Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

RESOLUCIÓN 788 DE 2016

(Mayo 25)

“Por medio de la cual se delega el ejercicio de unas funciones de trámite de venta directa de productos pesqueros frescos y secos salados, decomisados preventivamente y la suscripción del contrato de venta, entre otros trámites a los Directores Regionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap”

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca,

en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998 y los numerales 4º y 19 del artículo 11 del Decreto 4181 de 2011, la Ley 80 de 1993 y

CONSIDERANDO:

Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo, creada mediante el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011.

Que el artículo 3º del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1º de la Ley 13 de 1990.

Que los productos pesqueros decomisados deberán ser objeto de venta Directa por la Aunap en los términos del Decreto 1071 de 2015 que recogió lo normado en el Decreto 2256 de 1991. Exceptuándose los productos que están fuera del comercio de acuerdo las leyes vigentes y la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización y la delegación y la desconcentración de funciones.

(…)”.

Que el artículo 211 de la Constitución Política señala que “La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores alcaldes y agentes del Estado que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades” (Negrilla fuera de texto).

(…)”.

Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, establece: “Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

(…)”.

Que la Corte Constitucional en sentencia 561 del 4 de agosto de 1989, declaró exequible el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, señalado que “La delegación desde un punto vista jurídico y administrativo en la modalidad de transferencia de funciones administrativas en virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la ley se faculta a un sujeto u órgano que hace transferencia”.

Que la Corte Constitucional, advierte que la finalidad que se busca con las figuras de desconcentración o delegación de funciones, es descongestión de los órganos superiores que conforman un aparato administrativo y, facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de los administrados, buscando la racionalización de la función administrativa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 4181 de 2011 el régimen jurídico aplicable a los actos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), será el general de los actos administrativos del sector público (…) los contratos que celebre la Aunap se regirán por el Estatuto General de Contratación de Administración Pública contenidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios o por aquellas normas que la sustituyan.

Que concordante con lo anterior los contratos que celebre la Aunap le es aplicable el contenido del artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

Que de conformidad con el numeral 13 del artículo 11 del Decreto 4181 de 2011 corresponde al Director General la suscripción de contratos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Que mediante la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016 se estableció el procedimiento administrativo para la disposición inmediata de productos perecederos decomisados preventivamente en operativos de inspección y control de la actividad pesquera y acuícola, a través de la venta o donación y se fijaron otras disposiciones.

Que el parágrafo del artículo 2º de la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016 consagró que el contrato de venta de productos pesqueros fresco y seco salado será firmado por el Director General o a quien este haya delegado mediante acto administrativo de acuerdo a la Ley 489 de 1998.

Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los representantes legales de las entidades podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos (…).

Que conforme el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, la delegación de ejercicio de funciones en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

Que dentro de la planta de personal de la Aunap se cuenta con siete (7) Directores Regionales que son del nivel directivo y se identifican con Código 42 Grado 19, ubicados según su jurisdicción en distintos municipios del país, con capacidad para resolver los asuntos de su área de influencia.

Que se desprende del numeral 2º del artículo 17 del Decreto 4181 de 2011, que los Directores Regionales pueden suscribir contratos de conformidad con la delegación expresa que disponga el Director General.

Que corresponde al Director General de la Aunap, de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 11 del Decreto 4181 de 2011, expedir los actos administrativos que se relacionan con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía administrativa, presupuestal y el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca (Aunap).

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Deléguese en las Direcciones Regionales Código 42 Grado 19 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), el ejercicio de funciones en el área de su jurisdicción así:

a) Adelantar todos trámites administrativos para la venta directa de productos pesquero fresco y seco proveniente de decomisos preventivos de conformidad con la Constitución Política, las leyes vigentes y lo contenido en la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016.

b) Suscribir contrato de compraventa de conformidad con la Constitución Política, las leyes vigentes y lo contenido en la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016. Así mismo atender y resolver los demás trámites y requerimientos relacionados con la venta e inherentes al contrato y a la naturaleza del mismo.

c) Los demás trámites y requisitos contenidos en la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016.

Parágrafo. El Director General a fin de que los Directores Regionales cumplan con la delegación conferida los dotó de un procedimiento detallado, paso a paso, contenido en Resolución 683 del 11 de mayo de 2016, como de una minuta de contrato de compraventa. Sin detrimento a las asesorías y orientaciones que requieran de la Dirección General, Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica, Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, Grupo de Gestión Contractual y demás dependencias necesarias para el cumplimiento del deber constitucional y legal.

ART. 2º—Los actos administrativos expedidos por el Director Regional en acatamiento de la delegación en comento, deberán observar lo previsto en la Ley 13 de 1990, Decreto 2256 de 1991, compilado por el Decreto 1071 de 2015 y en especial la Resolución 683 del 11 de mayo de 2016 y demás normas concordantes, y serán susceptibles del recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió la decisión.

ART. 3º—Los Directores Regionales deberán informar a la Dirección General y demás dependencias respectivas, en especial a la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se efectuó la venta directa, para lo cual allegaran los correspondientes soportes a fin de surtir los trámites a que haya lugar por parte de las demás dependencias de la entidad.

PAR. 1º—La no entrega de la documentación antes referida en el tiempo aquí establecido acarreará las sanciones a que haya lugar.

ART. 4º—Reasunción de funciones. Por razones de conveniencia administrativa, el Director General podrá reasumir la función delegada cuando esta no se realice con la responsabilidad, oportunidad y eficiencia, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley 734 de 2002.

PAR.—La función delegada es indelegable en otros funcionarios, el delegatario deberá observar estrictamente las disposiciones legales y reglamentarías que regulen la actividad y deberá cumplir las orientaciones generales dadas por el delegante, así mismo, es responsable de las decisiones que tome en ejercicio de la presente delegación.

ART. 5º.—El delegatario rendirá con ocasión a la presente delegación los informes a que haya lugar y responderá en los términos de ley.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D. C., a 25 de mayo de 2016.