RESOLUCIÓN 809 DE 2004

 

RESOLUCIÓN 809 DE 2004 

(Marzo 25)

Dictamen 03-2004 de incumplimiento por parte de la República del Perú relacionado con la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de película de polipropileno biorentada

La Secretaría General de la Comunidad Andina,

Vistos: Los artículos 1º y 30, literal a) del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4º y 25 del tratado del tribunal de justicia de la comunidad andina, el reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), la Decisión 283 de la comisión, las resoluciones 672 y 700 de la secretaría general; y,

CONSIDERANDO:

Que el 8 de septiembre de 2003 la empresa Biofilm S.A. solicitó que la secretaría general se pronunciara acerca del supuesto incumplimiento de normas del ordenamiento comunitario andino en el que habría incurrido la República del Perú, al haberse abstenido de acatar la orden impuesta por la secretaría general de notificar al consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio la Resolución 672 y el informe respectivo;

Que mediante fax SG-X/0.5/1274/2003 de 9 de octubre de 2003, la secretaría general comunicó al Gobierno del Perú el inicio de una investigación a fin de determinar el posible incumplimiento del ordenamiento jurídico andino denunciado por Biofilm S.A. Asimismo, mediante fax SG-X/0.5/1274/2003 de fecha 9 de octubre de 2003, se comunicó a los demás países miembros del inicio de dicha investigación;

Que, mediante la comunicación SG-F/0.5/1785/2003 de 30 de octubre de 2003, y con arreglo a lo previsto en el artículo 61 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425), este órgano comunitario formuló nota de observaciones a la República del Perú, en la cual expresó que, hasta la fecha, la República del Perú no había informado acerca de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la Resolución 672, y, en particular, de haber procedido a notificar al consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio la Resolución 672 y el informe respectivo de la secretaría general, con el fin de solicitar su aprobación para el establecimiento de las medidas antidumping, conforme a lo denunciado por Biofilm S.A. Asimismo, se concedió al Gobierno del Perú un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que presente sus descargos. La emisión de dicha nota de observaciones fue informada a los demás países miembros mediante fax SG-F/0.5/1832/2003, de fecha 6 de noviembre de 2003;

Que la República del Perú no presentó sus descargos a la nota de observaciones;

Que la empresa Biofilm S.A. se dirigió a la secretaría general al amparo del artículo 25 del tratado del tribunal de justicia de la comunidad andina, que faculta a las personas naturales o jurídicas, afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un país miembro, para que puedan acudir a la secretaría general y al tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24 del mismo tratado;

Que corresponde, en consecuencia, verificar en primer lugar si la empresa Biofilm S.A. se encuentra legitimada para interponer una acción de incumplimiento;

Que el tribunal de justicia de la comunidad andina, al referirse a la legitimación requerida para la interposición de un reclamo al amparo del artículo 25 de su tratado constitutivo, en el auto de 29 de mayo de 2002 (Exp. te 75-AI-2001), precisó:

“... a diferencia del interés legítimo, el derecho subjetivo presupone la existencia de una relación jurídica en cuyo ámbito el titular del interés sustancial, tutelado por el orden normativo, ocupa una posición de ventaja frente a otro sujeto que se halla obligado a ejecutar una prestación dirigida específicamente a la satisfacción del interés del primero. En este contexto, el hecho constitutivo de la inejecución de la prestación debida, por parte del país miembro obligado, configura una situación de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento del orden normativo infringido, y, a diferencia de la acción de nulidad, a obtener, en las condiciones previstas en el artículo 30 del tratado de creación del tribunal, la reparación de la lesión y, por esta vía, la satisfacción de su derecho”;

Que, asimismo, en el referido auto, el tribunal dejó constancia de la necesidad de que el particular demuestre “que se haya producido, en perjuicio del actor, la privación de un derecho o el impedimento, restricción u obstaculización de su ejercicio”;

Que, en el presente caso, observa la secretaría general que Biofilm S.A. en su reclamación se limitó a señalar que “puede ver gravemente afectados sus derechos e intereses en los que a sus exportaciones de PPBTT al Perú se refiere, como resultado de la mora en la eficacia de los derechos antidumping establecidos, resultantes del incumplimiento de la República del Perú”;

Que considera la secretaría general que la mera afirmación realizada por un particular de que sus derechos pueden verse afectados por el incumplimiento no es suficiente para acreditar la legitimación necesaria a los efectos de la acción prevista en el artículo 25 del tratado del tribunal de justicia de la comunidad andina;

Que, sin embargo, en el asunto concreto que nos ocupa, observa la secretaría general que fue la empresa Biofilm S.A. de Colombia la que presentó la solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping. En este sentido, en su artículo 1º, la Resolución 672 declaró:

“ART. 1º—Estimar parcialmente con lugar la solicitud de la empresa Biofilm S.A. y, en consecuencia, establecer, por un período de tres años, un derecho antidumping de US$ 0,15 por cada kilogramo de las importaciones que realice la República del Perú de película de polipropileno biorientada transparente termosellable por una o ambas caras, con una cara tratada o sin tratamiento, con espesor superior a 15 micras, comprendida en la subpartida nandina 3920.20.00, y utilizada por el segmento de la conversión para fabricar empaques, incluidos los empaques flexibles, para productos alimenticios, de panadería, galletería, pastas, harinas, granos, dulcería, café, condimentos, snacks, entre otros, no incluyendo la sobreenvoltura de las cajetillas para cigarrillos, que sea producida, distribuida o vendida por el grupo Inteplast o su división AmTopp de Estados Unidos de América.”;

Que de verificarse el incumplimiento de la República del Perú de lo dispuesto en la Resolución 672, la empresa Biofilm S.A. podría resultar lesionada en sus legítimas expectativas de que se apliquen los derechos antidumping determinados por la secretaría general. Cabe recordar que en la referida resolución se constató la existencia de una amenaza de perjuicio a la rama de la producción colombiana, representada por la empresa Biofilm S.A.;

Que, por lo expuesto, la secretaría general considera que la empresa Biofilm S.A. se encuentra legitimada para solicitar que este órgano comunitario se pronuncie acerca del incumplimiento en el que habría incurrido la República del Perú de lo ordenado en la Resolución 672;

Que en la Resolución 672 la secretaría general, además de establecer un derecho antidumping a importaciones que ingresen al Perú, estableció lo siguiente:

“ART. 2º—A los efectos de lo previsto en el artículo VI.6.b) del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, en concordancia con el artículo 14 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994, la República del Perú deberá proceder a notificar al consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio la presente resolución y el informe respectivo de la secretaría general, con el fin de solicitar su aprobación para el establecimiento de las medidas antidumping.

ART. 3º—Los derechos antidumping establecidos en el artículo 1º de la presente resolución se exigirán y su vigencia empezará a contar inmediatamente después de la aprobación por el consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio”;

Que en virtud de la Resolución 672, la República del Perú se encuentra obligada a notificar al consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio la citada Resolución 672 y el informe respectivo de la secretaría general, con el fin de solicitar su aprobación para el establecimiento de las medidas antidumping;

Que en el expediente no obra prueba alguna de que la República del Perú haya procedido a notificar al consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio la Resolución 672 y el informe respectivo de la secretaría general;

Que el tribunal andino, en reiteradas oportunidades ha declarado que “las resoluciones de la secretaría general gozan de presunción de legalidad, por lo cual su vigencia y aplicación directa no puede ser desconocida sin antes haberse desvirtuado tal presunción, por separado, en juicio contencioso de nulidad. Mientras tanto tales actuaciones son mandatarias y exigibles” (Sent., mar. 24/97, en el proceso 3-AI-96). En igual sentido ha declarado que las resoluciones de la secretaría general “constituyen actos decisorios que crean en el país miembro destinatario una obligación de cumplimiento inmediato, independientemente de que su validez pueda ser cuestionada por la vía de la acción de nulidad. Por ello, la interposición del recurso administrativo comunitario de reconsideración, así como el judicial de anulación, en principio, no afecta su ejecución, eficacia o vigencia, conforme lo establecen los artículos 21 del tratado de creación del tribunal y 41 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425). Excepcionalmente, la secretaría general y el tribunal disponen de la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado, mientras se tramitan el recurso de reconsideración y la acción de nulidad, respectivamente. Pero salvo que se produzca dicha orden de suspensión provisional, subsiste el obligatorio cumplimiento de las resoluciones de la secretaría general hasta tanto se produzca un pronunciamiento en firme que revoque o anule el acto viciado de ilegalidad” (Sent., oct. 13/2000, en el proceso 43-AI-2000);

Que la Resolución 672 no ha sido suspendida, revocada ni anulada, por lo que goza de la presunción de legalidad y es de obligatorio cumplimiento;

RESUELVE:

ART. 1º—Dictaminar que la República del Perú, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Resolución 672, confirmada por la Resolución 700 de la secretaría general, y, en particular, no haber procedido a notificar al consejo del comercio de mercancías de la Organización Mundial del Comercio la Resolución 672 y el informe respectivo de la secretaría general, con el fin de solicitar su aprobación para el establecimiento de las medidas antidumping, ha incurrido en incumplimiento de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial de la Resolución 672 de la secretaría general y del artículo 4º del tratado del tribunal de justicia de la Comunidad Andina.

ART. 2º—Conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 65 del reglamento de procedimientos administrativos de la secretaría general (Dec. 425), concédase al gobierno del Perú un plazo de treinta (30) días calendario para que ponga fin al incumplimiento a que se refiere el presente dictamen.

Comuníquese a los países miembros y al particular solicitante el presente dictamen.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a 25 de marzo de 2004.

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