miembros presenten extemporáneamente el informe sobre la aplicación de una medida correctiva, debe tenerse presente que el artículo 97 expresamente impone la obligación al País miembro de presentar el informe en un plazo “no mayor de” sesenta días;

Que, por lo indicado, no resultaba procedente la solicitud de prórroga formulada por el Gobierno del Ecuador;

Que, por todo lo anteriormente expuesto, la secretaría general,

RESUELVE:

ART. ÚNICO.—Declarar sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador y, en consecuencia, confirmar la Resolución 754 impugnada.

Conforme a lo previsto en los artículos 17 y 44 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general, se señala que contra la presente resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración, dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través del ejercicio de la acción de nulidad dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la resolución.

Comuníquese a los Países miembros la presente resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días del mes de octubre del año dos mil tres.

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